"No quiero retractarme de nada porque no es honrado actuar contra la propia conciencia". Miguel Delibes. El Hereje.
Hola Mundo.
"Quien ataca el trasvase Tajo-Segura, ataca a la región de Murcia". Eso repite siempre que tiene ocasión el presidente Fernando López Miras abrazado al cartel mental del "Agua para todos" que tantas victorias electorales reportó a Ramón Luis Valcárcel, ahora investigado por montar una desalobradora, la de Escombreras, que ha sangrado, sangra y sangrará las arcas regionales durante muchos años. Malversación de fondos y prevaricación le imputa el juez.
El trasvase Tajo-Segura mueve votos pero, sobre todo, mueve mucho dinero en la cuenca del Segura donde el agua se ha convertido en un negocio muy lucrativo; y quien osa cuestionar su permanencia se convierte en un hereje a quemar en la hoguera de los tribunales.
El hereje se llama Francisco Turrión. Un hidrogeólogo de dilatada experiencia técnica en la Confederación Hidrográfica del Segura que en 2017 osó realizar un informe para Greenpeace titulado "La trama del agua en la cuenca del Segura, diez años después".
En ese informe, Turrión aseveró que el trasvase Tajo-Segura podría cerrarse en el plazo de tres años, dado
que, según sostenía y sostiene, la cuenca del Segura es autosuficiente y tiene capacidad para
abastecerse de sus propios recursos. "El continuo déficit de agua que se muestra es ficticio, pero se
utiliza para tratar de justificar la necesidad de megaconstrucciones y
grandes plantas de desalación, además de seguir alimentando proyectos
urbanísticos de la burbuja inmobiliaria y dar más agua a miles de nuevas
hectáreas de regadíos intensivos e ilegales".
Según Turrión "los
recursos propios de agua de la cuenca del
Segura están mal evaluados y no se cuenta con la mitad de los recursos
naturales de agua subterránea que tiene". Éstos, según sus cálculos,
alcanzan "un volumen adicional de entre 500 y 800 hectómetros cúbicos al
año que sumados al agua desalada que prevé el Plan Hidrológico, hace
que la cuenca del Segura tenga un superávit de unos 200 hectómetros cúbicos al año incluso sin contar con el agua procedente del Tajo".
El informe de Turrión que Greenpeace presentó en Toledo tuvo rápida respuesta por parte de Murcia. El entonces presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas, llamó a capítulo a 25 "expertos" para que estamparan su firma en una carta abierta previamente redactada, dicen que desde el Instituto Euromediterráneo del Agua, con la que intentaron desacreditar el informe de la organización ecologista del que dijeron "no se basa en realidades científicas contrastadas sino en falsedades pseudocientíficas que son rechazadas por los especialistas". "La cuenca del Segura pierde el 90% de la lluvia por la evapotranspiración" afirmó Ródenas.
Solo que los 25 expertos olvidaron rebatir con datos técnicos pormenorizados las supuestas falsedades como tuvo que recordarles la organización ecologista. "Sus argumentos son generalidades basadas en creencias y opiniones antiguas que no tienen en cuenta los nuevos estudios sobre los acuíferos de la cuenca del Segura" respondió Greenpeace.
Nadie osa cuestionar o criticar el trasvase Tajo-Segura en la región de Murcia y quien se atreve debe ser duramente castigado no vaya a ser que broten imitadores replicando el mensaje. Y el Ministerio de Agricultura, entonces bajo el mandato de Isabel García Tejerina, abrió expediente disciplinario a Turrión con suspensión de empleo y sueldo durante seis meses. No por lo dicho en ese informe, que había expresado en multitud de ocasiones anteriores en artículos de prensa, "sino por haberlo dicho en una publicación de Greenpeace y por la repercusión mediática que ello podría suponer" concluyó el juzgado de lo social número 6 que, en marzo de 2019, declaró nula la sanción impuesta a Francisco Turrión y condenó al Ministerio a indemnizar al geólogo con 12.000 euros por daños morales.
El fallo judicial estimó que había "sobrados indicios de que el auténtico móvil de la sanción fue coartar la libertad de expresión" del
funcionario de la CHS que había cuestionado la necesidad del trasvase
del Tajo. Es más. La juez en su sentencia llegó a decir que existía "el más absoluto vacío probatorio" de que lo que se decía en el informe de Greenpeace no fuera cierto. Es decir, la administración ni siquiera se molestó en aportar al juzgado un informe técnico que rebatiera las tesis de Turrión.
Resulta
que el TSJ ha notificado a las partes que ha pedido en dos ocasiones
(el 16 de junio y 7 de octubre de 2020) al Tribunal Constitucional la
sentencia 126/2003 sin recibir respuesta. Pero desde el Tribunal
Constitucional aseguran que ellos no han recibido ninguna petición de
TSJ de Murcia. Y recuerdan que todas las sentencias del Constitucional
se publican en el BOE. Pero es que la sentencia en
cuestión está colgada en la página web del Constitucional y cualquiera
la puede consultar. Basta con un ordenador y con darle al intro. Surrealista la historia, pero reveladora del funcionamiento de la justicia en España.
En un hereje hídrico, en eso se ha convertido Francisco Turrión por cuestionar la necesidad del trasvase Tajo Segura, por asegurar que la cuenca del Segura no es deficitaria, por criticar la gestión de la CHS que durante tantos años permitió la expansión sin control del regadío ilegal, por pedir que sea la AEMET y no CEDEX quien aporte los datos pluviométricos, por decir que el nivel de los pozos se mide erróneamente, que no se contabilizan los embalses subterráneos y por denunciar que se están regando con aguas del trasvase fincas agrícolas que no tienen derecho al agua del acueducto. Y todo eso, según Greenpeace, "inquieta sobremanera a los aguatenientes que quitan y ponen consejeros en la región de Murcia".
El
informe Greeneace alude a lo que en la cuenca del Segura se conoce como
"los peajes". "Esta figura no existe en la Ley de Aguas ni en ninguno
de sus Reglamentos ni Decretos, pero este tipo de autorización sin
publicidad y sin concesión existe en la cuenca del Segura y con ella se
puede estar movimiento un volumen anula de entre 30 y 40 hm3/año si no
más ya que la CHS no hace públicos los datos. Muchos de los regadíos
desarrollados en los últimos 20 años en Águilas, Mazarrón, Pulpí,
Almendricos (Lorca), los de la margen derecha del río Guadalentín hasta
la coste norte de Carrascoy y algunas fincas de la zona de Orihuela y
nordeste del Campo de Cartagena, que se encuentran fuera de los
perímetros de riego del trasvase Tajo-Segura, se riegan gracias a estos
peajes".
La batería estratégica de pozos de sequía que ordenó construir la CHS durante esos años de tremenda sequía en España, entonces presidida por José Salvador Fuentes Zorita, dio lugar a la publicación de un libro por parte del organismo de cuenca que su sucesora en el cargo, Charo Quesada, se negó a presentar en rueda de prensa y cuyos ejemplares almacenó durante meses debajo de una escalera. "Si se entera Barreda nos cierra el trasvase" le dijo a Turrión después de que éste declarase en Orihuela que habían dado con un acuífero que almacenaba 1500 hectómetros cúbicos de agua y de muy buena calidad, ni dos gramos de sal por litro.
Pero
herejes
son también las organizaciones ecologistas por denunciar plantaciones
en barrancos y ramblas, roturaciones de montes, transformaciones de
grandes fincas de secano, sobre todo en las zonas próximas a la
costa. En definitiva, por denunciar la existencia del regadío ilegal
que hasta hace muy poco negaban por activa y por pasiva las autoridades
regionales y hasta la administración estatal a través de la
Confederación Hidrográfica del Segura que durante muchos años hizo la
vista gorda.
Criticar
el trasvase del Tajo o la agricultura entorno al Mar Menor conlleva ser
anatematizado. Pocos se atreven. Nadie quiere exponerse a contrariar al
poderoso lobby agrícola y regante que organiza actos como los de la
Fundación Ingenio para confundir y blanquear de manera obscena al sector
agroindustrial y responsable, entre otros, del ecocidio.
Niegan
que la agricultura intensiva, que ha cultivado lechugas a pie de playa,
sea responsable del desastre ambiental de la laguna. Incluso se
permiten aseverar como hizo un catedrático de la UPCT que "los nitratos
no son el enemigo" cuando existe profusa literatura científica que
demuestra que los fertilizantes empleados en la agricultura son
responsables en un 85% de la eutrofización del Mar Menor y de la
contaminación química del acuífero que acumula 300.000 toneladas de
nitratos. También es cierto que detrás de la Cátedra de Agricultura Sostenible de la UPCT hay muchas de las empresas y organizaciones que componen la Fundación Ingenio.