MADRID.- La Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva) ha presentado este viernes el informe 'Diez propuestas para la racionalización del Estado Autonómico', realizado por expertos y dirigido por el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, en el que incluyen como medidas para mejorar el funcionamiento del modelo actual autonómico la de limitar su dimensión institucional o la de privatizar los entes autonómicos de comunicación audiovisual, entre otras.
Según Leguina, que se ha encargado de explicar el contenido del informe junto con el profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y coordinador del estudio, Javier Tajadura, "30 años después de haber puesto en marcha el Estado de las Autonomías, es necesario pensar cómo mejorarlo, cómo coordinarlo y cómo hacerlo más viable de lo que es ahora".
Aunque ambos han asegurado que lo más efectivo para llevar a cabo esta mejora sería reformar la Constitución, han reconocido que mientras eso no sea posible debido a la dificultad de la tarea, las diez medidas propuestas son una buena forma de realizar los cambios necesarios para racionalizar el sistema; medidas que, tal y como ha explicado Tajadura, pueden clasificarse en tres niveles: el institucional, el ámbito competencial y el de la cooperación y la coordinación.
En lo que al primer aspecto se refiere, Tajadura ha denunciado que estos momentos las CC.AA. sufren una situación de "inflación institucional" que "debe ser reconducida". Para ello proponen precisamente "limitar la dimensión institucional del Estado Autonómico" y "reformar profundamente los Parlamentos Regionales" que, a su juicio, "no están sabiendo crear legislación de calidad".
En este sentido, el jurista ha señalado que "la autonomía debe ser una técnica y no una ideología", ya que el objetivo de este sistema no es abogar a toda costa por la descentralización sino "buscar el mejor servicio para el ciudadano".
La Fundación Ciudadanía y Valores propone también a nivel institucional la agrupación de municipios para conseguir un mapa local más eficiente que conllevaría la reducción de cargos públicos y la prestación a los ciudadanos de unos servicios de mayor calidad, y la redefinición de las Diputaciones Provinciales.
Dentro de este apartado, Funcivas propone también la privatización de los entes autonómicos de comunicación audiovisual ya que a su parecer, "suponen una carga importante en los presupuestos de las Comunidades Autónomas", déficit que actualmente se sitúa en un total de 1.900 millones de euros según el estudio.
Tal y como pone de manifiesto el informe, la reducción de esa carga supondrá una ayuda importante en la política de contención del gasto y reducción de déficit público, y logrará asimismo una mayor independencia del poder político en el ámbito de la comunicación social.
En lo que al ámbito competencial se refiere, Tajadura ha insistido en que es necesario controlar el déficit de las Comunidades Autónomas y las Administraciones locales ya que aunque es estos momentos "se han comprometido a tomar medidas de ajuste, no han establecido medidas concretas" para llevar a cabo esta reducción de la deuda pública.
Para mejorar el sistema de las autonomías en lo que a la financiación y a la definición de competencias se refiere, consideran igualmente importante lograr un funcionamiento del mercado más equilibrado. Para ello proponen unificar criterios para acceder, por ejemplo, al mercado laboral en igualdad de condiciones, o que se exija respetar el derecho comunitario para lleva a cabo actividades comerciales.
En este sentido, Tajadura ha señalado que es también preciso que las Comunidades Autónomas no caigan en la "discriminación por razones lingüísticas en el ámbito de la administración y la enseñanza".
Por último, el jurista ha asegurado que la reforma del modelo autonómico debe pasar por la aprobación de una Ley General de Cooperación que fomente la coordinación entre las CCAA y recoja los distintos procedimientos e instrumentos para abordar correctamente dicha cooperación.
Tanto Leguina como Tajadura han situado el origen del problema actual del modelo del Estado Autonómico en la propia Constitución de 1978, en la que se reconoció el derecho a la autonomía de las comunidades, pero "no se dijo nada más".
Mientras que, tal y como ha señalado el profesor titular de Derecho de la UPV, la Constitución logró resolver el conflicto sobre la forma de Estado, el conflicto social, el religioso y el problema militar, y en este sentido "fue un éxito", "no solucionó el problema territorial relativo con el reparto del poder".
"No fue un éxito total", ha remarcado ya que, a su juicio, "lo más que pudo hacer fue lograr un compromiso apócrifo que sólo aplazó el problema".
"Este compromiso desde el punto de vista político y jurídico es un disparate", ha señalado.
En este sentido, ha insistido en que para que la Constitución atienda realmente al problema del Estado autonómico, debe responder a dos preguntas: "¿Autonomía de quién y cuánta autonomía".
"Si no se da respuesta a esas dos cuestiones, la Constitución desde el punto de vista territorial no sirve absolutamente para nada", ha señalado, para añadir que este es precisamente el fallo de nuestro actual texto constitucional.
