Leo con estupor el sesgo que se está realizando por la judicatura y los medios de comunicación españoles de la inhibición del gobierno español en la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. 

Aunque esta abstención es únicamente parcial, el espíritu de la decisión del Ministerio de Justicia viene a resolver algo que es obvio para cualquier persona mínimamente juiciosa: de las demandas recibidas por Llarena que tienen que ver con declaraciones públicas que ha hecho se tiene que defender él, con su dinero; y no ha de salir el pago de las costas del erario público. 

Todo tiene su origen en la demanda civil presentada en Bruselas por el president Puigdemont y los consellers en el exilio contra Llarena después de que el magistrado se pronunciara sobre el procés y sus responsables el pasado mes de febrero en Oviedo. Su posicionamiento público sobre si hay o no presos políticos podría atentar contra su imparcialidad a juicio de los demandantes. 

El juez belga ha citado a Llarena para el día 4 en Bruselas y la defensa cuesta dinero, seguramente algunos miles de euros. ¿Por qué se la hemos de pagar entre todos si el demandado lo es a título individual y no se encontraría en esta situación si no se hubiera querido explayar públicamente de un asunto que no podía?

Pero, ya me perdonarán, lo más divertido de todo es que desde el Tribunal Supremo y desde la judicatura se alega indefensión y que el Gobierno ha dejado vendido a Llarena a lo que suceda en Bélgica. 

¿Indefensión? Hombre, hay que ser más prudente con las palabras. Porque, si hablamos de indefensión, el juez Llarena puede ponerse a la cola, a mucha distancia, de los presos políticos catalanes con los que se ha llevado a cabo una tropelía sin parangón en la judicatura a partir de un relato inconsistente, que desvirtúa lo que sucedió en Catalunya y que solo busca dar un escarmiento al independentismo para que olvide sus proyectos durante una generación.

El juez Llarena no está indefenso ni ha quedado vendido a lo que suceda en Bruselas. Todo es mucho más sencillo: no tenga miedo, señor Llarena, si tiene razón, la justicia belga se la dará y la demanda será rechazada. Algo que, por otro lado, a cualquier juez debería satisfacerle.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia