viernes, 31 de octubre de 2014

Diez años después imputan al alcalde de Caravaca y a 33 personas más por el 'caso Roblecillo'

MURCIA.- El titular del juzgado de Instrucción nº6 de Murcia ha imputado finalmente a los bastantes concejales y ex concejales del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz que votaron a favor de la aprobación del Convenio Urbanístico suscrito con Golden Sky S.L., celebrado en el pleno de 11 noviembre de 2004. Entre ellos, el alcalde del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda Muñoz y el ex concejal de Urbanismo, Amador López García; y otros dos concejales integrantes en su día de la Comisión Informativa de Urbanismo de dicho Ayuntamiento, José Alfonso S. y Orencio C.

Fue el entonces consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, quien otorgó la aprobación definitiva del Plan Parcial El Roblecillo.
Las supuestas prevaricaciones que se investigan en la causa se habrían extendido a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, a la que el expediente fue remitido en noviembre de 2004 para su aprobación definitiva, como así acabó ocurriendo.
Todo apunta, además, a que el listado de imputados puede ir en aumento conforme siga avanzando la investigación, como ya anuncia el juez Andrés Carrillo en su auto.
Igualmente, en ese auto, ya notificado, se imputa a Antonio V.V., como uno de los actuantes principales en todas las gestiones urbanísticas y relacionadas con los expedientes públicos, por parte de Golden Sky S.L.; y a Manuel S.C., firmante del ya meritado Convenio Urbanístico El Roblecillo en fecha 19 de noviembre de 2004, también por la citada empresa.
Como desarrolla la resolución, también serán interrogados por estos hechos el arquitecto Oscar M.N., redactor del informe que se emite respecto al Sector UR-S16 de Caravaca de la Cruz (El Roblecillo), por la Dirección General de Vivienda. Los que fueran jefa del Servicio de Urbanismo, Margarita Ros.; jefe de Sección Administrativa de Urbanismo, Antonio A., de la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Obras Públicas Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Así como, José María Ros y Manuel Alfonso Guerrero, en aquellos momentos subdirector y director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, respectivamente, de la referida Consejería
El auto anuncia también la citación como imputado de Julián C., quien fuera ingeniero de caminos municipal del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz; y de Jesús L., secretario general del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz a la fecha de algunos de los hechos investigados.
Además, se imputa a todos los que fueran miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz el 19 de octubre de 2009, los que lo fueran el 3 de septiembre de 2010 y los que lo fueran el 18 de enero de 2013.
Por último, tendrán que comparecer ante el juez que dirige la instrucción: Isabel G. y Encarnación G., ambas emisoras de informes jurídicos por la empresa ACAL (Abogados y Consultores de Administración Local).
Además, el juez recibirá como testigos a tres personas "relacionadas con lo relativo al devenir del Plan Parcial El Roblecillo en el entorno de la Confederación Hidrográfica del Segura".
Esta decisión, se toma después de que el juez instructor haya analizado la abundante documentación del Informe sobre las supuestas irregularidades acaecidas en relación al Desarrollo Urbanístico El Roblecillo, promovido por Golden Sky S.L, remitido por la UCO el pasado mes de julio.
La firma promotora de El Roblecillo registró en sus cuentas 50 millones de pesetas más de los suscritos en el convenio urbanístico
Dicho informe es el resultado del examen del material incautado en los registros realizados en junio de 2013, autorizados por el juzgado que dirige la instrucción.
Para el señalamiento concreto de las fechas de las declaraciones en calidad de imputados, el titular del juzgado dejará "un tiempo prudencial" para que los interesados puedan conocer los autos, teniendo en cuenta "lo muy voluminoso de la documentación que ya consta en relación con esta pieza separada en este Juzgado".
El caso ha provocado las primeras dimisiones, como es el caso de Amador López García, exconcejal de Urbanismo y actual secretario general de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio. El consejero Campos ha comunicadoya que cesará a todos los implicados en el caso.

El plazo del juez

El Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga el presunto caso de corrupción El Roblecillo, sobre la recalificación de esta finca protegida para hacerla urbanizable, ha dado hoy cuatro horas de plazo al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz para entregar la nueva documentación que ha reclamado sobre el asunto.
El auto señalaba que ese plazo de cuatro horas, "como máximo", comenzaba a contar desde que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personasen en el consistorio para recabar la documentación requerida.
Esta, según se añade en la resolución judicial, se refiere a la copia íntegra de la Junta de Gobierno Local de 19 de noviembre de 2010 y de sendos informes técnico y jurídico referidos a la aprobación inicial de la modificación puntual del programa de actuación de una junta de compensación.
El Ayuntamiento dispuso solo de ese plazo tasado para hacer entrega a la Guardia Civil de la copia íntegra de todas las Juntas de Gobierno Local de la segunda quincena del mes de febrero de 2010 y de las de marzo siguiente, "con todos los informes técnicos y jurídicos".
El requerimiento se extiende también a la entrega del acta de otra sesión de la Junta, de diciembre de 2012, en la que también se analizaron cuestiones urbanísticas que pueden tener relación con el caso que se investiga.
Por otra parte, el secretario general del Ayuntamiento quedó requerido para entregar la documentación referida a las personas que votaron a favor del convenio urbanístico que permitía la urbanización de la finca para construir ocho mil viviendas y un campo de golf.
Por otra parte, el Juzgado ha acordado librar sendos mandamientos a la que en el momento de los hechos era consejera de Industria y Medio Ambiente del gobierno murciano para que aporte los expedientes tramitados sobre esa recalificación.
Para ello, el juez señaló que los requeridos deberían hacer entrega de esa documentación en la misma mañana en que se personasen los agentes.
Estas diligencias se contienen en el auto en el que el Juzgado de Instrucción nº 6 imputa al alcalde de la localidad, Domingo Aranda, y a otras treinta personas, que serán llamados a declarar en esa condición en los próximos días.
El juez considera que la documentación incorporada a la causa contiene indicios que, presumiblemente, apuntarían a la comisión de varios delitos que se habrían cometido con la recalificación urbanística, llevada a cabo a instancias de la empresa promotora, Sky, S.L., cuyos responsables, Antonio Vilaplana y Manuel Sánchez, figuran entre los imputados.

Todos los imputados



Domingo Aranda Muñoz Alcalde de Caravaca de la Cruz
Amador López García Exconcejal de Urbanismo. Actualmente es secretario general de la Consejería de Fomento y Obras Públicas
Antonio Vilaplana Vivancos Es uno de los «actuantes principales» en las gestiones urbanísticas por parte de Golden Sky S. L.
Manuel Sánchez Contreras Presidente de Golden Sky S. L.
Óscar Madrid Nicolás Arquitecto de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, redactor del informe de 26 de octubre de 2006 sobre la finca El Roblecillo.
Margarita Ros Mcdonnell Jefa de servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo
Antonio Alcázar Muñoz Jefe de Sección Administrativa de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo
José María Ródenas Cañada Subdirector General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
Manuel Alfonso Guerrero Zamora Exdirector general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo
Julián Caballero Amor Ingeniero de caminos municipal de Caravaca de la Cruz
Jesús López López Secretario general municipal (por una supuesta falsedad en documento, en un expediente no vinculado a El Roblecillo)
Gonzalo López-Agüy Torres Miembro de la Junta de Gobierno Local de Caravaca en 2010
Salvador Gómez Sánchez Concejal de Empleo
Juan Pedro Sánchez Martínez Miembro de la Junta de Gobierno Local de Caravaca en 2010
María Cruz Pérez Sánchez Concejal de Patrimonio, Cultura y Turismo.
José Alfonso Sánchez-Guerrero Cantó Exconcejal de Obras y Servicios
Orencio Caparrós Exconcejal de Cultura y ex miembro de la comisión de Urbanismo.
María Isabel García Sánchez Emisora de informes jurídicos desde una asesoría privada.
María Encarnación González Sáez Emisora de informes jurídicos desde una asesoría privada.
Juan Francisco Jiménez Puerta Concejal de Recursos Humanos, Tráfico y Seguridad Ciudadana.
María Teresa Romero Milanés Concejal de Sanidad
Pedro Vilchés Pacheco Concejal de Hacienda

También los 11 concejales que votaron a favor del convenio urbanístico en el pleno del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz el 11 de noviembre de 2004.

Los funcionarios José María Ródenas y Margarita Ros ponen sus cargos a disposición tras su imputación

MURCIA.- José María Ródenas Cañada, subdirector general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Comunidad Autónoma, y Margarita Ros McDonnell, jefa de servicio de Urbanismo, han puesto su cargo a disposición del consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Manuel Campos, tras ser imputados en el caso de la finca El Roblecillo, en Caravaca de la Cruz, según confirmaron hoy  fuentes de la Consejería. El consejero decidirá en los próximos días qué hace con estos dos funcionarios públicos. 

Campos, responsable político del departamento en el que están destinados, se tomará este fin de semana para meditar si acepta o no las renuncias, aunque parece más que probable que lo haga en el caso del subdirector general por tratarse de un cargo de libre designación.
Por su parte, el secretario de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Amador López, ha dimitido tras su imputación en el caso 'El Roblecillo', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Caravaca de la Cruz.
López, ex concejal de Urbanismo de Caravaca de la Cruz, ha sido imputado por el titular del juzgado de Instrucción nº6 de Murcia junto al resto de ediles que votaron a favor de la aprobación del Convenio Urbanístico suscrito con Golden Sky S.L., celebrado en el pleno de 11 noviembre de 2004, por la la presunta recalificación ilegal de una finca de 500 hectáreas.
Entre ellos se encuentra el alcalde del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda Muñoz y otros dos concejales integrantes en su día de la Comisión Informativa de Urbanismo de dicho Ayuntamiento, José Alfonso S. y Orencio C.
Igualmente, en el auto, ya notificado, se imputa a Antonio V.V., como uno de los actuantes principales en todas las gestiones urbanísticas y relacionadas con los expedientes públicos, por parte de Golden Sky S.L.; y a Manuel S.C., firmante del ya meritado Convenio Urbanístico 'El Roblecillo' en fecha 19 de noviembre de 2004, también por la citada empresa, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
El secretario de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Amador López, ha dimitido tras su imputación.
   López, ex concejal de Urbanismo de Caravaca de la Cruz, ha sido imputado por el titular del juzgado de Instrucción nº6 de Murcia junto al resto de ediles que votaron a favor de la aprobación del Convenio Urbanístico suscrito con Golden Sky S.L., celebrado en el pleno de 11 noviembre de 2004.
   Al respecto, el consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Manuel Campos, ha aceptado la dimisión de López "con tristeza", porque confía en su inocencia, pero agradece su gesto. Así, ha anunciado que la subsecretaria general de la Consejería asumirá las funciones de forma interina.
Es criterio del Tribunal Constitucional que «la dimisión de un cargo político debe establecerse cuando existe un escrito de acusación del Ministerio Público».
Cuando se produce la acusación formal de la Fiscalía es «cuando hay unos indicios sólidos de criminalidad o de responsabilidad penal», que dan lugar a «una calificación penal y a la solicitud de la pena correspondiente, acompañada de la solicitud de juicio oral». 

La corrupción impide ahora la regeneración inmediata de la Bahía de Portmán

LA UNIÓN.- La detención de Alireza Roodsari, presidente de Aria, la empresa adjudicataria de la regeneración de Portmán, hoy en Madrid, supone una  adversidad de calado para recuperar la bahía, proyecto para el que la empresa se había comprometido a presentar un plan de ejecución antes del 5 de noviembre.

La confirmación de este estancamiento de los planes de regeneración la confirmaba esta tarde el alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, en una rueda de prensa. El alcalde se confesó desolado por las últimas noticias acaecidas sobre Aria y su máximo responsable.
Tras contactar con el entorno de la compañía, le dejaron claro que veían prácticamente imposible poder presentar el proyecto antes de la fecha límite. Ante estas circunstancias, Bernabé manifestó que ahora lo más beneficioso para la bahía de Portmán será que la multinacional no presente su proyecto y el concurso quede desierto.
Aria fue la única empresa que se presentó al concurso abierto por el Ministerio de Agricultura para regenerar la bahía, y su proyecto incluía la regeneración integral de la zona hasta dejarla igual que antes de que comenzaran los vertidos de estériles mineros.
Según explicó Bernabé, es el Ministerio el que deberá ahora tomar todas las decisiones, y él mismo se reunirá de manera urgente el próximo lunes en Madrid con sus representantes para abordar la situación y barajar diferentes opciones. 
Fuentes del entorno de la multinacional aseguraron que previamente advirtieron al Ayuntamiento de que Aria tenía la intención de no presentar su proyecto, ya que el grupo atraviesa importantes dificultades económicas.
«Dadas las circunstancias actuales, creo que lo más beneficioso para Portmán sería que Aria no presente el proyecto, ya que de esa manera el concurso quedaría desierto. Si la empresa presenta su proyecto pero luego no tiene capacidad económica para ejecutarlo, el problema sería mucho más serio», apuntó Bernabé.
Así, si la multinacional renuncia a llevar a cabo la regeneración, el Ministerio podría abrir un nuevo concurso, y el alcalde recordó que las seis grandes constructoras españolas (Acciona, Ferrovial, OHL, ACS, FCC y Sacyr) también se interesaron por este proyecto y, de hecho, iban a participar en él a través de un acuerdo con la alemana.
    A pesar de recalcar, que lo ocurrido es «una mala noticia», el alcalde insistió en que la tramitación administrativa está ya muy avanzada. «Llevamos 24 años luchando por la regeneración, y tendrán que prolongarse hasta los 25, pero se llevará a cabo. No nos vamos a rendir nunca, la regeneración se hará sí o sí», sentenció.
El presidente de Aria ha sido detenido por adquirir bienes de lujo por valor de 200.000 euros con unas tarjetas de crédito de su empresa, desde agosto en suspensión de pagos.
La oposición municipal no tuvo dudas en cargar las tintas contra el alcalde Francisco Bernabé por lo ocurrido. El responsable de Medio Ambiente del PSRM, Enrique Ayuso, calificaba de «cínicas» las declaraciones del alcalde y recordó que  «desde hace meses el Partido Socialista venía denunciando la falta de viabilidad económica y ambiental del proyecto de Aria». 
Izquierda Unida, por su parte, exigió la dimisión de Bernabé, por haber puesto la regeneración en manos de una compañía «de muy escasa fiabilidad».  Asegura IU que «las cosas no pueden salir gratis a quienes, desde la política, sustituyen el interés público por el servicio al fraude»

El comisario de Cartagena pone su cargo a disposición del Ministerio del Interior por el 'caso Cala Cortina'

CARTAGENA.-El comisario de Cartagena, Alfonso Navarro, ha puesto esta semana su cargo a disposición de la Dirección General de la Policía tras la detención de seis policías nacionales por su presunta implicación en el crimen de Cala Cortina, lo que llevó también al responsable de la Seguridad Ciudadana de Cartagena, Damián Romero, a presentar su renuncia ante el Ministerio del Interior, que aún no ha contestado si acepta las dimisiones o no.

Navarro tiene 56 años, es licenciado en Criminología y ha sido profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Murcia. Tomó posesión en 2011 como comisario de Cartagena con el ahora candidato del PSOE a presidente del Gobierno regional, Rafael González Tovar, aún como delegado del Gobierno de Zapatero.
El responsable de Seguridad Ciudadana, Damián Romero, el inspector más veterano de la ciudad y jefe director de los agentes encarcelados también ha puesto su cargo a disposición del Ministerio del Interior a raiz de las revelaciones de la investigación del crimen de Cala Cortina.
La decisión estaría relacionada con la preocupación social y el clima enrarecido en la propia Policía a raíz de conocerse, por las escuchas realizadas por Asuntos Internos, la existencia de presuntas agresiones, detenciones ilegales y otras prácticas irregulares por parte de agentes de Seguridad Ciudadana en Cartagena.

El juez acusa al exalcalde socialista de Cartagena de cohecho y de otros cinco presuntos delitos

 MADRID.-  El ex alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso, quedó anoche libre y sin fianza tras declarar durante una hora y media ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6, Eloy Velasco. Alonso está acusado de mediar y, supuestamente, cobrar comisiones por contratos de servicios.

La situación de libre y sin fianza, tras pasar tres noches en los calabozos, es similar a la del secretario técnico del Instituto de Turismo de Murcia, Jesús Norberto Galindo, quien anoche salió de la Audiencia Nacional tras prestar declaración. En el caso de Galindo, éste continúa imputado y se deberá presentar una vez al mes en los juzgados.

El juez describe a José Antonio Alonso describe "cabeza de un entramado de tráfico de influencias" que se concertó con diversas autoridades de Murcia, León y Madrid para la adjudicación de contratos públicos o para la facturación de trabajos a la Administración, a través de contratos públicos adjudicados a terceras personas.

El cartagenero ha estado en las dependencias de la Guardia Civil desde que fue detenido el pasado lunes.

José Antonio Alonso fue detenido por dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la mañana del pasado lunes, cuando llegaba a su domicilio en Madrid, ciudad a la que viaja con frecuencia desde Cartagena por motivos profesionales.

Por otra parte, la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación ha abierto un expediente informativo al secretario general técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo Sánchez, que fue detenido el lunes por la Guardia Civil en el marco de la Operación Púnica, y que el pasado miércoles fue puesto en libertad sin medidas cautelares por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

En concreto, el expediente informativo a Jesús Galindo Sánchez ha sido abierto «según la normativa laboral aplicable a los empleados públicos», según lo hizo saber el portavoz del Ejecutivo regional, José Gabriel Ruiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado ayer jueves.

Al ser preguntado por la renuncia de los tres altos cargos de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación que se vieron implicados en la Operación Pública,  el portavoz reiteró que el consejero de Industria, Juan Carlos Ruiz,  pretende no cubrir los puestos «hasta que haya una decisión por parte de la autoridad judicial competente».

«Evidentemente, no van a pasar años, y esperamos que sea una cosa provisional y transitoria», manifestó el consejero de Presidencia y Empleo de la Comunidad Autónoma.


 La alcaldesa de Alicante contra imputados en las listas


La alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, imputada en dos casos judiciales de presunta corrupción urbanística, ha respaldado una moción de UPyD para instar a los partidos políticos a excluir de las listas electorales a imputados.
La iniciativa de UPyD presentada en el pleno municipal celebrado hoy ha salido adelante por unanimidad, por lo que no ha hecho falta proceder a la votación ni tampoco se ha producido la fotografía de la alcaldesa y el resto de concejales del PP levantando la mano a favor, tal y como deseaban los partidos de la oposición.
El apoyo se ha producido sin que la alcaldesa ni nadie del PP tomara el uso de la palabra para justificar el sentido del voto tras los turnos explicativos de UPyD, EU-IU y PSPV-PSOE.
"Así que, sin nada más que debatir, se levanta la sesión", ha indicado antes de aclarar a los presentes que la iniciativa contra los imputados no se sometía a voto por acordarse "por unanimidad".
Castedo figura como imputada en dos de las piezas separadas del caso Brugal, el relativo a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el plan urbanístico del barrio de Rabasa, en ambos casos a beneficio, presuntamente, del constructor Enrique Ortiz.
La ausencia de votación ha enfadado a los partidos de la oposición, sobre todo al concejal que ha presentado la moción, el portavoz del partido magenta, Fernando Llopis, para quien "el PP no se atreve a levantar las manos" y a ser "inflexible" contra los imputados.
Llopis había justificado la iniciativa en que la ciudadanía pide "medidas ejemplarizantes" y mano dura contra la corrupción, y en este sentido ha recordado que en las ramas del caso Brugal hay imputados 33 políticos del PP (entre ellos Castedo y su antecesor, el también popular Luis Díaz Alperi), seis socialistas y uno de EU-IU.

martes, 28 de octubre de 2014

Garre anuncia la dimisión de Mariola Martínez, José Fidel Saura y Reyes Samper

CARTAGENA/MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Alberto Garre, ha atribuido a un acto de "generosidad" la dimisión presentada por la directora del Instituto de Turismo de Murcia, Mariola Martínez, el ex concejal del PP en Cartagena y actual jefe de gabinete del consejero de Industria y Turismo, José Fidel Saura y la directora del INFO, Reyes Samper, imputados en la presunta trama de corrupción, Operación Púnica.

   Garre ha asegurado este martes en la Asamblea Regional que ésta es "una decisión que favorece la confianza en el Gobierno" y no ha dudado en ningún momento de "la honestidad" de los tres. Es más, ha dicho que si resultaran absueltos "se estudiaría compensarlos de alguna manera".
   El presidente de la Comunidad Autónoma también ha recalcado que el resto de los imputados "no han podido presentar aún su dimisión" por estar arrestados.
   A preguntas sobre si piensa emprender acciones contra los dos consejeros de su gobierno que están imputados en otras tramas, Garre ha zanjado el tema diciendo que "la generosidad es algo personal".
Por otra parte,  Joaquín Ortega, el abogado de la ex directora del INFO, Reyes Samper, asegura que "no está imputada en el procedimiento penal abierto, ni pesan cargos sobre ella, o al menos no se le ha notificado la existencia de los mismos".
   En un comunicado, el abogado explica que personal de la Guardia Civil citó a Samper a una comparecencia en las dependencias de la Benemérita "para que aclarara algunos extremos referentes a las indicadas actuaciones".
   Asimismo, puntualiza que le sugirieron acudir con abogado "por el supuesto de que su declaración pudiera derivar en imputación, evitando con ello una posible nulidad de actuaciones". Sobre ello, destaca que "dio respuestas a todas las preguntas planteadas y aclaró todo lo que solicitaron respecto a las actuaciones" y concluyó la declaración "sin declaración ninguna".
   Además, ha concluido que Samper salió de las dependencias de la Guardia Civil "en libertad, como en libertad había acudido y que no puede calificarse de provisional, pues es la misma que tiene cualquier ciudadano en plenitud de derechos".

El consejero de Industria, Juan Carlos Ruíz, confía en la "honradez" de sus directores y anuncia que no cubrirá sus puestos

MURCIA.- El consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, ha asegurado que confía en la "honradez" de Reyes Samper, Mariola Martínez y José Fidel Saura, hasta esta mañana directoras del Instituto de Fomento de la Región (Info) y del Instituto de Turismo, así como jefe de Gabinete de la Consejería, que han presentado este martes su renuncia tras ser detenidos e interrogados por la Guardia Civil en el marco de la 'Operación Púnica'.

   "Son personas honradas que han hecho un gesto tremendamente generoso que no se puede olvidar", ha manifestado a los medios de comunicación congregados en la Consejería, tras lo que ha recordado que "no están imputados, están siendo investigados" y ha anunciado que no cubrirá sus puestos "hasta que un juez determine en qué situación judicial se encuentran".
   Sus puestos quedarán vacantes hasta que el juez determine si su situación procesal es o no la de imputados, ha recalcado Ruiz, al tiempo que ha indicado que la información que tiene la Consejería sobre la investigación "es limitada", se refiere a un contrato pequeño, del Instituto de Turismo de 24.000 euros, "que se acababa de firmar y no se había abonado".  
   Ruiz se ha mostrado, de tal forma, convencido de que sus tres ex altos cargos se encuentran fuera de la 'macroperación Púnica' y ha valorado, aún así, "su generosidad y compromiso con el Gobierno regional y el PP".
   Preguntado porque no se exija la dimisión de otros altos cargos imputados, el consejero del ramo no ha querido entrar a valorar, "lo que tiene que entender la gente es la generosidad de estas tres personas", ha insistido, "que ante una situación que les supera, han dimitido".
   "Cada uno tiene que ver lo que hace con su propio cargo y situación", ha apostillado, "yo solo hablo de mi Consejería y de las personas en las que he depositado mi confianza". El consejero ha asegurado, en este sentido, que no ha tenido que pensar en destituirlos, "la decisión ha sido suya".
   Sobre la situación del secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo, --detenido dentro de la misma operación--, el consejero ha asegurado desconocer su situación judicial, parece que "está incomunicado", por lo que "no podemos pensar en su cese cuando todavía no hemos podido hablar con él ni ha podido mostrar su capacidad de dimitir o no". Al hilo, ha aclarado que no es un cargo político, "es funcionarial".
   Según Juan Carlos Ruiz, esta trama no puede hacer daño a la Región y al partido porque "no hay trama".
   A la pregunta de si se ha planteado dimitir, ha afirmado que "lo haría si me afectara a mí", así como que está en el cargo "para solucionar los problemas" y si entendiera que su labor no ayuda a solucionar los problemas "que entonces se iría a su casa".
   Por su parte, el alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, ha resaltado la "honorabilidad" de Mariola Martínez, "quien lleva una vida transparente" y ha tachado la situación de "injusta".
   Según el primer edil, Martínez "se está comiendo un marrón, es algo que todo el mundo reconoce" pero también "entiendo que el PP debe dar ejemplo", el problema, a su juicio, "es que el ejemplo son ellos".

Dimisiones

  La directora del Instituto de Fomento de la Región (Info), Reyes Samper; la directora general del Instituto de Turismo, Mariola Martínez, y el jefe de Gabinete del consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, José Fidel Saura, que han presentado este martes su renuncia tras ser detenidos e interrogados por la Guardia Civil en el marco de la 'operación Púnica', han tachado de "tremenda injusticia" lo ocurrido, pero "queremos ser un ejemplo para todos y que no haya duda alguna sobre nuestra honorabilidad".
   Confiados en que el tiempo demostrará su inocencia, han declarado que "no tenemos nada que ver con este asunto", a día de hoy, "no estamos imputados, no hay imputación ni por parte de un juez ni del fiscal, las diligencias eran policiales, salimos igual que entramos, sin ningún tipo de cargo" y "esperamos volver pronto para decir que no hemos tenido nada que ver".
   En una multitudinaria rueda de prensa, ofrecida en la Consejería de Turismo y arropados por el propio consejero, Juan Carlos Ruiz o el alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, entre otros, Reyes ha explicado que declaró "voluntariamente" ante la Comandancia de la Guardia Civil, "en ningún momento estuve detenida y a día de hoy no he recibido notificación ninguna ni estoy imputada judicialmente" tras lo que ha indicado que, ante esta situación, presenta su dimisión "por respeto" al INFO.
   Reyes, que ha asegurado que el Instituto de Fomento "sólo tiene encima de la mesa una propuesta de posicionamiento online del pasado viernes", de diez folios, con la empresa que se está investigando, Madiva, y que "no teníamos ningún tipo de relación expresa", ha agradecido el apoyo de la familia, de su equipo y "las personas que siempre han confiado en mi" y mostrado su deseo de que "en algún momento, se haga justicia sobre todos nosotros".
   Por su parte, José Fidel Saura ha insistido en que ninguno de los tres tienen imputación judicial pero, ha explicado, "presento mi dimisión porque no quiero perjudicar la imagen del partido y del Gobierno regional, que tan bien está haciendo las cosas".
   Saura, que estuvo retenido en el cuartel durante varias horas, ha defendido su inocencia, a pesar de que "no tenemos información sobre la trama", pues "jamás nos hemos beneficiado de dinero público alguno".  
   "Nunca imaginé verme en esta situación", ha declarado, por su parte, Mariola Martínez, quien fuera concejala del Ayuntamiento de Molina de Segura antes de ponerse al frente del Instituto de Turismo hace seis meses, "no tengo nada de que esconderme, nunca me he llevado un céntimo de la Administración, nunca he participado ni tenía conocimiento de la existencia de ninguna trama y ayer colaboré con la Guardia Civil sin que se me comunicara imputación de delito alguno".
   Martínez ha defendido así su "honorabilidad" y ha destacado que, a raíz de los acontecimientos "y para que la ciudadanía no pueda plantearse dudas", abandona su cargo "a la espera de que se decrete oficialmente, y así será, que no estoy involucrada en ninguna supuesta trama".
   Los tres ex altos cargos han explicado que la decisión de dimitir la han tomado tras reunirse los tres esta mañana con el consejero Juan Carlos Ruiz porque "no podemos dañar, en ningún momento, la imagen de esta Consejería", además "no tenemos nada que esconder" y esperamos se resuelva "pronto", ha recalcado Mariola Martínez, tras indicar, al ser preguntados por cómo ven que el presidente de la Comunidad, Alberto Garre, ya anunciara que los iba a cesar cuando hay otros altos cargos imputados en sus puestos, "allá cada uno con lo que entienda que debe hacer".
   Nosotros, ha continuado, "entendíamos que debíamos tomar esta medida, muy injusta y dolorosa, porque estábamos metidos en un plan de trabajo muy ilusionante con ganas de poder cambiar y hacer muchas cosas con los ciudadanos de la Región". A su parecer, "hemos demostrado en poco tiempo lo que somos capaces de dar y nos sentimos orgullosos del trabajo realizado durante estos meses"; un trabajo "que podemos seguir desarrollando en el Instituto".
   Al respecto, la ya ex directora general del Instituto de Turismo ha explicado que el pasado viernes se firmó un contrato "menor" de 24.000 euros con Madiva, "conforme al reglamento", para "posicionar a la Región de Murcia en el mercado británico".
   Una propuesta "bastante interesante y original", siendo la primera que trabajaban con la misma, ha asegurado Mariola Martínez, un contrato que "ni se ha pagado ni ejecutado".
 "El procedimiento fue perfecto, no tiene ningún sentido", ha enfatizado. Al hilo, Saura ha manifestado que es un contrato "ridículo cuando se está hablando de una trama de 150 millones", se trata de una empresa "que está siendo investigada y que tiene aquí un contrato y punto" pero "no sabemos más".
   Preguntados por el secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo, --detenido dentro de la misma operación--, los ex altos cargos han dicho desconocer su situación, "está todo bajo secreto de sumario", no sabemos de qué se acusa a ninguno de los detenidos.
   Sobre el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, el que fuera jefe de Gabinete del consejero de Industria ha asegurado conocerlo "pero ya está, no hay más", es una persona que conozco "como a tantas otras".
   Finalmente, los ex altos cargos han mostrado su deseo de volver una vez se aclare la investigación, "eso espero de mi partido", ha declarado Martínez. "Obviamente ahora nos toca pasar un mal trago, defender nuestra inocencia y honor si llega el caso" pero "sería de justicia, si acaba como esperamos, que es bien, se restituya nuestro honor en todos los ámbitos posibles, aunque el daño ya está hecho".
   A día de hoy no estamos imputados, han concluido, "hemos hecho un gran gesto a la ciudadanía de esta Región y al partido al que representamos" y con la misma esperan que el partido "nos vuelva a llamar".
Finalmente, la empresa Madiva Soluciones aclara, en relación a la aparición de su nombre con respecto a la 'Operación Púnica' en Murcia, que su empresa no tiene nada que ver y que no se dedica a la publicidad.
   Es una empresa de tecnología y soluciones de digitalización de procesos "y no ha tenido ningún contacto o trato con ninguna administración de la Región de Murcia", explican en un comunicado de prensa.
   Por supuesto, añade la empresa en el escrito, "Madiva Soluciones no tiene nada que ver con ningún asunto relacionado con esta operación".

Podemos Murcia exige la dimisión de todos los cargos imputados en casos de corrupción en la Región de Murcia

MURCIA.- Podemos Murcia ha pedido la dimisión de los implicados en la 'Operación Púnica' y que "se sume el cese de otros cargos en activo imputados desde hace tiempo y que siguen en instituciones".

   Es el caso, añade la formación, "entre otros muchos en la Región, del consejero de Agricultura, Antonio Cerdá; del consejero de Educación, Empleo y Universidades, Pedro Antonio Sánchez; del alcalde de la Ciudad de Murcia, Miguel Ángel Cámara, o del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, todos ellos asociados judicialmente a diferentes casos", según han informado fuentes de la formación en un comunicado de prensa.
   Al respecto, han añadido que en todo el Estado, y en la Región de Murcia en particular, se "está viviendo una situación de excepcionalidad política que empobrece sobremanera y cuestiona la calidad democrática de su espacio público, al tener a numerosos responsables institucionales imputados en graves casos de corrupción, aunque estos sean supuestos".
   En este sentido, manifiestas, "la Operación Púnica, que se cerró en la jornada de ayer con 51 detenidos en Madrid, Valencia, León y Murcia, es solo un ejemplo más de unas prácticas ilícitas que ya parecen instauradas como habituales en el Partido Popular, en concreto, en el grupo popular de la Región, y que también salpican a los socialistas".
   Podemos, considera que "esta situación de excepcionalidad política debe ser afrontada con urgencia. La democracia se muere cuando los cargos públicos son objeto de sospechas por su complicidad en casos de corrupción".
   Asimismo, asegura que "sería un buen ejercicio para la transparencia que dicen promover que comparecieran ante los ciudadanos para dar explicaciones y castigaran con férrea contundencia los casos citados. No se puede permitir que altos cargos de nuestras instituciones no tengan un mínimo de ética y de decencia social y política, y permanezcan en sus puestos como si no hubiese pasado nada".

El Consejo Territorial del PSRM exige el cese de todos los imputados del PP que mantienen cargos de responsabilidad

MURCIA.- El PSRM manifiesta que seguirá defendiendo "la honestidad política y la limpieza democrática" y exigiendo al presidente de la Comunidad, Alberto Garre, que cese "de forma inmediata" a todos los cargos públicos del PP imputados por corrupción y que siguen en sus puestos. Así lo ha ratificado el Consejo Territorial del Partido Socialista en la Región de Murcia tras su reunión de este martes.

   Ante la creciente ola de casos de corrupción relacionados con cargos públicos del Partido Popular en la Región de Murcia, el Consejo Territorial del PSRM ha acordado, además, exigir que se celebre un debate en la Asamblea Regional en el que se aborde plenamente el problema y del que salga un compromiso real de que ninguna persona investigada por casos de corrupción mantendrá responsabilidad pública alguna.
   "Sentimos asco y vergüenza, pero también dolor, porque cada día que Garre no cesa a sus imputados, la democracia de esta región se resiente un poco más. Exigimos al presidente que deje de dar cobijo a la corrupción y que no ponga paños calientes defendiendo la expulsión de unos corruptos pero arropando a otros. Le exigimos que limpie la Administración y devuelva la decencia a la política regional", ha indicado el candidato socialista a la presidencia de la CARM, Rafael González Tovar.
   "En el Partido Socialista trabajamos desde siempre por la transparencia y la decencia democrática; y no permitimos que haya ni un solo corrupto militando en nuestro partido, sea por actividades públicas o sea por actividades privadas", ha asegurado.
   Además, ha indicado, "se debe recordar que los socialistas en esta Región llevamos una trayectoria de más de diez años combatiendo y denunciando ferozmente la generalizada corrupción en nuestra tierra, un trabajo ingrato y poco reconocido al principio que creemos que es importante destacar".
   "En una región en la que el 50% de municipios tienen problemas de corrupción, Garre es el máximo responsable, tanto por su papel de presidente del Gobierno regional, como por ser el responsable de velar por la decencia política en su partido. La Región de Murcia se merece un gobierno decente, que no permita que la corrupción sea la norma general y que asegure la honestidad en la gestión de lo público", ha concluido.

La Región de Murcia registra un déficit de 436 millones de euros hasta agosto, el 1,59% del PIB

MURCIA.- El déficit de la Región de Murcia se situó en los ocho primeros meses del año en 436 millones de euros, el 1,59 por ciento del PIB, lo que representa la segunda mayor desviación por autonomías, solo inferior a la registrada por Extremadura (2,22 por ciento), según datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

   De acuerdo a los mismos datos, en el mismo periodo del año anterior la Región sumaba 375 millones de euros, que suponían el 1,39 por ciento del PIB.

lunes, 27 de octubre de 2014

El PPRM va a acordar la suspensión inmediata de militancia de los implicados en la 'Operación Púnica'

MURCIA.- El vicesecretario general de comunicación del PPRM, Francisco Bernabé, ha informado esta noche que los órganos de dirección del partido "han dispuesto la convocatoria urgente del Comité de Derechos y Garantías al objeto de acordar la inmediata suspensión de militancia de las personas afiliadas implicadas en la operación anticorrupción que esta llevando a cabo el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional".

   En este sentido, Bernabé ha añadido que "igualmente, el PPRM exigirá, en su caso, a quienes tengan responsabilidades institucionales y políticas, el abandono de sus cargos".
   Finalmente, el responsable popular de comunicación ha concluido con que "el partido está indignado y rechaza cualquier tipo de corrupción".

BMN supera las pruebas de resistencia del BCE y la Autoridad Bancaria Europea

MADRID.- Banco Mare Nostrum (BMN), integrado ahora sólamente por las redes comerciales de Cajamurcia, Cajagranada y la balear Sa Nostra, por hoy participado mayoritariamente y gestionado por el FROB para su posterior venta, ha superado ampliamente las pruebas de resistencia realizadas por el Banco Central Europeo (BCE) y la European Banking Authority (EBA), cuyos resultados se hicieron públicos este domingo.

 De este modo, BMN se sitúa entre los bancos europeos teóricamente solventes al presentar un ratio de capital superior al 8% exigido.
El ratio de capital básico o de máximo nivel se elevaría en 2016 al 11,5 por ciento en el escenario base (más de 3,5 puntos porcentuales por encima del límite exigido de ese 8%), lo que supone un superávit de capital de más de 720 millones de euros, que puede ser ampliable a más de 1.185 millones antes de la distribución de resultados.
Por su parte, en el escenario adverso al que el Banco Central Europeo asigna una probabilidad de ocurrencia remota, la entidad alcanzaría un capital del 8,1 por ciento, superior en un 47 por ciento al umbral mínimo exigido del 5,5 por ciento. Es decir, el superávit de capital que BMN tiene en este supuesto es de 531 millones de euros.
Estos favorables resultados incorporan los obtenidos en el proceso de revisión de la calidad de activos (AQR), acometido en paralelo a los test de estrés, y que se han llevado a cabo sobre unas carteras que suponen cerca del 55 por ciento de los activos ponderados por riesgo.
De esta manera, BMN se coloca entre las entidades solventes del país como consecuencia de su capacidad de generación de resultados, la cual está prevista en 1.163 millones de euros en los tres próximos ejercicios en el escenario más adverso, de la mano de su director general, nombrado por el FROB, Francisco García Beato, inspector y auditor excedente en el Banco de España.

La banca española resulta penalizada 
con los nuevos ratios de solvencia 

A pesar de los buenos resultados obtenidos por la banca española en los exámenes realizados por el BCE, algunos analistas destacaron el lunes el hecho de que, con la nueva regulación internacional, algunas entidades mostraran unos niveles de solvencia más débiles que sus competidoras británicas y nórdicas, sobre todo en los escenarios base.
 Es cierto que con los ratios calculados en base a los denominados 'fully loaded' (que no formaban parte del ejercicio del BCE pero que la EBA ha proporcionado a título informativo) los bancos españoles salen peor, pero es porque estos nuevos ratios obligan a la banca española a deducir de forma total del capital los activos fiscales diferidos (DTAs).
A finales de diciembre pasado, la banca española consiguió que se computaran como capital de primera categoría créditos fiscales por unos 41.000 millones de euros, avalados por el Estado.
Según destacó BNP en una nota de análisis la media de los ratios de capital de la banca española baja desde un ratio de capital del 9 por ciento de Basilea III 'phase-in' o aplicación gradual (referencia utilizada para el ejercicio) en el escenario adverso a un ratio de capital del 7,7 por ciento también en el escenario adverso en términos 'fully loaded' o totalmente anticipados.
El propio subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, que se volvió a mostrar el lunes satisfecho con los resultados de los bancos domésticos, reconoció que uno de los retos de la banca era un nuevo entorno regulatorio más exigente.
"La adaptación al nuevo entorno regulatorio y supervisor supondrá esfuerzos adicionales de reforzamiento de base de recursos propios de numerosas entidades en un entorno macroeconómico complejo", dijo Restoy, que se mostró, no obstante, "convencido" de que la banca española sería capaz de adaptarse a estos desafíos.
A diferencia de los ratios de capital con aplicación gradual, los ratios 'fully loaded' obligan a hacer una deducción total de algunos activos, como los activos fiscales diferidos, que penalizan es especial a la banca española y francesa.
respectivamente.
A pesar de la buena acogida inicial en bolsa a los análisis, posteriormente las entidades españoleas seguían la tendencia bajista del conjunto del mercado al persistir dudas sobre la economía mundial.

Son cuatro cosas / Ángel Montiel

Rajoy, en Murcia, sobre la corrupción: «Hay algunas cosas, pero no representan a 46 millones de españoles» Mariano Rajoy.
 
Da la impresión de que el presidente del Gobierno no está tan escandalizado con la corrupción como su pupila De Cospedal, lo cual sólo evidencia que es un poco menos cínico que la secretaria general. 

Alguna de ‘esas cosas’ con las que Rajoy resume la situación de espectacular escándalo —escándalo para los ciudadanos, no para quienes lo producen— en que se desenvuelve su gobernación y la del conjunto de las autonomías, muy singularmente la murciana, lo tienen a él por principal protagonista en su calidad de presunto cobrador de sobresueldos en B recibidos en cajas de puros, habitante de una sede central del PP rehabilitada con dinero negro, así como protector de personajes de la calidad de Cospedal, Camps, Bárcenas, Sepúlveda, Rato, Mato, Acebes… 

Un presidente que relativiza la corrupción, y más cuando ésta desborda cualquier índice previsible y afecta a todas las instituciones del Estado, es un irresponsable, un frívolo y un tipo peligroso. ¿Es este el dictado moral que deben recibir de un presidente del Gobierno los ciudadanos honestos que quieren reconstruir su país? Su mensaje es intelectualmente menesteroso, impropio de quien lidera una nación de primera.

http://blogs.laopiniondemurcia.es/angelus/

La puntilla al pepé / Joaquín Abad

Lo que le faltaba al PP de un Rajoy que ha tenido todos los votos que necesitaba para iniciar una catarsis y acabar con la corrupción y ha mirado para otro lado. Claro, porque sabía, consentía que ese tres, ese cuatro por ciento de comisión que Pascual Maragall denunció en sede parlamentaria era una práctica común en todos, todos, los partidos políticos. Si se escarba, en todos los ayuntamientos hay corruptelas. Si se investiga, si se pinchan los teléfonos de nuestros políticos, nos llevaremos miles de sorpresas. 

Ahora nos explicamos por qué Mariano Rajoy miraba para otro lado. Por qué Mariano Rajoy sigue ausente y no da un puñetazo. No puede. Nunca pudo porque quienes le informan, los fontaneros, los servicios secretos le tienen al día de los tres por ciento, de los cuatro por ciento, de las mordías y prácticas que todos los partidos, todos, han llevado a la actual situación.

Nuestro problema es que la corrupción se ha institucionalizado. Desde que llegó Felipe a la Moncloa. Se empezaron por los cafelitos de Juan Guerra, hermano de "Arfonzo", desde la propia delegación de Gobierno en Sevilla. Y luego los Falis, los envíos en bolsas y maletines de millones que llegaban a la sede de la calle Ferraz para se le facilitara el permiso correspondiente al constructor de turno.

Ahora los del pepé, los del pesoe, están de los nervios. Se ven fuera del sistema por el asqueo de los votantes que huyen, como de la peste, del bipartidismo corrupto que no parece calar entre la clase política que forma la llamada "casta". Esa "casta" que durante más de treinta años ha convertido los partidos en oficinas de colocación de sus amigos, familias, y se han dedicado a abusar con tarjetas, con coches, chóferes, y todos los robos que nos sacuden día sí y día también.

Porque la redada donde han caído alcaldes, concejales, empresarios y demás gentuza no ha sido precisamente a iniciativa de la fiscalía, sino como consecuencia de una petición de información de las autoridades judiciales de Suiza, que detectaron que Granados y su amigo David Marjaliza blanqueaban millones. Y comunicaron sus sospechas a las autoridades españolas que no tuvieron más remedio que tirar de la manta. Pero en todos los ayuntamientos, todos, en todas las administraciones, en todas, hay corrupción. Si, porque a estas alturas, la corrupción está institucionalizada. Y el bipartidismo ha cooperado, y mucho, en ese estado general de podredumbre.

Garre dice que echará a detenidos o imputados en la 'operación Púnica' si estos no dimiten antes

MURCIA.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, aseguró este lunes que "si hay algún miembro de mi Gobierno detenido o imputado (en el marco de la Operación Púnica) no durará ni un minuto en el cargo público. Esta decisión del Gobierno está consensuada con el Partido Popular".

De esta manera, "queremos que se resuelvan con la mayor prontitud los temas judiciales", agregó el jefe del Ejecutivo, quien insistió en que "si algún cargo del Gobierno es imputado o detenido, deberá presentar su dimisión o será cesado".
Garre entiende que "la sociedad murciana no puede tener duda alguna sobre la total integridad de los miembros del Gobierno".
Lo primero que ha hecho Garre es encargar una investigación interna al consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, para que depure responsabilidades, si las hubiera, en su departamento, al que pertenecen los detenidos en Murcia.
La directora del Instituto de Turismo de Murcia, Mariola Martínez, y el exconcejal de Cartagena José Fidel Saura, actual jefe de gabinete del consejero de Industria y Turismo, han quedado en libertad con cargos tras declarar ante la Guardia Civil en la Comandancia de Murcia, han informado fuentes cercanas al caso.
Martínez y Saura, junto al secretario del Instituto de Turismo, Jesús Norberto Galindo, también exgerente del Centro de Cualificación Turística (CCT) de la Región de Murcia, fueron arrestados hoy por su presunta implicación en la operación Púnica contra la corrupción; sólo los dos primeros han abandonado con cargos las dependencias de la Guardia Civil minutos antes de las 20,00 horas tras prestar declaración ante los agentes, mientras el tercero pasará la noche en el calabozo y previsiblemente será trasladado mañana martes por la mañana a la Audiencia Nacional, en Madrid..
Hasta la Comandancia de Murcia se han acercado esta tarde abogados de los despachos Valdés Albistur y Manzano y Muñiz, así como la directora del Instituto de Fomento, Reyes Samper, que llegó a pie y con asistencia letrada a la sede del instituto armado a petición de la Benemérita y la abandonó, también con cargos, minutos después en el interior de un taxi.
En este organismo, el INFO, dependiente de la Consejería de Empresa y Turismo, la Guardia Civil ha requerido hoy documentación sin llegar a detener a Samper.
El ex alcalde socialista de Cartagena entre 1991 y 1995, José Antonio Alonso, ha sido arrestado en su domicilio de Madrid por actividades posteriores a su paso por la alcaldía.
Alonso es socio de David Marjaliza en la sociedad Atalia, que intermedió en la venta de los terrenos de Española de Zinc (Zinsa) en Cartagena. Marjaliza, constructor de Valdemoro, también ha sido arrestado. Y junto con Alejandro de Pedro Llorca, otro hombre de negocios, eran los dos conseguidores de la red presuntamente delictiva.
José Fidel Saura, del PP, fue concejal de Turismo y Urbanismo en el Ayuntamiento de Cartagena durante dos legislaturas, desde 1999 a 2007, mientras que Mariola Martínez fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Molina de Segura.

Tovar (PSRM) le pide a Garre que cese a todos los imputados del PP que están en instituciones regionales

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, ha pedido a Alberto Garre, a raíz de que este anunciara que destituirá, si antes no han dimitido ellos, a los cargos públicos del Gobierno regional detenidos o imputados en la 'Operación Púnica', que "destituya también al resto de cargos imputados del PP en la Región si de verdad", como el propio presidente regional ha dicho, "la sociedad murciana no puede tener duda alguna sobre la total integridad de los miembros del Gobierno".

   De lo contrario, ha afirmado González Tovar, Garre demostrará que "tiene dos varas de medir, una para los intocables, como son el alcalde de Murcia -que lleva 825 días imputado por graves delitos-, el delegado del Gobierno -125 días imputado-, o los consejeros de Agricultura y Educación, entre otros, y otra para los detenidos este lunes, que deben ser para el presidente de segunda categoría, porque les exige algo que no le pide al resto", según han informado fuentes de la formación en un comunicado de prensa.
   "Le exigimos a Garre que mida a todos con el mismo rasero, a los imputados VIP, y a los de este lunes: el jefe de gabinete del consejero Juan Carlos Ruiz, José Fidel Saura, la directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez, y el secretario del Instituto de Turismo, Jesús Norberto Galindo. Si no lo hace, dejará claro una vez más que el PP no conoce las palabras limpieza democrática", ha añadido Tovar.
   "Los socialistas de la Región de Murcia reclamamos desde hace mucho tiempo esa limpieza democrática, y lo vamos a seguir haciendo con contundencia", ha puntualizado.

Pujante (IU-V) pide explicaciones al consejero Ruiz y lamenta que la corrupción del PP "no tenga techo"

MURCIA.- El coordinador de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha exigido este lunes al consejero de Turismo, Juan Carlos Ruiz, que explique de manera "urgente" el papel que "han jugado" Mariola Martínez, José Fidel Saura y Jesús Norberto Galindo en las contrataciones de ese departamento, y ha lamentado que la corrupción "no tiene techo" para el Partido Popular.

    Pujante ha indicado que, tras las detenciones de Martínez, Saura y Galindo, todos responsables en la consejería de Turismo, y del exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso, en el marco de la 'Operación Púnica', "habría que cambiar el logotipo de la sonrisa de la marca 'Costa Cálida' por una cara triste y construir el parque temático de la corrupción en la Región".
    "En materia de corrupción, el PP no tiene altura, nunca deja de sorprender", ha manifestado Pujante, para quien resultaba "extraño" que en una trama de corrupción en varias comunidades de España no estuviera implicada la Región de Murcia, "una autonomía que, por desgracia, es puntera en esa materia gracias a los gobernantes que hay".
    Por su parte, el portavoz del grupo municipal de IU-Verdes en Cartagena, Cayetano Jaime, ha expresado su respeto por la actuación judicial y ha adelantado que pedirá una comisión de investigación si surgen temas que atañen directamente a la ciudad portuaria, teniendo en cuenta que Saura, exconcejal de Urbanismo del PP, está entre los detenidos.

También UPyD exige

La responsable regional de UPyD, Fuensanta Máximo, tras las detenciones de este lunes en el ámbito de la 'Operación Púnica', ha exigido al PP que "reaccione, depure responsabilidades y se ponga al frente para atajar la degradación política y de la vida pública por la que atraviesa la Región".
   Para la responsable regional, la falta de credibilidad y de autoridad moral del PP en la Región, "están alcanzando cotas intolerables, no es posible que quien nos gobierna sea quien más casos de corrupción genere, y que además permanezca impasible ante esta situación".
   Máximo ha denunciado que "nos encontramos en un momento de enorme gravedad, ante una corrupción institucionalizada que ya afecta de pleno a toda la Administración regional". En ese sentido, ha pedido el cese inmediato en sus funciones de los tres cargos públicos detenidos hoy, la directora general de Turismo, Mariola Martínez, el jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, José Fidel Saura y del secretario del Instituto de Turismo, Jesús Galindo.
   Para Fuensanta Máximo, la Región de Murcia no puede permitirse dar la imagen de corrupción que está ofreciendo por culpa de sus dirigentes, "ya que, junto al delegado del Gobierno, el Ejecutivo regional cuenta con dos consejeros imputados, y hoy se suman los casos conocidos dentro de la Consejería de Turismo, "que ya son la gota que colma el vaso".
   La dirigente regional ha recalcado que "es imprescindible y vital que las instituciones, cumplan con su obligación ética de ejemplo ante los ciudadanos, "si no querremos que el desprestigio de esas instituciones y de la propia democracia no se sigan deteriorando de manera irreparable", ha concluido.

Trabajadores católicos españoles acuden al encuentro del Papa con movimientos populares, Joaquín Sánchez entre ellos

MADRID.- La copresidenta del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC), Charo Castelló, Maria del Carmen Picón, en representación de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y Joaquín Sánchez, consiliario de la HOAC de Murcia y miembro del colectivo 'En el nombre de Dios, ¡basta ya de desahuciar a las familias', han viajado a Roma para participar junto a otras cien personas en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares convocado por el Consejo Justicia y Paz del Vaticano, que se celebra desde este lunes hasta el miércoles y cuenta con el apoyo del papa Francisco.

   Para Charo Castelló, esta convocatoria "posibilita hacer oír la voz y dar visibilidad a millones de personas que están siendo excluidas en una realidad, la del trabajo humano, cada vez más empobrecida y deshumanizada".
   Por ello, considera que este encuentro "marcará un hito en el proceso de articulación de los movimientos" y "empoderará a los sectores más empobrecidos, visibilizando su punto de vista en torno a los graves problemas que atraviesa la humanidad".
   "Le agradecemos profundamente al papa Francisco esta posibilidad, una nueva muestra de su permanente acompañamiento y cercanía no sólo hacia los que sufrimos la injusticia sino también hacia los que, organizados, luchamos contra ella, como movimientos de la Iglesia", ha subrayado. Los representantes de los movimientos se encontrarán con el pontífice este martes.
   Las organizaciones participantes en este encuentro representan a trabajadores en situación de precariedad, temporales, migrantes; sin protección legal, ni reconocimiento sindical o de sus derechos laborales; campesinas y campesinos sin tierra; pueblos indígenas o personas en riesgo de ser expulsadas del campo a causa de la especulación agrícola y la violencia; personas que viven en barrios excluidos, suburbios y asentamientos informales, sin infraestructura urbana adecuada; los marginados y los olvidados.

El Gobierno regional asegura que aquellos que hayan actuado fuera de la ley serán "castigados contundentemente"

MURCIA.- El Gobierno regional asegura que "no va a tolerar ninguna conducta que suponga la infracción de la ley", es decir, "que si fruto de la investigación iniciada desde el Ejecutivo regional o fruto de las actuaciones judiciales se deriva que alguna persona ha actuado fuera de la ley, será castigada contundentemente en el ámbito político y esa contundencia no es otra que la destitución".

   Así lo ha manifestado el consejero de Presidencia y Empleo y portavoz del Gobierno regional, José Gabriel Ruiz, quien ha matizado que "en política y en la Administración regional no caben sino personas honestas e íntegras que vengan a dar lo mejor de sí mismos para atender el interés general".
   Ruiz respondía así al ser preguntado por las detenciones producidas en Murcia dentro de la 'Operación Púnica'.
   En esta línea, ha asegurado que el Gobierno murciano se muestra "indignado" con cualquier conducta "que suponga la vulneración de la ley y el derecho". Así como que la información que se tiene sobre la operación es "escasa" y como Comunidad y Gobierno regional "no hemos recibido ninguna notificación al respecto".
   Tras lo que ha confirmado que, a lo largo de la mañana, miembros de la Policía Judicial se han personado en dos sedes de la Administración autonómica, que son el Instituto de Fomento y el Instituto de Turismo.
   En este sentido, ha declarado que desde el Gobierno regional, "como hemos hecho siempre", estamos "colaborando al máximo con la Administración de Justicia", para que la operación "se pueda esclarecer lo antes posible".

IU-V critica el "abandono deliberado" del aeropuerto de San Javier y expresa su negativa al cierre

MURCIA.- El coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, ha criticado este lunes el "abandono deliberado" del aeropuerto de San Javier por parte del Gobierno autonómico, y ha expresado su negativa al cierre de esta infraestructura.

   Pujante ha pronunciado estas palabras tras reunirse con el presidente de la Plataforma en defensa del Aeropuerto Público de San Javier, Santiago Pina, y los vocales de esta organización Juan José Lozano y José Andrés Gómez.
   Ha dicho que su formación coincide "plenamente" con los objetivos de la citada Plataforma, entre los que se encuentran el mantenimiento de los servicios y los puestos de trabajo del aeropuerto de San Javier.
   Además ha recordado que IU-Verdes "siempre ha defendido" este aeropuerto e incluso ha apostado por su potenciación, frente a la "aventura" del aeropuerto privado de Corvera, que "nos está costando un riñón a la ciudadanía de la Región de Murcia".
   En concreto, ha recordado que la Comunidad Autónoma paga casi 22.000 euros en intereses por un aeropuerto cerrado. "En lugar de invertir en el de San Javier, el Gobierno Regional ha defendido los intereses de una empresa privada -Aeromur-, destinando para ello dinero público", ha apostillado.
   Para Pujante, una muestra del "abandono" del aeropuerto de San Javier es, por ejemplo, la inexistencia de un punto de información, de un cartel de bienvenida y de una línea de autobús que conecte con los municipios de San Javier y Murcia.
   Por su parte, el presidente de la Plataforma ha explicado que la pretensión de la misma es defender a los trabajadores del aeropuerto de San Javier y a las empresas que trabajan allí, y luchar porque se mantenga abierto y no se supriman los puestos de trabajo.
   Pina ha insistido en que esta infraestructura es rentable y, su cierre, además de suponer el despido de unos 1.200 trabajadores, entre directos e indirectos, conllevaría perjuicios para el sector turístico y hostelero de aquella zona.

Piden que se suspenda la ratificación de la autopsia de Diego Pérez hasta que se hagan nuevas pruebas

CARTAGENA/LOS ALCÁZARES.- El abogado defensor de J.C.M., uno de los seis policías nacionales de la Comisaría de Cartagena ingresados en prisión como presuntos autores de la muerte de un vecino de esta localidad, ha pedido al Juzgado que suspenda la diligencia de ratificación de la autopsia hasta que se practiquen varias pruebas. 



El recurso presentado por el letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, considera que el resultado de esas pruebas puede determinar que se llegue a un resultado distinto en cuanto a la causa de la muerte y otros extremos.
Así, propone la realización de un estudio de sumersión, "elemental diligencia -dice- para conocer si la víctima presunta llegó o no viva al agua".
Igualmente echa en falta el estudio biomecánico de las lesiones mortales que presentaba el cuerpo de la víctima, "pues el hecho de que la autopsia afirme que la muerte no fue natural no es consustancial a su consideración como homicida, ya que para concluir de tal manera se hace indispensable la práctica de esa diligencia".
Expone también el letrado que en el estado actual de las diligencias que se tramitan en un Juzgado de Instrucción de Cartagena se desconoce el resultado de los estudios realizados sobre las larvas halladas en el cadáver, "fundamental para conocer el número de días que llevaba el cuerpo emergido tras haber caído al mar".
Y añade que, igualmente, se desconoce el resultado del estudio de las muestras biológicas obtenidas de la zona interior de las uñas del finado, "que podría determinar la identidad del autor presunto -si es que lo hubiera- con un simple cotejo de ADN".
Por todo ello, Pardo-Geijo Ruiz señala que, antes de proceder a la ratificación de los informes de autopsia por un segundo perito, se deben practicar las diligencias que solicita.
Los informes de autopsia indicaban que la víctima, Diego Pérez, vecino de la barriada cartagenera de Las Seiscientas, murió de forma homicida, como consecuencia de la fractura de varias vértebras cervicales.
En relación al caso, la magistrada que lo instruye, María Antonia Martínez, quiere asegurarse de que los policías no cambien su aspecto físico, por ello ha indicado a los responsables de las cárceles donde están recluidos los agentes que deberán cursar las órdenes oportunas «para que no sea modificado su aspecto hasta el 5 de noviembre, cuando se procederá a un reconocimiento en rueda».


 Amenazas a un concejal

Por otra parte, el concejal de Interior, Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Los Alcázares, José Francisco López Gabaldón, ha recibido este lunes por la mañana amenazas en una carta que han depositado en el buzón de su domicilio.
   La carta, realizada con recortes dice textualmente que "es solo el principio"; "ponemos a prueba tu seguridad"; "¿quién eres tú?"; y "solo apártate". El edil popular ha interpuesto la correspondiente denuncia en la Comandancia de la Benemérita de Los Alcázares.
   Gabaldón asegura que "no va a cambiar ni mi forma de pensar ni de hacer los cosas, las amenazas son propias de personas antidemocráticas y cobardes, yo voy a seguir trabajando como hasta ahora, pese a quien pese", según informaron fuentes del Ayuntamiento en un comunicado.
   Aunque el edil se ha mostrado preocupado por el hecho de que ha recibido esta carta en su domicilio "tengo familia y se asustan", apuntó.

Tovar: "Es una vergüenza para Murcia que el PP haya celebrado aquí un 'Plenario de la corrupción' repleto de imputados"

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ha sido este lunes muy crítico con "la falta de ejemplaridad" del Partido Popular, calificando como "Plenario de la corrupción", la reunión Intermunicipal organizada por el PP este pasado fin de semana en Murcia.

   "Es una vergüenza para esta tierra este acto de cinismo político porque la Región cuenta con el mayor número de alcaldes condenados e imputados por delitos relacionados con la corrupción de toda España y tenemos un Delegado del Gobierno imputado que se niega a declarar ante la Justicia y se mantienen dos consejeros imputados en el equipo de Garre", ha manifestado en rueda de prensa.
   González Tovar ha considerado una "provocación y un descaro organizar un evento de estas características para hablar de buenas prácticas municipales, en una Región donde existen tantos imputados por corrupción, en su mayoría alcaldes".
   En este sentido, ha reprochado la actitud de Rajoy "por eludir el tema de la corrupción, demostrando con su evasiva y falta de contundencia, su complicidad y permisividad con estos inadmisibles comportamientos".
   González Tovar ha manifestado que "resulta vergonzoso" ver como en el PP mientras hablaban de regeneración democrática, presidían el acto, el alcalde de Murcia, imputado por el caso Umbra, Valcárcel, "cuestionado y bajo sospecha por sus viajes pagados por Hefame", el delegado del Gobierno, imputado "y que desacata a la autoridad", consejeros imputados y otros muchos alcaldes también bajo sospecha, como la alcaldesa de Cartagena, "que se intentó justificar afirmando que no se deben mezclar los procesos penales con la actuación municipal" y todo ello, "ante un presidente regional ausente y ninguneado permanentemente".
   Rafael González ha lamentado, por otra parte, que el presidente Garre no haya tenido "suficiente influencia" para que Rajoy escuchara a empresarios y agricultores murcianos para hablar del agua, a pesar de ser un tema vital en nuestra tierra.
   Con esto se demuestra, a su juicio, "que al Partido Popular le importan muy poco los problemas de la Región y sólo se han reunido para hacer una terapia de grupo y aplacar su nerviosismo por todo lo que está saliendo a la luz durante las últimas semanas".
   En esta línea, ha lamentado "la falta de coraje político" de Garre ante el presidente de gobierno y ha reivindicado las necesidades vitales de la Región de una mayor inversión y recursos estatales "ante la fatal parálisis económica que sufre nuestra Comunidad".

La detenida Mariola Martínez, protegida política de Bascuñana, su gran mentor en la sombra, ya libre

MURCIA.- El todavía delegado del Gobierno, el molinense Joaquín Bascuñana, es el gran mentor político en la sombra de la hoy detenida en la 'operación Púnica', Mariola Martínez Robles, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Molina de Segura, actual directora del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, y presumiblemente una de las personas acompañantes en el vehículo detenido de madrugada semanas atrás en un control rutinario de la Guardia Civil, en la carretera nacional 301, cuando Bascuñana se negó a identificarse ante los agentes y también que se identificase a quienes ocupaban los otros tres asientos de un vehículo privado conducido por su abogado defensor, un tal Fernando Mateo Asensio.

Requerida la Delegación del Gobierno para que informase, desde su perspectiva, sobre las cuatro detenciones de dicha operación de la Guardia Civil en la Región de Murcia hoy, ha declinado hacerlo argumentando lo secreto de las actuaciones judiciales en marcha.
José Fidel Saura, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Cartagena, y Mariola Martínez Robles, ex edil del PP en Molina de Segura, habrían sido llevados por la Guardia Civil para prestar declaración. Además, los agentes de la Benemérita habrían intervenido un documento del Instituto de Turismo de la Región sobre un contrato de una cuantía "no muy elevada" y firmado con una de las empresas investigadas, de nombre Madiva. En el caso de Reyes Samper, su directora, el INFO podría haber tramitado subvenciones también para esta misma sociedad bajo sospecha.
Los tres quedaron en libertad con cargos a primera hora de esta noche tras sus declaraciones en la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia.
Estas detenciones se suman a la del ex alcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso en su domicilio de Madrid y del secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo, quienes fueron detenidos este lunes por la mañana, según se ha confirmado desde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y desde Movimiento Ciudadano, en Cartagena, respectivamente. Éste último sigue detenido para ser trasladado mañana a Madrid y ponerlo a disposición de la Audiencia Nacional.

Claves de la operación

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investiga una supuesta trama de comisiones ilegales por adjudicaciones públicas.
La trama, en la que han sido detenidas 51 personas, firmó sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. Estas actividades se desarrollaban, al menos, en ayuntamientos y comunidades autónomas de Madrid, Valencia, León y Murcia, según ha informado la Fiscalía por medio de un comunicado.
La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El comunicado emitido por la Fiscalía detalla "una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".
La investigación se inició gracias a la cooperación internacional, en enero de este año con la recepción de una comisión rogatoria de las autoridades Suizas "por sospechas graves de blanqueo", que fue el origen de una investigación de la Fiscalía Especial, liderando un trabajo conjunto con la AEAT e IGAE y UCO de Guardia Civil, "quienes pudieron presentar en un plazo breve una detallada querella ante la Audiencia Nacional, que incoo diligencias en junio de este año".
Delitos que se les imputan
En concreto a la trama se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.
La macroperación desplegada este lunes tiene por objeto "la detención de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito y las responsabilidades civiles derivadas de estos".
Además de los 51 detenidos en las citadas provincias, se han practicado 259 Mandamientos a Registros de la Propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
Además se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Por ultimo se han dictado también 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.

El PSRM suspende de militancia a José Antonio Alonso por su detención en la operación 'Púnica'

CARTAGENA.- El PSRM-PSOE ha suspendido de militancia al ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, tras haber sido detenido en el marco de la operación 'Púnica' anticorrupción desarrollada por la Guardia Civil en Madrid, Murcia, León y Valencia, en la que hay 51 arrestados.

   La secretaria de Organización del PSRM, Presen López, ha afirmado, ante las noticias de la detención del ex alcalde de Cartagena y militante de base del PSOE, José Antonio Alonso, que la dirección regional del PSRM, "desde el minuto uno de conocer el asunto, ha solicitado a la dirección federal que sea apartado del partido a través de la suspensión cautelar de militancia, hasta el momento en que se aclare su situación legal".
   López ha subrayado que Alonso "es únicamente militante de base del PSOE, y no ocupa desde hace muchos años cargo orgánico alguno en el partido", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.
   "El PSRM siempre ha liderado la limpieza de la corrupción en la Región y lo vamos a seguir haciendo con contundencia, con el máximo respecto a las garantías procesales, pero siendo también firmes en cuanto a su relación con el partido. Esperemos que el Partido Popular actúe con la misma contundencia con el gran número de detenidos que militan en sus filas", finalizó.

El ex alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso, detenido en la 'operación Púnica'

MURCIA.- El exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso, es uno de los detenidos en la 'operación Púnica'.  Desde la Delegación del Gobierno, que no ha llegado a confirmar la información, han indicado que las actuaciones están declaradas secretas. Las pesquisas han estado coordinadas por el juez central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y han corrido a cargo del Grupo de Delitos contra la Administración dependiente del Departamento de Delincuencia Económica.

No se descarta la aparición en las pesquisas en torno a Alonso de otro ex alcalde socialista de Cartagena y ex consejero de la Comunidad Autónoma, Juan Martínez Simón; la actual alcaldesa y diputada, Pilar Barreiro y del diputado cartagenero del PP, Andrés Ayala, según otras fuentes bien informadas. La alcaldesa Pilar Barreiro abandonó hoy el pleno municipal antes de que éste culminara sin hacer comentarios, pese a las petición de los periodistas.
El arresto del exalcalde Alonso arroja más dudas sobre el 'pelotazo' del Ensanche Norte y la venta de Zinsa. Los terrenos de Zinsa los compró la empresa Quorum, que no logró la recalificación de los terrenos como urbanizables.
Otro de los detenidos en nuestra región es un tal Jesús Norberto Galindo, actual secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, englobado en la Consejería que detenta Juan Carlos Ruíz.
El jefe de gabinete de esta Consejería, la de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, José Fidel Saura, y la directora del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Mariola Martínez, han sido igualmente detenidos este lunes en el marco de la operación anticorrupción desarrollada por la Guardia Civil.
Aunque Francisco Granados, ex secretario general del PP en Madrid, figura como el elemento principal de la trama hay otros detenidos a los que la Guardia Civil también otorga el papel de conseguidores. Es el caso del ex alcalde de Cartagena en la década de los noventa, el socialista José Antonio Alonso Conesa o el empresario David Marjaliza.
Alonso también fue diputado por Murcia en el Congreso entre los años 1989 y 1996 y, a pesar de que abandonó su carrera política, fue el principal impulsor del desarrollo del barrio universitario de Cartagena, si bien no fue socio de la promotora que lo llevó a cabo, Puerta Nueva, aunque sí hizo el papel de gerente y portavoz de la misma.
Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticulada cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato, según informaron fuentes jurídicas. De esta forma, según las primeras estimaciones barajadas por los investigadores y en atención al porcentaje que presuntamente habrían recibido por cada contrato, los imputados podrían haber obtenido unos ingresos que oscilarían entre los cinco y los siete millones y medio de euros.
La conclusión de los investigadores, por tanto, es que la trama tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a diferentes partidos y no la financiación de sus respectivas formaciones, según han informado fuentes jurídicas.
La Guardia Civil ha movilizado para esta operación a un total de 150 efectivos entre los agentes de la UCO y de Seguridad Ciudadana de las Unidades Territoriales que han prestado apoyo en todas las detenciones y registros. Ya por la tarde comenzaban a llegar la Audiencia Nacional las cajas con documentación incautadas en los numerosos registros.
En total han 51 las personas detenidas en Madrid, Valencia, León y Murcia en la macroperación contra una trama de corrupción a nivel municipal y regional en la que ha sido arrestado el exsecretario general del PP Madrid Francisco Granados.
Los implicados otorgaban supuestamente adjudicaciones públicas a empresarios a cambio del cobro de comisiones ilegales. La trama firmó sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales, según ha señalado la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado.
El objetivo era conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a tres partidos distintos --PP, PSOE y los independientes de la UDMA-- y no la financiación de sus respectivas formaciones, según han informado fuentes jurídicas.
En concreto a la trama se le imputan los delitos de Blanqueo de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho, Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación , Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes contra la Administración y Organización Criminal.
Entre los detenidos se encuentra  igualmente el presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros, por el Partido Popular.
Marcos Martínez ocupa en sillón de mando en la Diputación de León desde el pasado 30 de mayo en sustitución de Isabel Carrasco, la dirigente 'popular' que fue asesinada el día 12 del mismo mes.
Martín Marcos Martínez nació en Sariegos (León) en 1957, es ingeniero técnico agrícola y funcionario de Justicia. Desde 1991 ocupa la alcaldía del municipio de Cuadros, del que fue concejal Isabel Carrasco. En 2007 fue nombrado diputado provincial.

Modus operandi

La investigación de Anticorrupción, dirigida por la fiscal Anticorrupción Carmen García, se inició después de la advertencia de las autoridades suizas, que trasladaron su intención de interrogar a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales y pedían a la Fiscalía española que extremara la vigilancia para evitar el desvío de los capitales investigados.
Durante seis meses las pesquisas de Anticorrupción determinaron que los fondos movidos por los investigados en los últimos años procedían del mundo de la construcción aunque con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria su mediación se centró en la adjudicación de servicios difícilmente objetivables, como el de eficiencia energética.
Los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil han revelado que los políticos implicados, en la última etapa de su vida política, movían sus influencias para obligar a los técnicos a adjudicar los contratos a las empresas escogidas a cambio presuntamente de comisiones ilegales, en un modo de funcionamiento muy similar al de la trama Gürtel.
La investigación, que se concretó en una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en junio pasado ante el juez Eloy Velasco, también ha determinado que el dinero de las comisiones se blanqueaba a través de un complejo entramado societario y con ayuda de las empresas que se adjudicaban los servicios y contratos contraviniendo la libre concurrencia.

Murcia sale ahora en una gran trama de corrupción política a nivel nacional de PP y PSOE

MADRID.- La trama en la que ha sido detenido el ex secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, junto a otras 50 personas firmó sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. Estas actividades se desarrollaban al menos en ayuntamientos y comunidades autónomas de Madrid, Valencia, León y Murcia, según ha informado la Fiscalía por medio de un comunicado.

La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El comunicado emitido por la Fiscalía detalla "una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".
La investigación se inició gracias a la cooperación internacional, en enero de este año con la recepción de una comisión rogatoria de las autoridades suizas "por sospechas graves de blanqueo", que fue el origen de una investigación de la Fiscalía Especial, liderando un trabajo conjunto con la AEAT e IGAE y UCO de Guardia Civil, "quienes pudieron presentar en un plazo breve una detallada querella ante la Audiencia Nacional, que incoo diligencias en junio de este año".
En concreto a la trama se le imputan los delitos de Blanqueo de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho, Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación , Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes contra la Administración y Organización Criminal.
La macroperación desplegada este lunes tiene por objeto "la detención de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito y las responsabilidades civiles derivadas de estos".
Además de los 51 detenidos en las citadas provincias, se han practicado 259 Mandamientos a Registros de la Propiedad con peticiones deanotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar oenajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
Además se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Por ultimo se han dictado también treinta embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.
Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato, según informaron fuentes jurídicas.
La Guardia Civil también ha detenido en el marco de la 'macroperación Púnica' a los alcaldes de los municipios madrileños de Collado Villalba, Casarrubuelos, Serranillaos del Valle y Torrejón de Velasco, han informado fuentes de la investigación. Además han sido arrestados los alcaldes de Parla y Valdemoro.
Entre los 51 detenidos también se encuentra el empresario David Marjaliza quien en su página web se presentaba como una persona "trabajadora, profesional, esforzada y sacrificada".
El juez investiga a un guardia civil de la localidad madrileña de Valdemoro por haber alertado al exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid y exalcalde de la localidad, Francisco Granados, de la existencia de una investigación contra él, informaron fuentes jurídicas.
Precisamente, el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados dejó la política hace ocho meses, cuando dimitió como diputado en la Asamblea de Madrid y como senador, tras la polémica suscitada con una presunta cuenta en Suiza que podría asceder a 1,5 millones de euros.
La 'Operación Púnica' es la segunda trama que salpica a alcaldes de la Comunidad de Madrid en cinco años después de que el caso Gürtel acabara con la vida política de varios alcaldes del Partido Popular de la región en la pasada legislatura.
En 2011 fue otro caso de corrupción el que asoló la región. La trama Gürtel, que basaba su actividad delictiva en adjudicaciones ilícitas de administraciones públicas mediante un entramado de sociedades que dirigía Francisco Correa, afectó a varios municipios de la región y se cobró el cargo de alcaldes, diputados e incluso, un miembro del Gobierno de Esperanza Aguirre, que mediaba para dar contratos a la red de Correa.
La Guardia Civil ha desplegado un total de 150 efectivos entre agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de las unidades de Seguridad Ciudadana territoriales para llevar a cabo la macroperación, han informado fuentes de la investigación.
Se da la circunstancia de que quien está llevando a cabo las pesquisas de esta 'operación Púnica' es el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica, que es el mismo que lleva a cabo las investigaciones sobre los ERE's en Andalucía.
Estas mismas fuentes recuerdan que en cada registro y en cada detención había presente una persona de la UCO, que es la unidad que ha dirigido el operativo en coordinación con el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional que dirige Eloy Velasco.
No obstante, han contado con el apoyo de Seguridad Ciudadana. La operación se ha desarrollado a través de detenciones, registros y requerimientos en diferentes puntos de Madrid, Valencia, León y Murcia. Sólo en la Comunidad de Madrid han sido detenidos seis alcaldes de sendos municipios.