jueves, 16 de febrero de 2012

Censuran al Gobierno murciano y los "circos" de Cruz por utilizar a homosexuales como reclamo turístico

MURCIA.- La Confederación Española de Asociaciones LGBT Colegas ha censurado la actitud del consejero de Cultura y Turismo de Murcia, Pedro Alberto Cruz, por la promoción del denominado 'Turismo Gay' en la Región "comprometiendo importantes ayudas económicas para la creación de festivales y actividades destinadas a su promoción".

   Así, el secretario general de la Confederación Española Colegas, Rafael Moral, ha criticado los "circos" de Cruz que, a su juicio, "no apuesta por una igualdad real, sino por exprimirnos para hacer caja".
   Ha recordado que "desde hace dos ejercicios" se anularon los proyectos sociales que ejecutaba en la Región de Murcia, como aquellos socio-asistenciales, alegando la Comunidad "motivos  económicos, que fue compartido por la Confederación al entender que la grave situación de recorte del ejecutivo de la Región obligaba a buscar fórmulas alternativas para cubrir las necesidades de los diferentes sectores".
   Este ejercicio de responsabilidad de Colegas, dice la confederación en un comunicado, "contrasta con el despliegue de recursos económicos prometidos por el consejero, que ha preferido poner el presupuesto de la Región al servicio de las carrozas del orgullo de Madrid y la captación de un Turismo que no crea Igualdad, sino que trabaja por el uso y abuso de las personas LGBT y que no es sino una mercantilización del colectivo que pasa a ser receptor de derechos en tanto que consumidor o por su potencial en el consumo y no como ciudadano".
   "Es vergonzante y del todo absurdo que una CCAA con el nivel de deuda de la Región de Murcia que tiene que realizar los duros recortes que la han llevado en varias ocasiones a plantear inclusive devolver las competencias en materia de Sanidad al Estado, se lance ahora a dudosamente rentables inversiones que solo generan una imagen de total desigualdad", ha criticado Colegas, quien se pregunta que si "creen que la sexualidad es un plus económico en la nómina o es que  Cruz no asume que tenemos, como el resto de parejas, familias, hijos y el mismo nivel de cargas".
   Por todo ello, la ejecutiva Confederal de Colegas ha procedido a solicitar de forma inmediata una reunión con Cruz, así como con los  responsables del área de gestión económica del Gobierno autonómico, "para conocer de dónde va a sacar un gobierno que no cesa de anunciar lógicos recortes en el actual contexto de crisis el dinero para financiar las carrozas".
   En caso de no obtener respuesta a estas peticiones, ha anunciado que se procederá a remitir a los grupos de la oposición las correspondientes solicitudes, así como a dirigirse ante el Defensor del Pueblo al entender que "se vulnera el Derecho a la información".
   Por último, considera que cabría preguntarse si el consejero "se atrevería a utilizar a las víctimas de la violencia de género, personas discapacitadas, etnia gitana y/o cualesquiera otro colectivo en riesgo de exclusión social como reclamo turístico circense".

Poca confianza socialista

La responsable de Igualdad del PSRM, Mar Rosa Martínez, desconfía de que el consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, consiga traer turismo "gay" a la Región, tal como éste anunció recientemente.
   Mar Rosa no duda de las "buenas intenciones" de Cruz, pero le recuerda que lo que necesita nuestra Comunidad es que los poderes públicos apoyen los movimientos asociativos relacionados con la diversidad afectivo-sexual, "y no la programación de eventos fijos aislados, sin ninguna conexión entre ellos, que, con la excusa de promocionar el turismo gay, lo que consiguen es que se eternicen determinados estereotipos entre la sociedad".
   "En los muchos años desde que existen en la Región estos movimientos asociativos, el apoyo desde la Administración autonómica ha sido prácticamente nulo", añadió la responsable socialista en comunicado, para quien "parece que lo único que le interesa al consejero es hacerse nuevamente una foto con las asociaciones LGTB".
   "Más allá de mostrarse solidario en Twitter o Facebook con los colectivos que defienden la diversidad sexual, lo que deberían hacer el consejero y el director general de Turismo sería pedirle a Valcárcel que convenciera a Rajoy para que retire el recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio entre personas homosexuales", finalizó.

Las cooperativas murcianas rechazan el nuevo acuerdo agrícola con Marruecos

MURCIA.- La Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (Fecoam) ha hecho público, a través de un comunicado, su total rechazo a la aprobación del acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos al entender que "va en contra de los intereses del sector hortofrutícola murciano".

   Por ello, ha reclamado que se pongan en marcha de inmediato medidas para "minimizar los efectos negativos". En concreto, la organización solicita a la Comisión Europea "la modificación de los mecanismos de precios de entrada en la UE para evitar la competencia desleal y que se implique en los procedimientos aduaneros para que los controles sobre productos hortofrutícolas procedentes de Marruecos sean rigurosos y eficaces, y no se supere ni un kilo la cantidad pactada".
   Y es que, advierte, "las relaciones comerciales con los países del Magreb tienen que ser responsables con el desarrollo de un mercado equilibrado y bajo los mismos condicionantes de producción para todos, además de que se deben respetar los cupos de exportaciones establecidos".
   Así, ha lamentado la decisión adoptada en el Parlamento Europeo y vuelve a llamar la atención sobre "los perjuicios que producirá sobre la competitividad de las exportaciones murcianas, además de los efectos negativos sobre las actividades asociadas y el empleo".
   La organización recuerda que los productos procedentes de terceros países "cumplen unos parámetros menos rigurosos en cuanto a calidad y fitotoxicidad que los países de la Unión Europea". Además, critica que el acuerdo "fomenta una competencia desleal, puesto que los países del Norte de África tienen costes de producción muy inferiores a los españoles debido a sus menores gastos laborales y sociales".
   En su opinión, los acuerdos "solo deberían establecerse en condiciones de lealtad: con garantías de igualdad de condiciones y de oportunidades; si se tiene en cuenta los intereses de los productores de uno y otro socios; solo si se reforma el régimen de precios de entrada y si existe un sistema de control efectivo que garantice el respeto de las cantidades pactadas y precios, eficaz y aplicado rigurosamente bajo vigilancia de la UE".

IU-Verdes afirma que "nunca una decisión de derechas había hecho tanto daño a la Región"

MURCIA.- El portavoz de la Presidencia de IU-Verdes en la Región de Murcia, José María Ortega, ha dicho este jueves que "nunca una decisión política de derechas había hecho tanto daño a la Comunidad como la aprobación del acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos".

   Según Ortega, con la aceptación del citado acuerdo "los agricultores pagan las consecuencias de políticos irresponsables que están provocando el hundimiento del sector por abandono y desprotección".
   "Este tipo de acuerdos es consecuencia de la aplicación de una política neoliberal a ultranza caracterizadas por la apertura total de fronteras a productos foráneos y la desprotección de los sectores económicos propios", ha reprobado en un comunicado.
   Además, ha asegurado que "se anteponen los principios de la libertad de mercado al empleo y el derecho de la Región de Murcia a tener un sector agrícola potente".

El PSRM acusa al Gobierno de Valcárcel de engañar nuevamente a los ciudadanos al no informar de un recorte de 185 millones

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui ha acusado al Gobierno regional de "volver a engañar a los ciudadanos al llevar a cabo un recorte de 185 millones de euros con opacidad y sin dar ningún tipo de explicaciones, sólo un mes después de aprobarse las Cuentas regionales".  

   García Retegui anunció este jueves que presentará iniciativas en la Asamblea para pedir explicaciones al Gobierno regional, "porque aunque lo han confirmado en un medio de comunicación, dicha noticia no ha salido del Consejo de Gobierno en su información semanal".
   La portavoz socialista denunció la falta de transparencia del Ejecutivo regional y preguntó cómo afecta dicho recorte a las distintas Consejerías.
   Es necesario, a su juicio, aclarar "dónde se ha producido este recorte, qué alcance tiene y a qué partidas presupuestarias afecta, cómo queda el presupuesto y lo más importante de qué se prescinde: sanidad, educación, universidades, turismo, industria, carreteras".
   Begoña García añadió que este "hachazo se suma al que anunció días pasados el consejero Juan Bernal que será en realidad de 1.000 millones de euros, ya que en 2011 el gasto fue más de 1.000 millones superior a los ingresos. Si recorta 500 millones tendrá que subir los impuestos para cuadrar las cuentas. ¿A qué espera el Gobierno regional para decirnos la verdad?".
   "No sólo es grave que nos oculten que han recortado esos 185 millones de euros, lo más preocupante es que supondrá más paro y menos y peores servicios públicos para los ciudadanos", concluyó.

Unos 150 funcionarios se concentran frente al Ayuntamiento de Murcia para protestar contra la reordenación de horarios

MURCIA.- Unas 150 personas se han concentrado este jueves ante el Ayuntamiento de Murcia con una pancarta bajo el lema 'Estamos hart@s de que paguen siempre los mismos, no más recortes' para protestar contra la reordenación de los horarios laborales que afecta a unos 700 funcionarios del Consistorio.

   Y es que el Equipo de Gobierno aprobó este miércoles la eliminación de los conceptos retributivos de especial dedicación y de especial disponibilidad y la modificación de horarios.
   La eliminación de estos conceptos retributivos suponen la pérdida de 2,8 millones de euros de la masa salarial y la pérdida de casi 77.000 horas de trabajo, según ha hecho saber el coordinador general del SIME en el Ayuntamiento de Murcia, Manuel Martínez Carrasco.
   SIME, que es el sindicato mayoritario en el Ayuntamiento de Murcia, donde tiene el 47 por ciento de la representación, ha declarado que no está dispuesto a que estos conceptos retributivos desaparezcan del capítulo 1 presupuestario.
   En este sentido, ha recordado que la jornada ordinaria de trabajo en el Ayuntamiento de Murcia es de 35 horas y, hace 15 años, para mejorar los servicios públicos y para ampliar horarios se establecieron esos dos regímenes, que suponen una ampliación de 110 horas ordinarias al año.
   La Asamblea General de Trabajadores aprobó realizar una concentración-manifestación que recorrerá la Avenida Teniente Flomesta hasta la Glorieta de España durante todos los jueves hasta que el Equipo de Gobierno cambie de posición.
   En este sentido, Martínez Carrasco ha aprovechado a pedir al Equipo de Gobierno que, "igual que ha bajado un 20 por ciento el salario a 700 trabajadores, ellos hagan lo mismo y se bajen un 20 por ciento su salario, como buen ejemplo".
   Al respecto, Martínez ha calculado que en la movilización han participado unas 350 personas, aproximadamente la mitad de las que se encuentran afectadas, ya que estas medidas no repercuten en colectivos como Policía Local y Bomberos.

La Defensora del Pueblo pide a la Policía medidas para "erradicar" identificaciones de inmigrantes

MADRID.- La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, se ha dirigido a la Dirección General de Policía (DGP) para pedirle que adopte medidas tendentes a "erradicar" la "práctica policial detectada" por la que se realizan controles callejeros de identidad basados en perfiles étnicos y raciales.

   La actuación se deriva de una queja elevada por el abogado y presidente de CEAR Euskadi, Javier Galparsoro. En la respuesta, la Defensora explica que tras escuchar las alegaciones de la DGP, le ha dirigido un recordatorio de deberes legales y dos recomendaciones por este asunto.
   En concreto, solicita a la DGP que se impartan "las instrucciones oportunas a fin de erradicar la práctica policial detectada consistente en controles de identificación, basados en perfiles étnicos y raciales".
   En esta línea, recomienda que se arbitren "mecanismos de control a posteriori, que permitan verificar el número y la motivación de las identificaciones realizadas en la vía pública por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía".
   Asimismo, en otra de las recomendaciones, la Defensora del Pueblo solicita la modificación de la Circular 1/2010 de 25 de enero que pedía agilidad en la tramitación de los procedimientos sancionadores a inmigrantes sin permiso de residencia "a fin de que sean correctamente interpretados los supuestos de 'detención cautelar' y traslado a comisaría de ciudadanos extranjeros identificados".
   La Alta Institución recuerda a la DGP su "deber legal" de "no proceder a la detención y posterior traslado a dependencias policiales de ciudadanos extranjeros debidamente identificados si no se dan los presupuestos legales de una detención penal", de una retención en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana o de una de las detenciones cautelares contempladas en la Ley de Extranjería.
   Conforme recoge el escrito, cuando la Dirección General fue preguntada por este asunto remitió un informe argumentando que las identificaciones no están vinculadas a la Ley de Extranjería ni a la Circular 1/2010, porque obedecen a "labores preventivas que afectan tanto a ciudadanos extranjeros como españoles'".
   Además, la DGP, dependiente del Ministerio del Interior, explicó que "el traslado a comisaría de un extranjero debidamente identificado pero en situación irregular en España encuentra amparo legal", tanto en la Ley de Extranjería como en la de Seguridad Ciudadana.  
   "Este organismo considera que la conducción del extranjero a comisaría, aún llevando consigo la oportuna identificación, es una 'interpretación integradora del ordenamiento jurídico basada principalmente en los textos citados", explica la Defensora del Pueblo.
   En su informe, la DGP recuerda que "es obligación" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, y que la normativa atribuye al Cuerpo Nacional de Policía "las funciones previstas en la legislación de Extranjería, refugio, asilo, extradición, expulsión emigración e inmigración", obligación que, de no llevarse a cabo "podría ser objeto de responsabilidad disciplinaria por dejación de facultades o deberes".

El ministro Soria apoya una "reforma integral" de la Ley de Costas para impulsar el turismo

MADRID.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha mostrado su apoyo hacia una "reforma integral" de la Ley de Costas para dar impulso al sector turístico, ya que aunque aboga por o realizar una "utilización no abusiva" de las costas españolas, esta regulación debe ser compatible con incorporar "el valor" de las mismas, señaló durante su intervención en el Foro de Nueva Economía.

   Soria señaló que el sector necesita "impulso" para fidelizar el nivel de turistas registrados en 2011 ya que el aumento de la afluencia de visitantes extranjeros el año pasado se produjo principalmente por factores "exógenos", como el tipo de cambio libra-euro, la bonanza económica de Alemania y el desvío de turistas procedente de Egipto y Túnez por la denominada 'Primavera Árabe'.
   Es por ello que clamó por realizar reformas en el sector por el lado de la oferta, señalando que el 75% es de 'sol y playa', segmento en el que existe una gran competencia con otros países emisores y en el que no se debe competir a través de los precios, ya que por este camino se pierde "competitividad". "Los ajustes de precios no son la solución", declaró.
   La respuesta a la fidelización de clientes por el lado de la oferta tiene que venir de la mano de la parte alojativa, por lo que es necesario dotar de flexibilidad a los operadores, administraciones y resto de agentes implicados para que puedan "modernizar sin trabas". Además, el ministro se comprometió a "apoyar financieramente" estas iniciativas.
   Por el lado de la demanda, Soria apuntó a la existencia de una posición dominante de mercado de los touroperadores y atacó las prácticas de subvenciones a las 'low cost' por parte de ciertas comunidades autónomas. "Esto es pan para hoy y hambre para mañana", resaltó, ya que se trata de prácticas "discriminatorias" que "detraen recursos públicos" y deterioran la imagen del destino.

De Guindos eleva el saneamiento por activos inmobiliarios a 52.000 millones

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha elevado el saneamiento necesario en el sector financiero por los activos vinculados al 'ladrillo' a unos 52.000 millones de euros, a 31 de diciembre de 2011. 

   "Es un esfuerzo muy sustancial", avisó el ministro durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados. De Guindos defendió el decreto que aprobó la reforma financiera el pasado 3 de febrero, al enmarcarla dentro de una serie de "medidas profundas" para afrontar la "situación de emergencia" que sufre la economía.
   De Guindos recordó que las previsiones apuntan a un "empeoramiento" de la economía y del mercado laboral. Para el ministro, la caída prevista de la actividad del entorno del 1,5% se verá reflejada en el mercado de trabajo. "Los datos son alarmantes, hablan por si solos", enfatizó.
   El titular de Economía aconsejó por ello acometer medidas "profundas" de forma "rápida y decidida", entre las que destacó también la reforma laboral.
   De nuevo en su justificación de la reforma para sanear los balances bancarios, De Guindos avisó de que España es uno de los países donde más se contrae el crédito. "El sector financiero no ha conseguido cumplir con su papel canalizador del crédito", explicó.
   En este sentido, recordó que entre 2008 y 2011 la concesión del crédito se ha restringido un 6,5% hacia las empresas y un 3% hacia familias. "Si la caída del crédito se explica por la crisis, las cifras que estamos viviendo van más allá de lo razonable", subrayó.
   El ministro puso el acento en que las dudas en torno a los activos inmobiliarios lastraban la capacidad de las entidades financiera para acceder a los mercados mayoristas y por tanto a la economía.
   "El Gobierno actúa sobre la raíz del problema", aseguró, para después defender que el saneamiento persigue entidades "solventes y viables".
   De Guindos, quien se congratuló de la valoración de la reforma por parte del BCE, notificó una "cierta mejoría" tras la aprobación del decreto ley, como en las últimas colocaciones en los mercados y la "moderación" de los CDS.
   Por último, reiteró la intención del Ejecutivo de generar un "beneficio adicional", tendente a incentivar la venta de activos inmobiliarios y además hacerlo con "importantes descuentos".

Agricultores españoles recurrirán ante el TUE el acuerdo agrícola con Marruecos

MADRID.- Los productores españoles recurrirán el nuevo acuerdo agrícola con Marruecos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por las consecuencias que tendrá su aplicación, entre ellas la pérdida de empleo y el agravamiento de la crisis. 

   En concreto, la organización agraria COAG presentará dicho recurso al considerar que la ratificación del acuerdo es un "duro mazazo" para el campo español, ya que hipoteca el futuro de 250.000 explotaciones hortofrutícolas y amenaza 450.000 puestos de trabajo y más de 8.500 millones de euros en exportaciones al año.
   "No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo como la UE abandona a su suerte a los productores de frutas y hortalizas españoles, facilitando la entrada sin control de productos marroquís cultivados con sueldos de miseria, con nulas garantías sociales para los trabajadores y con la utilización de fitosanitarios para el tratamiento de plagas prohibidos hace décadas en la UE por su agresividad", ha afirmado el responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora.
   El informe jurídico que están ultimando los Servicios Técnicos de esta organización recoge la vulneración de la normativa comunitaria, en materia de derechos fundamentales de los consumidores, al tiempo que atenta contra la legalidad internacional, en lo referente a la inclusión de los territorios del Sáhara Occidental.
   Por su parte, UPA ha considerado que la cámara europea asesta con esta decisión un "duro golpe" a los productores españoles de frutas y hortalizas, que "vuelven a ser usados como moneda de cambio y verán peligrar sus explotaciones por causa de un acuerdo injusto que perjudicará a muchos y beneficiará a unos pocos".
   Por ello, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha exigido compensaciones para los agricultores más afectados por el nuevo acuerdo. "Somos los paganos de esta decisión europea, y es de justicia que seamos compensados por el perjuicio tan grave al que se verán sometidas nuestras explotaciones", ha afirmado.
   Ramos ha lamentado que una mayoría de eurodiputados haya hecho "oídos sordos" a sus reivindicaciones tras "años de trabajo y negociaciones" y ha considerado que el Parlamento justifica la aprobación del acuerdo en temas que "nada tienen que ver con la cadena agroalimentaria".
   Por su parte, Asaja también exigirá a la UE el establecimiento de compensación destinadas a paliar las pérdidas que sufrirán los productores españoles, así como el "máximo rigor y vigilancia extrema" para que las importaciones procedentes de Marruecos cumplan con todas las condiciones fijadas para acceder al mercado comunitario.
   Según Asaja, se trata de un "inmerecido castigo" a las producciones españolas, que ven como anualmente este acuerdo supone pérdidas para el sector de 2.240 millones de euros (un 16% de su facturación).
   Fepex ha señalado que el Parlamento Europeo no han tenido en cuenta las "graves consecuencias" que el actual acuerdo ya tiene en las zonas de producción españolas, ni los "reiterados incumplimientos" del protocolo en vigor por parte de Marruecos.
   "Hoy es un día triste para el sector hortofrutícola que afronta, ahora, un nuevo marco de competencia", ha afirmado Fepex.
   Una vez adoptado el acuerdo, Cooperativas Agroalimentarias ha indicado que "sólo queda minimizar sus consecuencias negativas" sobre el sector hortofrutícola. Para ello, ha apremiado a las autoridades comunitarias a reformar el régimen de precios de entrada "para impedir cuanto antes que los operadores eludan, como hasta ahora, pagar las tasas aduaneras".
   Asimismo, ha demandado a la Comisión que se implique "inmediatamente" en los procedimientos aduaneros para que los controles sobre los productos procedentes de Marruecos "sean rigurosos y eficaces".
   El valor de la producción de frutas y hortalizas en España en 2011 ha caído un 11% con relación al año anterior, pasando de 15.269 millones de euros a 13.616 millones de euros, según datos del Ministerio de Agricultura. Las frutas y hortalizas representan el 60% de la producción agraria española.

Rabat, satisfecho de la aprobación del acuerdo agrícola con la Unión Europea

RABAT.- El Gobierno marroquí se ha mostrado satisfecho de que  el pleno del Parlamento Europeo haya dado luz verde al nuevo acuerdo agrícola con Marruecos que permitirá una mayor entrada en el mercado comunitario de productos del país norteafricano y ha considerado que permitirá relanzar las relaciones bilaterales.

   El ministro de Agricultura y Pesca, Aziz Akhannouch, ha señalado en declaraciones a la agencia oficial MAP que tras la adopción de este acuerdo las "históricas" relaciones que mantiene Marruecos con la UE experimentarán una "dinámica nueva y positiva".
   "Todas las instancias europeas han comprendido que Marruecos y el lugar de los intercambios bilaterales deben ser objeto de un tratamiento muy positivo", ha subrayado el ministro. "Estamos satisfechos de los resultados logrados hoy", ha agregado, recordando que Marruecos se había movilizado a todos los niveles para lograr este  acuerdo.
   Por su parte, el presidente de la Confederación Marroquí de Agricultura y Desarrollo Rural (COMADER), Ahmed Ouayach, ha calificado de "señal fuerte" la enviada hoy por la Eurocámara a Marruecos y ha considerado que el acuerdo "abre una nueva página" en las relaciones y consolida la confianza entre ambas partes.
   Asimismo, ha considerado que el acuerdo "va a insuflar una nueva dinámica" a la agricultura marroquí y al sector de frutas y hortalizas en particular, que seguirá modernizándose.
   El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde al nuevo acuerdo agrícola con Marruecos que permitirá una mayor entrada en el mercado comunitario de tomate marroquí. Los agricultores españoles critican el acuerdo porque creen que Rabat no respeta las reglas de precios y contingentes del convenio en vigor y los eurodiputados españoles de los distintos grupos anunciaron que votarían en contra.
   Los eurodiputados han aprobado el acuerdo por una mayoría de 369 votos a favor, 225 en contra y 31 abstenciones. Sin embargo, han rechazado una enmienda promovida por la socialista española Josefa Andrés que reclamaba compensaciones para los agricultores europeos. Todos los eurodiputados españoles han votado en contra del pacto, aunque por distintos motivos.
   Su entrada en vigor no se producirá antes del 1 de mayo ya que debe cumplirse un procedimiento formal en el Consejo, según han explicado hoy fuentes comunitarias, que han apuntado que tendrá una duración "de unos diez años", si bien las partes podrían retomar los contactos antes de que expire tal plazo.
   El nuevo régimen comercial para productos agrícolas y pesqueros ofrece una liberalización casi total para la mayoría de mercancías, pero prevé volúmenes más reducidos o contingentes arancelarios para una lista de producciones consideradas "sensibles" para la Unión Europea. Estas condiciones específicas valen para el tomate, el pepino, la fresa, la mandarina, el ajo, el calabacín y el azúcar.

AENA dejará de regular los derechos de vuelo o 'slots'

MADRID.- El Gobierno aprobará en los próximos meses un real decreto para separar de AENA a la autoridad responsable de adjudicar los derechos de vuelo ('slots'), regulador que quedará adscrito al Ministerio de Fomento, según anunció este jueves la ministra, Ana Pastor. 

   En rueda de prensa, tras reunirse en Fomento durante dos horas con las principales compañías y representantes del sector aéreo, Pastor calificó de "fundamental" esta medida, reclamada también desde el sector, y defendió que tiene "todo el sentido", ya que "supone separar la regulación del órgano proveedor". Además, explicó que se realiza siguiendo las recomendaciones de la UE.
   Asimismo, anunció la constitución de varios grupos de trabajo internos para avanzar en temas que preocupan al sector como la puntualidad, la seguridad o el cese de actividad, además de tratar con todos los implicados los derechos de los pasajeros.
   En este punto, como ya hiciera durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento, tras el cese de Spanair, reiteró que se definirán los requerimientos tanto para el inicio de actividad como para la suspensión, siempre garantizando los derechos de los usuarios.
   "Queremos que nuestros aeropuertos sean seguros, es uno de nuestros objetivos más importante, y facilitarles a los ciudadanos las cosas", afirmó, para lo que se pondrán en marcha medidas que eviten que "tengan que perder el tiempo" por los retrasos, ya que "pagan impuestos y billetes" para ello.
    En cuanto a una posible revisión de las tasas aéreas, Pastor afirmó que "está en estudio en este momento" y recordó que el régimen de tasas y su modificación tiene que ver con la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
    Ante la pregunta de si desde Fomento se ha constatado un incremento de los precios por parte de las compañías especialmente en las islas tras el cierre de Spanair, Pastor apuntó que su Departamento no puede intervenir de forma directa, pero sí garantizar los servicios públicos.
    Pastor citó hoy en la sede del Ministerio a los principales representantes del sector aéreo --compañías aéreas, patronales y asociaciones-- para analizar la situación que atraviesa el sector, con temas fundamentales sobre la mesa como la puntualidad y la suspensión de actividad de Spanair, y la planificación de su departamento en esta materia para los próximos meses.

Mazazo del Parlamento Europeo a la agricultura murciana

ESTRASBURGO.- El Parlamento Europeo aprobó hoy jueves el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos sobre la liberalización de los intercambios de productos agrícolas y pesqueros, que el sector hortofrutícola español teme que le perjudique de forma directa.

Este acuerdo, firmado en diciembre de 2010, prevé una liberalización del 55% de los derechos de aduana impuestos a los productos de la Unión Europea, frente al 33% actual, y del 70% de los derechos que afectan a los productos marroquíes, frente al 1% actual.
El acuerdo fue aprobado en Estrasburgo a pesar de la oposición de la comisión de Agricultura, que teme una competencia desleal para los productos del sur de Europa debido a los bajos costes de mano de obra en Marruecos.
El francés José Bové, del grupo de Los Verdes y ponente del dictamen del Parlamento, abogó él mismo por rechazar el acuerdo, por temer también un efecto devastador sobre las estructuras agrícolas de Marruecos, alegando el riesgo de que los pequeños agricultores marroquíes se vean despojados de sus terrenos por grandes grupos exportadores.
El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, respondió a Bové señalando que Marruecos no era "un socio como los demás".
"Es un socio importante en términos políticos y económicos, pero también en el plano humano". Subrayó que el país se había comprometido a "alinear su política agrícola con el acervo comunitario", sobre todo en materia medioambiental.
Recordó que algunos productos, como las fresas, tomates, calabacines, pepinos, el ajo y las clementinas, no estaban cubiertos por el acuerdo.
"En el contexto político de la primavera árabe, nuestra asociación tiene vocación de profundizarse aún más para fortalecer el impulso democrático, con un mayor apoyo político y económico", agregó.
Desde España, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) dijo que el acuerdo suponía perdidas para el sector de 2.240 millones de euros y que la Eurocámara no había tenido en cuenta aspectos como "las irregularidades aduaneras y la falta absoluta del más mínimo principio de reciprocidad en las condiciones de producción y venta".
"El Pleno del Parlamento Europeo ha ignorado por completo las consideraciones del Informe Bové, donde además del conflicto del Sahara Occidental, se pone de manifiesto la falta del preceptivo estudio de impacto económico", dijo en un comunicado.

Precarizando la precariedad: una reforma contraria a los derechos de los trabajadores / Adoración Guamán *

El 10 de febrero el gobierno de Mariano Rajoy aprobó la mayor mutilación de derechos laborales, individuales y colectivos de nuestra historia. Con un vergonzante ejercicio de cinismo y fabulación en la justificación de la norma, que se afirma como garante de la estabilidad en el empleo, el Partido Popular ha sometido absolutamente a nuestro ordenamiento laboral al dictado de las exigencias de la patronal y de los mercados desbocados.
Con el Real Decreto Ley 3/2012 el Gobierno ha impuesto una reforma que dinamita el principio de estabilidad en el empleo y ataca a los pilares fundamentales de la regulación de las relaciones laborales, situando al empresario en el centro del sistema y multiplicando sus capacidades de decisión unilateral sobre las condiciones de trabajo, prescindiendo del interés de los trabajadores, precarizando a los precarios y amputando gran parte del contenido del derecho al trabajo así como cercenando espacios de decisión propios de la acción colectiva de los trabajadores para someterlos al poder empresarial.
Pero la brutalidad de la reforma no nos resulta del todo desconocida. De hecho, la misma comparte con las reformas anteriores, llevadas a cabo por el PSOE, tanto las irregularidades de forma y justificación como las aberraciones de fondo, aun cuando el nivel de barbarie sea más alto. 
En cuanto a la vía para la realización de la reforma, y al igual que las anteriores, el Real Decreto Ley constituye un claro ejercicio del autoritarismo normativo del Gobierno del PP, acogiendo la idea del Profesor Baylos, que ha prescindido de la opinión del Parlamento y de los agentes sociales y que carece de justificación suficiente para acometer por “urgencia y necesidad” las profundas modificaciones que contiene. Por añadidura, siguiendo la ya práctica habitual, la norma se justifica con argumentos falsos, claramente manipuladores de la realidad normativa europea e internacional. Así, no puede afirmarse simplemente que esta norma nos “acerca a la realidad europea” al rebajar la cuantía de la indemnización o al eliminar la autorización de la Administración en los procesos de despido colectivo. Los sistemas de regulación de las relaciones laborales son productos complejos que no resisten la comparación por segmentos estancos. Allí donde hay indemnizaciones más reducidas suelen haber procedimientos más complejos o garantistas para la extinción del contrato, igualmente, donde no hay autorización suelen existir mayores garantías de recolocación de los trabajadores y de control de la decisión empresarial.  
 Igualmente, y como ocurriera en las dos reformas que la han precedido, la de 2010 y la de 2011, el gobierno pretende diluir su responsabilidad afirmando que actúa atendiendo a una continua reclamación de “todas las instituciones económicas mundiales y europeas que han analizado nuestra situación, por los mercados internacionales que contemplan la situación de nuestro mercado de trabajo con enorme desasosiego”,  para ceder absolutamente a las presiones de la Patronal, que ha obtenido un texto entregado a sus intereses. 
El fondo de la reforma también sigue con una senda pergeñada por las reformas acometidas por el gobierno del PSOE. Así, aun siendo la reforma más agresiva de la historia del derecho del trabajo español en democracia, no se trata de una contra-reforma sino de una profundización en la senda de involución de los derechos laborales, compartiendo con las reformas anteriores un punto fundamental de partida: utilizar las normas laborales como un elemento de amortiguación de las consecuencias de la crisis financiera y del modelo de producción, vinculando la creación de empleo con la desregulación normativa del mercado de trabajo, la bajada de los salarios y la práctica eliminación del derecho de los trabajadores a la estabilidad en el empleo.
Pero, sobre estos mimbres, el gobierno del PP ha traspasado las líneas rojas del ordenamiento laboral desestabilizando el mismo y rompiendo los últimos vestigios de potencial reequilibrador del mismo. Dos cuestiones fundamentales, la devaluación del coste de la mano de obra (abaratando despido y sobretodo salarios) y la exaltación del poder empresarial individual sobre las decisiones colectivas convierten a esta reforma en una suerte de refundación del derecho del trabajo, que pasa a convertirse en una mera regulación del mercado de trabajo, perdiendo su potencial equilibrador y tuitivo.
En estos momentos, más allá de los argumentos de rechazo en conjunto de la reforma, es necesario descender, poco a poco, en el contenido de las medidas concretas, para ir destilando de cada una de ellas el elenco de derechos que las mismas vulneran. De entre las medidas que conculcan claramente los derechos de los trabajadores y que van a provocar un ascenso todavía mayor de precariedad, temporalidad y un retroceso de los salarios de los segmentos ya precarizados de la clase trabajadora (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años) deben destacarse por su especial brutalidad los siguientes:
1. En cuanto a la destrucción del principio de estabilidad en el empleo y el ataque al derecho al trabajo
- La reforma facilita el despido de manera general: abarata la indemnización por despido improcedente, de 45 días con un límite de 42 mensualidades a 33 días con un límite de 24, aplicándola parcialmente a los contratos ya vigentes de manera que va a provocar una reducción real de las indemnizaciones ya generadas; elimina los salarios de tramitación, retomando lo dispuesto en el Decretazo de 2002, que fue ampliamente contestado con la Huelga General del 20J y declarado posteriormente inconstitucional, permitiendo al empresario recurrir sin necesidad de consignar la indemnización al despido improcedente sin causa, derivando el pago hasta la sentencia judicial sin verse penalizado por ello; amplía los supuestos en los que el empresario puede despedir por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) y elimina el vínculo entre este despido y la reducción de puestos de trabajo, convirtiendo así el despido en una herramienta normal de la gestión de la empresa y no en una opción excepcional ligada al mantenimiento de la viabilidad de los puestos de trabajo; elimina la autorización administrativa en los procesos de despido, suspensión y reducción colectiva de trabajo, con la consiguiente reducción de la protección de los trabajadores en estos supuestos y del control del fraude y de las causas alegadas por las empresas.
- La reforma crea un nuevo contrato para “indefinido” para “emprendedores” con despido libre durante un año e incentivos fiscales y bonificaciones si se suscribe con colectivos ya precarizados, como son los jóvenes, mujeres o mayores de 45 años: pese al nombre utilizado, no puede llamarse indefinido a un contrato con un periodo de prueba, de despido libre, de un año de duración. Con este contrato se invierte la lógica del derecho del trabajo que atendía a las características de los trabajadores o de la prestación a realizar a la hora de diseñar contratos de trabajo, ahora se diseñan en función de las supuestas necesidades de los empresarios según el número de trabajadores que tenga la empresa, sin atender ni al capital de la misma a la hora de otorgar bonificaciones ni a las características de los trabajadores que son contratados por esta modalidad.
- La reforma precariza, aún más, la situación de los jóvenes menores de 33 años, ampliando las posibilidades para la utilización, incluso encadenada, del contrato para la formación y aprendizaje, que permite abonar salarios por debajo del SMI. A partir de ahora, la formación podrá ofrecerse en la misma empresa, abriendo así la puerta a deficiencias formativas en estos contratos.
- La reforma facilita la modificación de las condiciones de trabajo por voluntad del empresario, incluyendo el salario y la jornada: el empresario tendrá que alegar causas, más concretas y sencillas, pero no justificar la razonabilidad del cambio, sea geográfico, funcional o de condiciones de trabajo, por lo que el control judicial de la causa queda limitado.
- La reforma impone al trabajador una “flexibilidad”, introduciendo la posibilidad de realizar horas extraordinarias en el contrato a tiempo parcial, que permitirá una mayor disponibilidad del tiempo del trabajador al servicio del empresario y que impedirá de facto la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar así como la formación continua.
2. Dada a la inclusión de múltiples incentivos fiscales y bonificaciones, lo que la reforma va a producir de facto es una transferencia de las prestaciones sociales para provecho del empresario.
3. En cuanto a la mutilación de espacios propios de los convenios colectivos y el ataque a la libertad sindical:
- La reforma permite el descuelgue en la empresa sobre cualquier condición de trabajo pactada en un convenio colectivo, incluyendo jornada. Las causas para justificar esta modificación a la baja en el ámbito empresarial se aligeran y por añadidura se impone un arbitraje obligatorio para el caso de que no se alcance un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores.
- La reforma impone la prioridad de la aplicación del convenio de empresa sobre los de nivel superior, sin que pueda modificarse esta prioridad por acuerdos interprofesionales, los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa carecen ya por tanto de aplicabilidad asegurada en este ámbito, es decir, no regularán de facto las relaciones de trabajo.
- La reforma elimina la ultractividad normativa de los convenios colectivos, pasados dos años desde la finalización del convenio éste perderá vigencia, pasando a aplicarse los convenios superiores si los hubiere o, en su defecto, los mínimos del Estatuto de los trabajadores.
Por todo lo antedicho, por lo injustificado de la adopción mediante un Real Decreto, sin el acuerdo de los actores sociales y sin el debate parlamentario, por la falsedad de las razones que justifican la medida, por su ataque frontal a los pilares fundamentales que configuran el derecho del trabajo, por el contenido contrario a los derechos a los derechos de negociación colectiva y huelga (art. 37 y 29 CE), y por las medidas contrarias a los derechos de los trabajadores a un empleo estable y de calidad y en particular de los jóvenes, no nos cabe otra salida que la movilización social continuada hasta conseguir la retirada del texto. 
Junto con las movilizaciones, y en apoyo de las mismas, los juristas críticos debemos agotar todas las vías posibles para conseguir que la reforma sea objeto de control constitucional, así como mantener una denuncia documentada y formativa constante para evidenciar día a día las mentiras que fundamentan la invasión bárbara que ha acabado con lo poco de tuitivo y reequilibrador que tenía nuestro derecho laboral.
(*) Adoración Guamán, profesora de Derecho del Trabajo, Universitat de València

Los exconsejeros de la CAM pactan su defensa común ante el expediente y dicen que los directivos les engañaron

ALICANTE.- Los antiguos consejeros de Caja Mediterráneo que han sido expedientados por el Banco de España preparan con sus abogados una defensa común ante las graves acusaciones que se vierten en el informe remitido por el órgano supervisor. Algunos de los que fueron integrantes del máximo órgano de gobierno de la entidad alicantina presentarán las actas de los consejos de administración para argumentar que «fueron engañados», de acuerdo con las fuentes consultadas por el periódico 'Abc'.

El medio centenar de exconsejeros dispone, al igual que la anterior cúpula de la CAM que ha sido objeto del expediente informativo, de un plazo de veinte días que comenzó a contar el pasado lunes para presentar sus alegaciones. Con tal fin han comenzado a recabar las actas de las sesiones. Uno de los consejeros involucrados explicó a este periódico que en la última sesión a la que asistió, los directivos presentes expusieron unos resultados en los que se atribuían beneficios a la entidad cuando, en realidad, acumula pérdidas millonarias, como ha revelado la documentación que afloró tras la intervención de la caja por parte del Banco de España el 22 de julio del pasado año.
Entre las irregularidades plasmadas en el expediente elaborado por el organismo que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez figuran los préstamos concedidos por la propia entidad a miembros de su consejo a intereses irrisorios. Algunos de los implicados preparan la documentación que demuestra que sus préstamos fueron devueltos a precios de mercado. Algunos exconsejeros señalan, además, que su retribución mensual como tales apenas alcanzaba los 1.000 euros anuales en concepto de dietas.
Los miembros del consejo de administración destituido el pasado 22 de julio por el Banco de España mantuvieron ayer una reunión con abogados del despacho Cuatrecasas para preparar el contenido de las alegaciones que presentarán al expediente disciplinario.
Entre los expedientados se encuentran también los actuales miembros de la comisión de control de la CAM— presidida por el empresario murciano Juan Ramón Avilés Olmos—, que no han sido relevados en sus funciones. Con el fin de preparar su defensa, los miembros de la comisión aprobaron el pasado lunes un requerimiento en el que piden a los administradores designados por el FROB que les faciliten abundante documentación interna de la caja, incluyendo todas las actas de la asamblea general, del consejo de administración, del comité de dirección y de las distintas comisiones desde el ejercicio 2007. Del mismo modo, la comisión de control ha requerido a los administradores designados por el Banco de España los resultados de todas las auditorías de la CAM y de sus sociedades participadas, desde ese mismo año.
La comisión de control sigue ejerciendo sus funciones de supervisión de la caja por lo que, según las fuentes consultadas, los administradores del FROB no le pueden negar el acceso a esta documentación.
El presidente de la comisión de control de la entidad indicó declaró a 'Abc' que el expediente disciplinario elaborado por el Banco de España contiene «graves inexactitudes, que en un informe elaborado por funcionarios públicos pueden constituir un presunto delito de falsedad documental», por lo que en sus alegaciones exigirá al órgano regulador que rectifique las acusaciones, que considera infundadas.
Avilés añadió que emprenderá acciones penales contra los responsables del Banco de España o contra los autores del expediente disciplinario para defender su honor si la institución que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez no accede a esta petición.
El expediente disciplinario acusa a los miembros de la comisión de control de haber cobrado de dietas como consejeros de sociedades participadas por CAM, sin haber informado de ello a la asamblea general. Al respeto, Avilés explicó que él mismo informó personalmente a la asamblea sobre el cobro de estas dietas —aunque sin especificar su cuantía— en la sesión celebrada en diciembre de 2007, tal como consta en el acta de la reunión, a la que ha tenido el periódico 'Abc'.

miércoles, 15 de febrero de 2012

La Asociación de Bebés Robados constata hasta 40 casos y apunta a varios hospitales de la Región

MURCIA.- La Asociación de Bebés Robados en Murcia --nacida en septiembre de 2011-- ha hecho este miércoles su presentación oficial a través de la directora, Inés Madrigal, quien ha cifrado en 40 los casos de familias afectadas que hay actualmente en la Región, de los que ocho están en Fiscalía y en menos de un mes se presentarán tres o cuatro denuncias más.

   Madrigal, afincada en Murcia desde hace 18 años aunque nacida presuntamente en Madrid, en la Clínica San Ramón, dirigida por el conocido doctor Vela, es presumiblemente bebé robado, al ser regalada a su madre por el mencionado doctor.
   Durante la rueda de prensa, ha apuntado a las coincidencias que empiezan a aparecer de médicos y hospitales en la Región de Murcia, aunque ha declinado hacer públicas las identidades de los facultativos. No obstante, no ha dudado en señalar a un conjunto de hospitales murcianos y colegios de adopción "irregulares" de los que han ido saliendo casos.
   Acompañada del abogado valenciano, Enrique Vila; y el gerente de Neodiagnostica S.L, Laboratorio de Genética y Toxicología Forense, Jaume Buj, la presidenta de la Asociación de Bebés Robados en Murcia ha justificado el nacimiento de este organismo argumentando que se hace con la "necesidad de dar al afectado una atención pormenorizada y personalizada, al ver que los afectados se dirigen a nosotros y van buscando ayuda".
   Y es que, ha señalado Madrigal, "han ido apareciendo casos de forma paulatina y se conocen hasta 40 familias afectadas, lo que hace necesaria una asociación fuerte en la Región" que persigue "la búsqueda de la verdad, ayudar a esclarecer los hechos de lo que ocurrió, despejar las dudas que las madres puedan tener en referencia a los robos de sus hijos y ayudar al que quiera encontrar y conocer sus verdaderos orígenes, su familia biológica".
   Aunque reconoce la dificultad existente por el tiempo transcurrido, en algunos casos hasta 40 años, ha expresado su deseo de que "la Administración y el Gobierno murciano, sean de la ideología que sean, muestren su más sincero apoyo y solidaridad para poder llevar a cabo nuestras respectivas búsquedas y paliar el dolor existente en familias de afectados".
   Por su parte, el abogado Vila ha resaltado que "se está empezando a demostrar la existencia de una trama nacional" de compra-venta de bebés, por lo que ha animado a que se luche hasta el final a pesar de las trabas.
   La primera de ellas, ha recordado, era la concerniente a que los asuntos hubieran prescrito y que han superado positivamente, ya que "la situación actual es que estos delitos siguen en vigor y se pueden investigar".
   "La tendencia judicial es que estos delitos puedan ser perseguidos y se condene cuando se encuentre a la red de mafiosos que se dedicaban a enriquecerse vendiendo libros", ha indicado el letrado, que descubrió por casualidad a los 18 años que era adoptado.
   La segunda traba con la que se han encontrado, ha criticado, es que "muchos fiscales están archivando por supuesta falta de pruebas".
   Por ello, ha advertido que estas situaciones "no se pueden permitir", tachando de "vergonzoso" la actividad de algunos jueces y fiscales que le hace pensar que tras esto "hay una clara intención y una directriz no escrita para que los asuntos se archiven como sea".
   Otro caso al que ha hecho mención es aquel que ha reconocido la existencia de un delito, que no ha prescrito, pero que como el ginecólogo ha fallecido "se acabó", tras lo que ha añadido que "no solo está implicado este médico, sino que hay que buscar a los religiosos, auxiliares, el director de la clínica donde se produjo el robo; y esto tampoco se está haciendo".
   En esta línea, ha comentado que de las 15 exhumaciones practicadas a instancia judicial "solo se han encontrado huesos de bebés en una de ellas y en las 14 restantes las tumbas estaban vacías".
   Al considerar que puede tratarse de un "crimen organizado", Vila entiende que se entendería como "un delito contra la Humanidad", apelando así al Tribunal Penal Internacional y de Derechos Humanos de Estrasburgo, ya que "es uno de los escándalos más grandes de la Europa Occidental del siglo XX".
   "No he escuchado a ningún político todavía decir lo siento, o ayudar a afectado poniendo la justicia gratuita o hacer pruebas de ADN gratuitas", ha reprobado este abogado.
   Uno de los casos más significativos en Murcia es el de Pepi Díaz, que busca a sus dos hermanos que le dijeron que habían muerto al nacer, en 1972 y 1973. Según le ha contado su madre, los dos bebés fueron atendidos por la misma matrona pero no le dejaron que los viera cuando murieron, poniendo trabas para que les entregaran los cuerpos de sus hermanos.
   Supuestamente, ha relatado, "mis hermanos están enterrados en una zanja común y ahora en un osario". En concreto, del segundo hermano solo existe un enterramiento, mientras que del primero está la ficha de su madre de cuanto ingresó en el hospital por parto con un número de historia que no existe.
   El primero de sus hermanos falleció, según le dijeron a su madre, a los dos días de nacer y el segundo, la matrona cuando lo levantó le dijo a la madre que pesaba 4 kilos pero que se lo llevaba porque estaba muerto, no dándole ni siquiera tiempo a oírlo llorar.
   Otro caso es el de la misma presidenta de la Asociación, que le fue regalada a su madre adoptiva al ser prematura y no arriesgarse a ser vendida y que falleciera a los días. Ha contado que sabía perfectamente cuando tomó la decisión de que denunciaba a su madre, a quien ha defendido por el hecho de que "tenía una ilusión enorme pero como no podía tener niños, intentó adoptar".
   También ha recordado que el cura al que conoció durante toda su vida, ya fallecido, le dijo a su madre que había tenido suerte al recibir un regalo así, porque había familias que pagaban hasta un millón de pesetas por aquellos tiempos.
   Además, le aconsejaron a su madre la posibilidad de que simulara el embarazo y que cuando saliera a la calle, fingiera estar mareada, pero todo al final "se precipitó y fui entregada porque no era vendible al ser prematura".
   Madrigal también ha sacado a colación casos de mujeres embarazadas que nunca dijeron nada porque "no querían que se las tomara por locas", incluso algunas de ellas fueron indirectamente amenazadas advirtiéndoles que el psiquiátrico estaba una planta más arriba.

Sanidad no tiene conocimiento de ninguna denuncia

 

Moody's le pega otro hachazo a la solvencia de la Región de Murcia

MADRID.- La agencia de calificación Moody's ha rebajado la nota de ocho Comunidades Autónomas y ha dejado a Cataluña con una calificación de 'Baa3', un escalón por encima del denominado 'bono basura'.

   Las comunidades afectadas son Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. Además, la agencia de calificación también rebaja la nota a las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa y del Consorcio de Transportes de Vizcaya.
   De esta forma, Cataluña pasa de una calificación de 'Baa3' a una de 'Baa2' --existe un moderado riesgo de crédito--, y la sitúa un escalón por encima del denominado 'bono basura'.
   La Región de Murcia ha visto igualmente rebajada su calificación, de 'Baa2' a 'Baa1', dos escalones por encima del 'bono basura'. En cuanto al resto de comunidades afectadas, Extremadura, Madrid y Galicia bajan dos escalones, de 'A3' a 'A1', estas dos últimas con perspectiva negativa.
   Andalucía y Castilla León pasan de 'A3' a 'A2', esta última con perspectiva negativa, mientras que el País Vasco pasa de 'A2' a 'Aa3', con perspectiva negativa.
   Esta revisión de las calificaciones, según explica Moody's, se produce tras la rebaja de la nota de las calificaciones soberanas de España este martes y "la fuerte correlación entre la sub-soberano y el riesgo de crédito soberano, que se refleja en los vínculos macroeconómicos y fiscales, los factores institucionales y condiciones de los mercados financieros".

IU-Verdes acusa al PP de "intentar ocultar" su responsabilidad en el acuerdo UE-Marruecos

MURCIA.- El portavoz de la Presidencia de IU-Verdes en la Región de Murcia, José María Ortega, ha denunciado públicamente la "campaña de contaminación informativa" que ha impulsado el PP para "intentar ocultar que es el verdadero responsable" del acuerdo agrícola con Marruecos.

   En un comunicado de prensa, Ortega ha dicho que el grupo Popular "cuenta con mayoría en las instituciones comunitarias y, por tanto, es el único responsable del futuro de este acuerdo", cuyas consecuencias, a juicio del dirigente de IU-Verdes, "arruinarán decenas de explotaciones en la Región de Murcia".
   Así, ha señalado que la Administración autonómica "intenta arremeter" contra los sindicatos y otros actores europeos "que no tienen un papel vinculante en la aprobación del acuerdo con el fin de ocultar a la opinión pública la realidad sobre el acuerdo".
   "Los viajes del jefe del Ejecutivo regional, Ramón Luis Valcárcel, a Bruselas, supuestamente a defender la agricultura murciana han sido más una exhibición floclórica y una visita a su próximo destino que otra cosa", ha concluido Ortega.

El PSRM considera "injustificable" que el PP haya votado en contra de un Plan regional contra la pobreza

CARTAGENA.- La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, ha considerado "injustificable" que el PP haya votado en contra de la petición de un Plan regional de lucha contra la pobreza.

   Y es que la Asamblea Regional ha debatido este miércoles una moción del PSOE en la que se reclamaba dicho plan, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.
   El Grupo Parlamentario Socialista justificaba esta petición en base a los "altos índices" de pobreza existentes en la Comunidad Autónoma, que se incrementan progresivamente, superando ya el 30 por ciento de la población y a más de ocho puntos de la media nacional.
   La moción defendida por la diputada Teresa Rosique ha sido votada en contra por el PP, que ha presentado una enmienda a la totalidad aplazando 'sine die' la respuesta a la pobreza regional y dejándola a expensas de la aprobación del Plan regional de Servicios Sociales.
   A su juicio, el Gobierno regional "debía haber aprobado dicho plan hace siete años, para elaborar posteriormente las políticas sectoriales contra la pobreza".
   Rosique ha denunciado que "el Partido Popular con su voto en contra ha abandonado a su suerte a las miles de personas que están en el umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión social en esta Comunidad Autónoma y ha querido decirles que no hay prisa para resolver este grave problema".
   De este modo, ha criticado que "tendrán que seguir esperando hasta que el Gobierno regional se decida a cumplir la Ley de Servicios Sociales, aprobada en 2003 y presente el Plan regional de Servicios Sociales que debería estar desde 2005 y que todavía no ha elaborado. "Después, se verá", ha zanjado.
   La diputada considera que "frenar este grave problema debería ser prioritario para el Gobierno regional. Estamos hablando de miles de personas en la Región de Murcia que sufren una situación insostenible y que no pueden seguir esperando soluciones que no llegan", concluyó.

El frenazo del consumo en la Región hace retroceder el IPC

MURCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) disminuyó un 1,4 por ciento en la Región de Murcia durante el pasado mes de enero, y la tasa interanual se situó en el 1,8 por ciento, según datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En lo que va de año, los precios bajaron en la Región un 1,4 por ciento, mientras que la inflación interanual murciana alcanzó el 1,8 por ciento.
   Por grupos, los más inflacionistas fueron Transporte (1,6 por ciento), Otros (0,6 por ciento), Vivienda (0,5 por ciento), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,3 por ciento) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,1 por ciento).
   Por contra, la congelación de precios en Enseñanza y el descenso experimentado en Vestido y calzado (-16,1 por ciento), Ocio y Cultura (-3,1 por ciento), Comunicaciones (-2,1 por ciento), Medicina (-0,4 por ciento), Menaje (-0,3 por ciento) y Hoteles, cafés y restaurantes (-0,2 por ciento).

UPyD afirma que "el desastre" de la CAM es resultado de la gestión politizada de las cajas

MURCIA.-   El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha responsabilizado al PP y PSOE del "desastre de la CAM", algo que parece que todo el mundo veía venir "pero que fue, ignorado voluntariamente, también por todos". 

   En este sentido, ha criticado que tanto el PSOE como el PP hicieron oídos sordos a las proposiciones y mociones realizadas por UPyD solicitando la reforma del modelo de las cajas de ahorro desde hace más de tres años.
   Además, ha lamentado el incesante goteo de irregularidades de las que se van teniendo noticia. Entre ellas, la que se ha conocido de que los antiguos gestores, ahora expedientados, no cumplieron durante cuatro años los requerimientos del Banco de España, que al final intervino la entidad. También se ha sabido que se pagaron dietas a directivos a espaldas de la Asamblea General.
   Sánchez ha recordado que Rosa Díez presentó en el Congreso de los Diputados a mediados de 2009, una interpelación urgente al Gobierno sobre la necesidad de despolitizar los órganos de gobierno y la gestión de las cajas, separar la obra social de la actividad bancaria y crear un nuevo consejo social consultivo con presencia de las administraciones públicas "Tanto el PSOE como el PP desoyeron la moción, que incluso fue calificada  por algunos de poco democrática.", ha puntualizado Sánchez.
   Ha señalado que la deficiencia en la gestión y el interés por  "no soltar" el control político de las cajas, no tiene colores políticos  Y  para avalar ese dato, ha citado que al ejemplo de la intervención de la CAM, entidad ubicada en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, ambas gobernadas por el PP, se le puede contraponer en la  comunidad  castellano manchega, gobernada por el PSOE, el de Caja Castilla La Mancha,  igualmente intervenida.
   Sánchez ha comentado que "lamentablemente casos como el de la CAM  han dado la razón a UPyD sobre la necesidad de la reforma". Cuando el PSOE y el PP la han acometido, "ésta se ha hecho también de forma deficiente por la tozudez e intereses políticos de los dos partidos a dejar de controlar los órganos de gestión desde las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos".
   Por ello el grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso de los Diputados ha avanzado su intención de promover la apertura de una comisión de investigación donde se depuren "responsabilidades políticas y penales, si las hubiera, en la quiebra de  las diferentes cajas de ahorro, entre ellas la CAM", ha concluido Sánchez.

El Banco de España conocía las irregularidades de la CAM desde 2008

ALICANTE.- El Banco de España detectó irregularidades en la gestión de Caja Mediterráneo (CAM) en los cuatro últimos años, y así se lo comunicó a sus directivos a través de una serie de requerimientos que, al no ser atendidos como debían, terminaron con la intervención de la entidad en julio del año pasado con el objetivo de «evitar su colapso» y perjudicar a millones de clientes e impositores. 

Los directivos no corrigieron los fallos y la deficiente gestión y en algunos casos incumplieron el requerimiento y las advertencias del supervisor, como ocurrió en marzo de 2011, cuatro meses antes de la nacionalización de la Caja. 
El expediente disciplinario abierto por el Banco de España contra a anterior cúpula de la CAM y los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control subraya que la Dirección General de Supervisión realizó «trabajos puntuales de inspección 'in situ' de 2008 a 2011».
Por otra parte, a Fiscalía Anticorrupción está estudiando presentar una querella contra la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) tras comprobar la existencia de las irregularidades denunciadas por el Banco de España en su concesión de una pensión vitalicia anual de casi 369.497 euros, según confirmaron fuentes del Ministerio Fiscal. 
Las mismas fuentes explicaron que las unidades de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción han analizado la documentación enviada por los interventores del Banco de España en la que figuran las irregularidades por las que el supervisor le impuso un despido disciplinario el pasado 28 de septiembre.
"Las irregularidades son las que detectó el Banco de España en la carta de despido, se está analizando si existen indicios delictivos", explicaron las mismas fuentes, quienes matizaron que los hechos pueden constituir sanciones administrativas.
Los gestores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) concluyeron en su informe que Amorós "actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia", y cuestionaron su gestión por "falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad" y por llevar a cabo una "deficiente gestión".
En caso de que se determinen posibles delitos, los fiscales encargados podrían presentar una querella individual contra Amorós por estos hechos o unir sus acusaciones a la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska contra la CAM por las presuntas irregularidades en la gestión de la entidad. Esta investigación parte de la denuncia presentada por un particular.
María Dolores Amorós asumió la dirección general de CAM en noviembre de 2010 y el 10 de agosto de 2011, una vez intervenida la entidad, los interventores la destituyeron temporalmente de sus competencias.
La exdirectora general de la CAM acordó en noviembre de 2010 una retribución anual de 593.040 euros, y unos 30 días después, cerró su contrato y pactó con el presidente de CAM, Modesto Crespo, su pensión, con una prestación vitalicia asegurada de 30.791 euros al mes, lo que elevaría esta cuantía a 369.497 euros anuales.

martes, 14 de febrero de 2012

Ecologistas en Acción y ANSE denuncian el desmantelamiento de las políticas de medio ambiente en la Región de Murcia

MURCIA.- La Asociación de Naturalistas del Sureste y Ecologistas en Acción se han dirigido al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, para pedirle que detenga el desmantelamiento de las políticas de Medio Ambiente que están caracterizando los últimos años de su mandato. Y es que, se pregunta, "quién se acuerda ahora del Pacto Social por el Medio Ambiente de finales de 2006".
 
   Las organizaciones ecologistas consideran que la dimisión de la directora general de Medio Ambiente, Teresa Navarro, es una consecuencia más de la "desastrosa" situación de la Consejería que debía velar por el cumplimiento de la legislación ambiental y la protección de los espacios naturales, la flora y la fauna silvestres.
   La unión de las antiguas Direcciones Generales de Patrimonio Natural y de Evaluación e Impacto Ambiental, con una notable reducción de presupuesto y personal, están llevando, a su juicio, "a la paralización de muchas de las políticas ambientales en la Región".
   Las organizaciones denuncian que ninguna de las estrategias relacionadas con el Medio Ambiente que se han aprobado o redactado durante los últimos diez años están siendo desarrolladas, y apenas se han cumplido en un porcentaje ínfimo: es el caso de la Estrategia Regional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, la Estrategia Forestal de la Región de Murcia o la Estrategia para la Educación Ambiental.
   Un caso paradigmático es el Mar Menor, que con múltiples figuras de protección ambiental y evidentes signos de degradación, sigue careciendo de ningún Plan de Gestión de sus espacios naturales protegidos a escala internacional, y el anunciado Plan de Acción del Mar Menor a desarrollar a través de la Fundación Cluster desapareció con ella, lo mismo que ocurrió con la Comisión del Mar Menor, impulsada por el Gobierno del Estado.
   Así mismo, las ayudas para la conservación de la naturaleza desaparecieron ya hace dos legislaturas, y la mayoría de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de los Espacios Protegidos de la Región siguen sin aprobarse. Los Planes Rectores de Uso y Gestión aprobados no tienen dotación, y ninguna especie amenazada de la Región de Murcia cuenta todavía con Plan de Recuperación, aunque muchos se han redactado y duermen en los cajones de la administración regional.
   También se ha visto mermado el acceso a la información y la participación pública. Prueba de ello es que Ecologistas en Acción y ANSE han tenido recientemente que denunciar ante el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia que el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente no se reúne desde el año 2008, cuando debería reunirse al menos cuatro veces al año, añade las asociaciones ecologistas.
   Las dos organizaciones, que no firmaron en 2006 el Pacto Social por el Medio Ambiente debido a la falta de credibilidad del Gobierno de la Región para cumplir los compromisos de dicho pacto, y los adquiridos en otro sinfín de documentos y acuerdos relacionados con la conservación de la naturaleza, no dudan en calificar de "suicidas" las políticas de desarrollo regional impulsadas por los sucesivos gobiernos de Ramón Luís Valcárcel.
   ANSE y Ecologistas en Acción consideran que el presidente Valcárcel es el máximo responsable de "descabellados" proyectos urbanísticos de gran impacto en espacios naturales costeros como Marina de Cope o Novo Carthago (Mar Menor), y de la urbanización excesiva de buena parte del territorio regional, que ha contribuido de manera considerable a la crisis actual, y a la debacle de diversas instituciones financieras, entre las que destaca la CAM.
   También consideran a Valcárcel responsable de la continuación de trámites para la construcción de grandes infraestructuras de "dudosa" necesidad, rentabilidad e impacto social y económico, y que ocasionarán un gran impacto ambiental en la costa, como el macropuerto de El Gorguel.
   Las organizaciones opinan que la inclusión de las competencias ambientales en Consejerías que no velan por el cumplimiento de la legislación que protege nuestros espacios naturales y el medio ambiente, y se dedican a facilitar las tramitaciones de proyectos que pueden tener un impacto negativo, sólo han contribuido, y contribuyen aún, a un desarrollo más desequilibrado e inestable, y a una mayor hipoteca para esta generación y las futuras.
   Por ello, ANSE y Ecologistas en Acción piden al presidente Valcárcel que cambie el rumbo de la política ambiental de su ejecutivo y que proceda a crear de nuevo una Consejería de Medio Ambiente con competencias exclusivas en la materia, con suficiente personal y presupuesto para cumplir los mínimos exigibles en la gestión del medio ambiente y la naturaleza que exigen la normativa comunitaria, estatal y autonómica, y los compromisos internacionales, así como para asegurar el derecho de acceso a la información y de participación ciudadana.

IU-Verdes llama a participar en la manifestación del domingo contra la "brutal y salvaje" reforma laboral

MURCIA.- El coordinador regional de IU-Verdes en Murcia, José Antonio Pujante, ha llamado este martes a la participación en la manifestación del próximo domingo en la capital de la Región contra la "brutal y salvaje" reforma laboral.

   Al respecto, Pujante ha alertado que la reforma "conllevará más despidos y un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores porque se ha hecho para poder despedir más fácilmente".
   Tras manifestar su "confianza escasa y escepticismo" en la efectividad de la Comisión Especial de Empleo del Parlamento autonómico, "ya que sus resultados para frenar el paro en la Región en la anterior legislatura fueron nulos", Pujante ha dejado claro que "más que Comisión Especial de Empleo habría que llamarla del desempleo, porque tenemos una situación en Murcia dramática, con 200.000 parados, de los que un 50% aproximadamente son jóvenes".

El PSRM reclama en la Asamblea un Plan Regional contra la pobreza

CARTAGENA.- La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, pedirá este miércoles en el Pleno de la Asamblea un Plan Regional Contra la Pobreza, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado. 

   "Estamos hablando de exclusión social y también de personas y familias que han pasado de vivir en una situación de normalidad a no tener cubiertas ni siquiera sus necesidades básicas, como consecuencia de la pérdida de empleo por la crisis económica y de la falta de prioridad política del Gobierno regional", añade Rosique.
   En este sentido, recuerda que los últimos datos sobre población por debajo del umbral de la pobreza en la Región de Murcia arrojan unas cifras altamente preocupantes.
   Así, precisa que, según un estudio elaborado por la Red Europea contra la Pobreza (EAPN), la población de la Región de Murcia en riesgo de pobreza y exclusión social no ha dejado de crecer, situándose entre el 30 y el 36 por ciento, según diferentes fuentes, lo que nos sitúa muy por encima de la media nacional.
   Cáritas, Jesús Abandonado y otras entidades reciben cada día nuevas demandas de atención para alimentos, vestido, transporte de familias al límite de sus posibilidades.
   Ante esta situación, Rosique preguntó "a qué espera el Gobierno regional para garantizar ingresos mínimos a las personas carentes de recursos, a través de la Ley de Renta Básica aprobada hace cinco años y paralizada por el Partido Popular".
   A su juicio, se trata de "la única medida que puede frenar los insoportables índices de pobreza y de exclusión social de la Región de Murcia", y recuerda que las demás comunidades "conceden ese derecho a sus ciudadanos desde hace años".
   En su moción, Teresa Rosique expone que el PP comprometió en sus objetivos estratégicos reducir los índices de pobreza hasta el 17 por ciento en 2013. "La evolución de los datos nos demuestra que lejos de acercarnos a ese objetivo cada vez nos alejamos más", denunció.
   Rosique indicó que "esta brecha posiblemente se ampliará en 2012, como consecuencia de la ausencia de políticas de lucha contra la pobreza por parte del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel cuando la crisis económica se está viviendo con mayor intensidad en la Región de Murcia".
   La diputada hizo hincapié en la necesidad de un Plan regional contra la pobreza que aborde de forma integral el problema, al tiempo que reprochó que "el Gobierno regional no  aprovechara los años de bonanza para reducir la pobreza".
   Rosique agregó que "la contundencia de los datos exige una respuesta urgente de los poderes públicos, que sin demora deben poner en marcha cuanto sea necesario para reducirlos. Crear empleo, prestar servicios sanitarios, educativos y atención social es la obligación del ejecutivo regional y debería ser su prioridad política".
   Sin embargo, explica que "el Partido Popular vuelve a utilizar la estrategia de dilación para impedir que se ponga en marcha un Plan de Lucha contra la Pobreza en la Región, presentando una enmienda a la totalidad a la moción socialista, en la que se consiente el retraso 'sine die' de la adopción de medidas que permitan de una vez atajar el problema y se sigue sin ofrecer soluciones a los verdaderos problemas que está sufriendo la ciudadanía".