El Gobierno autoriza a Murcia diferentes operaciones de endeudamiento

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado la autorización a doce comunidades autónomas, entre ellas Murcia, de diferentes operaciones de endeudamiento, en unos casos de nueva emisión y en otros, de prórroga, según ha explicado el Gobierno.

   Así, se prorrogan hasta el 31 de marzo próximo las autorizaciones de endeudamiento correspondientes a 2011 que no fueron utilizadas total o parcialmente a Andalucía (2.194,4 millones de euros), Murcia (751,0 millones), Cantabria (34,8 millones), Extremadura (165,2 millones), Comunidad Valenciana (1.822.9 millones de euros) y Navarra (422,1 millones).

   Además, el Ejecutivo ha autorizado a otras autonomías llevar a cabo emisiones de deuda. El País Vasco podrá emitir deuda o tomar préstamos a largo plazo hasta un importe máximo de 274,6 millones, para financiar el segundo tramo de déficit de 2011 (0,40 por 100 de su PIB regional), de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 26/2010, de 24 de noviembre, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que determinó los tramos de autorizaciones de la financiación del déficit fijado como objetivo de estabilidad de 2011.

   Además, han recibido autorización para operaciones de endeudamiento ortas cinco comunidades por un importe conjunto de 1.975,7 millones de euros. Se trata de Aragón (130,8 millones), que podrá financiar la devolución de las cantidades aplazadas de la liquidación negativa del sistema de financiación correspondiente a 2008, la adquisición de activos financieros de 2011 y los vencimientos del segundo semestre de 2011.

   También de Canarias (169,5 millones de euros), que podrá financiar el segundo tramo del déficit fijado como objetivo de estabilidad de 2011. Se le autoriza porque, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, estaría cerca del cumplimiento de su objetivo de estabilidad presupuestaria para 2011.

   En cuanto a Cataluña, podrá emitir deuda por 510,3 millones para cubrir las amortizaciones del primer semestre de 2012 y para prorrogar hasta el 31 de marzo de 2012 las autorizaciones correspondientes al ejercicio anterior no utilizadas debido a la situación de los mercados financieros.

   En cuanto a Castilla y León, podrá emitir 627,7 millones para financiar la devolución de las cantidades aplazadas de la liquidación negativa del sistema de financiación correspondiente a 2008, el primer tramo del déficit fijado como objetivo de estabilidad de 2011 y los vencimientos del segundo semestre de 2011.

   Por último, Galicia podrá emitir deuda por 537,4 millones de euros para financiar las amortizaciones del ejercicio 2012, autorización que no supone incremento de la deuda viva.

   Todas las operaciones se tramitan por un procedimiento de urgencia con objeto de cumplir con las peticiones formuladas por las Comunidades Autónomas que las han solicitado y que han manifestado la necesidad de disponer de las mismas lo más rápidamente posible, ha explicado el Gobierno, para aprovechar la situación de los mercados financieros y obtener los recursos que requieren para hacer frente a sus obligaciones de pago pendientes.

   Por tanto, las autorizaciones que se aprueban corresponden a la formalización del endeudamiento contemplado en los programas anuales de endeudamiento del anterior ejercicio 2011 suscritos con las Comunidades Autónomas, y al endeudamiento que se autoriza para la devolución de las cantidades aplazadas de la liquidación negativa del sistema de financiación correspondiente a 2008.

   Las autorizaciones que tienen por finalidad financiar total o parcialmente las amortizaciones del ejercicio 2012 no suponen un incremento de la deuda viva de la comunidad autónoma.

El Tercer Sector vaticina un "crack social" en España si no se refuerza la protección

MADRID.- La Encuesta de Población Activa (EPA) estima en un millón y medio el número de hogares en España que tienen a todos sus miembros en paro y, aunque hasta bien entrado 2012 las ONGs no dispondrán de datos fiables acerca de cómo ha impactado este avance de la crisis en su realidad diaria, "es un hecho" que las demandas de ayuda han aumentado "y mucho" durante 2011, tanto, que la plataforma que aglutina a las principales entidades españolas vaticina "un crack social" si no se refuerzan los mecanismos de protección. 

   Así lo ha descrito el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, quien ha incidido en la importancia de mantener la red de protección existente y, a partir de ahí, "seguir avanzando" en inversión ya que, según ha dicho, "si en plena crisis se deja de invertir en este tipo de servicios ya estructurados que estaban atendiendo y de alguna manera fomentando el aumento empleabilidad, el coste luego va a ser mayor y la fractura social excesivamente preocupante".

   Cuando en el año 2010 la EPA cifró en medio millón los hogares en España con todos sus miembros en paro, Cáritas atendió a 1,6 millones de personas, --un 4,3% más que en 2009--, muchas de las cuales pedían ayuda para cubrir necesidades básicas como alimentos, recibos de la vivienda o libros escolares para los niños. El 67 por ciento de ellos acudía derivado de los servicios sociales municipales.

   En aquel momento, la organización advirtió de que si el aumento del paro no revertía durante 2011 se seguirán incrementando las personas en situación de pobreza "crónica" en España, ya que habían constatado que siete de cada diez beneficiarios habían acudido previamente a Cáritas en demanda de ayuda.

   Cruz Roja Española fue en la misma línea, con la previsión de que al cabo de 2011, se acabaría atendiendo a unos dos millones de personas en situación de vulnerabilidad, un 120 por ciento más que en el año 2008. La preocupación que ha manifestado recientemente la organización es que "que la gente no entre en el ciclo de la exclusión" y, para ello, considera imprescindible que "la capa de necesidades básicas se cubra urgentemente".

   Poyato recuerda que ya en tiempos de bonanza económica la pobreza llegaba a 80 millones de ciudadanos en toda la Unión Europea y, si bien en su opinión, no se trata sólo de que la miseria se esté volviendo crónica, "lo cierto es que si se deja de atender estos servicios que mantienen la cohesión de la sociedad", se va a llegar "a una situación de crack social con una diferencia entre clases medias y clases bajas cada día mayor".

   "Consideramos a pesar de la crisis, que destinar fondos a políticas sociales no es un gasto sino una inversión", ha explicado, para incidir en que se debe dar "un impulso a esta inversión en lo social" porque "no se trata sólo de la disponibilidad de servicios y de atención a estas personas", sino de apreciar que el Tercer Sector en España "genera 584.000 empleos directos".

Valcárcel dice haber pedido a Rajoy una nueva financiación para Murcia

MADRID.-   El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, dice haber pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una nueva financiación autonómica para Murcia porque el actual sistema, aprobado por el Ejecutivo anterior, le supone una financiación per cápita inferior en 600 euros a la media nacional, "un modelo injusto e insuficiente para con la Región". 

"Hay españoles que por pertenecer a una determinada ccaa están percibiendo más de 500 euros con respecto a un murciano", ha dicho a la salida de la audiencia.

   Tras un encuentro de hora y media con el jefe del Ejecutivo, Valcárcel dice haber tratado también con Rajoy la situación de Lorca y ha asegurado que tiene el compromiso del presidente de ejecutar el plan de reactivación de la ciudad aprobado por las Cortes. Un miembro del gabinete de presidencia se dedicará a ello para ajustar el calendario de actuación y la financiación.

   Por último, el presidente murciano le ha planteado a Mariano Rajoy que la Región quiere que concluyan las infraestructuras comenzadas y comprometidas, como el aeropuerto de San Javier, el AVE y varias autovías. 

Ramón Luis Valcácel ha admitido la situación crítica del país y ha subrayado que antes que murciano él es español y quiere "cumplir el compromiso" de sacar el país adelante "entre todos".

"Hay que contener el déficit público y vamos a estar ahí, pero como somos España también queremos esa reciprocidad", ha añadido.

Valcárcel ha ocultado, sin embargo, otros importantes temas tratados y que se podrán saber una vez se celebre el próximo Congreso Nacional del PP el mes próximo.

El Gobierno obliga a las CCAA a tener déficit cero en 2020

MADRID.- El anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obliga a las administraciones públicas a tener déficit cero a partir del año 2020, y hasta entonces estarán obligadas a ir reduciendo los actuales niveles de déficit y deuda para poder alcanzar dicha meta.

   Al término de la reunión del Consejo de Ministros, que ha aprobado este viernes dicho anteproyecto y su remisión al Consejo de Estado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que se introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no podrá superar el 60% del PIB, al tiempo que todas las administraciones públicas deberán presentar equilibrio o superávit computado en términos SEC a partir de 2020, por lo que ninguna podrá incurrir en déficit estructural desde entonces.

   Este objetivo es mucho más estricto que el que pactaron este verano PP y PSOE, con motivo de la reforma de la Constitución para controlar el gasto público, y que contemplaba un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB.

   Ahora, este déficit estructural del 0,4% sólo podrá registrarse en caso de que las administraciones estén llevando a cabo reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo o en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria.

   Para conseguir estos objetivos, el anteproyecto recoge que la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB.

   En la misma línea, el déficit estructural del conjunto de las administraciones se deberá reducir un 0,8% del PIB nacional en el promedio anual hasta llegar al déficit cero en 2020. En 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda.

   Además, todas las administraciones deberán aprobar un techo de gasto, similar al que ya aprueba la Administración Central, consistente con el objetivo de estabilidad, y el gasto público no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB, de acuerdo con la normativa europea.

   El anteproyecto contempla la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto, tal y como establece la Constitución.

   El incumplimiento de los objetivos de déficit exigirá la presentación de un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año. Dicho plan deberá explicar las causas de la desviación y las medidas que permitan retornar a los límites.

   En caso de incumplimiento del plan, la administración incumplidora deberá constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración en cuestión.

   En este punto, Montoro indicó que la visita no será "amable", ya que se trata de una forma de intervención de las cuentas públicas, pero nada tendrá que ver con la suspensión de competencias autonómicas, sino que será algo similar a lo que sucede en la UE con los países que han sido intervenidos. "Se trata de trabajar en paralelo, ver los deberes y hacer los ajustes necesarios", añadió.

   Dicho esto, Montoro indicó que la palabra "imposición es exagerada", ya que simplemente se trata de devolver la estabilidad presupuestaria a la administración que no cumpla, si bien matizó que sólo sucederá en situaciones "extremas". 

"No hay que verlo en el sentido agresivo, se trata de aceptarlo con naturalidad", reiteró.

   El cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta para autorizar emisiones de deuda, conceder subvenciones o suscribir diferentes convenios, y las sanciones impuestas a España por la UE en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable.

   Antes de llegar a situaciones de incumplimiento del déficit, la ley también refuerza el principio de transparencia y, por ello, cada administración deberá dar información sobre las líneas fundamentales de sus presupuestos antes de aprobarlos. Además, se amplía la información a suministrar para mejorar la coordinación en la actuación económico-financiera de todas las administraciones.

   Montoro destacó que se trata de una de las "grandes reformas estructurales", que vendrá a reforzar la estructura institucional de España, mostrando que hay unos controles establecidos para asegurar el cumplimiento del déficit.

   "Facilita la financiación de la economía del país y asegura los servicios públicos básicos de los españoles, además de reafirmar nuestros compromisos con la UE y recuperar una imagen de solidez ante los socios europeos, condiciones y premisas para volver al crecimiento", enfatizó el ministro, quien añadió que la norma respeta "con cuidado extremo" la capacidad de autogobierno de las comunidades.

Gisbert fumiga el avispero de cajas / Alfredo Fernández

Juan Antonio Gisbert, el gestor que dejó a la CAM en territorios financieros imperiales tras comerse a la CAPA alicantina en el 91 y desbaratar los intentos de la cúpula de Caja Valencia de guillotinarla a traición en una cumbre semipolítica y policial en Castellón, vuelve ahora como un reflejo esperado del emperador germano Federico II. De momento, ya es consejero delegado de las cajas rurales españolas pese a que sus huestes de Ruralcaja son inferiores a Cajamar. Pero, además, ha imprimido otro golpe magistral antes de ser nombrado: garantiza el empleo en las rurales y se posiciona para modernizar las cajas alemanas de los Landers con la marca "Alfa" que imprimió antes de irse en 2004. Comienza el alfabeto griego.

Juan Antonio Gisbert, un alcoyano entre puentes y barrancos y amamantado en el Barrio Obrero y la Escuela de Comercio (mitad Rómulo y Remo), se desprende de letanías en el año 2004 cuando la CAM es un símbolo de eficiencias entre las cajas europeas y los alemanes envidian su estatura financiera y su saber nadar entre corrientes políticas y sociales. 

Como buen conocedor de la mitología griega (Saturno devorando a sus propios hijos), deja en el camino al presidente Manchi Bono para que Vicente Sala haga institucionalmente el papel de aturdido obediente en unos momentos en los que la Generalitat de Zaplana necesita caudales para Terra Mítica y otros dineros palaciegos para tanta corte de un rey Taifa.

Todo el mundo alicantino se sosiega en 2004 cuando Gisbert parece que se retira a la docencia con una buena indemnización (Cerca de 600 millones de pesetas). Se han equivocado, no sólo los arturos (Arthur Andersen), los Lehman Brother de Guindos, los políticos de bajo relieve de la Comunitat y Murcia sino todo el PSOE estatal adormilado en puestos de Gobierno. 

Gisbert no se contenta con una canongía remunerada de Loterías como Aurelio Martínez, el financiero-semipolítico que arrinconó en los armarios 20 planes de fusiones con Bancaja o Caja Murcia y asesoró a Zapatero sobre los gusanos de la crisis.

El naturalista Gisbert conoce la transformación de las crisálidas financieras y, cuando nadie se lo espera, comienza a agrupar las cooperativas rurales de la Comunitat. El gusano originario se transforma en mariposa y vuela hasta Almería, donde se alimenta la Reina Cajamar. 

A partir de entonces, empieza a desplegar a todas sus obreras y obreros. Logra la paz sindical sin disparar pólvora mientras los SIP pierden sus siglas y hacen fuego amigo al ignorar en que flanco de la batalla se encuentran. Asistimos al primer bombardeo financiero civil contra cinco millones de parados y millones trabajadores sin saber a que lado mirar por eso de si te ven.

Mientras sus sucesores y comandantes aprendices (Roberto López y María Dolores Amorós) pasan, en 2004, del cabotaje financiero y las plazas estratégicamente asentadas y bien protegidas, a embarrancarse en México o Miami y planificar el reino de Babel con cimientos de adobe en las ramblas, el alcoyano imprime gestión en las cooperativas agroalimentarias, sectores tradicionales y se olvida del ladrillo y el hormigón. Así, salva el patio mientras sus personajes de antaño pasan de actores principales a reyezuelos fantasmagóricos de opereta y greguerías.

Ahora, Roberto y Amorós se enfrentan a un proceso inquisitorial por parte de los creyentes parroquianos de la CAM y la investigación de las Corts y del propio Banco de España. Gisbert se siente a resguardo y espera, bajo las sombras de la Font Roja y Mariola, la carta para dirigir la fusión de las cajas alemanas. Ya fue tentado en 2000 y no esperará a 2013 porque tiene asegurada la confianza de los sindicatos y la estrella de Odín. 

Nadie sabe sobre el destino que depara a sus gobernantes, pero Gisbert tiene atisbos del emperador Federico II ("Stupor Mundi"), muerto en 1250, cuya versatilidad e inteligencia fascinó a casi todos sus contemporáneos. Sus querellas con la Iglesia (el poder del momento) motivaron que algunos colectivos pegados al temor de lo preestablecido lo equipararan a la bestia del Apocalipsis, y su imperio, con Babilonia. 

Hay quien aún cree que Gisbert pudiera ser "El retornado" que ponga orden en las desabastecidas finanzas europeas, pero, antes, tendrá que demostrar sus conocimientos de banca genovesa y sus dotes iberas de Indíbil y Mandonio frente a los mortíferos funcionarios de Bruselas.

Ante las depresiones, la mejor receta es la esperanza del pueblo aunque sea una leyenda de chimeneas de invierno. En 1284, no uno sino tres hombres afirmaron en Alemania ser Federico II. Dos desaparecieron de forma inmediata, pero el tercero, que creyó firmemente que era el emperador, estableció su corte en Neuss, en las proximidades de Colonia. 

En aquellos días nadie dudó de "El retornado": unos porque pensaron que pasó todo ese tiempo deambulando como peregrino penitente y otros, porque había yacido bajo la tierra.

Gisbert tiene claro que no será profeta en su tierra (Alacant) porque ya ha tomado el Camino Español de Carlos V, que pasa por el Milanesado y los cantones suizos, para entrar en Alemania y devolvernos el crédito histórico perdido por los malos gestores que un día se enseñorearon como brujos de su maestro. 

Las galeras de Cajamar acompañarán su desembarco en esta costa de aspiraciones mientras caen galeones como Bancaja, Cajamadrid, La Caixa, Caja Galicia y la corte de Bruselas sin un plan de ataque o resistencia. Sólo Gisbert sabe a quien no tocará la Lotería. La suerte está echada. Sí conoce a la perfección el alcoyano la décima máxima de Marx sobre Fuerbach: "Todo educador necesita ser educado".

http://www.lacronicavirtual.com/index.php/opinion/27433-gisbert-capa-el-avispero-de-las-cajas

Casi 200.000 murcianos acabaron 2011 en el desempleo, un 26,77% de nuestra población activa

MURCIA.- El paro subió en 12.400 personas en la Región de Murcia en 2011, un 6,66 por ciento respecto a 2010, con lo que el número total de desempleados se situó en 199.100 personas y la tasa de paro aumentó hasta el 26,77 por ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Entre octubre y diciembre de 2011 el volumen de desempleados aumentó en la Región en 20.800 personas, el 11,65 por ciento respecto al trimestre anterior, aunque destruyó 14.300 puestos de trabajo en el cuarto trimestre, un 2,56 por ciento.

   En el conjunto del ejercicio pasado se crearon 15.900 empleos, situándose la tasa interanual en el 2,83 por ciento. De esta forma, el número total de ocupados se situó en 544.800 personas a finales de 2011 en la Región de Murcia.

   Por su parte, el número de activos decreció en 3.400 personas en 2011, un 0,46 por ciento más, con lo que la población activa quedó constituida por 743.900 personas. En el cuarto trimestre del año pasado el volumen de activos aumentó en 6.400 personas, lo que representa un aumento del 0,87 por ciento en relación al trimestre precedente.

   La tasa de paro masculino se situó en el 26,23 por ciento al término de 2011 en la Región de Murcia, casi cuatro puntos por encima de la media nacional entre los hombres (22,46 por ciento). El paro entre las mujeres murcianas se situó en un 27,48 por ciento, más de cuatro puntos por encima de la media nacional, situada en el 23,32 por ciento.

   Por lo que respecta a la tasa de actividad regional, alcanzó el 62,32 por ciento, más de dos puntos por encima de la media nacional, que es del 59,94 por ciento.

   La Región tuvo en 2011 la cuarta mayor tasa de paro del país, con un 26,77 por ciento, por detrás de Andalucía (31,23 por ciento), Canarias (30,93 por ciento) y Extremadura (28,59 por ciento).

   Respecto a la tasa de actividad, ocupó el quinto puesto, por detrás de las Islas Baleares (64,36 por ciento), Madrid (63,82 por ciento), Canarias (62,66 por ciento) y Cataluña (62,48 por ciento).

Valcárcel acude mañana a La Moncloa a tratar de su eventual sucesión a corto plazo

MADRID.- El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, mantendrá mañana viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, una reunión en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a petición propia y una vez resuelta su eventual sucesión en la persona de Juan Bernal, que podría convertirse así, a corto plazo, en presidente autonómico y consejero a un tiempo.

   El encuentro, que tendrá lugar a las 16.30 horas en el Palacio de La Moncloa, ha sido solicitado por el aún presidente Valcárcel "para tratar cuanto antes los asuntos prioritarios para la Región de Murcia en el arranque de la nueva legislatura", según han informado fuentes del Gobierno regional, omitiendo, en cambio, la verdadera causa de tal urgencia tras sus reiteradas ausencias de las convocatorias de Génova 13 desde las pasadas elecciones generales.

   De esta forma, Valcárcel será el primer presidente autonómico al que reciba el jefe del Ejecutivo desde que Mariano Rajoy llegó al Palacio de La Moncloa hace un mes, acuciado por la necesidad de dimitir y dejar cuanto antes el liderazgo de la Región y del PP murciano, una vez que el presidente del Gobierno no lo ha nombrado ministro de Agricultura o secretario de Estado de Agua, tal como él esperaba, pese a no hablar inglés, tras ciertas insinuaciones.

Empeora la solvencia

  La visita se va a producir pocas horas después de que la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings haya advertido de las dificultades a las que podrían enfrentarse las comunidades autónomas para obtener financiación para su deuda debido a la situación del sector bancario y a la incertidumbre en torno a su desempeño financiero.


   En un informe, la agencia destaca que el entorno operativo actual es probable que siga siendo complicado en 2012 a medida que los gobiernos de la eurozona implementen medidas de austeridad para recortar sus déficits y las perspectivas en torno al crecimiento económico sigan siendo débiles.

   "Una mayor incertidumbre en torno al comportamiento financiero y el desapalancamiento de los bancos podría hacer más difícil para algunos gobiernos territoriales, especialmente en España, obtener financiación para de su deuda nueva o existentes", señaló.

   En este sentido, añadió que estas tensiones financieras serán "más evidentes" en países que están experimentando una mayor incertidumbre en torno al éxito de las medidas de los gobiernos nacionales para reducir deuda, como Italia, Portugal o España.

   Fitch recuerda que un gran número de ratings de gobiernos territoriales tienen perspectiva 'negativa' o están en revisión para una posible rebaja después de los recortes de las calificaciones de Italia, Portugal o España en la segunda mitad de 2011. En algunos casos, incluyen además las perspectivas de un menor crecimiento económico, el deterioro de la generación de ingresos o los posibles recortes en la financiación de los gobiernos nacionales.

    Por otro lado, señala que la intensificación de la crisis de la eurozona en la segunda mitad de 2011 ha provocado un aumento general en el número de ratings con perspectiva 'negativa' asignados por la agencia, después de años de estabilidad en los ratings globales.

   "Los tentáculos de la crisis de la eurozona se han expandido a lo largo y a lo ancho, ahogando la solvencia de una gran número de sectores en todo el mundo", incide.

   En concreto, la proporción de ratings con perspectiva negativa aumentó globalmente hasta el 9,3% a finales del año 2011, por encima del mínimo del 6,8% registrado tras la quiebra de Lehman BrotHers. Sin embargo, este aumento sigue estando por debajo del 18,3% visto en el tercer trimestre de 2009.

   En concreto, la agencia destaca que el sector en el que más han aumentado las perspectivas 'negativas' es el de los bancos, donde pasaron del 8,5% de finales de la primera mitad del año hasta el 11,5%.

   En este contexto, Fitch subraya que el fin de la crisis de la eurozona, algo que no contempla en el corto plazo, se traduciría en una estabilización de las perspectivas 'negativas' más que en medidas positivas de rating, y apunta que incluso sus previsiones más conservadoras esperan nuevas rebajas en este escenario.

   La agencia mantiene desde el pasado mes de diciembre en vigilancia negativa las calificaciones de España, Italia, Chipre, Bélgica, Eslovenia e Irlanda y prevé tomar una decisión, que en la mayor parte de los casos será una rebaja, antes de finales de enero.

Ecologistas revela la inviabilidad económica de la Marina de Cope tras una sentencia recurrida del TSJRM

MURCIA.- El macroproyecto turístico de Marina de Cope no se hará porque no puede ser rentable, según Ecologistas en Acción, que ha 'traducido' lo que puede suponer en la práctica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de mayo de 2011, que rechaza transformar determinados suelos protegidos para situar sistemas generales (viales y zonas verdes), que de este modo tendrían que construirse sobre la superficie destinada a viviendas. 

Esta sentencia, que estimaba parcialmente el recurso que presentó en 2006 la asociación Prolitoral, supone una merma del 15% en la edificabilidad total del complejo turístico en la costa virgen de Águilas y Lorca, según los cálculos del grupo conservacionista, lo que significa 440.000 metros disponibles menos.

De esta manera, y según un estudio urbanístico y legal de Ecologistas en Acción, la Actuación de Interés Regional de Marina de Cope solo podría albergar 4.000 de las 9.000 viviendas previstas. «Se trata de una sentencia de muerte para la rentabilidad y la viabilidad económica del conjunto de la operación», señalaron. 

 

Es un «varapalo para las expectativas de edificación» y «la puntilla» al proyecto, según Pedro Luengo, coordinador del grupo ecologista, quien asegura que es el «hundimiento del macro-proyecto» y entiende la «retirada de Caja Murcia» como inversor porque «esto supone un mala inversión para cualquier promotor que pretenda obtener ganancias».

 

El proyecto urbanístico, que pretendía edificar 9.000 viviendas y más de 20.000 plazas hoteleras en 21 millones de metros cuadardos de costa virgen entre Lorca y Águilas, se verá así sensiblemente mermado con esa sentencia judicial.

El fallo judicial declara la nulidad de los artículos de las Directrices del Litoral de la Región de Murcia en los que se establece «que los nuevos sectores urbanizables colindantes con zonas afectadas por las categorías de Suelo de Protección Paisajística, Suelo de Protección Geomorfológica y Suelo de Protección de Cauces se incluya una parte de ellas como sistemas generales adscritos con el objetivo de su incorporación al patrimonio público de suelo».

 

Esto significa, según Ecologistas, que la modificación realizada en los planes urbanísticos de Lorca y Águilas para permitir la edificación en suelos protegidos ha sido declarada contraria a la propia Ley regional del Suelo.

La demanda fue presentada por Iniciativa Ciudadana y Profesional para la Defensa Jurídica del Litoral –integrado por Ecologistas en Acción, ANSE y Amacora– contra el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el Consorcio Marina de Cope, integrado por el Ejecutivo regional, la Asociación de Propietarios y los ayuntamientos de Lorca y Águilas.

El portavoz de la organización ecologista, Pedro Luengo, y el abogado Eduardo Salazar interpretan que la sentencia confirma la condición de Parque Regional de la Marina de Cope y advierten de que el proyecto, tal y como se quedará con la decisión judicial, «es una sentencia de muerte para rentabilidad, para la viabilidad económica del conjunto de la operación». 

 

Y es que Luengo considera que «la retirada de Caja Murcia del proyecto» y «el fracaso» de la autopista Cartagena-Vera –sus propietarios han asegurado que están al borde de la quiebra– son otros duros varapalos para el proyecto turístico, «porque las expectativas de la venta y especulación de viviendas, como en el resto de proyectos fracasados en toda la Región de Murcia, es la que anima este tipo de iniciativas urbano-turísticas».

 

«Los inversores podrían dejar solas a las autoridades regionales y a los más empecinados propietarios», señala el portavoz de Ecologistas.

La asociación ecologista insiste en las posibilidades que Marina de Cope, espacio de costa virgen, ofrece al «turismo sostenible», al «turismo medioambiental» porque, según asegura Luengo, «tenemos informes de la Universidad de Murcia en los que se pone de manifiesto la puesta en valor de todo el territorio de Marina de Cope como espacio natural», dándole usos «ligados al turismo de naturaleza y al turismo rural», ya que cuenta con «importantísimos valores ambientales, geomorfológicos, paleontológicos y culturales».

 

La Comunidad Autónoma recurrió esta sentencia en el Tribunal Supremo, aunque no se espera una resolución «al menos en dos años», según Eduardo Salazar.

Retegui considera una "cobardía" achacar a Pedro Saura toda la responsabilidad de los resultados electorales del PSRM

MURCIA.-   La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, considera una "cobardía" achacar al actual secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, toda la responsabilidad de los resultados electorales del partido.

  La socialista ha destacado la difícil época que le ha tocado gestionar como secretario general del PSRM, "donde se ha ido debilitando el partido y el apoyo al mismo".

   "Esto ha sido una losa para él y para los anteriores secretarios generales de no encontrar realmente la salida entre todos", ha apostillado. Por lo que, a su juicio, achacarle toda la responsabilidad a Pedro Saura sería una cobardía "absoluta y total".

   Al tiempo que ha destacado el "valor" de Saura al decidir no volver a presentarse a la Secretaría General del partido.

   Es un acto que le honra, añadió, "es consciente de que con su imagen no crecíamos, aparentemente", porque, recordó, "mis resultados electorales han sido peores".

  , "De lo que ocurre en el PSOE somos todos responsables, por no haber sabido, quizás, encontrar el punto de conexión necesario para que los ciudadanos entendieran que éramos y somos la única alternativa al PP".

   Pero, zanjó, claramente, "si los ciudadanos no nos han votado es porque no hemos hecho bien algo".

 

Congreso del PSRM

Tras el debate federal, recordó, se abre el congreso ordinario del PSRM, pero, aseguró, "todavía se está elaborando la ponencia marco regional", posteriormente se abrirá un proceso de debate en todas las agrupaciones.    Lo que está claro, apuntó, es que Pedro Saura no va a liderar el cambio del partido, puesto que ya anunció que no se presentaría a la Secretaría General, "algo que le honra"; y que se trata de un congreso "donde nos interesa mucho cuál es el modelo de partido a nivel regional, cómo se configuran las agrupaciones y en el que, de momento, vamos a entrar en un debate sobre ideas".
   Luego, en caso de existir diferentes formas de ver el partido o espíritus para llevarlo a cabo, saldrán, previsiblemente, los candidatos, pero, indicó, "ahora no hay ninguno porque tampoco está abierto el proceso".
   A su juicio, "lo primero que hay que ver es cuál es el modelo de partido y cómo queremos cambiar el PSOE regional, qué tenemos que hacer; luego elegiremos a la persona que mejor pueda hacerlo, no al revés".
   Hay que esperar a conocer el proyecto político del PSOE a nivel general, para después adaptarlo a la realidad de la Región de Murcia. "El partido que decidamos en Sevilla es el que se tiene que adaptar a la Región", matizó.

 La Región de Murcia "necesita definir un proyecto político como contraposición al que ofrece el PP, que pide pasar del despilfarro a la austeridad de quienes no son responsables y mayor recorte a los que menos tienen", reprobó.    "Tenemos que hacer un proyecto alternativo de Región en donde se pueda visualizar que hay que pedir impuestos más progresivos, que paguen aquellos que más tienen, y revisar todo aquello que nos sitúe por debajo del conjunto de España, hay que reclamar y poner a la Región donde le corresponda porque sus ciudadanos no son de segunda ni de tercera".
   También hay que definir cuál es el modelo que se quiere, que debería diferenciarse por la calidad, por universidades potentes, la formación como seña de identidad y recuperar el sector industrial y el turístico, prosiguió.
   "Una Región diferente a la actual y a la que ofrece el PP, mucho más justa fiscal y socialmente". Y es que, insistió, "la política del PP nos lleva a las castas, a una sociedad donde los ricos serán más ricos y donde desaparece prácticamente la clase media".

 

Apoyo a Rubalcaba

Retegui ha asegurado finalmente que votará a Alfredo Pérez Rubalcaba a la Secretaría General del PSOE, en el XXXVIII Congreso Federal del PSOE en Sevilla, ya que, a su parecer, "es lo que ahora necesita el partido".    Retegui es uno de los 26 delegados por Murcia que irá con voto al Congreso Federal.

La causa contra el exsenador Manuel Hurtado regresa a los juzgados de Molina de Segura

MURCIA.- La causa abierta contra el exsenador socialista y exalcalde de la localidad murciana de Ceutí, Manuel Hurtado, por las supuestas irregularidades cometidas en las obras de adjudicación y contratación de un complejo polideportivo en el municipio murciano de Ceutí, regresa al juzgado de Molina de Segura, tras perder éste su condición de aforado.  

   Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha acordado declarar la no competencia de esta Sala por carecer actualmente de la condición de diputado o senador, remitiendo las presentes actuaciones al Juzgado de Instrucción nº 5 de Molina de Segura.

   La resolución del Tribunal Supremo recuerda que en noviembre de 2010, esta Sala acordaba asumir la competencia de la causa y designaba Instructor al magistrado Carlos Granados Pérez.

   El pasado mes de julio el Magistrado Instructor acordó citar al imputado aforado a fin de oír su versión sobre los hechos; tras la declaración, Hurtado manifestó su "inocencia" y su deseo de que se resolviera "pronto" la resolución sobre el caso.

   Meses antes, Hurtado defendió también su inocencia y dejó claro que las obras de contratación fueron "perfectas". El que fuera alcalde de Ceutí durante casi tres décadas manifestó entonces que se trata de un tema que "movió" el PP y cuestionó que presentara en 2007 una denuncia por unos hechos de 2003.

   Los hechos se remontan al pasado mes de mayo de 2007, cuando la presidenta del Partido Popular en Ceutí, Beatriz Sandoval, y la concejala, Adoración Ayala, anunciaron la presentación de una "querella criminal" ante el Juzgado de Instrucción de Molina de Segura contra Hurtado, por "presunto delito de prevaricación y un presunto delito de falsedad documental en la adjudicación y contratación de una obra a espaldas del órgano competente".

   En concreto, las ediles del PP presentaron una querella sobre la adjudicación a una empresa para la construcción del Complejo Deportivo 'José Antonio Camacho' de Ceutí, por valor de 1.883.263,85 euros.

   Sandoval y Ayala denunciaron entonces que Hurtado adjudicó la obra "sin respetar los procesos de contratación que contempla la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".

Los hospitales públicos en la Región de Murcia adeudan 265 millones en medicamentos

MURCIA.- La deuda por suministro de medicamentos a hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) asciende a 6.369,3 millones de euros, un 36 por ciento más que en la misma fecha de 2010 cuando la deuda superaba los 4.684 millones de euros, informa Farmaindustria, que sitúa la deuda de los hospitales de la Región de Murcia por este concepto en 265,1 millones de euros (un 4,3 por ciento más que en 2010), el sexto mayor incremento a nivel nacional.

   Respecto al periodo medio de pago, Murcia es la séptima CCAA con mayor demora, hasta situarse en 633 días, frente a los 625 de 2010 (1,4 por ciento).

   Los datos, que ha compilado la patronal farmacéutica dentro de la monitorización trimestral con fecha a 31 de diciembre, muestran además que la demora media de pago es de 525 días, aunque pero cuatro comunidades autónomas superan los 800 días.

   "El importante aumento de la deuda (36%) contrasta con el estancamiento de las ventas a hospitales (1,1%) en 2011, de lo que se deduce que el aumento de la demora se debe a la dramática caída de los pagos por parte de las comunidades autónomas y no a nuevas compras", advierten.

   Farmaindustria pide que esta situación no se prolongue por más tiempo y advierten de que las consecuencias de esta situación "son verdaderamente dramáticas", ya que las compañías no tienen capacidad de seguir funcionando y puede llegar a estar en riesgo el suministro de medicamentos estratégicos en términos de normalidad. Además, entienden que "la imagen internacional de España se está desmoronando al no hacer frente a estos pagos"

   Ante esta coyuntura la patronal farmacéutica ya le ha hecho llegar al Gobieno central y a las comunidades autónomas con mayores demoras la necesidades del sector. Asimismo, manifiesta su interés por colaborar con las administraciones en la articulación de una solución que suponga normalizar el pago de las nuevas compras a partir de 2012 en los plazos legales establecidos para evitar que se siga incrementando el volumen de la deuda. Asimismo, con  el necesario establecimiento de una fórmula que permita hacer frente a un plan de pagos de la deuda acumulada hasta la fecha con las suficientes garantías.

   Por comunidades autónomas, Andalucía es la que registra el mayor nivel de deuda (1.523,7 millones de euros), seguida de la Comunidad Valenciana (1.292,5 millones), Madrid (762,3 millones) y Castilla y León (573,4 millones). Les siguen Castilla-La Mancha (408,2 millones), Murcia (265,1 millones), Galicia (264,7 millones), Cataluña (252,3 millones), Baleares (216,3 millones) y Aragón (202,6 millones).

   Por debajo de los 200 millones, se encuentra Cantabria (180,9 millones), Asturias (153,6 millones) y Canarias (120,9 millones). Las comunidades con menor nivel de endeudamiento por suministro de medicamentos son las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (800 mil euros) Navarra (14,4 millones), País Vasco (37 millones), La Rioja (46,6), y Extremadura (54,3).

   Asimismo, sólo dos comunidades consiguieron reducir el montante de su deuda hospitalaria en 2011 -- Navarra un 51,4% y País Vasco un 28,9%--. Por el contrario, entre las regiones que más la han incrementado se encuentran Castilla-La Mancha (un 89%), Aragón (67,2%), Comunidad Valenciana (un 57,9%), Galicia (un 54,4 %), y La Rioja (un 51,4 %).

   El periodo medio de pago queda establecido en 525 días, 135 más que en 2010, lo que supone un incremento del 34,6 por ciento. Hasta cuatro comunidades acumulan más de 800 días de retraso en el pago por suministro de medicamentos a hospitales.

   La Comunidad Valenciana es la que registra una mayor demora (884 días), seguida de Baleares (848), Castilla y León (816) y Cantabria (804). Por encima de la media les siguen Andalucía (746), Castilla-La Mancha (742) y Murcia (633).

   Por debajo de la medida, Asturias (476), Aragón (451), La Rioja (439), Madrid (363), Galicia (306), Cataluña (275), Canarias (220), Extremadura (161), Navarra (73), País Vasco (70) y la Comunidades Autónomas de Ceuta y Melilla (28).

   Nuevamente Navarra y País Vasco fueron las dos únicas comunidades que redujeron su periodo medio de pago, un 50,6 y un 23,9 por ciento respectivamente, mientras que Castilla-La Mancha fue la que más lo aumentó (un 91%), seguida de Aragón (66,7%), Galicia (61,1%), Comunidad Valenciana (57,7%) y Baleares (44,1%).

La Comunidad quiere recaudar 735.000 euros en tasas a desfavorecidos y se niega a ingresar 21 millones de ricos

CARTAGENA.- La responsable de Sanidad y Política Social del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, ha denunciado públicamente que el Gobierno regional pretende recaudar 735.800 euros en 2012 imponiendo tasas a las personas en situación de dependencia, las personas con discapacidad y las familias numerosas, mientras que "se niega a implantar el Impuesto de Patrimonio a los ricos", que supondría "21 millones de euros de ingresos a las arcas regionales".

   En una rueda de prensa, Rosique ha tachado esta política de la Comunidad como "indecente" y recordado que ya pidieron la eliminación de estas tasas en el debate parlamentario presentando enmiendas. Comoquiera fueron rechazadas por el PP, la portavoz socialista ha anunciado que el PSOE ha presentado una moción este mismo jueves en la Asamblea Regional para exigir su eliminación.

   Además, Rosique ha señalado que el PSOE va a utilizar el cauce que posibilita el reglamento de la Asamblea Regional para intentar que esta moción se pueda tramitar con carácter de urgencia, con lo que la Junta de Portavoces tendrá que pronunciarse al respecto.

   Rosique ha recordado que la Ley de Acompañamiento, que fue aprobada en la Asamblea Regional con los votos mayoritarios del PP, fijaba tres tasas que afectan a los colectivos "más vulnerables" de la Comunidad Autónoma, como los dependientes, las personas con discapacidad y las familias numerosas.

   Así, la tasa por expedición y renovación del título de familia numerosa "hay que pagarla cuando pidas la expedición del título y certificado del mismo". En concreto, este gravamen oscila entre los 25 euros si la categoría es especial o los 15 euros si es una categoría general.

   Igualmente, ha reprochado que el Gobierno regional cobra diez euros por la renovación del título de familia numerosa, y pide cuatro euros por solicitar un duplicado.

   La tasa por solicitud del reconocimiento y revisión del grado de dependencia, solo por su solicitud y acogerse a la Ley, cuesta 30 euros. Mientras que las tasas planteadas para el reconocimiento, revisión o certificación del grado de discapacidad oscila entre los 20 euros para la solicitud de reconocimiento, 20 euros para la petición de renovación y diez euros para la certificación.

   Retegui ha insistido en que el Gobierno regional pretende recaudar 735.800 euros por estas tasas, tal y como consta en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

   A su juicio, el Gobierno regional "tiene a la Comunidad Autónoma sumida en prácticamente una quiebra financiera y cree que metiendo la mano en el bolsillo de las personas con discapacidad, de las personas en situación de dependencia y de las familias numerosas va a resolver la irresponsable y grave situación a la que nos ha llevado la política del presidente Ramón Luis Valcárcel y su Gobierno".

   Sin embargo, Rosique reprocha que la Administración regional "se niega a aplicar el Impuesto de Patrimonio, que supondría una recaudación para las arcas públicas ni más ni menos que de 21 millones de euros". Asimismo, recuerda que el Gobierno regional puede recurrir a otras figuras fiscales que el PSOE propuso en sus enmiendas como las "tasas a las grandes superficies y entidades financieras, entre otras".

   Precisamente, ha recordado que el Impuesto de Patrimonio ya está siendo aplicado por otras comunidades, incluida Castilla-La Mancha, gobernada por María Dolores de Cospedal, que se "oponía abiertamente a su aprobación pero que ahora ha tirado de él para conseguir una recaudación".

   Para la diputada socialista "resulta inaceptable por indecente que el Gobierno regional demuestre tan desmedido afán recaudatorio hacia los colectivos más vulnerables, metiendo la mano en sus bolsillos para recaudar 735.800 euros, mientras se niega a aplicar en la Región el Impuesto de Patrimonio a los ricos que supondría 21 millones de euros de ingresos para las arcas regionales".

   Más allá de las cuantías económicas, esta política "dice mucho del talante y de la ideología, de la insolidaridad y del carácter injusto de las políticas que el presidente Ramón Luis Valcárcel y su Gobierno tienen en la Comunidad de Murcia", ha añadido.

   Cabe recordar que estas tasas también han merecido la denuncia del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que las ha calificado como "injustas", además de considerar que "no se ajustan a la legalidad fiscal y por lo tanto son contrarias a la legislación tributaria básica".

   El PSOE considera que estas tasas "incumplen la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia, que en su artículo 39.4 dice textualmente: "En todo caso, tendrán el carácter de gratuito los Servicios de Información, Valoración y Asesoramiento, de Inserción Social, de Promoción y Cooperación Social, así como los servicios de reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía".

   Rosique ha recordado que se trata de un punto que "sigue en vigor, ya que en ningún apartado de la Ley de Acompañamiento aprobada por el PP se dice que queda derogado". Por tanto, el PSOE se suma a la denuncia del CERMI, al considerar que "no cumple la legislación general básica", y añade que tampoco cumple la Ley de Servicios Sociales que "establece la gratuidad de estas solicitudes".

   A su juicio, no tiene "ni pies ni cabeza que, para solicitar un derecho que establece la Ley, tenga que pagar simplemente por el hecho de acogerse al mismo, máxime cuando se trata de colectivos tan vulnerables".

   Rosique ha recordado que los colectivos afectados "necesitan un sobrecoste para hacer frente a sus necesidades diarias, y precisan más recursos que una persona que no se encuentre en la situación en la que se encuentran estas personas".

   Por tanto, defiende que lo que necesitan estos colectivos "son ayudas de las administraciones, y no la aplicación de tasas fiscales con un fin recaudatorio, es decir, que metan la mano en sus bolsillos".

   Rosique ha mostrado su deseo de que el Gobierno regional "rectifique esta injusticia indecente e inaceptable", y estima que la vía más rápida para lograrlo es la vía institucional y política, mientras que el recurso contencioso-administrativo que se podría presentar "llevaría muchísimo tiempo".

   Mientras se resuelve el procedimiento judicial, Rosique recuerda que los colectivos más vulnerables "seguirían pagando las tasas mientras no fuesen anuladas". Por ello apela a la reflexión del Gobierno regional y que corrija este "error".

Los inversores, atentos a los edificios de oficinas embargados que liquidarán los bancos

MADRID.- Los inversores inmobiliarios están a la espera de que las entidades financieras liquiden los activos de oficinas procedentes de embargos que tienen en balance, muchas de ellas en Murcia, según indica un estudio de mercado de Jones Lang LaSalle.

   Esta consultora inmobiliaria estima que este tipo de inmuebles comenzarán a salir al mercado en el segundo trimestre de este año.

   "Las instituciones financieras todavía no están dispuestas a aceptar los ajustes de precio necesarios y además se encuentran limitados por el hecho de que algunos de estos activos forman parte de préstamos sindicatos firmados con otras entidades", indica la  firma para explicar la demora en la venta de estos activos.

   Por el momento, en 2011 la inversión en edificios de oficinas de Madrid fue de menos de la mitad respecto al total de 2010. El pasado año se cerraron operaciones de compraventa por un importe de 311 millones de euros, un 40% menos que un año antes.

   En este importe no se incluye la operación por la que el fundador de Inditex, Amancio Ortega, adquirió la Torre Picasso de Madrid a FCC por 400 millones de euros, una transacción que "se espera que concluya en el primer trimestre" de este año.

   No obstante, para Jones Lang LaSalle, esta operación "confirma" que se mantiene el interés de los inversores inmobiliarios nacionales "en buenos productos".

   En este sentido, el estudio de mercado de la firma destaca que las rentabilidades para edificios de oficinas en inversión ha alcanzado el 6% por vez primera desde 2009, equiparando así esta tasa a las que presentan Barcelona y Bruselas.

   Respecto al mercado de alquiler de oficinas en la capital, la consultora constata un descenso en las rentas de alrededor del 1% durante el pasado año, como consecuencia de la menor oferta y la alta tasa de disponibilidad.

   Según sus datos, a cierre del pasado mes de año casi el 11% de la superficie del parque total de oficinas de Madrid estaba vacío, porcentaje superior al de 2010 "a causa de desocupaciones graduales".

La Plataforma CAM consigue 120 apoyos para la denuncia colectiva presentada hoy en la Audiencia Nacional

MADRID.- La Plataforma CAM presentó esta mañana en la Audiencia Nacional una denuncia colectiva contra la anterior cúpula directiva de la Caja de Ahorros del Mediterráneo con la firma de cerca de 120 afectados por las cuotas participativas y participaciones preferentes.

Sin embargo, según explicó el portavoz, Carlos Pena, estos datos son provisionales, puesto que la plataforma sigue «haciendo recuento para evitar repeticiones».
Además, en palabras de Pena, recibe por correo «entre siete u ocho firmas diarias» para adherirse a la iniciativa judicial.

El abogado Diego de Ramón, que ya presentó una querella contra la CAM, ha sido el encargado de entregar la denuncia en la Audiencia Nacional.

Asimismo, la intención futura  es ampliar la demanda para pedir también responsabilidades a los órganos encargados de supervisar la gestión de la CAM, como son el Banco de España, el  Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenado (FROB), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Además, en esta iniciativa se solicita también el embargo de parte del dinero de la Obra Social de CAM para destinarlo al pago de la deuda con los afectados.

Paralelamente, hoy entregó en el Congreso de los Diputados una carta solicitando la comparecencia del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para que explique «la situación de los ahorradores atrapados en los productos tóxicos».

La mayoría de las CC.AA acumulará la oferta de empleo público docente en 2013

MADRID.- El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha afirmado que la "gran mayoría" de las comunidades autónomas se han mostrado partidarias de acumular la oferta de empleo público docente en 2013, de manera que este año no van a convocar plazas. 

   "Se ha producido una muy mayoritaria convergencia de las comunidades para considerar que esa tasa de reposición resulta en muchos casos antieconómica y que es más conveniente acumularla al año siguiente", ha puntualizado el ministro tras presidir la Conferencia Sectorial de Educación.

   Se trata de la primera reunión con todas las comunidades autónomas desde que Wert tomara posesión del cargo, hace más de un mes, y antes de comparecer en el Congreso de los Diputados, el próximo martes 31 de enero, donde detallará las políticas de su departamento para la Legislatura.

Desestimado el recurso de Ryanair para embarcar a pie de forma cautelar en el aeropuerto de Alicante

ALICANTE.- La sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado el recurso de apelación presentado por Ryanair, en el que pedía como medida cautelar el mantenimiento del embarque y desembarque a pie en la nueva terminal del Aeropuerto de Alicante sin necesidad de emplear pasarelas o 'fingers'.

   El auto reafirma la sentencia del juzgado de lo Mercantil nº 3 de Alicante, que ya desestimó las medidas cautelares que la aerolínea de bajo coste pedía para continuar haciendo el embarque y desembarque a pie en la nueva terminal.

   El tribunal insiste en que hay "dudas razonables de que exista perjuicio inmediato e irreversible a la compañía" por el uso de pasarelas, por lo que desestima el recurso de apelación, y entiende que las razones de seguridad alegadas por Aena "no son infundadas".

   La compañía aérea recurrió la decisión del juzgado alicantino al considerar que en base al principio de libertad de empresa, se constituyó como compañía aérea 'low cost', que fundamenta su modelo de negocio para la captación de pasajeros en el menor costo del viaje sobre la base de reducción de costes operacionales, tales como desembarque y embarque de pasajeros, para lo cual prescinde de los 'fingers' o pasarelas, optando por el acceso a pie.

   Según Ryanair, Aena ha "impuesto" el uso de pasarelas en la nueva terminal, a pesar de que la apertura de la base en Alicante había tenido como "condición determinante" el poder embarcar y desembarcar sin uso de pasarelas.

   Para la compañía, ese cambio es una "imposición unilateral que supone una infracción de la normativa de defensa de la competencia", por lo que sería "procedente adoptar como medida cautelar mantener las condiciones" anteriores.

  Además, la aerolínea irlandesa consideraba que Aena "ha abusado de su posición dominante al imponer un determinado servicio, cuya prestación no desea", con una "imposición de precios abusiva".

   No obstante, el auto argumenta que la compañía opera en otros aeropuertos mediante pasarelas o jardineras, lo que demuestra que estas operaciones "no son un factor necesariamente y característico, por exclusivo y absolutamente general de la compañía".

   Por ello, considera que no está acreditada la exclusividad en la compañía en una fórmula de embarque o desembarque, ni la exención general de tasas por tales operaciones, ni la pérdida de puntualidad derivada de aquella situación.

   Ante estos argumentos, Aena reiteró que la razón que le ha llevado a adoptar el uso de los 'fingers' se sustenta en las condiciones de las infraestructuras que la Nueva Área Terminal (NAT) del Aeropuerto de El Altet impone, y que hacen de dichas operaciones a pie "un hecho gravado de inseguridad".

   Así, reconoce que los embarques a pie son factibles en 15 de las prepasarelas con las que cuenta la NAT, 12 de las cuales disponen de puerta de embarque para estacionamientos remotos que son puertas de acceso desde las terminales a las zonas de estacionamiento.

   Por ello, en la actualidad están autorizados los embarques y desembarques a pie, si bien para ello Aena ha debido adoptar medidas temporales porque supone "una relevante restricción de las instalaciones".

   En este sentido, el auto entiende que las razones de seguridad de pasaje alegadas por Aena "no son infundadas", y destaca que "durante estas operaciones a pie, los pasajeros invaden los estacionamientos contiguos, comprometiendo su seguridad e incumplimiendo la normativa de seguridad en plataforma".

   Por este motivo, para poder realizar este tipo de embarque, Aena se ve obligada a eliminar el estacionamiento simultáneo de una aeronave en el stand contiguo izquierdo, lo que conlleva la reducción de la capacidad de estacionamiento al inutilizarse seis de las quince posiciones de contacto.

   De igual modo, el auto valora la documentación aportada por Aena en la que comparaba los datos de junio y julio de 2011, que demuestra una mejora en los índices de puntualidad desde el uso de las pasarelas, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

   El tribunal considera que no está probado el perjuicio a Ryanair y por ello desestima el recurso de apelación, le impone las costas procesales, y le recuerda que ha perdido el depósito efectuado para recurrir. Este auto es firme, por lo que no cabe recurso alguno.

Las administraciones que no corrijan el déficit pagarán multas si reinciden

MADRID.- Las administraciones que no cumplan sus planes económicos-financieros para corregir las desviaciones de déficit deberán constituir un depósito, que podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.

   Esta es una de las novedades que se incluirán en el anteproyecto de ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las administraciones públicas, que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado este jueves en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.

   Además, las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable, puesto que el anteproyecto que aprobará el Ejecutivo este viernes transpone los mecanismos correctores de la Unión Europea.

   Asimismo, se establecerá un mecanismo de alerta temprana y de respuesta inmediata ante la desviación en los planes correctores. De hecho, Hacienda podrá enviar una delegación a los territorios que considere oportunos para valorar la situación de la administración incumplidora, tal y como ocurre en la Unión Europea.

Montoro rechaza que Estado autonómico sea sinónimo de "despilfarro"

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha rechazado la idea de que el Estado de las autonomías sea sinónimo de "despilfarro" y ha sostenido que es "perfectamente compatible" un sistema descentralizado con una prestación "eficiente" de los servicios. Además, ha trasladado a las comunidades autónomas el compromiso del Gobierno de "respeto" a sus competencias más allá de la coordinación y control necesarios. 

   En su primera comparecencia en el Congreso ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro ha sostenido que el Estado de las autonomías es "consustancial" a la democracia española y se ha marcado el objetivo de "desterrar" la "asimilación que se ha instalado en la opinión pública" igualando el Estado de las autonomías con el "despilfarro".

   "No tiene nada que ver con un estado del despilfarro. Es perfectamente compatible con administraciones descentralizadas eficientes en la prestación de servicios públicos", ha insistido antes de poner como ejemplo a países de nuestro entorno "con rigor" y una administración federal.

   Además, ha querido trasladar a las comunidades autónomas y entidades locales la decisión del Gobierno de actuar con "máximo respeto" a sus competencias y su nivel de autogobierno y ha pedido no confundirlo con la transparencia, controles y exigencias del Estado en ámbitos como, por ejemplo, la futura ley de estabilidad presupuestaria.

   En este sentido, Montoro ha valorado el compromiso por el cumplimiento del déficit alcanzado por todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado la pasada semana y ha repasado las líneas principales que incluirá la futura legislación.

   El ministro ha realizado además una breve referencia en el comienzo de su intervención a la decisión del Gobierno de penalizar a los malos gestores públicos y ha sostenido que es una práctica que se debe "desterrar" y "erradicar por ley".

   "Los gestores públicos que falseen las cuentas públicas en sus diferentes ámbitos de responsabilidad, esas prácticas hay que erradicarlas porque van contra la transparencia más fundamental del ejercicio del gobierno y contra los principios esenciales de la democracia", ha explicado.

   Montoro ha situado a las administraciones públicas como elementos de "primer orden" para la competitividad de la economía española y por ello ha fijado el objetivo de modernizarlas "para avanzar en el ámbito económico, social y su impacto medioambiental" favoreciendo el crecimiento económico y la creación de empleo.

   En esta línea de reforma de las administraciones públicas ha recordado la necesidad de suprimir el número de organismos, fundaciones o entes públicos dependientes de la administración central, autonómica o local, "en aras de la transparencia y buen gobierno".

   Para el ministro, estos entes "no son empresas públicas", sino "procedimientos de toma de decisiones políticas arbitrarias y fuera de control".

"Tenemos que volver al redil de la conducta ortodoxa, identificada y transparente propia de los gobiernos actuales", ha defendido antes de adelantar que se trabajará en este sentido "en el plazo más breve posible".

   Además, ha adelantado que el Ejecutivo también pondrá en marcha una homogeneización de leyes y normativas autonómicas y locales que "impiden hoy en día la actividad económica de libre circulación en España" y ponen "barreras" al desarrollo de las empresas y el crecimiento económico.

   Montoro ha dedicado también unas palabras a la situación de los municipios y ha garantizado la voluntad del Gobierno de "equiparar" su trato al de las comunidades autónomas. "Las entidades locales deben dejar de ser esa cenicienta de orden menor", ha reconocido antes de avanzar su voluntad de "reordenar instrumentos".

   En este sentido, ha apuntado una reforma de la administración que suprima competencias "reproducidas" hasta llegar al cumplimiento del lema de "una administración, una competencia" y se supere la actual situación "anómala" por la que los ayuntamientos prestan servicios que no les corresponden, con la correspondiente "carga" que eso les supone.

   Desde el PSOE, la diputada Inmaculada Rodríguez Piñeiro ha pedido a Montoro que el Gobierno cumpla con su compromiso de sacar adelante la ley de estabilidad presupuestaria con consenso y le ha reclamado que cumpla con su "responsabilidad". Además, ha reconocido que comparte su discurso de respeto a la autonomía de las comunidades y le ha pedido que lleve estas palabras también "a los hechos".

   Desde el PSC, Meritxell Batet ha criticado la parte del discurso del ministro referida al sector público empresarial y ha advertido de que no supone "un buen inicio" para poner en marcha una remodelación del sector. De la misma forma, le ha pedido un discurso "más rico y riguroso" en lo referido a las duplicidades entre las administraciones públicas.

   Los representantes de todos los grupos parlamentarios han agradecido la garantía de Montoro de respeto a las competencias de las comunidades autónomas y entidades locales y le han avisado de que estarán vigilantes de que este compromiso se cumpla.

   El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha pedido también consenso en la ley de estabilidad presupuestaria para que las comunidades autónomas "no salgan perjudicadas" y ha exigido al Ejecutivo un "escrupuloso" respeto al autogobierno de las autonomías y sus competencias. "De entrada nos tranquiliza", ha reconocido.

   En este contexto, la diputada de ICV, Laia Ortiz, ha advertido a Montoro de que, a su juicio, "empieza mal la legislatura" jugando un papel de "policía" de las comunidades autónomas. Y mientras, ha recordado, el Estado "no cumple sus compromisos" con las administraciones y "no paga sus deudas".

   De la misma forma, la representante de ERC, Teresa Jordà, ha reivindicado la "independencia fiscal" para Cataluña mediante un sistema similar a los conciertos del País Vasco o Navarra. "Queremos recaudar nuestros impuestos y decidir qué hacemos con ellos --ha sostenido--. Los catalanes viven muy por debajo de sus posibilidades y empiezan a ser conscientes de ello".

   Por su parte, el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, ha afirmado que su grupo parlamentario pedirá siempre el máximo nivel de respeto a las comunidades autónomas. "Vamos a ser implacables", ha avisado antes de pedir que la ley de estabilidad presupuestaria respete "escrupulosamente" el actual marco estatutario y "no trate de imponer con la excusa de la crisis económica".

   Por último, la diputada de Amaiur Maite Ariztegui ha mostrado su rechazo a todo tipo de medidas "recentralizadoras" y ha reivindicado el "derecho" de la sociedad vasca a "decidir su futuro con un marco propio de ingresos y gastos". .

La Eurocámara, a favor del nuevo acuerdo agrícola con Rabat

BRUSELAS.- La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) ha votado a favor del nuevo acuerdo agrícola con Marruecos, que permitirá una mayor entrada en el mercado comunitario de tomate marroquí. Los agricultores españoles critican el acuerdo porque creen que Rabat no respeta las reglas de precios y contingentes del convenio en vigor y los eurodiputados españoles del PP y PSOE habían anunciado que votarían en contra.

   El nuevo acuerdo fue negociado en 2010 entre Rabat y Bruselas y ha recibido el visto bueno de los Veintisiete, pero necesita la ratificación de la Eurocámara para su entrada en vigor. Tras el voto de este jueves, está previsto que el pleno se pronuncie definitivamente el próximo 15 de febrero.

   Los eurodiputados han enmendado la recomendación redactada por el francés José Bové (Verdes) que pedía tumbar el acuerdo porque colocaría a los productores europeos "en una dura competencia difícil de mantener". Bové también criticaba la falta de una evaluación de impacto económico y medioambiental del nuevo convenio y la situación del Sáhara occidental, cuya población reclama ser excluida de los acuerdos con Marruecos.

   Con los cambios introducidos  por las enmiendas adoptadas en la comisión INTA, el proyecto de recomendación que llegará al pleno del Parlamento Europeo pedirá "conceder" el visto bueno definitivo al nuevo convenio comercial de productos agrícolas y pesqueros con Rabat.

   La ratificación de la Eurocámara es el último requisito para que entre en vigor el acuerdo que prevé la liberalización progresiva de casi todos los productos agroalimentarios, aunque también incluye un régimen arancelario por contingentes para alimentos "sensibles" como el tomate, el pepino, la fresa, la mandarina, el ajo, el calabacín y el azúcar.

   La entrada en el mercado comunitario de un mayor volumen de tomate marroquí con arancel reducido es una ventaja fuertemente criticada por los agricultores españoles, en especial desde Canarias, Andalucía y Murcia. Otras comunidades autónomas como la valenciana se han sumado a las críticas por temor a que perjudique a otras producciones como la naranja.

El Banco Sabadell afrontará vencimientos de 11.000 millones este año

BARCELONA.- Banco Sabadell afrontará vencimientos de deuda por 11.000 millones de euros este año, de los que 4.000 corresponden a la entidad y 7.000 a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

   El director financiero de Banco Sabadell, Tomás Varela, ha explicado que la entidad ha captado financiación por 4.000 millones en el Banco Central Europeo (BCE), al que el Sabadell no había recurrido desde hacía un año pero al que acudió en la subasta de diciembre porque tenía vencimiento a tres años, lo que supone más largo plazo, en vez de corto como antes.

   Esta liquidez ha servido para adquirir deuda soberana --objetivo del BCE con la subasta de diciembre-- y para anticipar la cobertura de los vencimientos de 4.000 millones de 2012, pero no se ha dedicado a los resultados de 2011, ha señalado Varela en la presentación de las cuentas del pasado año.

   El presidente de la entidad, Josep Oliu, ha explicado que, con las subastas del BCE a más largo plazo, el Sabadell tendrá al banco europeo como "fuente estable de financiación a medio plazo", frente a las reticencias que tenía hasta ahora porque la financiación a corto plazo era más peligrosa.

   Oliu ha señalado que se han preparado para afrontar los retos de 2012 en España con la elevada tasa de paro y los ajustes en el sector público --que ve necesarios--, en definitiva "para afrontar los momentos de incertidumbre y seguir creciendo", especialmente entre las rentas medias.

   La plantilla ha pasado en un año de 10.777 empleados a 10.675, y la red de oficinas de 1.467 a 1.382, lo que supone una ligera caída.

   Oliu ha repasado las adquisiciones de los últimos años --una por año desde 2008--, todas para crear valor para el accionista, ha incidido.

   Sobre la operación de Banco CAM, ha descartado poner fecha para cerrar la operación, ya que depende de las autorizaciones pertinentes, y ha insistido en que es "transformacional" para el banco, que pasará de unos activos de 100.000 a 166.000 millones, a un 6,2% de cuota de mercado y a más de 5 millones de clientes.

   "Con CAM alcanzaremos casi todos los objetivos del plan estratégico CREA (2011-2013) en la mitad de tiempo", ha remarcado.

   El consejero delegado del banco, Jaume Guardiola, ha insistido en que el objetivo del Sabadell es "iniciar la recuperación de CAM rápido, porque tenemos los mimbres para hacerlo, en cuanto tengamos la gestión".

   Oliu ha expuesto que CAM mantendrá la marca en la Comunidad Valenciana y Murcia --sus territorios clave--, probablemente con la denominación SabadellCAM, y puede que también en Baleares, siguiendo el modelo aplicado en Banco Herrero y el Guipuzcoano, a la vez que ha descartado pujar por el de Valencia.

   Asimismo, el banco estará "encantado" de contar con la incorporación de accionistas valencianos, como ha pasado en otras adquisiciones, a las que se han incorporado accionistas (muchos también clientes) de las entidades absorbidas.
Respecto a la morosidad de la CAM (del 20 por ciento), Oliu ha apuntado que con el proceso de saneamiento de la operación de compraventa, deja de ser relevante este dato pasado para la aportación al resultado futuro.