jueves, 5 de noviembre de 2009

El Ayuntamiento de Córdoba reclama a Unicaja y CajaSur que negocien con los sindicatos el acuerdo laboral para su fusión

CÓRDOBA.- El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó hoy por unanimidad una moción conjunta del gobierno (IU y PSOE) y la oposición (PP) mediante la que reclaman a Unicaja y CajaSur que, en el proceso de fusión que han iniciado, "se abra la mesa de negociación con los legítimos representantes de los trabajadores" para abordar un "acuerdo laboral de fusión que garantice el empleo".

El Consistorio, que dio su apoyo al acuerdo de fusión, "en los términos unánimemente aprobados por el consejo de administración de CajaSur", demandó hoy igualmente que dicho acuerdo laboral se alcance en base "a los términos previstos en el artículo 14 bis, apartado 2b, sobre derechos y garantía de los trabajadores afectados por la fusión", de la ya reformada Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía.

Por otro lado, el acuerdo plenario, del que se dará traslado a los consejos de administración y representantes de los trabajadores de Unicaja y CajaSur, pide "que Córdoba mantenga una presencia relevante en los próximos órganos de dirección y gestión de la nueva Unicajasur, así como que se concrete un modelo de gestión basado en la profesionalidad y unidad de la empresa, que posibilite conformar una estructura de plantilla basada en criterios de profesionalidad, capacidad, dedicación y esfuerzo en su trabajo actual".

Finalmente, el Ayuntamiento cordobés demanda "que Córdoba y su provincia mantenga capacidad de decisión, como establece el apartado III del Protocolo de Fusión, niveles de inversión, representatividad y apoyo, tanto de la Obra Social de la nueva entidad, como del Grupo de Empresas".

Poco antes de la aprobación de esta moción, intervinieron en el Pleno responsables de los sindicatos con representación en CajaSur, haciéndolo en primer lugar Luis Torres (UGT) y Rafael Rodríguez (CCOO), quienes coincidieron en que, en el escenario actual, la mejor opción para CajaSur es su fusión con Unicaja, pues, según Torres "el coste laboral sería mayor en el caso de producirse la fusión".

Eso sí, Torres reclamó que los sindicatos dispongan de toda la información del proceso de fusión, para poder "salvaguardar los derechos de los trabajadores", lo que también requiere "la firma previa de un acuerdo laboral", para garantizar la estabilidad del empleo, y que se disponga de un "plan de viabilidad, que impulse modelos de dirección, gestión y control contrapuestos a los vistos hasta ahora" en CajaSur.

Por su parte, Rodríguez (CCOO) avisó que su sindicato "no tolerará" en la futura Unicajasur "el mantenimiento de privilegios" en beneficio de quienes, al frente de CajaSur, han sido los responsables de los "desajustes estratégicos" que sufre la entidad "desde hace años", pues "su apuesta por una economía centrada en el sector inmobiliario y por una política de personal poco adecuada han llevado a CajaSur al momento actual, en el que debe fusionarse o debe ser intervenida", por lo que demandó "que se depuren responsabilidades por haber llevado a CajaSur a una situación susceptible de intervención y que requerirá de ayudas públicas".

CCOO defenderá la opción de la fusión, pero, al igual que UGT, exigirá "la firma de un acuerdo laboral de fusión que garantice el empleo y las condiciones laborales del Grupo CajaSur, como condición necesaria para aprobar el proceso por las asambleas".

Dicho acuerdo laboral, además, "deberá desarrollarse entre la aprobación del proyecto de fusión por parte de los consejos de administración y su ratificación por las asambleas generales de ambas cajas", a lo que se sumaría un plan de viabilidad, "en el que se desarrolle un plan de actuación sobre CajaSur, que incluya un modelo de gestión profesionalizada, sin cuotas de poder, ni privilegios".

En último lugar intervino el presidente de Aspromonte, José Ignacio Torres, quien, después de recordar que su sindicato representa al 71 por ciento de los 3.200 trabajadores de CajaSur, subrayó que, en el proceso de fusión de la caja cordobesa con Unicaja Aspromonte reclama, de forma concreta, no que se garantice "el empleo", sino que "se asegure el mantenimiento de los puestos de trabajo.

De hecho, Aspromonte defenderá que "los puestos de trabajo de CajaSur en Córdoba queden arraigados en Córdoba" y también exigirá que sus reivindicaciones tengan reflejo en el "documento de fusión" final, aunque, como paso previo, entiende preciso que "se forme, cuanto antes, la mesa negociadora" que dé forma al preceptivo "acuerdo laboral" para una fusión que debe guiarse "por los intereses generales" y sellarse bajo la premisa que "se mantengan todos y cada uno de los puestos de trabajo" de CajaSur.

'CajaSur' recuerda a 'Unicaja' que su fusión requiere un Plan de Negocio Integrado y que sólo plantea prejubilaciones

CÓRDOBA.- CajaSur aclaró hoy a Unicaja, con la que suscribió el pasado julio un protocolo de fusión, que dicho proceso requiere el desarrollo de un Plan de Negocio Integrado de ambas cajas, dejando claro que, "en cualquier caso, en materia de personal, CajaSur siempre se ha planteado prejubilaciones y ninguna vía traumática, tal y como recoge el protocolo de fusión".

Según dijeron hoy fuentes de la caja cordobesa, esta es la postura que siempre ha mantenido CajaSur, antes incluso de plantearse entrar en ningún proceso de fusión con otras cajas, y será la posición que seguirá defendiendo en el proceso de fusión con Unicaja y Caja de Jaén.

En este contexto su prioridad es "el desarrollo del Plan de Negocio Integrado, sobre el que ya trabaja una consultoría externa, contratada por Unicaja, a la que CajaSur ha aportado la documentación necesaria", y sobre cuya labor, "hoy por hoy no se conoce nada en CajaSur".

A este respecto, en la cúpula de la entidad cordobesa se tiene claro que el proceso de fusión en el que están inmersas la caja malagueña y CajaSur "requiere la coordinación de ambas entidades, a pesar de la autonomía que las dos cajas tienen en este proceso", que, según se insistió desde la caja cordobesa, debe regirse "por el protocolo de fusión aprobado el pasado julio".

En cuanto al Plan de Negocio propio de CajaSur, que desde Unicaja se le requiere que aplique como paso previo a la fusión, desde la entidad cordobesa se subrayó el hecho de que dicho plan lo presentó ante el Banco de España el pasado mayo, "desde la perspectiva de conseguir la viabilidad en solitario", es decir, su aplicación completa, que requeriría dos años, partía de la base de que CajaSur no se fusionaría con ninguna otra entidad.

En consecuencia, dicho plan "individual" de CajaSur, con el que se buscaba incrementar el nivel de solvencia y reducir el grado de morosidad de la caja, no puede desarrollarse como tal en el marco de un proceso de fusión, aunque, efectivamente, se haya estado aplicando, pues unas 14 sucursales de CajaSur ya se han visto afectadas por el proceso de integración que había previsto la caja para 54 de sus oficinas, mientras que, para los empleados, desde la entidad cordobesa se reiteró que, tanto en su Plan de Negocio propio, como al margen del mismo, "lo único que se ha planteado CajaSur, siempre, para cualquier reajuste de plantilla, es la vía de las prejubilaciones".

Por su parte y en declaraciones a los periodistas, el presidente de Aspromonte (sindicato mayoritario en CajaSur), José Ignacio Torres, dijo hoy, respecto a la pretensión de Unicaja de que la caja cordobesa desarrolle su propio Plan de Negocio antes de fusionarse con la caja malagueña, que lo del citado plan propio de CajaSur "era algo ya superado", pues, de lo contrario, dado que dicho plan era para asegurar la viabilidad de CajaSur en solitario, "no haría falta la fusión".

De hecho, a juicio de Torres, esa demanda de Unicaja "y decir que no quiere la fusión, es lo mismo", por lo que pidió a la entidad malagueña "que se aclare", porque "no se puede jugar al despiste con 3.200 familias (empleados de CajaSur)", e insistió en que "o se hace una cosa o se hace otra", es decir, o se aplica el Plan de Negocio propio de CajaSur en pos de su viabilidad en solitario, o bien se lleva a cabo el proceso de fusión con Unicaja y Caja de Jaén, llegando a la conclusión de que, en cualquier caso, "si Unicaja está pidiendo esto en serio, la cosa no pinta bien" para los trabajadores de CajaSur, "porque, si lo que está pidiendo es que se cierren oficinas y se recorte plantilla, Aspromonte ni se sienta a negociar" el acuerdo laboral inherente a la fusión.

A juicio del sindicalista, Unicaja "no puede partir de la base de que se cierren oficinas" de CajaSur "para luego hablar, porque si hay una negociación, hay que negociar, de lo contrario, que dejen a CajaSur que se vaya con Caja Murcia o que se vaya con otras" cajas.

En este sentido, demandó a la caja malagueña "que no haga perder más tiempo" a CajaSur y "diga ya si quiere, o no, la fusión".

Industria es el sector que más expedientes concursales ha presentado en Murcia, seguida de construcción y servicios

MURCIA.- A pesar de que la crisis más dura se ha dado en el sector de la Construcción, es la Industria la que más expedientes concursales presenta, seguida de Construcción y después por Servicios (tales como comercio al por mayor).

Así lo puso de manifiesto hoy el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Valentín Izquierdo, en la presentación de las jornadas 'Ser empresario en tiempos de crisis'.

Izquierdo destacó en la misma que los datos de paro registrado de octubre, que en la Región de Murcia se sitúa ya en casi 120.000 personas, aunque la Encuesta de Población Activa eleva la cifra por encima de las 150.000.

Según esta fuente, añadió, se han perdido casi 70.000 empleos en estos dos años de crisis que llevamos. Desde 640.000 trabajadores en junio de 2007 a 570.000 trabajadores en septiembre de 2009. Todo, remarcó, "motivado por el descenso de actividad, mayor en unos sectores que en otros, pero generalizado".

En este contexto, explicó, "el número de concursos de acreedores y de regulaciones de empleo ha aumentado vertiginosamente". En concreto, en Murcia, en la primera mitad de año se han presentado 143 concursos, por lo que acabaremos 2009 con más de 300, cuando la tónica reciente de hace tan solo dos o tres años eran unos 30 anuales o poco más. Es decir, subrayó, "se ha multiplicado por 10". Esta tendencia es patente desde el verano de 2008.

La mayor parte de estos concursos son voluntarios, pues tan sólo dos han sido necesarios. Y la mayoría se han dado en Pymes, por lo que son abreviados, sin que existan propuestas anticipadas en prácticamente ninguno.

Cabe señalar que en el tercer trimestre del año, se declararon en Murcia en quiebra o suspensión de pagos 37 familias y empresas, de las que 34 fueron voluntarias; lo que convierte a la Región en la novena comunidad con mayor número procesos concursales en este periodo.

Al tiempo, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Murcia resaltó que no todos los concursos son presentados por empresas, "pues hay algunos presentados por personas físicas no empresarias". La mayor parte de ellas "no acaban bien", seguramente, incidió, "porque se presentan muy tarde".

Y es que, insistió, "hay que ser muy consciente de las fechas, pues la responsabilidad societaria puede derivarse a los administradores no sólo por actos dolosos, sino simplemente por no llevar a cabo las acciones pertinentes en sus momentos".

Al hilo, Javier Martínez Nadal, asociado principal de Uría Menéndez, advirtió a los administradores en las sociedades anónimas limitadas de que según el sistema legal general, ellos no responden con su patrimonio de las deudas sociales ni de los daños, "salvo que actúen contra la ley, los estatutos o el deber de diligencia, en cuyo caso, bajo determinadas circunstancias, sí que se puede dar esa responsabilidad".

El administrador, incidió, "no responde porque la sociedad vaya mal, por un negocio ruinoso, una mala racha, tiene que haberse dado previamente un acto legal que provoque un daño a la sociedad".

Entre las recomendaciones, destacó Martínez, "ser conscientes de que son técnicos en Derecho, Comunicación, Economía o Medio Ambiente, pero que no pueden serlo de todo, pero que sí como administradores pueden responder de todo, por lo que es muy importante que se rodeen de un equipo de asesores internos y externos".

Asimismo señaló que en los dos últimos años los concursos de acreedores se han dado sobre todo en inmobiliarias, "no necesariamente grandes", y en la zona del Levante, Comunidad Valenciana y Murcia.

"Especialmente, en el tejido industrial de la pequeña y mediana empresa, que vienen provocado mayormente porque sus clientes no les pagan y además los bancos han cortado la financiación", explicó. Y esto está ocurriendo sobre todo, añadió, "en la construcción, pero también en aquellas pymes de maderas, puertas, de cartonajes, instalaciones eléctricas".

"Esas empresas que facturan 6 millones de euros al año son las que se están viendo afectadas. Pocas veces ves una gran empresa si uno coge el Boletín Oficial todas las semanas y comprueba las sociedades que están en concurso", concluyó.

Por otra parte, la producción industrial en la Región de Murcia en el mes de septiembre de 2009 decreció un 12,7 por ciento frente al mismo mes del año anterior, dos décimas más que la registrada en el conjunto nacional (-12,5 por ciento). Este índice bajó en todas las autonomías, siendo la Comunidad de Murcia la que experimentó el octavo menor descenso de todas ellas.

El PSRM recuerda a Valcárcel que hay 106.000 parados más que al inicio de legislatura

CARTAGENA.- El portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Mariano García, reclamó este jueves la necesidad de "estimular la recuperación de la economía y el empleo, así como proteger a los que no tienen empleo y a los más desfavorecidos para que nadie quede abandonado a su suerte", en un momento en el que "todos los indicadores socioeconómicos sitúan a la Región en una situación delicada", y en el que el Gobierno regional "se le olvida que hay 106.000 parados más que al inicio de esta legislatura".

En este sentido, García recordó que "nos dijeron que fuimos los primeros en empeorar y sufrir el paro y que, por tanto, que seríamos los primeros en remontar" pero, denunció públicamente, "ahora vemos que empezamos a sufrir antes, que empeoramos bruscamente y que no sólo no se remonta, sino que seguimos cayendo".

A ello se une el hecho de que "cuando Murcia sufre con más intensidad la crisis que en otras regiones de España y cuando más esfuerzos se deberían realizar, el Ejecutivo regional ofrece más olvido y dejadez que nunca para combatirla", indicó a través de un comunicado.

Y es que, aseguró, "nos encontramos con que el mismo Gobierno regional que alentó un modelo insostenible y que nos ha dejado unas cifras de paro insostenibles, nos presenta el presupuesto con mayores recortes de la legislatura".

Asimismo, subrayó que "la cruda realidad tira por tierra los planes meramente propagandísticos y vacíos de contenido, sistemáticamente incumplidos y que tratan de aparentar que se hace algo".

"Lo anuncian y venden 20 veces. Primero en un Plan de dinamización, después en un plan sectorial y después en los presupuestos, pero lo peor es que las promesas y las obras no están", criticó el parlamentario socialista, para añadir después que "la realidad en 2009 es la de recortes, la falta de ejecución presupuestaria, el incumplimiento de las actuaciones previstas, así como el fracaso de los programas de conciliación de la vida familiar y laboral, del programa de establecimiento de cotitulares agrarios, del cheque empleo juvenil y de la construcción de centros integrados de formación".

También puso de manifiesto que "cuando esperábamos unos presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010 que sirvieran para recuperar la economía murciana y el empleo, nos encontramos con unos presupuestos ineficaces para combatir la crisis".

Se preguntó, entonces, "cómo van ayudar a esa recuperación de la economía y del empleo unos Presupuestos de la Comunidad que disminuyen la inversión productiva y las políticas de gasto que deberían impulsar la salida a la crisis".

En este sentido, precisó que "el gasto disminuye en general un 0,2 por ciento", y destacó "la caída en las políticas de empleo y formación (-9,71 por ciento), en industria y comercio (-59,26 por ciento), en las políticas de infraestructuras (-28,34 por ciento), en investigación, desarrollo, e innovación (-19,55 por ciento), y en telecomunicaciones y actuaciones económicas (-79,13 por ciento)".

En el apartado de las políticas de empleo y formación, el recorte es "brutal", como por ejemplo "los 4,5 millones menos en empleo (7,45 por ciento), 5,6 millones menos en formación (10,79 por ciento), y cuatro millones menos a la economía social (27,41 por ciento)".

El presupuesto de la Comunidad Autónoma en Obras Públicas desciende un 26%

CARTAGENA.- La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio recurrirá a la financiación extrapresupuestaria --peaje en sombra y sistema de pago aplazado a próximos ejercicios-- para sufragar el gasto de las tres grandes autovías Lorca-Caravaca, Caravaca-Jumilla y Yecla-Santomera, además de otros proyectos, dada la reducción de un 26 por ciento en sus presupuestos para el próximo año, ejercicio en el que contará con 217 millones de euros.

Así lo anunció el titular de este departamento, José Ballesta, durante la presentación de las cuentas de su Consejería en la Asamblea Regional, en donde subrayó que la financiación extrapresupuestaria asciende a 32,9 millones. No obstante, reconoció que la rebaja inversora le obligará a "deslizar a anualidades posteriores" inversiones en toda la Región

"Esperamos que algunas de esas actuaciones se puedan acometer acudiendo a las bajas que se produzcan en los concursos de adjudicación de las obras que sí cuentan con presupuesto", apuntó.

La actuación en Carreteras vuelve a ser la que más inversión acumula, con 160 millones, de los que más de 130 se refieren a nuevos proyectos. La actuación en las mencionadas autovías se limitarán en 2010 a acabar los estudios y trámites previos al inicio de la obra, sin un presupuesto importante para iniciarla.

Los accesos al aeropuerto recibirán un impulso con "el inicio en pocas semanas del acceso norte desde la A-30, que implicará construir dos sistemas de rotondas en los puntos kilométricos 161 y 165 y tender carreteras hasta las instalaciones aeroportuarias, con un presupuesto total de 25 millones de euros en los próximos años".

Asimismo, se continuará, según Ballesta, con la construcción del acceso desde la RM-601 con tres millones de euros en inversión en 2010. Los servicios adicionales de agua corriente serán también objeto de inversión y respecto al suministro eléctrico, se ha planificado con una inversión de un millón de euros. También se concluirá la compatibilidad con la vía pecuaria de Fuente Álamo.

Otros nuevos proyectos viarios serán los de mejora de accesos al Valle de Escombreras, con la finalización de la duplicación de la entrada norte desde la CT-32; la inversión de 1,3 millones en la carretera que comunica con Repsol; y posteriormente con Portmán y los estudios de los viaductos y túneles de la entrada este, desde Cartagena y Cala Cortina.

Asimismo, se realizarán infinidad de obras en la red secundaria con un puente nuevo sobre el Río Segura en Blanca y la mejora de los de Archena, Villanueva y Ulea. Asimismo, se desdoblará la conexión entre Molina y Fortuna.

En conservación de carreteras y seguridad vial, se invertirán 17 millones de euros que incluyen continuar con la supresión de pasos a nivel según el convenio con Renfe y FEVE.

El apartado de mejora de la movilidad y el transporte público incluye seguir avanzando en la implantación del billete único de transporte, programa que incluye, como novedad, la creación de un unibono desempleados para todas aquellas personas residentes en la Región que acrediten que se les ha acabado la prestación por paro. Será una de las políticas más importantes de la Entidad Pública de Transportes de la Región de Murcia, que contará con 770.000 euros en 2010.

También en el apartado de transportes se mantienen los convenios para subvencionar las cercanías de Renfe entre Murcia y Cartagena y Lorca y Águilas.

La potenciación de la bicicleta como medio de transporte se verá reflejada en un plan director que se presentará el próximo año y que irá completado con subvenciones para su instalación en núcleos urbanos y su incorporación a glorietas y otras obras en carreteras.

También se inaugurará un nuevo portal del transporte público que reflejará todos los itinerarios, líneas y tarifas de las empresas operadoras y se promoverá el debate sobre el transporte sostenible en diversos foros y congresos que tendrán en Murcia su sede en 2010.

En el apartado de Viviendas, los siete millones presupuestados se destinarán al programa de ayudas "a menores de 35 años, familias numerosas, discapacitados, víctimas de la violencia de género, y del terrorismo y desempleados". Habrá 5,2 millones para financiar la adquisición de viviendas y 300.000 para la compra de suelo. El fomento del alquiler de viviendas supondrá 2,37 millones.

Por último, el Instituto de Vivienda y Suelo pondrá en marcha el Plan Repara 2 para la rehabilitar el parque público de viviendas y también un plan de ahorro de agua en estos complejos residenciales, en virtud de convenios con los ayuntamientos.

Por su parte, la diputada socialista, Teresa Rosique, puso de manifiesto el descenso presupuestario, y especialmente "la caída de las inversiones en un 34 por ciento, con lo que se agravará la crisis y se creará más paro en la Región". "Y el 88 por ciento de las inversiones de la Consejería corresponden a obras en curso y sólo un 12 por ciento son para obra nueva", añadió.

Rosique incidió que la inversión en carreteras se desploma en 67,65 millones de euros, "incumpliéndose el Plan de Seguridad Vial, 2009-2010, dado que sólo se contemplan cuatro de las 28 actuaciones comprometidas".

Para el portavoz de IU, José Antonio Pujante, el recorte presupuestario es "espectacular" e incide en la "falta de políticas en transporte público" y también la política de vivienda, "que contará con menos gasto que lo referente a protocolo en los presupuestos regionales".

Desde el PP, Martín Quiñonero, expuso que "el presupuesto se ajusta a las necesidades de la Región y permite continuar con todos los proyectos en marcha para vertebrar mejor la Región". Víctor Martínez añadió que el inicio de la ejecución del plan de vivienda 2009-2013 permitirá comenzar con las 32.000 actuaciones previstas 17.000 de ellas en la rehabilitación inmobiliaria.

300 millones licitados hasta septiembre

El secretario general de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José María Bernabé, indicó hoy que, según los datos de Observatorio de la Construcción, Seopan, el Gobierno regional ha licitado obras públicas por importe de 291,4 millones de euros desde enero hasta el comienzo del mes de octubre de este año.

Esta cifra, que supone un incremento del 104 por ciento respecto a la del año pasado durante el mismo periodo, hace que la Región de Murcia sea una de las pocas comunidades que aumentan el presupuesto que dedican este año a obra pública, subrayó Bernabé.

El secretario general de la Consejería indicó igualmente que "las cifras de Seopan respecto a la licitación del Ejecutivo regional contrastan con la licitación de 60 millones de euros por parte del Gobierno de España en la Región, casi cinco veces menor, y que supone un agravante para la situación económica de nuestra Comunidad puesto que, mientras en el resto de España la inversión estatal cae un 39 por ciento, en nuestra región el Estado invierte hasta un 73 por ciento menos en infraestructuras que en 2008".

Por este motivo, Bernabé valoró "el enorme esfuerzo inversor llevado a cabo durante este año por el Ejecutivo autonómico, que ha permitido compensar la caída de la inversión en infraestructuras en la Región por parte del Gobierno central, manteniendo puestos de trabajo mediante la inyección autonómica de dinero público y desarrollando nuevas infraestructuras que permitirán mejorar la competitividad de nuestras empresas y dinamizar la economía regional".

Según informaron fuentes del Ejecutivo regional, el secretario general destacó que "como provincia, Murcia es la octava que más ha licitado del total del país, solo por detrás de otras como Madrid, Sevilla o Barcelona, lo que demuestra el importante crecimiento de nuestra licitación, que se equipara al de otras provincias con un mayor número de habitantes".

España sigue liderando el consumo de cocaína en Europa

BRUSELAS.- España es el país europeo con mayor prevalencia en el consumo de cocaína y también uno de los que más cannabis consume, según un informe conocido el jueves.

Un 8,3 por ciento de los adultos españoles de entre 15 y 64 años ha tomado cocaína, de los que un 3,1 por ciento lo ha hecho en el último año y un 1,1 por ciento en el último mes, según el informe anual "El problema de la drogodependencia en Europa", elaborado por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT).

Además, encabeza el número de jóvenes de entre 15 y 34 años que ha consumido en el último año, con un 5,5 por ciento, y es segunda detrás de Reino Unido en este grupo de edad que la ha probado (un 11,8 por ciento) y la ha tomado en el último mes (un 1,9 por ciento), añade el informe.

España y Reino Unido son los dos países con una mayor prevalencia de consumo, que aumentó enormemente en los últimos años de la década de 1990, antes de evolucionar hacia una tendencia más estable, aunque todavía en general al alza, señala el informe.

La cocaína es la segunda droga ilegal más consumida en Europa después del cannabis, y se concentra sobre todo en Dinamarca, Italia e Irlanda, además de en España y Reino Unido.

Alrededor de 13 millones de europeos la han consumido al menos una vez en la vida, lo cual equivale a una media del 3,9 por ciento de los adultos de 15 a 64 años, de acuerdo con los datos del Observatorio.

Es la droga de mayor trafico del mundo, después de la hierba de cannabis y la resina de cannabis. En 2007, las incautaciones mundiales de cocaína se mantuvieron estables en alrededor de 710 toneladas.

El observatorio recuerda que el consumo habitual de cocaína, incluido el esnifado, puede asociarse a problemas cardiovasculares, neurológicos y psiquiátricos, así como a un mayor riesgo de accidentes y episodios de violencia.

En cuanto al cannabis, lo han consumido al menos una vez alrededor de 74 millones de europeos, lo cual corresponde a más de una de cada cinco personas entre 15 y 64 años, según estimaciones conservadoras realizadas por el informe.

De ellos, alrededor de 22,5 millones - una media del 6,8 por ciento - lo ha hecho en el último año, y unos 12 millones - una media del 3,6 por ciento - la ha tomado en el último mes. Estos datos para España son del 10,1 y del 7,1 por ciento, respectivamente, lo que la sitúa segunda en Europa detrás de Italia.

En 2007, las autoridades se incautaron de 5.600 toneladas de hierba de cannabis y 1.300 toneladas de resina de cannabis en todo el mundo, lo que supone un aumento de alrededor del 10 por ciento en comparación con el año anterior.

El consumo de esta droga se ha estabilizado o incluso descendido gracias a las campañas de concienciación, aunque permanece elevado en términos históricos, aseguró el observatorio.

Respecto a las anfetaminas y el éxtasis, el informe indica que en términos de cifras absolutas, el consumo de cocaína puede ser más elevado, pero su concentración geográfica significa que en muchos países, tras el cannabis, estas drogas estimulantes del sistema nervioso son la segunda sustancia ilícita más consumida habitualmente.

España aparece en el tercer lugar de los países europeos con una mayor prevalencia de consumo entre los adultos, de 15 a 64 años, con un 3,8 por ciento que las ha probado.

La católica y conservadora Murcia lidera la tasa de abortos en España

MADRID.- Murcia, con 16,59 abortos por cada mil mujeres, Cataluña (16,49) y Madrid (15,79) lideran las tasas de interrupciones voluntarias del embarazo en España, según los datos correspondientes a 2008 hechos públicos hoy por el Ministerio de Sanidad.

Las tasas más bajas se registran en Ceuta y Melilla (3,26) y Galicia (3,53).

También registran tasas inferiores a la media (situada en el 11,78 abortos por cada mil mujeres) Cantabria (6,09), Extremadura (6,11), Navarra (6,13), Castilla y León (6,78), el País Vasco (7,02), Asturias (8,07), Castilla La Mancha (8,54), La Rioja (9,22), Canarias (10,03) y la Comunidad Valenciana (10,75).

Por encima de la media, además de Murcia, Cataluña y Madrid, se sitúan Baleares (14,13), Aragón (12,60) y Andalucía (11,29).

En 2007 era Madrid la comunidad que encabezaba la lista.

En números absolutos, el mayor número de interrupciones voluntarias del embarazo se registró en 2008 en Cataluña (25.379), Madrid (22.126) y Andalucía (20.574).

Andalucía fue la comunidad donde hubo más abortos entre las menores de edad (1.389).

En el siguiente cuadro se incluye el número total de abortos en cada comunidad autónoma, la tasa por cada mil mujeres, y el número de abortos en menores de edad.

CCAA /TOTAL /TASA /MENORES

Andalucía 20.570 11,29 1.389

Aragón 3.280 12,60 137

Asturias 1.679 8,07 59

Baleares 3.387 14,13 171

Canarias 4.882 10,03 308

Cantabria 728 6,09 31

C-La Mancha 3.655 8,54 238

C y León 3.336 6,78 226

Cataluña 25.379 16,49 988

C.Valenciana 11.580 10,76 704

Extremadura 1.383 6,11 118

Galicia 1.981 3,53 132

Madrid 22.126 15,79 896

Murcia 5.350 /16,59/ 283

Navarra 765 6,13 50

País Vasco 2.996 7,02 109

Rioja 597 9,22 17

Ceuta y Melilla 102 3,26 11

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TOTAL 115.812 11,78 5.868

10.000 menores

Un total de 115.812 mujeres se sometieron a una interrupción voluntaria de embarazo (IVE) en el año 2008, un 3,27% más que el año anterior, y de ellas 10.221 eran menores entre 15 y 18 años, ha informado Sanidad.

Estos datos reflejan "una tendencia a la estabilización" en el número de interrupciones voluntarias de embarazo, según ha valorado Sanidad en un comunicado, ya que el incremento de más de tres puntos está muy por debajo del 10,3% de 2007 y de los incrementos superiores al 6% registrados desde 2004.

Entre las adolescentes (edad menor o igual a los 18 años), la cifra de IVE en 2008 de 10.221 supone un 1,27% menos que la registrada en 2007, cuando hubo 10.353 IVE.

La tasa global de IVE en 2008 indica que por cada mil mujeres entre 15 y 44 años (considerada la edad fértil) abortaron 11,54 de ellas, mientras que en 2007 lo hicieron 11,49. En las menores, dicha tasa fue el pasado año de 10,91, y en 2007 de 10,92 por cada mil.

La franja de edad entre los 20 y 24 años es la que más IVE registra en 2008, con el 21,05%, seguida por la de 25 a 29 años, con el 16,49%.

En cuanto a las semanas de gestación, el 62,90% de IVE se llevaron a cabo en las 8 semanas o menos, el 25,8% entre las 9 y 12 semanas, y el 6,11% entre la 13 y la 16 semana.

Respecto a la distribución porcentual del número de abortos realizados, según motivo de la interrupción, el 96,96% fue por la salud materna, y el 2,86% por riesgo fetal.

Sólo el 2% de los IVE en 2008 se llevaron a cabo en hospitales públicos, aunque Sanidad tenía contabilizados un total de 137 centros notificadores de IVE, los mismos que en 2007.

Por Comunidades Autónomas, Cataluña, Madrid y Andalucía son las regiones con mayor número de IVE, con más de 20.000 en cada caso.

El 68,23% de las mujeres que se sometieron a IVE el año pasado eran solteras frente a un 23,56% de casadas, el 3,30% estaban divorciadas y el 3,90% separadas.

El 61,56% de estas mujeres eran asalariadas y el 15,04% estaban en paro.

Además, el 62,19% de ellas tenían pareja asalariada y el 13,25% no tenía pareja.

Casi la mitad de las mujeres que se acogieron el año pasado a IVE -el 47,31%- no tenía ningún hijo, el 25,94% tenía un hijo y el 18,15% dos hijos.

Por otra parte, el 66,24% no había sufrido ningún aborto anteriormente (en 2007 el 67,57%), el 23,47% se había sometido a un IVE una vez en su vida, el 6,70% en dos ocasiones, y el 2,5% en tres.

Las nacidas y residentes en España suman el 54,5% de las IVE practicadas en 2008 (63.211 mujeres) frente al 43,6% (50.569) de las mujeres procedentes de otros países y residentes en España, a las que se sumaría el 1,75% (2.031) de las no residentes, sean españolas o extranjeras.

Estos datos en función de residencia y nacionalidad, que se ofrecen por primera vez, reflejan que el número de mujeres suramericanas que abortaron en 2008 en España duplican al de las europeas: 26.538 mujeres de América del Sur y 12.781 de Europa.

Los datos de IVE en 2008 en España por otros continentes son: África (6.149), América del Norte, Central y Caribe (3.328), Asia (1.730), Oceanía (12), y 31 sin localizar.

miércoles, 4 de noviembre de 2009

Corrupción en España / Antoni Domènech *

Con Bartomeu Muñoz, el alcalde socialista de la importante ciudad de la conurbación industrial barcelonesa que es Santa Coloma de Gramenet el pasado 29 de octubre, llevamos ya en poco más de tres años diecinueve alcaldes detenidos por corrupción en España: 7 del PP, 5 del PSOE, y otros "independientes" de pequeños partidos o agrupaciones electorales locales o regionales. Tenemos esta semana, además, la imputación en casos de corrupción de un antiguo presidentes del PP de la Comunidad Balear, Cañellas, y la investigación judicial sobre otro presidente balear del PP, Matas, así como los escándalos del "caso Gürtel", que afectan al presidente de la Comunidad valenciana, Camps, y a un creciente rimero de personalidades y altos cargos del PP en buena parte de la geografía nacional, señaladamente en la Comunidad de Madrid.

La detención del alcalde de Santa Coloma –una ciudad obrera, en la que su alcalde socialista no se molestaba en dormir: vivía en un barrio alto de Barcelona— forma parte de un caso que afecta también a otros antiguos altos cargos del partido de la derecha nacionalista catalana, CiU y en el que andan de por medio, al alimón, turbios negocios inmobiliarios con blanqueo de capitales a través de una agencia del segundo banco español (el BBVA) que operaba en el paraíso fiscal de la Isla británica de Jersey. Y ese caso catalán ha venido a añadirse al que estalló hace no muchas semanas, conocido por el nombre de "caso Palau de la Música", un caso de espectacular saqueo –más de 20 millones de euros- en beneficio privado de su presidente –un prohombre del patriciado barcelonés, condecorado hace años con la Creu de Sant Jordi— y allegados, así como de partidos afines a los saqueadores, de una entidad cultural emblemática de la ciudad de Barcelona, sostenida con aportaciones públicas y con donaciones privadas altruistas.

Nadie espera que la cosa termine aquí. El antiguo presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, se ha avilantado hace unos días, en una entrevista concedida a un programa televisivo de gran audiencia, a aconsejar que no se tirara mucho de la manta, porque el hedor (farum) podría llegar a ser insoportable para todos. (Algo parecido debió pensar en su día el presidente español José María Aznar cuando, ante el caso seguramente más alarmante de corrupción política registrado hasta ahora en España, la compra por parte del negocio inmobiliario madrileño de dos diputados autonómicos madrileños del PSOE para que no votaran la investidura de quien había ganado las elecciones autonómicas de mayo de 2003 (el candidato socialista, apoyado por Izquierda Unida), impidió que el fiscal de Madrid –el socialista Fernández-Bermejo— investigara el asunto. Hubo que repetir las elecciones. Y ganó el PP. Y no hubo más.)

Cuatro reacciones del establishment político-mediático

Cuatro son las reacciones más comunes a lo que algunos, acaso sin exageración, llaman ya epidemia de corrupción política extendida por España. Las que siguen, que no son necesariamente excluyentes:

1 Está, primero, la reacción miope nacida de la obnubilación política sectaria: sí, nosotros también, pero vosotros más, mucho más.

2 Viene, luego, el cierre de filas de quienes aceptan ya sin rubor el formar parte de una "clase política" que, estupefacientemente, se identifica con el conjunto del "sistema democrático" y aun con los valores democráticos mismos: hay que defender del descrédito a un sistema político democrático creciente y peligrosamente amenazado por la pérdida de crédito ante la población. El grueso de la "clase política" es honrada, y el interminable rimero de escándalos de corrupción política afectaría, en realidad, a una minoría. Toda la "clase política" debería olvidar sus (legítimos) enfrentamientos partidistas, para unirse en ese mensaje a la población, si es necesario, con nuevas y más duras medidas legislativas y administrativas.

3 Otra reacción común es el escándalo farisaico de la antipolítica. La política como servicio público y como representación fiduciaria de los distintos y encontrados intereses de la vida social sería pura ilusión. No habría tal. La política sería, siempre, un negocio, y quienes a ella se dedican, necesariamente, unos negociantes que están ahí "para forrarse" (como dijo textualmente una vez en una conversación privada que acabó transcendiendo públicamente el expresidente de la Generalitat valenciana y exminisro de José María Aznar Eduardo Zaplana).

4 Cuarta reacción, y última aquí inventariada: el recurso al cinismo antropológico; la corrupción estaría en la "naturaleza humana". Lo dijo Alan Greenspan, acaso el principal responsable político de una de las eras de codicia y corrupción económica más desapoderadas del último siglo. Ahora lo están repitiendo muchos comentaristas políticos en España.

Esas cuatro reacciones, tan distintas, tienen, sin embargo, en común la pretensión de despolitizar el problema de la corrupción política:

1 La obnubilación sectaria, por la vía de una hipermoralización partidista elemental: los nuestros son necesariamente más honrados: o porque, siendo de "izquierda", se les suponen valores morales incompatibles con la puesta en almoneda de sus actos de servicio público; o porque, siendo gentes de viso y de "derecha", se les supone con suficiente patrimonio personal como para resistir al soborno.

2 La despolitización dimanante del cierre de filas viene de suponer, acaso sin advertirlo, que la política democrática es algo más que, y acaso metafísicamente superior a, la representación fiduciaria de intereses y voluntades existentes en nuestra vida social, y de intereses y voluntades las más veces pugnaces y encontrados. Viene, esto es, de ignorar que lo único que tienen en común los representantes políticos es la obligación de defender los intereses y las voluntades de sus representados en el marco de una deliberación pública realizada con argumentos dimanantes de razones públicamente defendibles y atenidos al interés general (nadie puede proponer una ley con el argumento, dimanante de una razón privada, de que esa ley le favorecería en sus negocios o favorecería a sus amigos y parientes). Y parte esencial del interés general en una sociedad escindida en clases y grupos de interés es el reconocimiento político, con todas sus consecuencias, de esa escisión social de base y de la legitimidad de sus expresiones y manifestaciones en la vida política. Patentemente, es la ignorancia de eso lo que permite a muchos políticos aceptar hoy con un donaire digno de mejor causa el constituir nada menos que una "clase política", es decir, un grupo de individuos unidos por intereses privados propios, y en esa medida, seccionados, desgajados como casta o como "clase", del pueblo supuestamente "soberano".

3 El escándalo farisaico niega directamente la posibilidad de la política democrática. O bien porque cree que el mejor modo de promover el interés público es tener políticos codiciosos y corruptibles –no han faltado voces en España en estos últimos años que han sugerido que la corrupción política es también un saludable índice de dinamismo y prosperidad económicos—, una versión posmoderna del viejo ideologema de Mandeville: vicios privados, virtudes públicas. O bien porque, y tal vez en el otro extremo, ha llegado a creer que la representación política fiduciaria de intereses y valores socialmente existentes es tarea de antemano condenada al fracaso: la "política" es y será siempre una mierda, y los políticos, sea cual fuere su signo ideológico, un hatillo de hipócritas y mangantes; de gentes que, ¡qué diablos!, como todo el mundo, van a la suya.

4 El cinismo antropológico despolitiza el específico fenómeno de la corrupción política por la vía de la banalización inespecífica: no hay un problema de corrupción política, distinto del problema de la corrupción administrativa, distinto del problema de la corrupción económica privada, etc., sino que la naturaleza humana, en general, sería pronta al soborno. Consuelo para políticos corruptos o irresponsables y pretexto para las protestas de agudeza de tertulianos y columnistas de grandes absolvederas, el planteamiento político del problema de la corrupción política es substituido por la reafirmación de la doctrina paulina de la corrupción general de la naturaleza humana como consecuencia de la caída de nuestros padres en el pecado original:

"Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. / Porque lo que hago, no lo entiendo; ni lo que quiero, hago; antes lo que aborrezco, aquello hago. / Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. / De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. / Y yo sé que en mí (es a saber, en mi carne) no mora el bien: porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. / Porque no hago el bien que quiero; mas el mal que no quiero, éste hago. / Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. / Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: Que el mal está en mí." (Pablo, Romanos, 6, 14-21)

Corrupción, política, administrativa y económica [El fenómeno de la corrupción política, visto políticamente]

Para ver políticamente el fenómeno de la corrupción política, lo primero es distinguirla de otras formas de corrupción socialmente significativas, como la corrupción económica privada y la corrupción administrativa.

La corrupción económica privada afecta a las instituciones y a los agentes económicos privados, y a las relaciones de agencia fiduciaria entre ellos, entre los que actúan como agentes propiamente dichos y los que actúan como principales: un ejecutivo es un agente fiduciario de su principal, que son los accionistas propietarios de la empresa; un abogado de empresa es un agente fiduciario de su principal, que son los directivos de la empresa; un bróker financiero es un agente de su principal, que es el inversor financiero o bolsístico. Las relaciones entre principales y agentes están marcadas siempre por una asimetría informativa que hace que, objetivamente, las posibilidades de que el agente traicione la confianza puesta en él por el principal sean enormes, es decir, que hay un amplio espacio para que el agente se deje interferir en su labor por intereses propios o de que se deje corromper y sobornar por intereses privados que no son los de su principal. La regulación pública de la actividad económica privada tiene en buena medida que ver con la yugulación legislativa de aquellas posibilidades, con la restricción radical del espacio social e institucional que permite el fraude en las relaciones de agencia. No hará falta insistir en que el incremento espectacular de la corrupción económica en el mundo en las pasadas décadas, señaladamente en el sector financiero, tiene que ver con la desregulación pública de la actividad económica privada.

La corrupción administrativa afecta a los funcionarios públicos, es decir, a agentes que, a diferencia de los representantes políticos, guardan con el "pueblo soberano" una relación muy mediata. O bien son cargos de confianza de políticos electos (así pues, agentes fiduciarios del político electo, que es su principal, el cual, a su vez, es agente fiduciario del "pueblo soberano"), o bien son funcionarios de carrera, y entonces la relación de agencia con la ciudadanía es aún más remota: en general, viene dada por los criterios legalmente establecidos de selección para entrar en la carrera del servicio público y por los criterios, legalmente establecidos también, para sancionar al funcionario público que falta a su deber de probidad. El descrédito de la función pública que ha acompañado al auge del "neoliberalismo" en las últimas décadas ha jugado un papel de primer orden en la degradación de ambas cosas: ha habido una bien documentada relajación en los criterios de selección de funcionarios (con la admisión de zorros como guardianes del gallinero: como el estafador Madoff presidiendo el Comité de directores de la agencia regulatoria NASDA): culpa in eligendo; y ha habido una política de gestión y de sanciones, importada del mundo de la empresa privada e impropia del sector público (todos serían corruptos y holgazanes, hasta que se demuestre lo contrario), como el llamado New Public Management, que ha traído consigo, entre otras cosas, una desmoralización general de los trabajadores públicos: culpa in vigilando.

Huelga decir que el caso más interesante de corrupción administrativa es el que trae su origen causal en la vida económica privada, es decir, la corrupción de funcionarios públicos por grandes (o pequeñas) empresas privadas. El incremento de la corrupción administrativa en las pasadas décadas, señaladamente en los países en vías de desarrollo, ha sido sencillamente espectacular. También porque ha sido instrumento capital del saqueo de esos países por las grandes empresas del hemisferio norte en el orden neoliberal de la "globalización". Peter Eigen, el fundador de Transparency International, con sede en Berlín, lo resumía así en enero de 2000:

"La magnitud de los sobornos pagados por corporaciones internacionales en los países en desarrollo es a gran escala. Las acciones emprendidas por la mayoría de los gobiernos de los países industrializados para luchar contra la corrupción internacional son modestas. Los resultados se traducen en mayor pobreza en los países pobres, un persistente socavamiento de las instituciones democráticas, y cada vez más distorsiones en el comercio internacional honrado."

La corrupción política es particularmente lacerante, porque afecta a una relación de agencia fiduciaria directa entre el supuesto "pueblo soberano", como principal, y los partidos y los representantes políticos como meros agentes suyos, formadores y canalizadores de las voluntades y los intereses populares. No suele observarse que los distintos partidos políticos no sólo representan distintos intereses sociales –lo que es una obviedad—, sino que las relaciones fiduciarias de los distintos partidos con sus bases sociales (y más en general, con los intereses sociales que supuestamente representan) son también muy distintas. El marxista Gramsci popularizó la idea de que los intelectuales y los políticos de un determinado signo social, político o ideológico pueden ser más o menos "orgánicos en" sus respectivas bases. Y observó con gran perspicacia que para los dirigentes y representantes de las clases y estratos subalternos de la población la "organicidad" en, es decir, la miríada de vínculos capilares de retroalimentación con, sus bases sociales es mucho más difícil de mantener que en el caso de los representantes y los agentes fiduciarios de las elites sociales y económicas tradicionales. No sólo porque resulta harto más difícil encontrar buenos representantes y calificados dirigentes entre quienes están obligados a vivir por sus manos, y desde luego, no de renta; no sólo porque, una vez encontrados, es más difícil substituirlos por otros, lo que da a esos agentes un gran margen de chantaje autoritario sobre sus bases ("si no os gusta, me voy": como Felipe González, cuando obligó a un PSOE mayoritariamente reluctante a "abandonar el marxismo" en 1979; o como el propio Felipe González, cuando en 1986 obligó a un pueblo abrumadoramente pacifista como el español a entrar en la OTAN); también porque, una vez con cargos y aupados al núcleo del funcionamiento del sistema político, con todas su pompas y vanidades, tienden espontáneamente a desarrollar una nueva identificación con los hábitos de sus colegas bienhabientes, tienden, esto es, a sentirse más "clase política" que representantes de su fábrica, de su barrio o, en general, de las gentes menudas de cuyas filas proceden o a las que, al menos, declaran representar. Así que, en punto a corrupción política, el partido de izquierda que no sea especialmente sensible a esas realidades, va listo: quien no vive según piensa, termina pensando según vive. El alcalde de Santa Coloma detenido por corrupción la pasada semana –dicen que un socialista aficionado a los buenos restaurantes, a los buenos automóviles y a las buenas compañías de gente con estilo—, que regía con mayoría absoluta una de las ciudades obreras más importantes del cinturón industrial de Barcelona, ni siquiera vivía en Santa Coloma, sino en uno de los barrios altos de la Ciudad Condal.

Eso no quiere decir que las elites políticas o ideológicas de la derecha hayan de tener siempre mayor "organicidad en" sus bases, o más facilidad para lograrla. Los numerosos casos –en realidad, ampliamente mayoritarios— de corrupción política de la derecha tradicional en la España de estos últimos años son buen ejemplo de ello. Pero es interesante observar que la pérdida radical de organicidad en sus bases sociales de las elites ideológicas y políticas conservadores se da fundamentalmente en momentos históricos dominados por la mentalidad rentista, es decir, en épocas de hegemonía social y cultural de los estratos y capas sociales que viven fundamentalmente de rentas: de rentas inmobiliarias, de rentas dimanantes de grandes patrimonios financieros y de rentas monopólicas desapoderadas, derivadas de posiciones de abuso de poder en los mercados. El rentista no produce nada, no crea nada, no genera valor, ni riqueza, sino, a lo sumo, apariencia de ella; el rentista es, básicamente, un saqueador; un expoliador de bienes comunes y de bienes privados ajenos; y un activo buscador de rentas a través de mecanismos políticos, que no puede ver en la vida política representación de interés social alguno, sino oportunidad de negocio y cabildeo. Lo que en Alemania ha dado en llamarse "puerta giratoria" entre la política y el mundo de los negocios (el hecho de que grandes fortunas entren como si nada en el juego de la vida política –Berlusconi— y, a la inversa, grandes dirigentes políticos vayan a parar al mundo de los negocios luego de abandonar su cargo –Schröder con Gazprom, Felipe González con Carlos Slim, Aznar con Rupert Murdoch—), un fenómeno relativamente reciente, expresa bien esa realidad.

No es por casualidad que uno de los clásicos de la ciencia social contemporánea, La teoría de la clase ociosa (1898), del economista noruego-estadounidense Thorstein Vebblen se escribiera en plena Era de la Codicia norteamericana, un período, por tantos conceptos, muy semejante al que hemos vivido en las últimas décadas. En Veblen puede encontrarse un atisbo de explicación al hecho de que precisamente políticos sin la menor organicidad en intereses sociales objetivos de ningún estrato social relevante –basta ver la pinta, involuntariamente cómica, de un Ricardo Costa, el de los relojes de 6.000 euros y los coches de 60.000—, y enfangados hasta el cuello en asuntos de corrupción política, como en Madrid, como en Valencia, o como en Santa Coloma de Gramanet, puedan jactarse de lograr una y otra vez mayorías absolutas:

"… la institución de una clase ociosa opera en el sentido de hacer conservadoras a las clases inferiores al privarles, hasta donde es posible, de los medios de subsistencia, reduciendo así su consumo, y, por ende, de la energía de que pueden disponer, hasta el punto de hacerlas incapaces del esfuerzo exigido para el aprendizaje y adopción de nuevos hábitos mentales. La acumulación de riqueza en el extremo superior de la escala pecuniaria implica privaciones en el extremo inferior. (…) El efecto inhibitorio directo de la desigual distribución de la riqueza está secundado por otro indirecto que tiende al mismo resultado. (…) El mantenimiento del consumo ostensible como uno de los elementos principales del patrón que mide el decoro en todas las clases, no es, desde luego, atribuible por entero al ejemplo de la clase ociosa adinerada, pero la práctica y la importancia que se le da se robustecen, sin duda, por el ejemplo de la clase ociosa."

La percepción de la corrupción económica, administrativa y política. El caso de España.

A pesar de la epidemia de corrupción política que aparentemente se ha abatido sobre España, es muy notable que, en la percepción de los españoles –y como saben todos los estudiosos del fenómeno de la corrupción, suele haber, ceteris paribus, una elevada correlación positiva entre la percepción de la misma y su realidad objetivamente medida— la corrupción económica del sector privado resulta ser mucho más importante que la corrupción de los partidos y de los representantes políticos. Según el informe de 2009 de Tranparency International, mientras que en países como Argentina, Grecia, Israel, Italia o Reino Unido lo más destacado en la percepción ciudadana es la corrupción de los partidos políticos; mientras que en países como los EEUU, Indonesia y Panamá se destaca la corrupción de todo el poder legislativo (las cámaras parlamentarias); mientras que en países como Chequia, Japón y Rusia se destaca la corrupción administrativa; en España, en cambio –como en Hong Kong, Islandia, Países Bajos y Noruega—, se destaca la corrupción empresarial.

En contra de los sermones casi unánimes de los políticos españoles de estos días, el crédito popular de la "democracia", del sistema de partidos políticos y de los representantes políticos electos no está por ahora gravemente amenazado, a pesar de la que está cayendo. Diríase, en cambio, que la población española tiene una percepción bastante clara del origen causal de los males de la política en los males de una vida económica –de un "modelo de crecimiento", como se dice con tecnocrática unción— fundada, no en la creación de riqueza o de valor, sino en la inflación de activos (inmobiliarios y financieros), en la inclemente destrucción del patrimonio común natural (el caso de las costas españolas es particularmente llamativo, y ahora ha saltado dramáticamente a la luz el caso de los humedales de las Tablas de Daimiel), en el saqueo y privatización de patrimonio público del Estado (una política de privatizaciones iniciada por Felipe González y seguida luego por Aznar, pero a la que, inicialmente, se oponía hasta la derecha política tradicional), en la asombrosa sobreexplotación de una mano de obra calificada (el 63% de los asalariados españoles es "mileurista"), en un Estado social raquítico, en el volumen de desempleo estructural más crecido de los países de la OCDE y en el insostenible endeudamiento de las empresas y de los trabajadores españoles.

Si comparamos con Italia, el contraste es notable. Mientras en España un 29% considera que el sector más corrompido es el de la empresa privada, en Italia sólo un 7% cree eso. Es verdad que en España un 27% creen ya que son los partidos el sector más corrompido (cerca, pues, de la empresa privada), pero en Italia tenemos un abrumador 44% de ciudadanos que lo cree. Ese 27% registrado en 2009 podría crecer; visto lo visto estos días, y lo cierto es que si la pregunta es cuán corrompido está un sector (no qué sector es el más corrompido), en España ganan ya los partidos políticos con una puntuación de 3,4 (en contraste con el 3,3 que se da a las empresas, el 3,1 que se da al parlamento, o el moderado 3,0 –el más bajo— que se da a los funcionarios. (Por seguir con el contraste: en Italia la puntuación más alta de descrédito en materia de corrupción se la llevan también los partidos, pero con un 4,1, seguidos de los funcionarios, 3,9, del poder judicial, 3,5, y de los medios de comunicación, 3,4; la empresa privada queda en un 3,3, al mismo nivel que el Parlamento).

Y si la izquierda institucional no reacciona políticamente a esos males básicos de la vida económico-social de nuestro país, si no logra al menos acompasar sus percepciones básicas a las percepciones del común de la ciudadanía, entonces sí podría empezar a temerse muy en serio en España una generalización à la italiana de la antipolítica.

(*) Antoni Domènech es el editor de SinPermiso.

Los negocios inmobiliarios y de aeropuertos de CCM no se integrarán en la unión con Cajastur

MADRID.- La Corporación Caja Castilla-La Mancha (CCM), 'holding' en el que la entidad agrupa participaciones inmobiliarias y de infraestructuras, entre otras, no se integrará en la unión con Cajastur, al tratarse de los activos no financieros más problemáticos.

Concretamente, los activos de Corporación CCM no se traspasarán a Banca Liberta, filial de banca privada de Cajastur en la que se integrarán los activos y pasivos financieros de la entidad castellano manchega, que contará con una participación del 25% en ella.

Este 'holding' de participaciones no financieras de CCM incluye la participación del 10% en el aeropuerto de Ciudad Real y concentra la fuerte exposición de la caja al sector promotor y de la construcción, hasta suponer el 40% de la inversión crediticia total.

En la actualidad, las principales inversiones en el sector inmobiliario de CCM se materializan en financiaciones para la compra de suelo por 2.163 millones de euros y para la promoción inmobiliaria en curso de ejecución o venta por 3.144 millones de euros, a los que se suman otros 860 millones de euros correspondientes a otros riesgos relacionados con el sector.

Además, existen importes pendientes de disponer de promociones en curso de ejecución y venta por 1.077 millones de euros, y también existe una inversión accionarial en sociedades con actividad inmobiliaria por 298 millones de euros, realizada a través de CCM Corporación.

La tasa de morosidad de Caja Castilla-La Mancha (CCM) se disparó hasta el 17,33% en junio de 2009, lo que significa duplicar la del 9,32% existente seis meses antes, debido a la revisión al alza de activos dudosos hasta un total de 3.492 millones de euros, frente a los 1.848 millones anteriormente declarados.

Por otro lado, las operaciones del aeropuerto de Ciudad Real han elevado el riesgo de los recursos propios del grupo al 45,5%, mientras que la normativa del Banco de España establece que ningún cliente o conjunto de clientes que constituya un grupo económico puede alcanzar un riesgo del 25% de los recursos propios.

Ante este escenario, la integración con Cajastur incluye una especie de seguro para contrarrestar los efectos de la morosidad denominado 'Esquema de Protección de Activos' que incluye garantías sobre éstos y establece que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) responda con sus recursos en caso de que se produzca un deterioro.

Los términos del proyecto aprobado por el Banco de España para que Cajastur se haga con el control de CCM también establecen la devolución de 1.300 millones de euros de ayudas del FGD, que asumió dicho importe de emisión de cuotas participativas.

Paralelamente, se realizarán otras dos emisiones por el mismo importe, una de cuotas participativas por 900 millones de euros, y otras de participaciones preferentes por importe de 400 millones de euros, precisaron las fuentes financieras consultadas.

Los empresarios valencianos creen que la fusión entre Bancaja y la CAM será "buena" a largo plazo

CASTELLÓN.- El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Francisco Pons, aseguró hoy que la fusión entre Bancaja y la CAM será "buena" a largo plazo, pero ahora ambas entidades "deben resolver muchos problemas".

Pons realizó estas declaraciones antes de mantener una reunión con el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, y tras ser preguntado sobre su opinión respecto a una posible fusión entre ambas entidades bancarias.

Según recordó, AVE publicó en julio un documento "en el que decíamos que, en ese momento, no veíamos la fusión, pero -dijo- es evidente que el tiempo y las situaciones económico-financieras podrían cambiar aquella opinión".

No obstante, Pons explicó que "en el corto plazo, cada entidad financiera tiene que resolver muchos problemas, y meterse en una fusión ahora es distraerse durante dos o tres años de una manera notable".

"Nos puede parecer bien una fusión en un momento de tranquilidad, de calma y que se prepare bien", aseguró el presidente de AVE, quien aclaró que "no estamos ni a favor ni en contra de la fusión, creo que, a largo plazo, será buena, aunque en estos momentos las dos organizaciones tienen que resolver de la mejor manera posible qué es lo que hay que hacer ahora".

Caixanova no confirma contactos con cajas de otras comunidades

SANTIAGO DE COMPOSTELA.- El presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, evitó este miércoles confirmar contactos de esta entidad con cajas de otras comunidades autónomas para analizar posibles alianzas ante el rechazo a una fusión con Caixa Galicia, pero aseguró que la caja con sede en Vigo trabaja "por los intereses de Galicia".

A preguntas de los periodistas acerca de una posible operación entre Caixanova, Cajastur y Caja Murcia, tras la presentación de un convenio entre la entidad gallega y la Universidade de Santiago de Compostela, Gayoso se limitó a apelar nuevamente a la "discreción", tras señalar que ignora si el proceso "va para corto o para largo".

No obstante, a su llegada al Colexio de San Xerome, admitió a los medios de comunicación que el proceso puede dilatarse. "Me temo que sí", respondió al ser preguntado sobre si será mucho el tiempo que tardarán en finalizar las negociaciones.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, se reunieron el pasado lunes con la dirección de Caixanova, que habría expresado reservas a una fusión con Caixa Galicia y manifestó sus preferencias por vías con cajas de otras comunidades que eviten renunciar a su marca y a sus órganos de gobierno, como podría ser la alternativa del sistema institucional de protección (SIP).

Por su parte, el martes la responsable de Facenda recibió al director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, quien planteó las alternativas que baraja con entidades de fuera de la comunidad ante la posibilidad de que fracase la opción prioritaria de la fusión de las dos cajas gallegas.

Cajamurcia reconoce contactos "y no negociaciones" con Caixanova enfocadas a una integración virtual

MURCIA.- Cajamurcia reconoció hoy que ha mantenido conversaciones o contactos, "pero no negociaciones" con Caixanova enfocadas al sistema institucional de protección (SIP), "al igual que hemos hablado con otras cajas sobre este asunto", según confirmó un portavoz de la entidad financiera.

En este sentido, explicó que el SIP es un sistema que permite poner en común un apoyo mutuo entre entidades, que desde Cajamurcia se ve con buenos ojos, por cuanto "las alianzas son buenas porque fortalecen".

No obstante, desde Cajamurcia insistieron en que todos los contactos mantenidos con Caixanova y otras cajas al respecto carecen de formalidad, al tiempo que reiteraron que "afortunadamente la caja no necesita fusionarse con nadie".

Estas declaraciones se producen tras las palabras del presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, quien hoy evitó confirmar contactos de esta entidad con cajas de otras comunidades autónomas, como Cajamurcia, para analizar posibles alianzas ante el rechazo a una fusión con Caixa Galicia, pero aseguró que la caja con sede en Vigo trabaja "por los intereses de Galicia".

A preguntas de los periodistas acerca de una posible operación entre Caixanova, Cajastur y Cajamurcia, tras la presentación de un convenio entre la entidad gallega y la Universidad de Santiago de Compostela, Gayoso se limitó a apelar nuevamente a la "discreción", tras señalar que ignora si el proceso "va para corto o para largo".

El Consell valenciano insta a abrir "un periodo de reflexión" sobre la fusión de las cajas valencianas

VALENCIA.- El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, aseguró hoy que "el Gobierno valenciano ha propuesto a través de su vicepresidente económico y conseller de Economía, Gerardo Camps, que debe abrirse un periodo de reflexión" sobre la fusión de las cajas de ahorro valencianas porque los momentos actuales son "diferentes a los que estábamos hace unos años, cuando esto se planteó".

Cotino se pronunció así, tras la presentación del libro 'Pymes familiares: un estudio en la provincia de Valencia', en la que estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, Arturo Virosque, al ser preguntado por los medios de comunicación por las declaraciones que, el pasado domingo, realizó el conseller de Economía, en las que aseguró que el Consell "no descarta ninguna fusión" entre las cajas de ahorro de la Comunitat Valenciana, ni tampoco entre entidades valencianas y otras de fuera.

Según apuntó, ya existen propuestas en este sentido que "se están llevando a cabo en otras autonomías" y consideró "importante" que "se abra un periodo de reflexión sobre qué tenemos que hacer en unas cajas con entidad tan importante como Bancaja, CAM, Caixa Ontinyent y la posibilidad también de otras cajas de comunidades próximas a la nuestra".

Preguntado sobre si considera que debe haber acuerdo entre las fuerzas políticas para el proceso de renovación de las asambleas de las cajas, puesto que la próxima semana se aprobará en las Corts la lista de los consejeros que conformarán este órgano en Bancaja y Caixa Ontinyent, manifestó que "siempre hay que intentarlo", pero matizó que "luego la realidad de la vida es que, a veces es posible, y otras veces no lo es".

Al respecto, aseguró que "el PP siempre lo ha intentado y lo seguirá intentando", aunque instó a "valorar no sólo la parte del que tiene que proponer el acuerdo sino del que tiene que querer también aceptar". En esta línea, aseveró que alcanzar acuerdos es "difícil" porque "el PSPV está un poco en las barricadas".

No obstante, auguró que "cuando se reúna el pleno de las Corts" la próxima semana, en el que debe decidir la lista de los consejeros que formarán parte de las asambleas de Bancaja y Caixa Ontinyent, el parlamento valenciano "decidirá lo que sea más oportuno".

La nueva autovía del Norte unirá Caravaca con Jumilla tras invertir 325 millones

MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, presentó este miércoles los estudios para la construcción de la Autovía del Norte, que conectará Andalucía y Valencia por el interior de la Región como una alternativa a los desplazamientos a través de la Autovía del Mediterráneo (A-7) y que reduciría a la mitad el tiempo actual de viaje entre Caravaca de la Cruz y Jumilla.

Para ello está previsto que la Comunidad invierta 325 millones de euros acudiendo a una "fórmula extrapresupuestaria", como ya hizo con la Autovía del Noroeste.

Valcárcel indicó que esta nueva infraestructura permitirá unir seis las comarcas del Noroeste y del Altiplano, desde Caravaca de la Cruz a Jumilla, a través de una vía de alta velocidad.

Se completa toda una red de comunicaciones, incluidas las autovías que conectan el interior con el litoral y la comarca del Guadalentín, que según indicó Valcárcel, "vertebran toda la Región", ya que, aseguró, "el objetivo político de este Gobierno tiene como bandera la vertebración de toda la Región, para los ciudadanos y como herramienta de desarrollo económico".

La Autovía del Norte, que se incluye en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Comunidad Autónoma, tendrá una longitud total de 68 kilómetros y vertebrará las comunicaciones del Norte de la Comunidad Autónoma mediante su conexión con tres importantes autovías, la del Noroeste, la de Murcia-Albacete y la futura A-33 hacia Valencia. Está previsto que las obras se inicien dentro de dos años y concluyan, aproximadamente en cuatro, a finales de 2013.

De esta manera, la Autovía del Norte se conformará como eje central de comunicaciones entre las comarcas del Norte de la Región de Murcia, atendiendo de forma directa a los municipios de Caravaca de la Cruz, Cehegín, Calasparra, Cieza, Jumilla y Yecla.

La ejecución del proyecto se llevará a cabo mediante el desdoblamiento de la actual carretera RM-714, de Caravaca de la Cruz a Jumilla, que se transformará en una autovía de cuatro carriles, con mediana, arcenes y vías de servicio a ambos lados de la calzada.

La autovía mejorará la seguridad vial de una carretera por la que actualmente circulan cerca de dos millones de vehículos al año, aunque se podrá alcanzar hasta un tráfico diario de diez millones de vehículos con este nuevo corredor. Además, potenciará la importante actividad económica de la zona, en sectores como la agricultura o el turismo.

Esta obra ha sido dividida en dos tramos: Caravaca-Calasparra y Calasparra-Jumilla. El primero de ellos fue aprobado inicialmente en mayo del año 2008 y en la actualidad se está redactando el correspondiente proyecto de trazado. Este tramo, que presenta una longitud de 23 kilómetros, se inicia en la conexión con la Autovía del Noroeste, en las cercanías de Cehegín y Caravaca de la Cruz.

Respecto al segundo tramo, la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio ha finalizado la redacción del estudio informativo. El tramo Calasparra-Jumilla cuenta con una longitud total de 45 kilómetros y un total de ocho enlaces en su recorrido.

En el trazado destaca el enlace previsto para conectar la autovía con la carretera que da acceso a Cieza y con la zona industrial y de servicios existente. Posteriormente, la autovía pasará bajo las vías del ferrocarril y salvará la rambla del Agua Amarga, cuyo viaducto actual será ampliado.

Otro punto importante es la conexión de esta autovía con la A-30, que conecta Murcia con Albacete, una vía de gran importancia para los habitantes de la zona que mejorarán sus comunicaciones con la capital de la Región y con Madrid. El tramo finaliza en Jumilla, donde se ha previsto una variante por el suroeste que cruzará la rambla del Judío. Así se evitará el paso por la localidad y enlazará con la futura autovía A-33.

Preguntado por si hay dinero para construir la autovía, Valcárcel señaló que "siempre hay dinero porque este Gobierno ha hecho los deberes en tiempos de bonanza, somos el Ejecutivo con mayor capacidad de endeudamiento porque no hemos despilfarrado ni un sólo euros cuando los tiempos eran buenos y por eso hoy somos el Gobierno que más déficit alcanzamos".

"Somos la segunda comunidad autónoma menos endeudada", insistió, con lo cual "hay capacidad, margen para endeudarnos", a parte de todo, explicó el presidente, "hay sistemas extrapresupuestarios que no computan como endeudamiento y que te permiten afrontar obras de estas características".

"Lo mismo ocurrió con la Autovía del Noroeste", recordó, "y ahí está, fue muy criticada al principio, pero la cuestión es cuantos beneficios está reportando esa autovía desde que se inauguró, si hubiéramos esperado a tener dinero ésta no estaría hecha, menos polígonos industriales y perspectivas de futuro, hoy ya presentes". Es decir, añadió, "es una herramienta de crecimiento que ha permitido impulsar y alegrar la economía de la zona".

De hecho, puntualizó, los hospitales del Mar Menor y Cartagena se están construyendo también mediante sistemas extrapresupuestarios, "si hubiera que esperar a disponer de esos recursos o hacerlo 'a pulmón' en presupuesto ordinario esos centros no estarían cuando uno está prácticamente finalizado y al otro no le queda mucho".

"Estos son mecanismos y que el político al final tiene que tomar, si nos equivocamos ya se nos castigará, si acertamos ya se tendrá en cuenta, al final lo que interesa es que repercuta en beneficio de los murcianos", concluyó el presidente, quien remarcó que para el próximo año ya hay presupuestados algo más de un millón de euros para la futura autovía del Norte e incluso unos 100.000 euros por si hubiera que adelantar una parte del presupuesto de haber corrido los plazos necesariamente".

Sala dice que la CAM no tiene "ninguna noticia" sobre la propuesta de Camps de estudiar una fusión con Bancaja

ALICANTE.- El presidente del Consejo Territorial de CAM en Alicante, Armando Sala, aseguró hoy que la entidad no tiene "ninguna noticia" sobre la propuesta del vicepresidente segundo y conseller de Economía, Gerardo Camps, quien consideró el pasado domingo "irresponsable para el Gobierno valenciano e irresponsable para los órganos de administración de las distintas cajas" no plantearse una posible fusión con Bancaja y Caixa Ontinyent.

Armando Sala, se refirió así, preguntado por los medios de comunicación, a la posibilidad de que CAM y Bancaja estudien la propuesta de Gerardo Camps hizo el pasado domingo en Alicante.

Armando Sala manifestó: "nosotros no tenemos ninguna noticia al respecto y, por lo tanto, no puedo añadir nada más". De este modo, se remitió a sus declaraciones del pasado lunes, en las que dijo que el vicepresidente económico "habló de una cosa que a él le podría gustar" y que "no se ha planteado".

Preguntado por la situación parecida de una posible fusión entre Caja Galicia y Caixa Nova, entre las que también podría haber duplicidad de oficinas, Armando Sala indicó que es "un buen ejemplo" pero, según insistió, dijo no poder "añadir nada más" a lo que dijo "el otro día" porque "estamos en un momento, no de impasse, pero estáis preguntando o nosotros respondiendo a una serie de preguntas como consecuencia de unas declaraciones de Gerardo Camps", indicó.

El PSOE advierte que los Presupuestos regionales para 2010 no permitirán cumplir el Pacto por la Educación

CARTAGENA.- El responsable de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús López, declaró hoy en rueda de prensa que los Presupuestos de la Comunidad para 2010 en materia de Educación "no permitirán cumplir el Pacto firmado en el mes de mayo por el Gobierno regional con las diferentes fuerzas sociales, en sus aspectos más relevantes".

A su juicio, "esto era algo que ya deberían haber sabido los responsables del Gobierno regional en aquel momento".

López señaló que en materia de Infraestructuras, "se habló de 171 millones de euros para los cuatro años y sólo se han previsto 17,3 millones (frente a 24 el año anterior) que, además, corresponden a compromisos incumplidos u obras contratadas".

Por tanto, remarcó, "la aportación al Pacto del Presupuesto regional para 2010, en materia de Infraestructuras, es de cero euros". Corresponderían, según explicó el socialista, en todo caso, al compromiso para 2009, "ya que el pacto abarca de 2009 a 2012".

Por ejemplo, explicó, el IES de las Torres de Cotillas "ya se incluyó en el presupuesto de 2009 y está previsto que lo construya el Ayuntamiento por convenio. Después de un año de trámites, en octubre se modificó el pliego de condiciones y salió de nuevo a licitación". También se incluye en el Presupuesto de 2009 la ampliación del CEIP 'Carolina Codorniú', que está en obras y el IES de LLano de Brujas, en ampliación, que ya salió a licitación en septiembre de 2009.

Además, el nuevo CEIP de Los Nietos (Cartagena) se licitó en julio por un importe de 1.420.799 euros, "ahora sale en el Presupuesto por 749.000 euros, en aquel momento se dijo que se iba a hacer en cuatro meses, y mientras los alumnos están en aulas prefabricadas". También lo están, añadió, alumnos de Lorca, que esperan al nuevo IES que se creó por decreto en abril de 2008 y se delegaron competencias para su construcción por el Ayuntamiento del municipio en diciembre de 2009.

Al hilo, López destacó que bajo la denominación de 'Inversiones financiadas extrapresupuestariamente' crean un "cajón de sastre de escasa credibilidad en el que incluyen viejas promesas, segundas fases de colegios que aún no se han empezado a construir y ampliaciones dotadas con cantidades ridículas" y, así "hasta un total de 52 actuaciones que suman una cantidad de 22,6 millones de euros".

"Se trata de una auténtica quimera, no sólo porque se desconoce en qué consiste esa financiación, sino por el carácter meramente simbólico de los fondos que prevén para cada actuación", reprochó.

En concreto en este apartado advirtió López en rueda de prensa aparecen varios centros de Alcantarilla y Cartagena "con obras prometidas reiteradamente y no realizadas", así como el CEIP 'Vicente Ros' de Cartagena, donde existe "un convenio con el Ayuntamiento por 322.697 euros del mes de abril pasado y ahora aparece por 100.000 euros".

Otro compromiso destacado en el Pacto Social, destacó el socialista, era una inversión de 155 millones de euros en el II Plan de FP, "que no se refleja en el Presupuesto de la Comunidad para 2010", subrayó. Por el contrario, añadió, "desaparecen 1.900.000 euros que en el Presupuesto del año pasado figuraban para el I Plan de FP, y que no se ejecutaron".

López reconoció, no obstante, el esfuerzo en dotación de personal docente llevado a cabo, en especial, en Educación Primaria, que permitirá satisfacer el compromiso en alguna de las líneas de calidad previstas en el pacto; "y algún otro gesto meramente testimonial, en materia de reconocimiento de la labor docente".

También se incluyen en estas Cuentas cantidades en centros concertados que "pueden hacer posible la dotación en los mismos de determinados recursos para atención a la diversidad", explicó. A pesar de ello, sentenció el socialista, los Presupuestos para 2010 son "una auténtica decepción".

El Ayuntamiento de Murcia aprueba el Plan especial 'Estación del Carmen' que permite iniciar fase de gestión urbanística

MURCIA.- El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, informó hoy al finalizar la Junta de Gobierno de la aprobación del Plan especial de reforma 'Estación del Carmen' junto al Programa de Actuación que permite iniciar la fase de gestión urbanística con lo que se da luz verde tanto al primer instrumento de planteamiento como de gestión.

Con este nuevo paso, señaló el alcalde, el Ayuntamiento "cumple sus compromisos adquiridos en el protocolo de colaboración" y para ello indicó que ha encargado a la sociedad Murcia Alta Velocidad, cuyo director general, Juan Esteban Sánchez, se encontraba presente, la redacción de los proyectos de reparcelación y urbanización, quien explicó que en principio estarían disponibles para la licitación a finales de 2011.

De este modo, manifestó el alcalde, una "nueva Murcia, moderna y vanguardista está a punto de nacer en el sur de la ciudad", con el proyecto de transformación urbana "más importante que tendrá lugar en la ciudad en los últimos 100 años", puesto que se modernizará "un espacio urbano actualmente degradado y dominado por la existencia de las vías del tren" en un área que será "ejemplo de urbanismo sostenible, con grandes corredores peatonales y zonas verdes".

Y esto será debido, continuó, a que se producirá la conjunción de dos hechos fundamentales, por un lado la desaparición del tendido ferroviario, que históricamente ha limitado el crecimiento y desarrollo de la ciudad por el sur, y, en segundo lugar, y como consecuencia de ello, el nacimiento de una zona urbana diseñada para las personas, con amplios espacios ajardinados, aceras, paseos peatonales y amplias avenidas.

En definitiva, de su ejecución urbanística se derivará la generación de zonas verdes, habitables, más modernas y residenciales, que provocarán nuevos focos de atracción y un cambio en la movilidad en la ciudad.

El ámbito de actuación, señaló, va a afectar a 207.290 m2 de superficie, cuya ordenación diferencia dos ámbitos, siendo uno de ellos, al norte, con una gran parcela de 16.594 m2 destinada a uso ferroviario, junto a la que se disponen los usos terciarios a oficinas y hoteles limitando la altura máxima a 19 pisos; el otro corresponde a la gran manzana residencial situada al sur, conectada a otras construcciones de viviendas.

La ordenación prevista en el plan especial asigna 161.000 m2 que se destinarán a uso residencial y permitirán la construcción de 1.400 viviendas, de ellas el 20 por ciento, es decir, 300, de protección pública.

Además, se crearán 40.300 m2 de zonas verdes, 19.500 m2 de equipamientos locales y de la estación intermodal, mientras 121.236 m2 se reservarán para viario. Asimismo, se construirá un gran aparcamiento público bajo rasante que dará servicio a las necesidades de la nueva estación.

En cuanto al coste de la operación, el director general de Murcia Alta Velocidad, explicó que el documento aprobado en 2006 señalaba 195 millones de euros, de los que 84 millones se financiarán mediante las plusvalías urbanísticas que se obtendrán de la operación y los 111 millones restantes serán aportados por las tres administraciones: el 66 por ciento el Ministerio -entre 66 y 68 millones de euros-, el 26 por ciento la Comunidad Autónoma - unos 26 millones- y el 8 por ciento el Ayuntamiento de Murcia -aproximadamente 9 millones-.

Pero el último documento aprobado señaló un coste de 257 millones de euros a los que igualmente hay que ver la financiación de las plusvalías urbanísticas, manteniéndose iguales los porcentajes correspondientes a cada administración.

Por otra parte, la intervención ferroviaria se desarrollará en una longitud de 7,8 kilómetros de red ferroviaria, de los que 4,7 kilómetros serán soterrados, e incluye la remodelación de los accesos ferroviarios, adaptados a la llegada de la alta velocidad y compatibles con la red existente.

También supone el soterramiento del pasillo ferroviario entre la futura Ronda de Barriomar y el inicio de la Variante de Reguerón en la zona de Los Dolores; la depresión del pasillo ferroviario a la cota del tramo soterrado entre la futura ronda de Barriomar y el núcleo urbano de Nonduermas, en el que se cubrirá un tramo aproximado de 500 metros.

De igual modo se sustituirá la actual estación del Carmen por una estación intermodal -ferrocarril y autobuses-, en la que se deprimirá la totalidad de la vía y andenes y se adecuará la actual estación de mercancías de Nonduermas a los requisitos de un nuevo control de tráfico. Todo ello va a suponer la actuación urbanística sobre los suelos ferroviarios liberados y otros usos privados con una superficie total de 20 hectáreas.

El inicio de este complejo proceso explicó el alcalde, dio comienzo cuando hace algo más de tres años, en junio de 2006, se firmó el protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Administrador Estatal de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia para el soterramiento de la red ferroviaria a su paso por la ciudad de Murcia y el establecimiento de la Alta Velocidad.

Durante este tiempo, informó, cada una de las partes ha realizado sus respectivos cometidos que, en el caso del Ayuntamiento de Murcia y de la Comunidad Autónoma se ha basado en la aprobación de la necesaria modificación del PGOU.

Por último indicó que a partir de ahora, se remitirá a todos los organismos oficiales y propietarios del suelo para que conozcan el expediente y presenten alegaciones si lo estiman oportuno, así como cuando se resuelvan las sugerencias, el Pleno aprobará el plan especial de forma definitiva, algo que podría tener lugar dentro de seis meses.

El cuñado del alcalde de Águilas se resiste a devolver unas ánforas romanas provenientes de una donación al municipio

ÁGUILAS.- La Agrupación Vecinal Aguileña-AVA-Foro Ciudadano de Águilas ha entregado en el Registro General del Ayuntamiento un escrito dirigido al alcalde para que se averigüe el paradero de las ánforas romanas que un pescador asegura haber entregado para que fuesen expuestas en el Museo Arqueológico local.

"Esta iniciativa de la Agrupación Vecinal es consecuencia del testimonio expuesto por un vecino de Águilas, Pedro Escarabajal, quien asegura que hace varios años hizo entrega personalmente al concejal Juan Pérez García de varias ánforas sacadas del fondo del mar, con la promesa de que iban a ser expuestas en el Museo Arqueológico.

Al no encontrarse las piezas en dichas instalaciones, ni conocer el paradero de las ánforas, su propietario ha solicitado de forma infructuosa al citado edil que se las devuelva.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que puede tratarse de restos de valor arqueológico, protegidos por la Ley de Patrimonio Histórico, A.V.A. solicita al alcalde que investigue lo sucedido al objeto de que las ánforas en cuestión sean localizadas y entregadas de inmediato al órgano regional competente en materia de patrimonio cultural de la Región.

Todo ello sin perjuicio de que lo sucedido sea puesto por la citada Agrupación Vecinal en conocimiento de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, así como del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil", según reza un comunicado remitido por AVA.

El citado concejal es cuñado del alcalde, barbero de profesión y pretendido experto en arte, además de un conocido coleccionista y marchante comarcal.

El PSOE pacta con la oposición aumentar al 125% el límite para el endeudamiento de los ayuntamientos

MADRID.- El Grupo Socialista alcanzó anoche en el Congreso un acuerdo con PP, ICV y CiU para registrar una enmienda conjunta a los Presupuestos Generales del Estado para 2010 por la que se amplía del 110% al 125% de los ingresos liquidados en el ejercicio precedente el límite de endeudamiento a partir del cual los ayuntamientos deben pedir permiso al Estado para poder solicitar más préstamos a las entidades financieras.

La enmienda, a la que se han adherido el resto de grupos, trata de dar respuesta a las reclamaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que exigía que este umbral máximo llegara al 130%. Asimismo, se mantiene el carácter excepcional y exclusivo para el año 2010 de la medida, hasta que se apruebe la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Marta Gastón, aseguró que esta enmienda es coherente con el apoyo prestado por los socialistas a los municipios en el actual contexto de crisis económica.

En este sentido, recordó que durante el trámite de Ponencia, los socialistas introdujeron una enmienda que incrementa en 20 millones, hasta los 30 millones, el fondo especial para los municipios de población no superior a 20.000 habitantes, creado en el ejercicio anterior.

A esta cantidad se sumaron otros 60 millones destinados a las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, comunidades autónomas uniprovinciales, así como a los ayuntamientos de Ceuta y Melilla en concepto de aportación a la financiación de las inversiones de las entidades locales, dentro de las líneas de cooperación económica local del Estado.