En la presentación de resultados semestrales de la entidad, González-Robatto consideró que el número de cajas de ahorros en el país se reducirá "significativamente", porque este tipo de entidades financieras presentan una mayor morosidad que los bancos, asi como un mayor solapamiento de oficinas.
murciaconfidencial@gmail.com / "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero del año 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la UCM desde 1976.
lunes, 27 de julio de 2009
El Banco Popular prevé que haya "cinco o seis grandes cajas" en España en 2012
Un decálogo sobre recursos hídricos insta a considerar el agua como motor de desarrollo económico sostenible
El decálogo está extraído de las conclusiones obtenidas tras la realización de tres Jornadas Formativas en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. El acto de presentación estuvo a cargo del secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), José Antonio Redorat Fresquet.
Además, el equipo de profesionales quienes impartieron sus ponencias ha llegado a unas conclusiones sobre los recursos hídricos, su utilización y tratamiento plasmándolo en el siguiente Decálogo.
El grupo está formado por Manuel Lázaro Armengol, presidente de FoSAMA Valencia, Alberto Comos, director de la Fundación Agua y Progreso de la Comunidad Valenciana; y Francisco Cabezas Calvo-Rubio, director de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, en Murcia.
Entre otros puntos el decálogo de agua contempla que hay que considerar el medio ambiente y la gestión integral del agua, como un importante motor de desarrollo económico sostenible, así como generador de empleo duradero y confiable.
Asimismo, recalca que la recirculación del agua en suelo y atmósfera son necesarios. La reforestación selectiva y los trasvases son además "indispensables" por cuanto mitigan y palian los efectos negativos del cambio climático.
También es preciso continuar con las políticas de ahorro y de eficacia en el uso del agua. La Comunidad Valenciana es "ejemplo en ello con una superficie del 80% de nuestro regadío modernizado por riego por goteo y reutilizando prácticamente el 50% del agua que se depura en España", señalan los responsables de la iniciativa.
Las mismas fuentes indicaron que es necesario satisfacer adecuadamente las demandas hídricas, garantizando definitivamente, a las futuras generaciones, las demandas ambientales y de recuperación del ciclo hídrico y la "solidaridad territorial" en lo referente a energía, agua, infraestructuras y recursos naturales.
El Gobierno Zapatero comienza a modernizar el ferrocarril de la Región
Estos estudios informativos definen los accesos e instalaciones necesarias para la llegada de la red de alta velocidad a estas ciudades, así como para su integración urbana, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado de prensa.
Esta actuación se lleva a cabo en desarrollo del Protocolo de colaboración suscrito el 22 de junio de 2006 entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Región de Murcia, los Ayuntamientos de Cartagena y Murcia y el ADIF para la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia.
La actuación aprobada tiene su origen a la salida de la estación de Murcia-Cargas y se desarrolla a lo largo del actual pasillo ferroviario hasta la zona de conexión con la nueva variante ferroviaria de acceso a Murcia por el Norte, la Variante del Reguerón. La longitud de la actuación es de 7,8 kilómetros.
En todo el pasillo ferroviario existente se han contemplado los equipamientos y parámetros necesarios para la implantación de servicios ferroviarios de alta velocidad, de forma compatible con los restantes tipos de tráfico, disponiéndose triple vía en todo su recorrido. Inicialmente sólo estaba previsto implantar triple vía en el acceso Norte.
La estación de Murcia del Carmen se ha mantenido en su céntrico emplazamiento actual, adecuándola a la prestación de los nuevos servicios previstos, manteniendo y mejorando su accesibilidad y garantizando su intermodalidad. La estación contará con ocho vías, cinco de ellas con andén de 400 metros de longitud útil. Inicialmente estaban previstas siete.
En lo referente a la integración urbana del pasillo ferroviario, se ha contemplado el soterramiento a lo largo de 4.272 metros entre la futura ronda de Barriomar y la zona de inicio de la variante del Reguerón.
El ámbito del Proyecto se extiende desde el actual punto kilométrico 497,500 de la Línea Férrea Chinchilla-Cartagena hasta la actual estación de Cartagena, siendo la longitud de actuación de 5,9 kilómetros.
En el proyecto se ha contemplado la adecuación del actual pasillo ferroviario de acceso a Cartagena a los parámetros y equipamientos necesarios para la implantación de servicios ferroviarios de alta velocidad.
En particular se ha previsto la ampliación de la plataforma para permitir la implantación de una doble vía en el acceso a la estación de Cartagena y una tercera vía de conexión con el puerto de Escombreras.
Asimismo, se ha previsto la adecuación de la estación para la prestación de los servicios previstos, manteniendo y mejorando la accesibilidad y centralidad actuales; además se ha definido una nueva configuración de la estación con dos zonas diferentes, una con cuatro vías y andenes de 200 metros de longitud y otra subterránea paralela a la anterior con dos vías que permitirán acoger trenes de 400 metros de longitud.
Saura cree que hay que llegar a un pacto para salvar la agricultura regional
En la reunión se repasó la situación actual del sector agroalimentario la Región de Murcia, en el que "el sufrimiento de los agricultores es mucho mayor de lo que se refleja en las estadísticas", subrayó Saura.
Y es que, para el dirigente socialista, la Agricultura es un sector "verdaderamente estratégico que ha sido olvidado por los dirigentes del Partido Popular (PP) en los últimos años", y recordó que hubo municipios de la Región de Murcia "que cambiaron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para hacer urbanizable el 90 por ciento del suelo".
Saura criticó que el Gobierno regional "entendiera antes que la agricultura no era un sector estratégico y ahora se acuerdan de la ella. Bienvenidos sean a la idea de que es un sector de futuro".
En este sentido, confirmó que el PSRM está dispuestos a llegar a un acuerdo con el PP para alcanzar un Pacto por la Agricultura, "porque entendemos es un sector claramente de futuro y porque el año que viene puede ser un año muy complicado para los trabajadores del sector".
Asimismo, explicó que las competencias en la materia están residenciadas en la Comunidad Autónoma, al tiempo que recordó que en la Región de Murcia existe un Plan del Sector Agroalimentario que se creó hace dos años.
"Vamos a pedir en la Asamblea Regional un pleno monográfico para hablar de la evolución de la agricultura y evaluar el cumplimiento de ese plan", adelantó Saura.
Por otro lado, mostró su preocupación por la diferencia "tan exagerada" y "tan poco justificable" que existe entre los precios que reciben los agricultores y los que pagamos los consumidores.
"En ese sentido habría que trabajar en la Región de Murcia, porque ¿cómo es posible que la Región de Murcia sea la comunidad autónoma donde más han crecido las grandes superficies en los últimos años?", preguntó.
El dirigente socialista explicó que esto es un error porque, al final, "con los oligopolios no se consigue abaratar el precio de los productos y los agricultores pierden, además, poder de negociación", por lo que añadió que con estas decisiones del Gobierno regional "Murcia va en la dirección equivocada".
Por su parte, Lencina indicó que en estos momentos en los que se están ultimando las cosechas y los agricultores tienen que comenzar a preparar los terrenos para la nueva campaña, "nos encontramos con un problema de circulante, por la diferencia de precios en origen y destino que han motivado los monopolios y oligopolios del sector".
Aún así, el presidente de COAG señaló que la agricultura murciana "es la mejor y más competitiva del Mediterráneo, pero no por las subvenciones que reciben los agricultores, sino por su trabajo diario", y añadió que "aunque ha servido de colchón, la Agricultura no puede sostener más la situación de crisis en la Región, como dijo el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá".
Valcárcel exigirá en septiembre a la ministra Espinosa la regeneración de Portmán
El alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, que mantuvo hoy una reunión con el presidente autonómico, agradeció "la especial sensibilidad mostrada y el firme compromiso de Ramón Luis Valcárcel con los importantes proyectos de futuro de La Unión".
El municipio de Murcia se encamina a superar el medio millón de habitantes
En relación a la situación actual, con datos a 31 de diciembre de 2008 del Instituto Nacional de Estadística, en la Región viven 1.445.410 personas, por lo que el incremento estimado para 2014 es del 26,22%.
domingo, 26 de julio de 2009
Obispo Lorca Planes: 'La calumnia no es cristiana'
Regresa a una Diócesis que conocía al dedillo hasta 2004 en que se fue a Teruel, pero que en los últimos tiempos ha estado sacudida por el conflicto entre el Obispado y la Fundación San Antonio que rige la Universidad Católica. Los ecos de ese enfrentamiento obligaron a la Santa Sede a intervenir directamente, que decidió el traslado de su antecesor, Reig Pla. ¿Ve demasiado poder en la Fundación que dirige José Luis Mendoza?
Paraísos fiscales y desarrollo: un resumen del Informe noruego / Juan H. Vigueras *
El sector petrolífero de Noruega alimenta unos fondos estatales de inversiones en el exterior, los llamados fondos soberanos, que canalizan el excedente de ingresos públicos y que se invierten en el extranjero siguiendo criterios políticos legalmente establecidos. Entre estos se encuentra el Norfund (Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo) que está legalmente destinado a facilitar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, mediante inversiones de capital riesgo en negocios rentables de países en desarrollo. Estas inversiones noruegas abarcan una gama muy variada que van desde una central hidroeléctrica en Chile, a un banco en Uganda, pasando por un hotel en Kabul; y revisten modalidades también diversas, desde participaciones financieras en empresas gestoras o la gestión directa con empresas propias de referido Fondo soberano. La crisis financiera global ha generado inquietud entre los políticos noruegos sobre la eficacia real de esas inversiones de dinero público para el logro de los objetivos de desarrollo.
Con el mandato de definir una nuevas directrices para el Norfund, en junio de 2008 el gobierno de Noruega nombraba por Real Decreto una comisión multidisciplinar, integrada por reputados profesores de Escuelas de Negocios, un fiscal especializado en delincuencia y otros altos funcionarios entre los cuales estaba la ex magistrada francesa y ciudadana noruega, Eva Joly, famosa desde su instrucción del caso de la petrolera francesa Total-Elf en años recientes y recientemente elegida presidenta de la comisión de desarrollo en el nuevo Parlamento europeo.
Esta comisión gubernamental recibió el mandato de examinar el papel de las “secrecy jurisdictions” en relación con la fuga de capitales desde los países en desarrollo; con el encargo de evaluar los efectos dañinos que los paraísos fiscales están causando en los países en desarrollo, documentando su alcance y asimismo se le pedía que presentara recomendaciones que pudieran aliviar los problemas de los países en desarrollo creados por los paraísos fiscales, proponiendo una guía para las operaciones del Norfund.
Después de un año de investigaciones y trabajos, el pasado 27 junio la Comisión designada entregó al gobierno noruego su informe, bajo el título Tax havens and development (Paraísos fiscales y desarrollo), disponible en inglés en Internet. Sus 217 páginas documentadas se apoyan en estudios solventes, informes de organismos internacionales, de ONGs y los documentos de Tax Justice Network (La Red por la Justicia Fiscal, una coalición de organizaciones y expertos, a la que pertenece Attac-España y a la que está vinculado el autor de este articulo).
A modo de resumen incompleto del citado informe noruego, expondremos algunos de sus apartados más significativos a nuestro juicio, a la espera que el gobierno noruego o alguna ONG publique pronto su traducción íntegra al español.
La imprecisión de la expresión “paraísos fiscales”
Una muestra del rigor y la solvencia de este informe es que comience por subrayar que “paraíso fiscal” (tax haven) “no es un término preciso” y que “no existen criterios generalmente aceptados que determinen los elementos que deberían pesar en la clasificación de paraísos fiscales. Por tanto, el concepto no tiene aplicación en el derecho internacional o en los textos legales nacionales, pero aparece en ciertas propuestas legislativas que buscan la autorización de medidas contra las estructuras dañinas y la falta de intercambio de información fiscal en asuntos tributarios”.
Sin embargo, se reconoce que paraíso fiscal es una expresión muy conocida y usada frecuentemente en los medios de comunicación y en las conversaciones diarias, aplicándose con imprecisión a Estados caracterizados por la adopción de tipos impositivos inusualmente bajos, tanto para toda la economía como para las sociedades fantasma de propietarios extranjeros. A menudo paraíso fiscal tiene como sinónimo centro financiero extraterritorial u offshore y jurisdicción con secretismo (secrecy jurisdiction), pero no existe consenso sobre qué define esa condición.
Este grupo de trabajo muestra sin pretenderlo la falacia de las declaraciones de los gobiernos del G-20 cuando decían combatir los paraísos fiscales sin precisar previamente de que estaban hablando. Y cuando llegó la hora, el G-20 se acogió al falso criterio determinante de la suscripción de convenios bilaterales de intercambio de información fiscal a petición de parte, como se denuncia en nuestro libro Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20 (Icaria. Colección Más Madera, junio 2009)
En cualquier caso, dependiendo de la definición que se elija, aparecen entre 30 ó 70 paraísos fiscales, lo que supone que entre el 15 y el 30 % de los países del mundo podrían entrar en la catalogación de “paraísos fiscales” y las expresiones afines. De ahí que a la Comisión haya considerado oportuno no incluir ningún listado en su informe, aunque ofrece un cuadro comparativo con los listados de la OCDE, del FMI, del Senado estadounidense y de Tax Justice Network. La Comisión gubernamental noruega considera que “los paraísos fiscales” se caracterizan por el modo en que se regula el secreto bancario y su protección, dentro de un sistema normativo construido de manera que pretende sortear los intereses públicos y privados en otros Estados, es decir, aquellos Estados donde los propietarios de las compañías tienen su domicilio o están sometidos a sus obligaciones legales. Luego “el secretismo y la falta de transparencia son la principal característica”, se concluye en el informe.
Son particularmente interesantes las análisis de ciertas estructuras de los paraísos fiscales, como las regulaciones del secreto bancario, las ficticias sociedades instrumentales y los fideicomisos (trusts) así como sus efectos perjudiciales en general; incluso se dedica un apartado para exponer la interferencia de los paraísos fiscales con los derechos humanos definidos por la Convención europea de 1950.
El significativo sector financiero de los paraísos fiscales
En un apartado especifico ilustrado con cuadros de datos reales, la Comisión noruega señala que el capital fluye a las “secrecy jurisdictions” de muchas maneras diferentes. En parte, los fondos entran como depósitos u otros tipos de cuentas bancarias; otra parte se vale de sociedades mercantiles instrumentales, fideicomisos (trusts) y otras entidades propias de los paraísos fiscales y luego ese dinero se coloca en bancos o en otras entidades financieras antes de que sea canalizado hacia países con actividades rentables financieramente.
Aunque sean importantes las inversiones directas hacia o desde los paraísos fiscales, son muchos mayores las inversiones financieras y es mucho mayor el sector financiero en esos países y territorios offshore. Y cita, entre los paraísos fiscales mas notorios (con pequeñas economías y grandes balances financieros), el caso de las Islas Caimán que disponen de la mayor cifra de depósitos bancarios con 1,67 billones $ (doce ceros); en comparación con los 150,000 millones $ de las Islas Vírgenes Británicas. Cierto número de paraísos fiscales, incluidos Hong Kong, Holanda y Suiza, reciben mayores inversiones que las Islas Vírgenes, pero estos países tienen una actividad económica sustancial que no está asociada con el secreto bancario.
En un cuadro estadístico (Página 107) con las cifras de activos bancarios internacionales, Suiza aparece en segundo lugar y el enorme sector bancario de las Caimán dispone de unos activos internacionales que totalizan 700 veces su PIB; mientras los activos nacionales e internacionales de los bancos noruegos se corresponden con 1,3 veces el PIB y los de los bancos de la Eurozona alcanzan 2,5 veces el PIB conjunto.
Con datos de 2008 se recoge otro cuadro sobre la importancia de los sectores financieros en los paraísos fiscales. Por comparación, mientras los EEUU y el Reino Unido representan los dos centros financieros mayores del mundo, con una actividad financiera muy significativa, el sector financiero de la Isla de Jersey representa el 50 % de su PIB y muchos otros paraísos fiscales superan el 17 % del PIB.
La Comisión registra, asimismo, la importancia de las sociedades instrumentales o ficticias domiciliadas en paraísos fiscales que ejercen su actividad económica fuera de esa jurisdicción, en el plano internacional. Como ejemplos relevantes, el citado informe registra que el número de sociedades o compañías por cada 1000 habitantes es de 17.917 en las Islas Vírgenes Británicas; de 1815 en las Islas Caimán y de 213 en las Bermudas. Como comparación, Noruega tiene 40 sociedades mercantiles por 1000 habitantes.
Los flujos de capital desde y hacia los paraísos fiscales
El referido informe reconoce que no se puede determinar con precisión el alcance del dinero ilícito que fluye desde los países en vías de desarrollo hacia los paraísos fiscales; pero es indiscutible que excede con mucho, por ejemplo, a la ayuda al desarrollo o a las inversiones directas en esos países. El Banco Mundial estimaba en 571,000 millones $ el volumen total registrado de capital que llegó a los países en desarrollo en 2006; mientras que la ayuda de los países donantes alcanzó los 70,000 millones $. Sobre el dinero ilegal que sale desde los países en desarrollo, la estimación mas solvente (Kar & Mamadoy, 2008) señala que el total de estos flujos de capital ilegal se sitúa entre los 641,000 y 979,000 millones $. Incluso la estimación menor sugiere que los flujos de salida de capitales exceden las entradas netas de capital. Los fondos que salen corresponden grosso modo a diez veces la ayuda al desarrollo que se concede a los países en desarrollo.
Aunque no todo el dinero ilícito va a parar a los paraísos fiscales, el informe considera documentado que son enormes las inversiones en esas jurisdicciones y que gran parte de esos fondos colocado allí no se declaran para la tributación. Y el informe hace referencia a la estimación que hizo Tax Justice Network para 2004, que cifraba entre 11 y 12 billones $ las fortunas personales colocadas en paraísos fiscales. Y las estadísticas oficiales indican que esas cifras se elevaron en años posteriores, aunque la crisis financiera ha llevado a su disminución desde 2007.
La justificación de la utilización de paraísos fiscales por Norfund
El informe gubernamental referido deja constancia que en la información aportada por el propio fondo soberano Norfund (Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo) a la Comisión, se explica por qué los fondos de inversiones en los que invierte están a menudo localizados en paraísos fiscales. Los directivos del Fondo estatal argumentan que “no es el secretismo lo que hace a los paraísos fiscales atractivos para localizar los fondos sino el hecho de que estas jurisdicciones frecuentemente ofrecen lo siguiente:
- La gestión segura y menores costes en las transacciones entre los países de origen de los inversores y las compañías en las que se invierten los fondos.
- Un buen marco legal estable especialmente a la medida de las exigencias del sector financiero.
- Disposiciones que evitan la tributación innecesaria en terceros países.
- Y estabilidad política.”
Más aún, los directivos del Norfund aseguran que con frecuencia los paraísos fiscales donde se localizan los fondos disponen de sistemas avanzados para los pagos transfronterizos, destacando, por ejemplo, que los fondos en la Isla Mauricio en los que participa se benefician de las redes bancarias de que disponen en el continente africano los bancos que utilizan; en muchos casos con disposiciones legales muy apropiadas para los fondos porque permiten operaciones que no serían posibles bajo la legislación noruega. Otras argumentaciones abundan en esta defensa.
Es obvio – añadimos nosotros – que, como era de esperar, los argumentos presentados por los gestores son puramente funcionales, pero resultan muy ilustrativos de la filosofía neoliberal que fundamenta las practicas de las entidades financieras globales, privadas y públicas, y que subyace en la globalización de los mercados financieros sin control por los Estados.
Los efectos dañinos de los paraísos fiscales
La Comisión noruega ha identificado los conocidos efectos dañinos que genera la utilización de los paraísos fiscales. Puesto que estos centros financieros offshore o para no residentes contribuyen a la pérdida de ingresos fiscales en los países en desarrollo; asimismo contribuyen a su perpetuación al proporcionarles rentas y legitimación, al mismo tiempo que disminuyen el crecimiento en los países pobres; e igualmente contribuyen al blanqueo de dinero sucio y al fraude fiscal
Sin embargo, el citado informe apunta otros nuevos efectos dañinos menos divulgados, de los cuales tres merecen especial atención; como son el hecho de que los paraísos fiscales incrementen la prima de riesgo en los mercados financieros internacionales; que socaven el funcionamiento de los sistemas tributarios y las finanzas públicas; y que dañen la calidad institucional y el crecimiento de los países en desarrollo.
A) Los paraísos fiscales incrementan la prima de riesgo en los mercados financieros internacionales
La crisis financiera ha revelado que muchas entidades financieras soportaban deudas extracontables que parcialmente estaban registradas en paraísos fiscales y, por tanto, eran opacas. Los ejemplos incluyen instrumentos de inversión y productos estructurados registrados en paraísos fiscales, que al final aumentaban los riesgos de la contraparte y al aumento de los costes de los préstamos las primas de riesgo para todos los países. El informe referido alude a las consecuencias nefastas del funcionamiento financiero opaco que la crisis ha puesto de manifiesto; y que por nuestra parte hemos desvelado con el análisis de casos de rescate bancarios significativos y del sistema bancario en la sombra analizados en nuestro reciente libro ya citado sobre el rescate de los paraísos fiscales por la cumbre de Londres del G-20.
B) Los paraísos fiscales socavan el funcionamiento de los sistemas tributarios y las finanzas públicas
Al ofrecer normas de secreto bancario y domicilios ficticios combinados con regímenes de “cero impuestos” destinados a incentivar la llegada de fondos que dejan de tributar en sus países de origen, los paraísos fiscales incrementan la competencia para atraer el capital volátil, haciendo difícil para los demás países mantener sus tipos impositivos sobre el capital y, por consiguiente, contribuyen a disminuir esta tributación. Los países en desarrollo tienen una base impositiva más estrecha que la de los países ricos y la mayor parte de sus ingresos fiscales procede de la tributación del capital. Según esto, menores impuestos sobre el capital significan bien una disminución en los ingresos y/o bien impuestos más elevados sobre una base mas estrecha. En definitiva, el resultado es que los paraísos fiscales contribuyen a elevar los costes socioeconómicos de la tributación y debilitan el crecimiento en los países en desarrollo.
C) Los paraísos fiscales dañan la calidad institucional y el crecimiento de los países en desarrollo
Las mayores consecuencias negativas potenciales de los paraísos fiscales son su contribución a la debilitación de la calidad de las instituciones y del sistema político en los países en desarrollo. Esto se debe a que incentivan el propio interés de ciertos políticos y burócratas en que se debiliten esas instituciones propias. La falta de una efectiva vigencia de las organizaciones locales significa que los políticos pueden en mayor medida aprovecharse de las oportunidades que los paraísos fiscales les ofrecen para ocultar los beneficios derivados de los delitos económicos, de la corrupción, de la búsqueda ilegal de ingresos provenientes del erario público o de la ayuda exterior. Al facilitar la ocultación de los beneficios de la delincuencia económica, los paraísos fiscales crean incentivos políticos para demoler en lugar de fortalecer las instituciones y/o debilitar en vez de reforzar los procesos de la gobernación democrática.
Apelando a la benevolencia del lector, hemos de expresar nuestra complacencia porque este Informe oficial del gobierno noruego corrobore la conclusión básica de nuestra primera investigación al respecto sintetizada en el subtítulo “cómo los centros offshore socavan las democracias” de nuestro libro Los paraísos fiscales (AKAL, 2005).
Recomendaciones del informe noruego
La principal recomendación del Informe de la Comisión gubernamental atañe a la política de desarrollo de Noruega como país que, como es sabido, es muy activo internacionalmente. La Comisión señala que las autoridades noruegas deberían aumentar su compromiso para reforzar y mejorar los regímenes fiscales y las medidas anticorrupción en los países en desarrollo, trabajando para reforzar sus procesos democráticos, la transparencia y la rendición de cuentas, entre otras cosas.
Pero, asimismo, el Informe de la comisión gubernamental presenta unas “guidelines for Norfund”, es decir una serie de pautas detalladas para las políticas de este Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo, que incluyen la preparación de unas directrices éticas sobre las opciones de la localización de esas inversiones y sobre cómo este Fondo estatal debería informar de sus operaciones.
“En opinión de la Comisión, Norfund debería gradualmente dejar de hacer nuevas inversiones financieras mediante paraísos fiscales en un período de tres años desde la aprobación del Informe de la Comisión. La Comisión ha notado que las consecuencias de eso probablemente serán que Norfund incremente las inversiones directas en compañías de países en desarrollo sin que necesariamente tenga un efecto negativo en los beneficios de las inversiones de la institución. Más aún, la Comisión es de la opinión que, como Norfund tiene objetivos relacionados con la creación de valor y los ingresos fiscales en países en desarrollo, la rentabilidad antes de impuestos de sus inversiones debería ser el parámetro de inversiones más importante. La gestión de conformidad con la rentabilidad post impuestos significa que Norfund dedicaría recursos para minimizar sus pagos tributarios en países en desarrollo. Esto no es reconciliable con el objetivo de la institución de contribuir al desarrollo en los países pobres. A la Comisión no le ha parecido apropiado recomendar que el gobierno pida a Norfund que se retire de los fondos existentes en paraísos fiscales.”
La Comisión dice haber optado, pues, por un período de transición que enviará una señal importante sobre el significado de la no utilización de los paraísos fiscales. Una conclusión final que no puede considerarse revolucionaria; pero que hemos de admitir que marca un camino para todos los gobernantes europeos, particularmente españoles, que han expresado públicamente su disposición a combatir los paraísos fiscales.-
(*) Juan H. Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España
Caso Gürtel: más allá de favores, trajes, bolsos... y anchoas / Antonio Fuertes Esteban *
Digo esto, porque parece que en este país políticos y mas media de toda laya, lejos de prodigar cultura política a través de su discurso y de su ejemplo, parecen anclados aún en La Restauración como si el tiempo no hubiera pasado y aparte del insulto y del “y tú más” no se propongan en absoluto dignificar la vida política ni en las formas ni en los contenidos, y así nos va. ¿Cómo vamos a crear ciudadanía activa? ¿o es que en el fondo no se quiere? La tan traída desafección política se la ganan a pulso diariamente. Como entonces durante La Restauración es necesaria una profunda Regeneración de la vida política y en la que necesariamente los ciudadanos han de poder tomar parte.
Porque más allá en importancia de los tan divulgados comadreos, regalos y favores entre grupos de amiguetes, la realidad corrupta de nuestra llamada democracia está arraigada en nuestro propio sistema político y económico y tiene raíces más profundas y no bien publicitadas. Esta realidad corrupta tiene diversos mimbres, pero fundamentalmente está basada en que el sistema actual establece muchas más garantías a la libertad de negocios y de todo tipo de transacciones de capital sin cortapisas, que para desarrollar un adecuado estatus de ciudadanía y su acción cívica. Al mismo tiempo que en el sometimiento permanente del poder político al poder económico.
Y es que, como se ha demostrado en diversas ocasiones en nuestra joven aún democracia, existen en este país poderes intocables y son la gran patronal y la Banca, de la que todos los partidos beben en uno u otro momento con vistas a satisfacer sus necesidades, de financiación de sus campañas electorales o de sus programas políticos. Y es este el poder que domina y siempre marca límites a diestra y a siniestra.
A estas alturas, después de las declaraciones del Ministro de Justicia Francisco Caamaño, es evidente que si nada lo impide el Estado, a instancias del Gobierno de la Nación, se personará como acusación particular en el caso Gürtel, está en liza la respuesta a un importante entramado institucional corrupto del PP, primer partido de la oposición, que se configuró con el último gobierno de Aznar y que desde entonces ha venido parasitando bienes del Estado Central y de las Comunidades de Madrid y Valencia.
Y es aquí donde se demuestra quien manda en este País. Nunca antes el Estado, ni con el Gobierno del PP, ni con el Gobierno socialista, se personó como acusación particular en los diversos e importantes casos de delito económico y fraude fiscal, cuando los imputados eran Presidentes o miembros del consejo de administración de importantes grupos bancarios españoles.
Esto se pudo ver en los casos de las “cuentas secretas” del BBV o en el de las “cesiones de crédito” del BSCH y ello a pesar de que fueron lesivos, aparte de para los accionistas y ahorradores, para la Hacienda del Estado.
Pero aparte de este inciso, y respecto a lo que nos trae, tanto el Juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional, como posteriormente el Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, que en sucesivas fases han instruido el caso Gürtel han encontrado indicios fundamentados de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.
En mayor o menor medida hay más de 70 imputados, tres de ellos entre los que se encuentra el supuesto cerebro de la trama Francisco Correa (Correa es Gürtel en Alemán) permanecen en prisión y hay diversos aforados y cargos públicos implicados, entre ellos Luis Bárcenas, senador y responsable de finanzas del PP, así como el Presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps.
Correa es la cabeza visible de un entramado o holding empresarial cuya matriz es Special Evens, propiedad de Correa, y que está compuesta por empresas inmobiliarias y constructoras, de comunicación, de organización de eventos, sociedades de inversión..etc.
Pero más allá de los imputados y de enumeración de hechos y delitos que han aparecido en la prensa, nos interesa aquí hablar de los instrumentos y mecanismos que a partir de ahora la justicia tendrá para actuar e implantarse.
Y no es cuestión menor, ya que una vez el Estado acepta el reto de presentarse como acusación, su éxito depende de la información que proporcionen a la justicia Española países o territorios como Panamá, Islas del Canal, Mónaco, Colombia, Holanda, Antillas Holandesas, Suiza, Reino Unido, EE. UU (algunos estados) o la Isla caribeña de Las Nieves. Todos ellos considerados centros offshore o países no colaboradores con la jurisdicción internacional en lo que respecta a proporcionar datos de las personas físicas y/o jurídicas titulares de cuentas o empresas instrumentales en ellos.
En lo que respecta al caso Gürtel está por ver que las diversas comisiones rogatorias realizadas a dichos países y territorios tanto por el juez Garzón, como por el magistrado Antonio Pedreira, en el sentido de ayuda judicial e información fiscal, vayan a ser aceptadas por dichos centros offshore.
La información que la justicia Española solicita tiene que ver con la información proporcionada por diversos testigos y con la presunta de la llamada caja X, de una cuenta de Caja Madrid y vinculada a la contabilidad B de las empresas de Correa, ligada a diversos intercambios con territorios offshore y a partir de la que fluía buena parte del dinero.
El éxito de la justicia depende de que se de un intercambio de información efectiva necesaria para conseguir pruebas fehacientes, que hasta el presente le ha sido negado anteriormente a la justicia española en otras causas por otros territorios offshore.
También a que la investigación judicial y de la Hacienda Española puedan salvar los obstáculos y la complejidad de la trama tejida por Correa, testaferros y asesores a través de empresas instrumentales y fideicomisos entrelazados unos con otros en estos paraísos fiscales necesarios para realizar todo tipo de operaciones corruptas sin apenas dejar huellas visibles a la justicia.
Todo ello unido a la lentitud de la justicia supone que no podamos ser muy optimistas. Aún así habrá que esperar a ver como se comportan países que como Panamá firmó recientemente con España un acuerdo de intercambio de información con cláusula sobre la doble tributación.
El limbo jurídico y dumping fiscal que constituyen los denominados Paraísos fiscales y/o Centros offshore o extraterritoriales, no nos cansaremos de repetirlo en ATTAC, constituye un claro atentado a la justicia y a la democracia en el mundo.
La opacidad ha sido y es un arma política al servicio del capital financiero, un capital financiero globalizado que socava la democracia. La lucha para conseguir su abolición es necesaria para establecer realmente la soberanía popular en contra del poder plutocrático del dinero.
Una ciudadanía informada y activa es necesaria. ¡¡¡Acabemos con los Paraísos Fiscales!!!
(*) Antonio Fuertes Esteban – Comisión de Justicia Fiscal Global de ATTAC España
Especulación y caciquismo / José Manuel Naredo *
Una parte importante de la misma se invirtió en la compraventa de empresas y activos patrimoniales preexistentes como tarea mucho más prioritaria en la lucha por el poder y por la “creación de valor” de las grandes corporaciones que la de cuidar su propia actividad ordinaria, ligada a la venta de bienes o servicios.
Las mismas empresas no financieras vinieron invirtiendo en adquirir activos financieros, más del doble de lo que destinaban a mejorar o ampliar sus infraestructuras y equipos, privilegiando así, la especulación frente a la fabricación de bienes o servicios, cada vez más subcontratada y precarizada. Las copiosas inyecciones de liquidez que se vienen practicando reanimarán, evidentemente, este juego especulativo si no se modifica el contexto que lo propicia.
Otra gran parte de la financiación ha venido alimentando la burbuja inmobiliario-financiera y la constelación de megaproyectos e infraestructuras generalmente asociados a ella. Una vez obtenidas las plusvalías de la recalificación de terrenos y/o los beneficios de la fase de construcción, suele evidenciarse el fiasco económico y el sinsentido de los megaproyectos, ahora subrayado por la crisis inmobiliaria.
Numerosos exponentes de este proceder han venido desordenando el territorio al dictado de oligarquías político-empresariales que sembraban por doquier, con el apoyo del dinero público, parques temáticos, nuevas “ciudades” e infraestructuras, sin contar con las necesidades de la población ni con las vocaciones del territorio.
Tal vez la operación denominada Reino de Don Quijote, en Ciudad Real, pase a la historia por haber contribuido a la bancarrota de Caja Castilla La Mancha, al forzarla, entre otras cosas, a financiar un ruinoso aeropuerto privado para que accedieran los ricos del mundo a jugar en el nuevo casino que servía de pretexto a la operación. Pero esto parece un juego de niños en comparación con la treintena de casinos y la megalópolis del juego que se pretendían instalar en el desierto de Los Monegros…
Afortunadamente la crisis vino a parar tamaños despropósitos. Pero, una vez pinchada la burbuja inmobiliaria, queda el negocio puro y duro de la construcción de infraestructuras inflado por el dinero público que fluye ahora con redobladas pretensiones anticíclicas, haciendo que la letra E de España avale las obras que sin ton ni son salpican el territorio.
¿Ha preguntado alguien a la ciudadanía cuáles son sus prioridades, antes de emprender un programa de este porte? No parece que así sea y, sin cambiar las reglas del juego, las nuevas inversiones seguirán alimentando la dimensión especulativa y caciquil de la economía española que nos ha llevado a la penosa situación actual.
(*) José Manuel Naredo es economista y estadístico -------- www.publico.essábado, 25 de julio de 2009
La fusión de Unicaja, Caja de Jaén y Cajasur irá a dos velocidades
El presidente de Unicaja, Braulio Medel, y su homólogo en Caja de Jaén, José Antonio Arcos, no quieren postergar una integración acordada ya para esperar los cambios normativos necesarios para que pueda sumarse la entidad que preside el cura Santiago Gómez Sierra, ya que dichas modificaciones pueden llevar seis meses como mínimo.
Tras las reuniones celebradas entre Unicaja y Caja de Jaén con responsables del Banco de España, las entidades andaluzas están a la espera de poder formalizar su fusión, planteamiento que no van a modificar pese a entablar conversaciones con Cajasur para que se sume al proyecto.
La integración entre Unicaja y Caja de Jaén no precisa recursos públicos para llevarse a cabo, mientras que la caja controlada por la Iglesia podría necesitar una inyección de dinero público del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para participar de la gran caja andaluza.
De esta forma, no se constituirá una fusión a tres bandas de forma inmediata, sino que la integración de las dos primeras entidades podría abrir sus puertas posteriormente a Cajasur. Si esta última no cuenta finalmente con la cobertura legal y los recursos necesarios para entrar en el equipo, los planes de Unicaja y de Caja de Jaén no se verán afectados.
El FROB contempla la remoción de los gestores de entidades financieras que necesiten dinero público para llevar a cabo su reestructuración, situación en la que también quedaría en suspenso la capacidad de veto de los gobiernos regionales a la fusión de una entidad de su comunidad con otra.
El fondo diseñado por el Gobierno capacita así al organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez para decidir el destino último de las entidades financieras que necesiten dinero de los contribuyentes para garantizar su viabilidad futura, lo que podría constituir un escollo más que dificultaría los planes de Cajasur de integrarse en el proyecto de Unicaja y Caja de Jaén.
Unicaja y Caja de Jaén ya han iniciado sus auditoras externas o 'due diligence' para verificar la viabilidad de su fusión, unas auditorías que prevén tener concluidas en agosto para estar en condiciones de llevar el proyecto de fusión antes de septiembre a los respectivos consejos de administración.
Esas auditorías se iniciaron hace varios días y están elaboradas por PricewaterhouseCoopers (PWC) en el caso de Unicaja y de Ernst and Young en el caso de Caja de Jaén, en colaboración en ambos casos con equipos jurídicos-económicos de cada una de las entidades.
El aire que respiramos en la Región de Murcia
Concretamente se han retirado de la web los datos de Tolueno, Benceno y Xileno, y se ha transformado la presentación de los datos de partículas PM10, dificultando su consulta y recopilación de datos, según denuncia 'Ecologistas en Acción'.
Casualmente esto sucede tras varios meses de denuncias de esta organización sobre los continuos episodios de contaminación por Tolueno, Benceno y Xileno en Alumbres y en Murcia-Alcantarilla, y en las que se pedía la intervención de dicha Consejería.
A lo que hay que añadir las denuncias sobre niveles de partículas PM10 que esta asociación lleva varios años realizando de manera mensual, y solicitando a su vez la elaboración y puesta en marcha de los Planes de Acción para la reducción de la contaminación que exige la ley.
Días antes de esta desaparición, se produjo la comparecencia en la Asamblea Regional del Consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, para dar explicaciones sobre un informe del Defensor del Pueblo estatal que daba la razón a Ecologistas en Acción a raíz de una queja sobre falta de información al público sobre episodios de contaminación por Ozono troposférico y por dióxido de azufre en 2007 y 2008, incumpliendo los preceptos legales.
También fue consultado por los episodios de contaminación por Tolueno, Benceno y Xileno que se venían produciendo en los últimos meses en Alumbres y Murcia-Alcantarilla.
Tras esta comparecencia, los grupos parlamentarios votaron por unanimidad una resolución en la que se instaba a la Consejería a poner los medios para evitar la superación de los niveles de contaminación permitidos, y para establecer unos protocolos de información al público adecuados a la legislación.
Esta asociación interpuso recientemente una denuncia ante el Fiscal de Medio Ambiente, sobre el incumplimiento legal, por parte de dicha consejería, de informar al público de la superación de los umbrales de información y de alerta al público ocurridos en 2007 y 2008, para los contaminantes Ozono troposférico y Dióxido de azufre.
En cuanto a la situación de la Calidad del Aire en la Región de Murcia durante 2008:
El principal contaminante son las partículas PM10, que presenta superaciones en 6 de las siete zonas en las que se divide la Región.
En cinco de estas zonas se superan los valores límite establecidos por la Directiva:
1. Estación Medidora – “Comunidad de Murcia Norte” 2. Estación Medidora – “Comunidad de Murcia Centro” 3. Estación Medidora – “Comunidad de Murcia Litoral” 4. Estación Medidora – “Valle de Escombreras” 5. Estación Medidora – “Cartagena”
Es decir todas las zonas menos las de “Ciudad de Murcia”, donde se superan los valores límites recomendados por la OMS, y “Mar Menor”, de la que no se proporcionaron datos.
En las zonas de “Cartagena” y “Comunidad de Murcia Litoral”, además de superaciones del valor límite anual, se duplican las superaciones del valor límite diario; y en la zona de “Comunidad de Murcia Centro”, que incluye el municipio de Lorca, las superaciones están muy por encima del doble del valor límite diario.
Respecto a superaciones de otros contaminantes, cabe destacar que en Murcia capital se han producido varios episodios anormales de contaminación por Benceno y Tolueno. Esta situación se repite los primeros meses del presente año, produciéndose también en la zona de Alumbres.
Por último, durante los meses estivales, se produjeron en San Basilio (Murcia) dos superaciones del umbral de información a la población por ozono troposférico, y sin embargo la Consejería no informó a la población a través de los medios de comunicación, incumpliendo la legislación vigente.
Como ya se ha comentado, las autoridades competentes eluden su responsabilidad en el control de la calidad del aire que respiramos los ciudadanos, ya que a pesar de tener multitud de datos sobre los niveles de contaminación, no se realizan actuaciones eficaces para la reducción de dicha contaminación, llegando incluso a incumplir las leyes al menos en dos puntos:
- 1º.- No se informa a la población a través de los medios de comunicación cuando se superan los niveles de información o de alerta al público de los contaminantes Ozono troposférico y Dióxido de azufre.
- 2º.- No se han elaborado, ni parece que haya intención de hacerlo, los necesarios Planes de Acción para la reducción de la contaminación. Según la ley son de obligada redacción y puesta en marcha para casi todas las zonas de la Región de Murcia, ya que la mayoría han tenido en 2008 más de 35 días al año en que los niveles de contaminación por PM10 superan el límite diario permitido, condición que según la ley obliga a la redacción de los Planes de Acción.
En resumen, a pesar de la mala calidad del aire en buena parte de la geografía regional, no se aprecia una apuesta clara de las administraciones regional y locales para el control y reducción de esta contaminación.
Y todo esto a pesar de la importancia y repercusión que tiene este tipo de contaminación en la salud pública y el medio ambiente.
El ex senador Adolfo Fernández solicita su baja 'urgente' en el PP de Valcárcel
IU exige al Gobierno regional que "medie" en el conflicto entre Cofrusa y trabajadores de Conservas Fernández
Pujante recordó que el Ejecutivo murciano otorgó a Cofrusa un aval de 28 millones de euros para la adquisición de Halcón Foods y Conservas Fernández con la condición de mantener los puestos de trabajo, lo que ahora, aseguró, "se está incumpliendo".
Según el dirigente de la federación de izquierdas, "es necesario que el Gobierno regional dé explicaciones sobre este asunto y exija a Cofrusa que no efectúe los despidos, ya que esta es una condición que se puso para la concesión del aval".
Aseguró asimismo, en un comunicado de prensa, que el cometido de la Administración "no es avalar a Cofrusa, una empresa que ha dinamitado el convenio de la Conserva, sino velar porque el dinero público sirva para el mantenimiento de la actividad y los puestos de trabajo".
UGT discrepa
La Federación Agroalimentaria de UGT Murcia destacó que los más de 400 empleados de la fábrica de Halcón Food se encuentran trabajando desde hace días en la campaña del melocotón.
Al respecto, FTA-UGT Murcia recordó en comunicado de prensa que el sindicato asesoró en las negaciones de compraventa de la factoría de Campos del Río, mientras en Calasparra dejó el asesoramiento en manos del responsable sindical de UGT en la localidad, Francisco Javier Jiménez, y de tres personas del Comité de Empresa de La Diosa, quienes no consiguieron llegar a un acuerdo.
De igual forma, FTA-UGT señaló que el acuerdo alcanzado en Campos del Río entre el Comité de Empresa y los nuevos propietarios fue presentado ante el Comité de Empresa de 'La Diosa', "quien lo rechazó".
La Federación Agroalimentario de UGT Murcia insistió así en que los más de 400 empleados de Halcón Food trabajan desde hace días, "mientras en Calasparra no sólo no están trabajando, sino que además están recibiendo cartas de despido, por lo que el sindicato se pregunta si el asesoramiento que han recibido los trabajadores de 'La Diosa' ha sido el adecuado".
"Dado que han impedido la continuidad en la actividad de Conservas Fernández y han acabo con 200 puestos de trabajo reales, UGT decidió en su día llevar a las personas que negociaron con la empresa por parte del sindicato, desoyendo las directrices de su organización, a un expediente de expulsión", añadió.
Manifestación ante San Esteban
Más de un centenar de trabajadores de Conservas Fernández 'La Diosa', de Calasparra, se manifestaron ayer ante las puertas del Palacio de San Esteban con el fin de exigir al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, de explicaciones sobre el aval de 43 millones de euros que el Gobierno regional dio a la empresa Cofrusa para la compra del Grupo Halcón; así como su "desesperación" por la situación crítica por la que atraviesan.
Según explicó un miembro del Comité de Empresa, Juan Santos, "pedimos una explicación", al tiempo que denunció "el chantaje" que la empresa Cofrusa viene ejerciendo sobre los 311 trabajadores de la plantilla de Conservas Fernández, "y las pésimas condiciones laborales plateadas para salvaguardar sus puestos de trabajo".
Por ello, CCOO y el Comité de Empresa se preguntaron "si es lícito que la empresa Cofrusa utilice el aval de la Comunidad, es decir, dinero público, para despedir a los trabajadores". Condiciones que el sindicato CCOO considera "una total desregulación del convenio del sector de la Conserva".
Al respecto, la portavoz del Ejecutivo regional, María Pedro Reverte, destacó que, desde las 11.30 horas, representantes de la empresa están reunidos con el secretario general de la Consejería de Presidencia, José Gabriel Ruiz, y apuntó que "la empresa está cumpliendo el plan de viabilidad y el compromiso de mantenimiento de los puestos de trabajo, que es lo esencial".
De hecho, prosiguió, "en la planta de Campos del Ríos se encuentran trabajando 350 personas, que además durante esta semana lo hacen a dos turnos con la campaña del melocotón".
Desgraciadamente, añadió la consejera, "lo que está sucediendo en la planta de Calasparra es un conflicto laboral entre los sindicatos y la empresa, que es lo que está impidiendo el desarrollo normal del inicio de la actividad".
Al tiempo que recordó que la planta de Conservas Fernández "lleva ya más de un año sin actividad y lo que se planteó por la empresa fue precisamente un plan de viabilidad que permitiera su reanudación, lo que el Gobierno ha hecho ha sido avalar para esto que pueda ser así".
El Gobierno, aclaró, "no está dando dinero, lo que está es avalando para que se cumpla el plan y todo vaya bien, de lo contrario sí se pondrá dinero".
"No creo que estos momentos sean los mejores para polemizar la situación de la crisis de las empresas. Se trata de que todos trabajemos conjuntamente, es decir, ayuntamientos, empresas, sindicatos y Gobierno regional para la defensa de estos puestos de trabajo", puntualizó Reverte.
viernes, 24 de julio de 2009
El colectivo 'Salvemos Mojácar' exige una investigación sobre las causas del incendio forestal de Sierra Cabrera
"La mayor parte de los terrenos que han sido pasto del fuego eran protegidos y estaban sometidos a una fuerte presión urbanística".
La asociación apunta a "posibles intereses urbanísticos como causa de los incendios, caso que se demuestre que han sido provocados. Incendiar terrenos para protegidos para degradarlos medioambientalmente y favorecer a medio plazo su recalificación como urbanos es una estrategia bien conocida".
"Llama la atención poderosamente que el recorrido del fuego ha coincidido con los terrenos que el recientemente aprobado Plan De Ordenación del Territorio del Levante Almeriense declaraba suelo de protección, lo que fue objeto de alegaciones y quejas intensivas del ayuntamiento de Mojácar, que tenia intención de recalificar esos terrenos para su urbanización.
El fuego ha arrasado también parte del sector de Cortijo Grande de las NNSS de Turre, que está ubicado en el LIC de Sierra Cabrera-Bédar y es urbanizable desde hace años. Recientemente se había propuesto desclasificar esos terrenos para que volvieran a ser zona protegida. Se trata del mayor sector urbanizable de la comarca, con 6 millones de metros cuadrados.
El fuego también ha arrasado partes importantes del LIC de Sierra Cabrera-Bédar que podrían intentar desprotegerse en un futuro para su urbanización.
La asociación exigirá a todas las administraciones que no se desproteja ni un metro cuadrado de suelo, que se preserven la áreas previstas de suelo protegido y que se desclasifique como urbanizable el sector de Cortijo Grande en Turre, definiéndose de nuevo los terrenos como no urbanizables y respetando el suelo protegido del LIC que ocupan".
Por otra parte, este colectivo informa de que los dos autos de suspensión cautelar de todas las zonas C3 y D (núcleos urbanos preexistentes y zonas urbanas, respectivamente) del PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) del Parque Naturald e Cabo de Gata-Nijar, que decretó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en respuesta a la denuncia de Salvemos Mojácar, el Grupo Ecologista Cóndor y Salvemos Macenas el pasado 31 de Marzo, ha sido declarado firme.
La suspensión afecta a más de 50 zonas del parque que habían sido ilegalmente desprotegidas en el nuevo PORN, tanto para legalizar viviendas ilegales como para preparar nuevos desarrollos urbanísticos en suelo protegido.
"Los autos, sorprendentemente, no han sido recurridos por nadie, ni Junta de Andalucía, ni Ayuntamientos, ni particulares afectados.
Esto significa que durante los años que dure el proceso judicial, que se estiman en más de siete, la suspensión cautelar no podrá levantarse.
De esta manera quedan definitivamente ilegalidazas las miles de viviendas que ocupan suelo protegido del parque, en tanto no halla una sentencia, al final del proceso, que diga lo contrario, lo cual es improbable. Esto incluye el hotel El Algarrobico, así como viviendas ilegales en casi todos los núcleos del parque. A su vez este auto impide que se desarrolle ningún nuevo sector urbanístico ubicado en ninguna de las más de 50 zonas suspendidas queda definitivamente en suelo protegido.
Las asociaciones ya han comunicado a los ayuntamiento de Nijar, Carboneras y Almería que deben suspender cualquier actuación urbanística en los sectores afectados y que deben informar a los propietarios de las viviendas ilegales de su situación".
"Se trata para los tres colectivos ecologistas - continúa el comunicado- de una victoria judicial sin precedentes, que tendrá consecuencias desconocidas ya que, por un lado, deja en suspenso miles de viviendas ilegales ya habitadas en el Parque y a su vez se suspenden los planes urbanísticos que pretendían desarrollarse para todas la áreas afectadas.
Por otro multiplica exponencialmente las razones de las diligencias por prevaricación que ordenó abrir el Juez Rivero el pasado septiembre contra la Junta de Andalucía por la manipulación ilegal de los planos del Parque Natural, diligencias que se encuentran ahora en la mesa del Fiscal General del Estado, a quien las asociaciones remitirán inmediatamente este auto con un escrito solicitando que se amplien las diligencias.
Se trata pues de un varapalo sin precedentes para la Junta de Andalucía que esperamos tenga consecuencias políticas de primer orden ya que entendemos que la única salida digna para el ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, seria el cese inmediato de todos los cargos políticos potencialmente implicados en este caso de extrema gravedad".
La CAM reconoce oficialmente una morosidad del 5,76%
La CAM achacó este resultado a las dotaciones realizadas con carácter prudencial y voluntario (?) por un importe de 112 millones de euros.
La tasa oficial de morosidad de la entidad alcanzó el 5,76% a finales de junio frente al 4,89 registrado a finales de marzo, mientras que el crédito gestionado se situó en 60.526 millones de euros, un 1,3% menos.
La CAM afirma que el margen bruto le crece un 38,6 por ciento, alcanzando los 1.137,2 millones de euros, mientras que el margen de interés alcanza los 868,7 millones de euros, un 46,2 por ciento más que en 2008, y el margen operativo es de 790,3 millones, con un 67,3 por ciento de crecimiento interanual.
Respecto a la calidad de los activos, la CAM sostiene que se produce una disminución de la tasa de crecimiento de los dudosos.
En cuanto a la evolución del negocio, el volumen de recursos en balance se sitúa en 68.017 millones de euros, un 1,79 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, siempre según la versión de la propia CAM.
Durante este semestre, dice, se registra un aumento de los recursos minoristas en 1.559 millones, un 5,83 por ciento más que hace un año, y se observa, según la entidad, una reducción del 5,5 por ciento de la financiación mayorista.
"El crédito a la clientela gestionado se sitúa en 60.526 millones de euros, con un descenso del 1,3 por ciento debido a la reducción del volumen de operaciones en el ámbito mayorista. Durante el primer semestre de este año se han formalizado 98.000 operaciones crediticias por importe de 5.354 millones de euros".
En lo que respecta a empresas, Caja Mediterráneo afirma que ha incrementado en más de un 28 por ciento el volumen de crédito concedido a pymes en el primer semestre.
El paro aumentó en 6.400 personas en la Región
En los últimos tres meses, el desempleo en 66.300 personas (81,38 por ciento), mientras quye el número de ocupados descendió en 52.400 personas, lo que supone un descenso porcentual del 8,22 por ciento en relación con el mismo trimestre del año anterior.
De abril a junio la cifra de ocupados disminuyó en 3.800 personas en relación con el trimestre anterior, lo que supone un descenso del 0,64 por ciento, de forma que la cifra total de ocupados alcanza las 585.200 personas.
En el conjunto del país, el paro subió en 126.700 personas en el segundo trimestre del año, el 3,1% en relación al trimestre anterior, con lo que el número total de desempleados se situó en 4.137.500 y la tasa de paro repuntó cinco décimas, hasta el 17,92%, alcanzando su valor más alto en 11 años, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha hoy pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En concreto, la tasa de desempleo es la más alta de la serie histórica comparable, que arranca en 2001, pero remontándose más atrás, utilizando series no comparables, no se alcanzaba un porcentaje de esta naturaleza desde el cuarto trimestre de 1998, cuando la tasa de paro llegó a situarse en el 17,99%.
La socialista Retegui exige a Valcárcel que devuelva las medallas que se puso en época de bonanza económica
“Además, debe devolver las medallas que se ponía en época de bonanza económica, cuando presumía de que Murcia crecía más que el resto de España, con un modelo de desarrollo que nos ha llevado a esta situación”.
Piden la expulsión del alcalde de Águilas en base al reciente dictámen del Pacto Antitransfuguismo
Al hilo de ésto, no son pocos los que se preguntan ahora qué habrá sido del recurso de amparo interpuesto por el PSRM, hace ahora más de seis años, ante el Tribunal Constitucional, que posteriormente lo admitió a trámite, impugnando una ley de la Asamblea Regional que permitía desclasificar como espacio protegible la Marina de Cope.
¿Han retirado los socialistas ese recurso sin hacer pública su decisión o, por el contrario, vive este expediente el sueño de los justos en el edificio de la calle Doménico Scarlatti, de Madrid?