CARTAGENA.- Durante la sesión plenaria del Ayuntamiento de Cartagena se han aprobado las iniciativas presentadas por MC
Cartagena para el cumplimiento de la Ley regional del suelo que obliga a
los edificar a los propietarios de parcelas convertidos en solares,
para mejoras en los accesos por la zona oeste, así como para instar al
Gobierno regional al desarrollo del Reglamento de la Ley de Patrimonio
regional.
El Pleno ha aprobado la moción defendida por el portavoz municipal,
José López, para exigirle al Gobierno local el cumplimiento de la Ley
regional del Suelo, que fija la obligación de los propietarios de
parcelas de edificar en el plazo de cinco años desde su consideración de
solar.
Esta ley, de 2015, en su artículo 235, otorga un plazo de cinco años
para edificar, habilitando al Ayuntamiento a forzar esta construcción e
incluso expropiar para llevarla a cabo. Por lo tanto, a partir de 2020,
la Administración local puede obligar a edificar a los propietarios.
En un contexto urbano en el que, como ha recordado López, el Casco
Histórico cuenta con más de cien solares por edificar, esta iniciativa
persigue que el Ejecutivo local contribuya "a fomentar un desarrollo
sostenible y construir un municipio amable, olvidando su voluntad de
comprar territorios contaminados o amparar pelotazos".
Por otro lado, a propuesta de MC, el Ayuntamiento de Cartagena
instará al Gobierno regional a incluir en los próximos presupuestos la
dotación económica necesaria para la mejora de los accesos a Cartagena
por la zona oeste.
Jesús Giménez ha puesto de manifiesto que "los
presupuestos nacionales y regionales aparecen repletos de
circunvalaciones, costeras o carriles extraordinarios, siendo una
constante que en lo relativo a Cartagena sean escasos y, cuando se
ejecutan, no respondan a las prioridades del municipio".
El portavoz adjunto del Grupo municipal MC ha contextualizado el
momento actual en el que "el vial de Avenida del Cantón está en marcha y
el Gobierno anuncia 1.600 viviendas", por lo que "es buen momento para
recordarle a la administración regional que es prioritario afrontar este
acceso oeste a la ciudad", al tiempo que ha lamentado que "este año la
inversión regional prevista para todo el municipio ha caído hasta los
350.000 euros, pues el resto es presupuesto no ejecutado en otros años y
"deslizado", todo ello pendiente de comprobar el grado de ejecución
real".
Impulso al Reglamento de la Ley de Patrimonio regional
La moción defendida por la concejal de MC, María Dolores Ruiz, para
instar al Gobierno regional al desarrollo del Reglamento de la Ley de
Patrimonio Cultural ha resultado aprobada por la Corporación, al objeto
de evitar la situación de desprotección en la que se encuentran los BIC
del municipio.
Ruiz ha recordado que "la ley 9/2018, de 11 de octubre de
modificación de la ley 4/2007 16 de marzo de Patrimonio Cultural de la
Comunidad Autónoma, establece en su Disposición Adicional Primera que
antes del 31 de diciembre de 2018 deberá ser aprobado el Reglamento de
desarrollo de la Ley de Patrimonio regional".
A pesar de ello, ya en
octubre de 2019 aún no se ha publicado dicho reglamento, resultando
Cartagena un municipio sensiblemente perjudicado al albergar un número
considerable de bienes inmuebles protegidos. "También por esta causa,
cartageneros y visitantes pierden derechos, además de verse empeorado el
estado del patrimonio, cuando no directamente expoliado", ha concluido
la edil cartagenerista.
Sorprende rechazo a las medidas propuestas
para atajar los efectos de la DANA
De manera inexplicable y haciendo uso de su alianza contra Cartagena,
los miembros del Gobierno municipal, integrado por PP, PSOE y Cs, han
boicoteado las iniciativas de MC Cartagena y el resto de la Corporación
para adoptar medidas ante los efectos causados por la DANA.
De esta forma, 'la trinca' ha rechazado la iniciativa de MC que,
tomando como modelo la gestión de la catástrofe del terremoto de Lorca,
proponía que "el Gobierno estatal aporteayudas excepcionales por daños
materiales para alquiler y rehabilitación de viviendas, reparación de
infraestructuras o rehabilitación del patrimoniohistórico".
En esta línea también se reclamaba que se impulsen beneficios
fiscales para los perjudicados como la exención del IBI para los bienes
inmuebles o establecimientos de los municipios afectados, la exención
del IRPF a las ayudas articuladas por los daños de la DANA, medidas
laborales y de Seguridad Social, líneas preferenciales de crédito, la
solicitud de ayudas del Fondo de Solidaridad Europeo, la creación de una
sede permanente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Cartagena,
un plan quinquenal de inversiones para el encauzamiento y laminación de
ramblas como la de El Albujón, así como la puesta en marcha del Plan
REINDUS (Plan de Mejora de la Productividad y Competitividad) y de
empleo, que permita la readaptación de la economía perjudicada por las
inclemencias climáticas.
Respecto al Mar Menor, se demandaba "el establecimiento de un Plan
quinquenal de recuperación ambiental del Mar Menor; un Plan de
modernización de equipamientos turísticos del Mar Menor y programa de
promoción internacional; la Creación del Comisionado del Gobierno para
la recuperación del Mar Menor y comisión mixta para los afectados por el
temporal DANA, el desarrollo de un Plan de Recuperación del Mar Menor y
su entorno a través de la asignación de los remanentes de los programas
FEDER, así como que el Gobierno regional solicite un préstamo al Banco
Europeo de Inversiones para realizar un Plan de actuación de Desarrollo
Sostenible en los municipios ribereños del Mar Menor y el resto del
Campo de Cartagena".
Asimismo, se ha rechazado otra iniciativa para instar a las
administraciones competentes a ejecutar actuaciones con carácter de
emergencia en el medio rural y diputaciones, tras dejar el temporal al
descubierto multitud de deficiencias en lo que a servicios e
infraestructuras se refiere. Esta moción contemplaba el
acondicionamiento de caminos rurales y de servicio, obras hidráulicas,
de pluviales o de seguridad vial.
Tampoco ha merecido el apoyo de 'la trinca' la protección del
monasterio de San Ginés de la Jara puesto que han rechazado reclamar al
organismo competente la consolidación de la Iglesia, casas de
labradores, garitas y muro perimetral del Monasterio de San Ginés de la
Jara, según lo establecido en el artículo 8.1 a) de la Ley 4/2007, 16 de
marzo, tras recordar la edil María Dolores Ruiz que "durante los días
12, 13 y 14 de este mes, el monumento sufrió las consecuencias
devastadoras de la DANA.
Cuatro tramos del muro perimetral se
desmoronaron dejando expedito el acceso al BIC". Ruiz basaba esta
iniciativa en la evidencia de que "la mercantil propietaria abandonó las
obras dejando sin consolidar la Iglesia y las casas de labradores,
cuestión a la que estaba obligada por el artículo 8.1. a) de la Ley
4/2007, 16 de marzo.
Al permanecer el monumento cerrado a la visita
pública no podemos valorar los daños que ha sufrido la Iglesia, pero sin
duda las casas de labranza han tenido que verse afectadas al carecer de
cubierta. Su situación era ya crítica, estando incluso inmersas en un
expediente de ruina técnica, garantizando su supervivencia el artículo
36.2 de la Ley 4/2007, 16 de marzo".
