Hace unas semanas se anunció que la Fundación Princesa de Girona
no celebraría este año su tradicional acto de entrega de premios en la
capital gerundense después de que el pasado año el Ayuntamiento no le
cediera ningún local y tuvieran que refugiarse en un recinto privado. El
patronato decidió trasladarlo a Barcelona en una decisión
controvertida, según se ha sabido, cuando la mayoría de los patronos
abogaban directamente por trasladarlo a Madrid.
Fue el primer síntoma de
las dudas que había sobre cómo manejar la presencia del Rey en Catalunya después
del vacío al que le somete la Generalitat, el repudio que ha sufrido la
Corona por parte del Parlament y las amplias protestas que han
desencadenado sus últimas visitas. De hecho, desde el 21 de septiembre,
en que se produjo su último viaje, que se ha optado por renunciar a
cualquier acto al que estuviese invitado.
Esta situación, que no deja de reflejar el enorme rechazo de la sociedad catalana a la monarquía española, subirá este martes un escalón al haberse decidido trasladar a Madrid la entrega de despachos
oficiales a los nuevos jueces que se forman en la Escuela Judicial de
Barcelona. Será la primera vez desde que se abrió el centro de formación
de jueces en la capital catalana en 1977.
El año pasado, en pleno 155,
se celebraron en Barcelona y esta situación desembocó en que no hubiera
ninguna autoridad de la Generalitat, cosa que no hubiera ocurrido,
obviamente, este año si el president de la Generalitat hubiera asistido.
Con presos políticos, exiliados y en víspera del juicio del 1-O, parece
que el miedo se ha apoderado de las autoridades españolas.
El pasado 21 de diciembre, el gobierno español necesitó miles de
agentes para proteger la celebración del Consejo de Ministros en
Barcelona. Una excentricidad de Pedro Sánchez que lo único que hizo fue
reflejar las dificultades de movimiento por territorio catalán.
Son
ejemplos de una situación impensable en cualquier otro país europeo y
que no irá a menos con la represión del Estado español ni con
declaraciones como la de este domingo de la ministra de Defensa,
Margarita Robles, recordando que el ejército es el principal garante del orden constitucional. Apelaciones como esta van en contra de los tiempos en que conceptos como pueblo y democracia deberían pasar muy por delante.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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