jueves, 21 de julio de 2011

La presión familiar y las dudas sobre el apoyo de Génova precipitaron la dimisión del 'President'

VALENCIA.- Francisco Camps tomó la decisión de dimitir de la presidencia de la Generalitat ante la presión ejercida por su familia y debido a las dudas sobre el apoyo del presidente del PP, Mariano Rajoy, una vez se hubiera declarado culpable por el delito de cohecho pasivo impropio que se le imputa en la 'causa de los trajes' del denominado 'caso Gürtel', según interpretan diversas fuentes.

   La actuación de Camps ayer, cuyo entorno llegó a comunicar que acudía al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para declararse culpable después de que ya lo hubieran hecho el exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, para después cambiar de opinión y anunciar su dimisión horas más tarde ha dado lugar a diversas interpretaciones.
   Desde que el pasado viernes el juez Flors decidiera abrir juicio oral por la causa de los trajes para a Camps, junto a Betoret, Campos y el ex número dos del PPCV, Ricardo Costa, por haber recibido presuntamente regalos de la trama Gürtel, se especulaba con la posibilidad de que los cuatro imputados aceptaran su culpabilidad con el fin de evitar el banquillo y someterse al veredicto de un jurado popular.
   Al parecer los cuatro imputados habían pactado acudir a lo largo de la mañana de este miércoles TSJCV para reconocer su culpabilidad y admitir que recibieron regalos de la trama corrupta, según han informado fuentes conocedoras del acuerdo, pero solo Campos y Betoret lo hicieron.
  Camps ha estado desde el viernes estudiando sus posibilidades con miembros del partido y con su familia al saber que el juez había decidido  celebrar el juicio. Desde el primer momento contactó con el presidente del PP, Mariano Rajoy, y estuvo todo el fin de semana en contacto con el coordinador de justicia del PP, Federico Trillo, quien ha actuado de enlace con el PP nacional.
   Ante la situación, Trillo se desplazó el lunes a casa de Camps donde se encontraba también su mujer y unos amigos y estuvo orientándole "un poco lo que fue la toma de decisión, que fue por el mismo, no por nadie más", según ha explicado.
   Aunque asegura que Camps vio clara la decisión de dimitir de su cargo la noche del martes y que en torno a las ocho y media de la mañana del miércoles se lo comunicó al presidente de su partido, Mariano Rajoy, la tensión que se vivió el miércoles por la mañana con la decisión de Campos y Betoret de declararse culpables y el anuncio de que Camps también lo iba a hacer mientras que Costa no se decidía, hace pensar que no era una determinación firme.
   La razón que ha llevado a Camps a no aceptar la culpabilidad y aceptar un juicio con jurado no es única, según han señalado diversas fuentes que apuntan a motivos personales pero también a las dudas que le suscitó el apoyo de Rajoy a su permanencia en la presidencia de la Generalitat una vez aceptado el delito de cohecho pasivo que supone, además de una multa, tener antecedentes penales.
   La pena por este delito no supone inhabilitación, por lo que, al reconocer la culpa, podría haber permanecido de presidente de la Generalitat pero su situación política hubiera sido "insostenible" y "muy difícil de mantener" en un escenario de unas posibles elecciones generales adelantadas, según han coincidido diversas fuentes.
   Además para poder evitar el juicio hubiera sido necesario que los cuatro imputados reconocieran su culpa y Costa, del que no ha transcendido si finalmente lo hubiera aceptado, se había mostrado receloso desde un primer momento en hacerlo ya que esto supondría tener antecedentes penales lo que complicaría su posición en el caso de la financiación irregular que se deriva también del caso Gürtel.
   Al final, la decisión de Camps ha sido muy personal y en ella ha influido mucho el factor personal, su familia, pero también hay factores políticos y la falta de apoyo de Génova percibida en el último momento que desencadenaron su decisión de dimitir, afirmar su inocencia y querer demostrarlo en un juicio.
   Sobre la actuación del PP nacional, algunos de los dirigentes consultados han recordado lo que pasó cuando finalmente Costa tuvo que dimitir de secretario general del PPCV al verse implicado en el caso Gürtel por la presión ejercida desde Génova y la no reelección de José Joaquín Ripoll al frente de la Diputación de Alicante después de haber asegurado que contaba con el aval de Génova para repetir en el cargo.
   Ahora Camps, fuera de la Generalitat y del partido, espera dedicar más tiempo a su familia y poder preparar con tranquilidad su defensa ante un juicio que previsiblemente se podría celebrar en otoño.
Por otra parte, el hasta ahora presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, tendrá tratamiento vitalicio de 'Molt Honorable Senyor' y, además, podrá contar con coche oficial, chofer, escolta y con dos trabajadores con funciones de asesoramiento.    Así consta en el Estatuto de los ex Presidentes de la Generalitat, aprobado en 2002, que contempla que los jefes del Consell gozarán, desde el momento de su cese, de la "consideración, atención y apoyo debidos".
   Asimismo, señala que, en sus desplazamientos fuera del territorio de la Comunitat Valenciana, los ex presidentes podrán gozar del apoyo de los servicios que la Generalitat tenga establecidos, como las oficinas del Consell en Madrid y Bruselas, y "de aquellos otros de similar naturaleza que existan o que en el futuro pudieran establecerse".
   El Estatuto de los ex Presidentes de la Generalitat, de aplicación a Francisco Camps, también indica que el Consell pondrá a disposición de los ex presidentes dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, que serán cubiertos a propuesta del ex presidente y que dependerán orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat.
   También pueden disponer de un local adecuado para la instalación de una oficina de apoyo, de la dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y de un automóvil del parque móvil de la Generalitat. Además, el Consell debe adoptar las actuaciones precisas para "preservar la seguridad personal" de los ex presidentes, dotándoles de los servicios de seguridad que se consideren necesarios.
   Por otro lado, los presidentes de la Generalitat pueden ostentar, desde el momento en que se produce su cese, la condición de miembros permanentes del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana.
   Dejan de ostentar esta condición en el momento de acceder a cualquier puesto de responsabilidad ejecutiva en cualquier administración pública y cuando concurran los supuestos de incompatibilidad legalmente establecidos.
   En cualquier caso, añade el Estatuto de los ex Presidentes, la percepción de las retribuciones correspondientes a la condición de miembro permanente del CJC es incompatible con la de otras retribuciones por el desempeño de cualquier cargo público.

La Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de La Unión crean una comisión para planificar el futuro de Portmán


MURCIA.- La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de La Unión han acordado crear una Comisión Interdisciplinar, compuesta por cinco Consejerías del Gobierno y el Consistorio, al objeto de fijar las bases que van a regir el futuro desarrollo turístico y urbanístico del entorno de la Bahía de Portmán y de la Sierra Minera.

   Así lo han acordado este jueves el presidente Regional, Ramón Luis Valcárcel, y el alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, en una reunión en la que ambos mandatarios han determinado así mismo que Portmán quede ya definitivamente configurado como uno de los grandes Proyectos de Desarrollo Regional.
   Las Consejerías que van a formar parte de esta Comisión son Obras Públicas y Ordenación del Territorio, que la presidirá, la Consejería de Cultura y Turismo, la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, la Consejería de Presidencia y la Consejería de Economía y Hacienda, según informaron fuentes del Ayuntamiento de La Unión en un comunicado.
   La primera reunión está previsto que se celebre en los próximos días y que se disponga de sus primeras conclusiones en otoño. La intención es que toda la planificación se desarrolle a través del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio.
   El alcalde, ha señalado que Portmán se va a convertir, sin duda alguna, en uno de los enclaves turísticos más importantes de las costas españolas gracias a la puesta decidida que se va a realizar por un turismo sostenible y de alta calidad, capaz de generar varios miles de puestos de trabajo, que incluya varios e importantes hoteles, el nuevo puerto deportivo y un campo de golf.

La Comunidad crea un grupo para acelerar la tramitación de ayudas a las viviendas afectadas por el terremoto lorquino

MURCIA.- El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, anunció este jueves la creación de un grupo de trabajo compuesto por técnicos de la administración regional y local que se reunirán semanalmente en Lorca, con el objetivo de agilizar la tramitación de los expedientes de ayudas a las viviendas afectadas por el terremoto del pasado mes de mayo, y cuya primera reunión está prevista para el próximo martes.

   Sevilla hizo estas declaraciones tras la reunión mantenida con el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, con quien acordó empezar a trabajar en una estrategia conjunta sobre acciones de carácter inmobiliario y urbanístico, con el fin de resolver los problemas ocasionados por los movimientos sísmicos desde una perspectiva global, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
   Tanto la Comunidad Autónoma como el Ayuntamiento manifestaron la necesidad de que la Administración General del Estado forme parte de esta iniciativa "porque trasciende de la capacidad financiera de ambas instituciones, al igual que ocurre con el impulso a la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley que desarrolla el Real Decreto 6/2011 que debe ser impulsado definitivamente", explicó Antonio Sevilla.
   En la misma línea, ambas administraciones acordaron solicitar al Consorcio de Seguros la creación de una oficina permanente en la ciudad de Lorca para facilitar a los vecinos sus trámites con el citado organismo y, celebrar una reunión de la Comisión Mixta con las distintas plataformas surgidas tras los seísmos.
   Por otra parte, el titular de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio manifestó que se va a iniciar la modificación del Plan General para el traslado del antiguo matadero, recalificando el uso industrial a residencial e incrementando la edificabilidad para que sea viable el traslado de la citada instalación.
   No obstante, Sevilla apuntó que previamente, la Confederación Hidrográfica del Segura tiene que subsanar el encauzamiento de una rambla, trámite que el Ayuntamiento se ha comprometido en solicitar lo antes posible.
   En cuanto a infraestructuras de carreteras, Sevilla informó de que el proyecto de Ronda Sur Central de Lorca sigue su trámite administrativo "que habrá que compatibilizarlo con las acciones de emergencia de las carreteras como la de La Parroquia".

Rajoy le dijo a Camps que estaba eligiendo entre la "deshonra" o la dimisión

MADRID.- El líder nacional del PP, Mariano Rajoy, habló anteayer por la noche con Francisco Camps y le dijo que su elección estaba entre "la deshonra" de ser un presidente autonómico con condena o renunciar al cargo.

Fuentes del PP han informado que el líder nacional de los populares le dejó claro en todo momento que la decisión era exclusivamente personal y que, por tanto, sólo podía tomarla él.
Aunque estas fuentes, que son de diversos integrantes de la cúpula del partido, ofrecen esta versión de la conversación entre Rajoy y Camps, otras fuentes oficiales de la dirección nacional del PP no confirman los términos de la misma y remarcan que fue el ya expresidente valenciano, por sí solo, el que llegó al convencimiento de que la mejor decisión era la renuncia.
Las fuentes citadas antes señalan que la idea del presidente valenciano hasta el martes por la mañana era pagar la multa y evitar el juicio.
El presidente del PP, según las fuentes consultadas, no presionó a Camps en ningún momento, pero sí le planteó de forma "muy clara" que, dentro de su autonomía e independencia, sus opciones eran o bien "aguantar durante cuatro años la deshonra de ser un presidente" con una condena, o bien renunciar al cargo.
Las fuentes no precisan si esta conversación con el líder del PP, que fue una más de las muchas que han mantenido durante el fin de semana y hasta ayer mismo, resultó determinante para que Camps diera la vuelta a su intención, pero sí indican que poco a poco fue revirtiendo la pretensión primera del presidente de la Generalitat.
Recalcan que Rajoy se ha mostrado siempre "respetuoso" con su barón regional, quien siempre que habló con su líder le repitió que se sentía inocente y que así lo demostraría.
Por tanto, las fuentes niegan que a lo largo de las penúltimas 24 horas desde Génova se haya presionado a Camps con insistencia para que abandonara la Presidencia de la Comunidad Valenciana.
Si Camps ha optado por dimitir a pesar de que tan sólo unas horas antes tenía en mente pagar la sanción estipulada por el juez es porque él, al final, lo ha decidido así, sin presiones, reiteran las fuentes consultadas.
También niegan que Camps haya cambiado de parecer por una supuesta negativa del exsecretario general de los populares valencianos Ricardo Costa a pagar la sanción y reconocerse culpable.
Estas fuentes explican que, si bien el ahora coordinador económico del grupo popular en Les Corts era reacio a aceptar la conformidad, anteayer por la noche y ayer por la mañana supuestamente se había convencido de que posiblemente fuera la mejor opción.
En ese cambio de opinión de Costa ha tenido mucho que ver el coordinador de Justicia del partido, Federico Trillo, quien durante las jornadas de anteayer y de ayer ha estado en Valencia en diferentes reuniones con Camps y su entorno y con el propio Costa.
La dirección del PP, sus demás mandatarios y los parlamentarios estaban convencidos de que el presidente valenciano no iba a dimitir; al contrario, se mostraban seguros de que terminaría pagando la sanción y de que aguantaría ser presidente con una condena por un delito de cohecho pasivo impropio, es decir, por haber aceptado, presuntamente, trajes de una trama corrupta como la del caso Gürtel.
Pero no ha sido así. La noticia de la renuncia de Camps fue una realidad en Génova a las 16:00 horas, puntualizan las fuentes, o sea, una hora antes de que lo anunciara públicamente.
Las fuentes reconocen que "ha pillado por sorpresa completamente"; unas fuentes que reconocen que si Camps sale inocente, regresará a la primera línea del Partido Popular "por la puerta grande".

La CAM procederá a la amortización de sus cuotas participativas en circulación

MADRID.- El consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM) ha acordado proceder a la amortización de la totalidad de las cuotas participativas en circulación, informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   En concreto, la CAM ofrece un precio para la amortización de 4,7714 euros por título, correspondiente a la media de cotización del último trimestre contando de fecha a fecha desde ayer.
   La CAM se convirtió en 2008 en la primera caja en saltar al mercado con sus cuotas participativas, un instrumento financiero similar a la acción, pero sin derechos políticos.
   Para financiar el coste de la amortización, está previsto que Banco CAM efectúe un reparto de prima de emisión a favor de su accionista único, CAM, por importe de 238,57 millones de euros.
   La efectividad del acuerdo queda supeditada a su aprobación por la Asamblea General de CAM, que se ha acordado convocar para el próximo 16 de septiembre, y de los organismos supervisores competentes -el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía y Hacienda-.
   El plazo máximo previsto para la ejecución del acuerdo y, por tanto, para el pago a los cuotapartícipes del valor de amortización, es de dos meses contados a partir de la fecha de efectividad del acuerdo.

Un exdirectivo de la CAM confirma que hacía negocios de compra-venta de suelo con Ortiz

ALICANTE.- El directivo de Caja Mediterráneo (CAM), Daniel Gil, ha confirmado ante el juez que, en su función de responsable de inversiones inmobiliarias de la entidad financiera, hizo negocios de compra-venta de suelo con el empresario Enrique Ortiz. 
 
   El directivo se ha presentado sobre las 10.00 horas de este jueves ante el titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que investiga el 'caso Brugal' relativo a las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.
   Gil estaba citado por su presunta relación con un delito de aprovechamiento de información privilegiada, que supuestamente pudo producirse en el marco de varias operaciones cuyo objetivo era la compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad.
   El abogado de EUPV, José Luis Romero, ha explicado que en su comparecencia ante el juez, Daniel Gil no ha contestado a las preguntas de las acusaciones particulares, pero sí ha atendido a alguna preguntas del fiscal y a las de su defensa.
   Al respecto, según Romero, Gil ha aclarado que la sociedad de la CAM que él dirigía "compraba con miras a la reclasificación del suelo, y que esa parte la dejaban en manos del socio tecnológico, la empresa CAMSERVI de la que Ortiz es administrador".
   "Ha confirmado que tenía una opción de compra sobre unos suelos en los saladares de Aguamarga, en torno a los que había un problema jurídico de exceso de cabida. Por este motivo, ha detallado que "CAM no quería llevar esa opción de compra que tenía con CAMSERVI, y que finalmente sí compraron el terreno".
   Sobre las escuchas, Daniel Gil ha mantenido ante el juez que "no recordaba absolutamente nada", y ha rechazado la invitación del fiscal anticorrupción para escucharlas en ese momento, según ha indicado el abogado de EUPV.
   Romero también ha considerado que si en un futuro las escuchas se declaran válidas, "va a tener que decir algo, porque son muy claras y muy patentes de lo que había debajo del negocio legal". 
Por ello, a su parecer, "lo que pierde ahora es su oportunidad, y si se declara oir las escuchas, no habría hecho falta volver a llamarles para decir lo que hubieran podido decir ahora".
La declaración de Daniel Gil ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, quien instruye la pieza separada del Brugal sobre presuntas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, se debe a que, según se desprende del sumario, parcelas del entorno de los Saladares de Aguamarga fueron objeto de interés por parte de sociedades y personas que conocieron con antelación a la publicación del PGOU su posible cambio de calificación del suelo.
A raíz del análisis de protocolos notariales, el fiscal observa cómo a través de distintas operaciones se materializa la compra de la totalidad de participaciones de la sociedad que ostenta la propiedad visible de los terrenos que van a soportar el proyecto de la "Ciudad de la Economía", una iniciativa que recogía aprovechamiento terciario en el citado suelo de Aguamarga.
Así, se atestigua, tal y como recoge el sumario, que la sociedades CAMSERVI Obras y Servicios, propiedad de Enrique Ortiz, junto a la firma Tenedora de Inversiones y Participaciones, S.L., propiedad de CAM, son las máximas accionistas de una mercantil, Dreamview, protagonista en estos hechos.
Gil, acompañado por su letrado, ha comparecido ante el juez por espacio de una hora y en cuya comparecencia también han estado los letrados de Ortiz y de Esquerra Unida (acusación popular), y el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.
Según fuentes judiciales, Gil ha apuntado que la CAM era "el socio financiero" y que ellos "compraban con miras a la reclasificación del suelo", y que esa parte "la dejaban en manos del socio tecnológico, una empresa de la que era administrador Ortiz".
Preguntado sobre si conocía que Ortiz hubiera intentado negociar con la entonces edil de Urbanismo, Sonia Castedo, y el exalcalde Luis Díaz Alperi temas relacionados con Aguamarga, Gil ha aseverado que no sabe nada de eso.
En los protocolos notariales se observa, según añade el fiscal, cómo a través de distintas operaciones se materializa el deseo de Ortiz de no constar como propietario de ciertos terrenos en la zona de Aguamarga y "que han sido recalificados para su beneficio y el de la CAM".
El fiscal considera que Gil puede ser responsable de infracciones penales, como recepción de información privilegiada, conseguir, a través de Ortiz, resolver a su medida aspectos del proyecto de la "Ciudad de la Economía", y de "comprar terrenos valiosos por su futura recalificación y revalorización dentro del Plan General en base a la información privilegiada recibida".
Para la acusación pública, los hechos relatados pueden ser constitutivos, al menos, de los delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, y delito de tráfico de influencias.

miércoles, 20 de julio de 2011

Las obras de restauración del parador de Lorca supondrán cinco millones de euros

LORCA.-  El secretario general de Turismo y Comercio Interior, Joan Mesquida, ha realizado una visita técnica a las obras del parador turístico de Lorca, acompañado por el secretario general de la delegación del gobierno en Murcia, José Camarasa, para revisar e inspeccionar los daños ocasionados durante el terremoto del mes de mayo, y cuyas obras supondrán cinco millones de euros, según ha informado fuentes de la Delegación del Gobierno. 

   Un presupuesto con el que se tiene que realizar el revestimiento exterior del edificio, las actuaciones en diferentes áreas del interior por el derrumbe y las grietas producidas en diferentes dependencias.
   El plan de actuación de emergencia fue aprobado el pasado 30 de junio para la reparación de los daños producidos en el parador por el terremoto, estimándose en diez meses el periodo de ejecución de las reparaciones.
   A primeros del mes de julio, la empresa encargada de la reparación inicia la fase de  desescombro y en estos momentos se está protegiendo el suelo del edificio parador.
   La inversión total de la Administración Turística Española en el parador de Murcia realizada es de 25,5 millones de euros, a los que hay que sumar ahora otros cinco por los daños causados.
   Desde que se produjo el terremoto el pasado día 11 de mayo,  los trabajos de análisis y de evaluación de los desperfectos comenzaron de forma inmediata por el procedimiento de emergencia.
   Al día siguiente del seísmo se iniciaron las actuaciones de urgencia en el exterior del parador con el apuntalamiento de la ermita de San Clemente y de los restos arqueológicos.
   Una vez finalizadas las obras  la sociedad estatal de paradores  procederá al amueblamiento del edificio  pudiéndose inaugurar el establecimiento hotelero el próximo año.
   El parador contará con 76 habitaciones dobles, de ellas varias suites; varios comedores y cafetería, así como un salón polivalente de convenciones, además de spa y de piscina interior y exterior, aparcamiento y jardines. Se ha previsto musealizar los restos arqueológicos hallados para disfrute de los clientes y de los turistas que visiten el castillo de Lorca, donde se halla el edificio.
   El parador de turismo de Lorca se sitúa sobre una superficie de 13.625 metros cuadrados cedidos por el Ayuntamiento de la ciudad. La mayoría de las actuaciones incluidas en las obras del edificio hotelero van a potenciar el recinto histórico del Castillo de Lorca mediante la conservación, puesta en valor y restauración de los restos más significativos.

IU presenta el viernes moción para que se modifique el PGOU y preserve entorno de La Fuensanta

MURCIA.- El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Murcia presentará en el Pleno de este viernes una propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio al objeto de que se preserve el entorno del monasterio de La Fuensanta y sea declarada "zona no urbanizable", donde el plan parcial contempla "la construcción de 1.300 viviendas".

   De llevarse a cabo el desarrollo de dicho plan, supondría un impacto paisajístico "severo", basándose en el informe de la Dirección General del Medio Natural, ya que es "el segundo balcón que queda desde el monasterio hasta el municipio, siendo el primero el que hay entre La Alberca y El Palmar, pendiente también de un plan urbanizador que toca LIC y ZEPA".
   Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz de IU-Murcia, Esther Herguedas, quien ha justificado la oposición a dicho plan parcial "por las irregularidades que tenía y los defectos de tramitación", rechazando, al mismo tiempo, que esta zona pueda ser considerada como urbanizable.
   A ello se suma el hecho de que la empresa promotora del plan es Inverovide, que tiene una participación del 13,29 por ciento, lo que, a su juicio, resulta sospechoso. Esta empresa, con sede en Madrid, "tenía un administrador único, que no está relacionado con Murcia, pero sí con algunas personas relevantes del urbanismo de Murcia, ya que tuvo otra sociedad junto con Higinio Pérez, investigado en la operación Umbra", de presunta corrupción urbanística.
   Igualmente, la redacción del plan parcial que promueve esta empresa corresponde a Jesús Zafra, "también investigado dentro del caso 'Umbra' por sus relaciones con el ex jefe de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver".
   Por tanto, ha lamentado, un plan parcial donde "encontramos a viejos conocidos del urbanismo murciano y no precisamente por haber actuado en beneficio de los intereses de la sociedad, sino en función de sus intereses particulares".
   Otra de las irregularidades que presenta el plan, ha dicho Herguedas, "es que tenía como objetivo el año 2025 cuando se hizo y con esa finalidad disponía de una gran bolsa de suelo para atender las necesidades de vivienda del municipio de Murcia".
   Así, Herguedas ha subrayado que "las necesidades se han calculado con este objetivo de 2025 y se ha liberado suelo en Murcia, según el plan, para tres veces las necesidades de la población en el año 2025", lo que supone "1,5 millones de habitantes y en este momento, ni siquiera llegamos al medio millón".
   "Ese suelo no es necesario y ha generado una importante burbuja inmobiliaria con planes parciales a mitad de desarrollo y nos encontramos con un plan general que ha fracasado y que sería el momento de revisar", ha sostenido la concejal.
   Entre otras razones, ha recordado que en el plan general esta zona aparecía como "desarrollo extraordinario", lo que quiere decir que "sería de los últimos lugares a ocupar"; además de que "no se estarían vulnerando los derechos de los particulares".
   Fruto de las irregularidades, hay presentado un recurso contencioso-administrativo, ya que tampoco "tiene aprobación definitiva, ni siquiera la aprobación en el Pleno y el plan parcial no tuvo su fase de exposición pública de información a la ciudadanía sobre este hecho".

El Consorcio de Compensación de Seguros dice haber pagado 12.859 expedientes del seísmo lorquino

MURCIA.- El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), entidad pública dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, dice haber pagado hasta el 15 de julio un total de 66,3 millones de euros correspondientes a 12.859 expedientes abiertos por los daños ocasionados a las personas y en los bienes asegurados por los terremotos producidos en Lorca el 11 de mayo de 2011.

   En concreto, el Consorcio registró 22.411 solicitudes por daños en viviendas y comunidades de propietarios, por los que ha abonado 11.538, por un importe de 54,7 millones de euros. Asimismo, registró 1.815 solicitudes de daños en comercios, de los que ha pagado 725 por un coste de 9,5 millones de euros.
   De las 379 solicitudes registradas por daños en oficinas, el Consorcio ha abonado 157 por un valor de 937.400 euros; mientras que de las 209 solicitudes por riesgo en industrias ha pagado 83 con 501.489 euros; y de las 426 solicitudes de indemnizaciones por daños en vehículos y automóviles ha pagado 356 con 522.988 euros.
   El Consorcio ha señalado que "sigue trabajando a pleno rendimiento en la tramitación de las indemnizaciones por los daños ocasionados", y ha añadido que, de acuerdo con los objetivos marcados desde el inicio del proceso por el CCS a los equipos que están valorando los daños, y con el propósito de iniciar con la máxima celeridad posible el pago de las indemnizaciones, se han realizado, en primer lugar, las tasaciones de los siniestros más sencillos y de los de importe y dificultad medios.
   La eficaz labor que vienen realizando los más de 200 peritos que están llevando a cabo la valoración de los daños causados por el terremoto "ha permitido la rápida tramitación de las reclamaciones y el pago de las indemnizaciones y anticipos realizados hasta ahora", según el Consorcio, que ha añadido que estos profesionales "están realizando un gran esfuerzo para conciliar el rigor que requiere su trabajo con la necesaria agilización de las valoraciones".
   Transcurridos dos meses desde que se produjo el terremoto, y una vez atendidos el 50 por ciento de los siniestros, el CCS se propone afrontar la peritación y el pago de los siniestros de mayor complejidad y, en particular, de aquellos en los que se aprecian daños estructurales que impiden la habitabilidad de los edificios.
   Con el objetivo de abordar la peritación y pago de los siniestros pendientes, el CCS ha elaborado unas recomendaciones a sus peritos tasadores encaminadas a agilizar la peritación de los daños, cuyo extracto se incluye a continuación para que se difundan y sean conocidas también por los asegurados, de tal forma que ello contribuya a facilitar las relaciones entre éstos y el CCS, reduciendo al mínimo las eventuales discrepancias que pudieran surgir.
   En primer lugar, una vez cumplido el segundo mes desde que se produjera el terremoto, y peritados 12.000 siniestros con abono de más de 65 millones de euros en indemnizaciones, el CCS dice que procede ahora "acelerar el pago en los expedientes de mayor complejidad, ya sea concluyendo la peritación de los mismos o, si no fuera factible, determinando con la necesaria precisión el valor final de las reparaciones a efectuar, concediendo anticipos en los próximos días sobre la base de las estimaciones contenidas en informes periciales emitidos con dicha finalidad".
   En la línea con lo expuesto en el apartado anterior, el CCS recomienda que los peritos "deben identificar los siniestros cuya peritación deba razonablemente prolongarse en el tiempo e informar sobre la situación en que se encuentra la misma, su duración estimada, la actualización de las provisiones económicas y la propuesta de concesión de un anticipo en cuantía suficiente, que facilite las tareas de reparación.
   Las peritaciones complejas, a su juicio, "no deben acelerarse de forma precipitada, pero sí deben activarse intensamente y, de forma simultánea, orientarse hacia la concesión de anticipos de la indemnización final. Lo señalado en éste y en el anterior apartado es de especial aplicación en expedientes de inmuebles con daños estructurales importantes y de inmuebles demolidos o a demoler, según las mismas fuentes.
   En tercer lugar, plantea que los peritos "deberán entregar sin demora al CCS aquellas peritaciones que se encuentran terminadas aunque no obtuviesen la firma por parte del asegurado del documento de manifestación de acuerdo o conformidad con el importe de la valoración realizada por el perito".
   Esta forma de proceder sin más dilación "pretende dejar clara la disposición del CCS a no demorar ni un instante el pago, al menos de la indemnización calculada a través de sus peritos, por el hecho de que pudieran existir discrepancias con el asegurado".
   En estos casos de falta de acuerdo, el Consorcio indica que el perito "deberá explicar con claridad al asegurado los cálculos realizados de los que se desprende la propuesta de indemnización que realice"; y añade que "sería deseable, al mismo tiempo, que el asegurado manifestase los motivos de la discrepancia y el perito pudiese así aportar al CCS la explicación de las causas concretas de la misma".
   En todo caso, el Consorcio dice que "cuando haya discrepancia con la valoración del perito y aunque se haya producido ya el pago de la cantidad estimada por el CCS, el asegurado podrá continuar con el procedimiento previsto en el artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro y designar su propio perito para que, junto con el del Consorcio, cuantifique la indemnización".
   "Si no hay acuerdo entre ellos se podrá designar un tercer perito dirimente. Además, el asegurado puede presentar su reclamación ante el Servicio de Atención al Asegurado del Consorcio. En ambos casos, el CCS realizaría un proceso de revisión para analizar las oportunas alegaciones aportadas por los asegurados y, en su caso, realizar los pagos adicionales que correspondieran", añade.
   En cuarto lugar, el CCS considera "esencial" realizar las valoraciones de daños con un método analítico, aplicando sobre las mediciones de las unidades de obra los precios unitarios, teniendo a estos efectos como referencia bases de precios contrastados y de general aplicación, sin perjuicio de que en cada caso el perito deba atender a las especiales circunstancias que pudieran concurrir".
   Con el mismo fin de documentar con claridad y transparencia la actuación pericial y las diferencias que, en su caso, se produjeran respecto a las cuantías solicitadas por los asegurados, los peritos "procurarán recoger los presupuestos aportados por los asegurados o por las empresas que van a realizar las reparaciones, aún en el caso de que dichos presupuestos no sean finalmente admitidos".
   En los casos de inadmisión de los presupuestos, el perito deberá informar a los asegurados y, si procediese, a las empresas de reparación de la falta de aceptación de los presupuestos y del motivo de su rechazo. El perito deberá calibrar, a continuación, si solicitar un nuevo presupuesto o proceder a la valoración y redacción del informe pericial.
   Si se produjeran retrasos en la labor pericial porque no se hubiese aportado al perito la documentación esencial o porque existieran dificultades para reunirse con el asegurado o con su representante, el CCS recomienda que el perito lo hará constar de forma que quede probada la constancia de las dificultades que existan.
   "Como ha sido siempre norma de actuación esencial del CCS, la encomienda que se hace a los profesionales que colaboran en estas tareas de tasación es la de peritar los daños, y en ningún caso es la de reparar ni la de facilitar o sugerir al asegurado una determinado reparador", añade.

El PSRM achaca la suspensión de la transferencia de Justicia al "agujero económico"

CARTAGENA.- El diputado regional del Grupo Parlamentario Socialista y secretario de la Comisión de Política Territorial en la Asamblea Regional, Francisco Abellán, ha achacado la suspensión de la transferencia de las competencias de Justicia al "agujero económico" en las arcas de la Comunidad, y ha anunciado que el PSOE presentará una iniciativa parlamentaria para solicitar la comparecencia del consejero de Presidencia e Interior, Manuel Campos, en la cámara autonómica con el fin de que explique este aborto.

   En concreto, Campos confirmó que "no es previsible" que la Comunidad Autónoma asuma las competencias de Justicia este 31 de julio, ya que "no hay tiempo ni está previsto", aunque no ha cerrado la puerta y ha emplazado a esperar a que se resuelvan los problemas de cara a la segunda fecha posible para la transferencia, el 31 de diciembre.
   Por ello, Abellán ha solicitado la comparecencia de Campos "tan pronto como se pueda". A ser posible, ha pedido que se tramite "sin demora", lo que ha aprovechado para pedir que los diputados en la Asamblea "no dejemos de trabajar en julio ya que el contexto regional exige que sigamos trabajando".
   Abellán ha recordado que el pasado 1 de junio, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, "en una visita a Murcia, dijo que las transferencias de Justicia podían hacerse efectivas a final de junio de 2010, lo que fue valorado muy positivamente por el Grupo Parlamentario Socialista".
   Más adelante, en septiembre de 2010, Campos hizo su entrada en el Gobierno regional como consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, cuyo cometido principal "era gestionar la recepción de las competencias de justicia en la Región de Murcia, en un momento en el que el acuerdo estaba cerrado y el coste efectivo de las transferencias era de un total de 75,5 millones de euros".
   En concreto, las transferencias estaban valoradas en 70 millones de euros, a lo que había que sumar 4,4 millones en inversiones y un millón de euros en mejoras informáticas. Sin embargo, estos últimos 5,4 millones de euros, estaban supeditados al cumplimiento del objetivo de estabilidad propuesto por el Ministerio de Economía para 2010-2011, fijado en un déficit del 2,4 por ciento.
   Abellán ha recordado que, en ese momento, "coincidiendo con la profundización de la crisis inmobiliaria en la Región y la caída en picado de los ingresos en las arcas regionales, aumentó el gasto público, cayeron las arcas regionales, el déficit se disparó y comenzaron a saltar las alarmas".
   "Es decir, el Gobierno regional asumió hacerse cargo de las competencias de justicia mientras el déficit público en la Región se disparaba, y ya se veía entonces que sería imposible cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria previsto", ha añadido.
   "Ante esta situación y en vista de que la Comunidad Autónoma superaba el déficit permitido, el Ministerio de Economía y el propio Gobierno regional deciden esperar hasta julio de 2011 para tomar la decisión definitiva", ha recordado Abellán, quien ha achacado esta decisión "a que la Comunidad no cumplía la estabilidad presupuestaria para 2010, incumplimiento del que es único responsable el Gobierno regional".
   Por ello, ha sostenido que "una cosa es posponer la entrada en vigor de un acuerdo cerrado si las cosas pueden enderezarse para no perder dinero, y otra cosa es que no se consiga enderezar la situación y haya que dar marcha atrás, lo que denota falta de previsión y falta de capacidad para gestionar las cuentas públicas por parte del Gobierno de Valcárcel".
   Abellán ha explicado que, dada la mala gestión económica del Gobierno regional "es lógico que el consejero rechace las competencias y tema un agujero económico ya que la situación financiera de la Comunidad Autónoma, con una deuda de 2.016 millones de euros y un déficit superior al 4% no es para menos".
   Abellán, como portavoz socialista, ha sostenido que, "dada la situación que atraviesa la Administración regional, es mejor que la Justicia siga siendo una cuestión de Estado hasta que la situación financiera de la Comunidad permita su transferencia". De hecho, ha estimado que las competencias "están mejor en manos del Ministerio".
   Al respecto, ha pedido al Gobierno del PP "que haga autocrítica ya que otras Comunidades Autónomas si han cumplido el objetivo de déficit y, no habiéndolo hecho, el presidente murciano Ramón Luis Valcárcel se tomó la libertad de crear una Consejería sin competencias".
   Además, le ha reprochado que mantuvo esta Consejería "durante meses "sabiendo que la situación financiera de la Comunidad no cambiaría y generando expectativas frustradas en el futuro funcionamiento de la Administración de Justicia en la región y entre los funcionarios del sector".
   Por todo esto, ha añadido que el Grupo Parlamentario Socialista "entiende que es absolutamente necesario que el consejero comparezca lo antes posible ante el pleno de la Asamblea Regional y dé explicaciones sobre la mala gestión que se ha hecho de las transferencias desde el principio".

Una tesis doctoral analiza la composición del brócoli para la elaboración de alimentos funcionales

MURCIA.- Una tesis doctoral elaborada en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), ha analizado la composición fitoquímica del brócoli y sus derivados para la elaboración de nuevos alimentos funcionales, según informaron fuentes de esta institución investigadora en un comunicado.

   El trabajo de investigación ha sido realizado en el CEBAS-CSIC por Raúl Domínguez-Perles y dirigido por los doctores Cristina García y Diego A. Moreno, en el Programa de Doctorado de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO, U. Miguel Hernández).
   El cultivo del brócoli en la Región de Murcia, con su clara vocación exportadora para surtir los mercados europeos y sus características nutricionales y fitoquímicas, conlleva la producción de una gran cantidad de subproductos, que suponen unos tres cuartos del material vegetal total, con un importante impacto ambiental, lo que "obliga a buscar alternativas para su valorización como ingredientes alimentarios", según el CEBAS.
   Así, el Centro añade que la caracterización del perfil nutricional y fitoquímico de las nuevas variedades de brócoli que se cultivan en la actualidad en la Región de Murcia, mostró que la adaptación al estrés salino "no altera la calidad de las pellas de brócoli como fuente de nutrientes y compuestos bioactivos".
   Los datos obtenidos acerca de la composición de los subproductos dependen de una serie de factores, tanto inherentes a la planta como externos, es decir, ambientales y agronómicos. En este sentido, el contenido en glucosinolatos y compuestos antioxidantes de los subproductos del brócoli permanecieron en el rango de valores de este alimento saludable.
   El producto agroalimentario obtenido se utilizó para la elaboración de una bebida funcional que combina las propiedades nutricionales del té verde (bebida saludable y con unas características organolépticas que la hacen muy popular a nivel mundial) con las del brócoli, cuya composición y actividades antioxidante y antitumoral, in vitro, permitió establecer su utilidad como ingrediente en el desarrollo de nuevos alimentos funcionales.
   El estudio de la absorción y metabolismo de los compuestos saludables del brócoli (glucosinolatos e isotiocianatos), en este trabajo de Tesis ha permitido sentar las bases científico-técnicas para el futuro desarrollo de estudios clínicos relacionados con distintas patologías, lo que permitirá establecer en un futuro próximo la capacidad real de favorecer la salud y el bienestar con la ingesta de alimentos funcionales enriquecidos con ingredientes de brócoli en el contexto de una nutrición personalizada y una dieta equilibrada.

El número de empresas morosas cae hasta niveles de 2009

MADRID.- El número de sociedades morosas se situó en 116.986 en el acumulado del año hasta mayo, un 2,1% por debajo de las 119.581 registradas en los cinco primeros meses de 2009, según el informe 'Radar de impago empresarial' publicado por Axesor.

   El estudio, que muestra la evolución de los impagos entre empresas, revela que esta cifra mejora un 13,4% el dato de morosidad de los cinco primeros meses de 2010.
   Según el tamaño de la compañía, las pymes son las únicas que logran reducir el número de sociedades activas morosas, un 14,94% en los cinco primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2010.
   La gran empresa, por su parte, registra un incremento en el número sociedades con incidencias por incumplimiento de pago del 9,15%. Del total de empresas morosas que hay en España, 116.632 son pymes y 354 grandes empresas, señala el informe de Axesor.
   Por regiones, Andalucía encabeza el ranking de empresas morosas en España, con 24.875 compañías. Le siguen Madrid, con 19.765, y Valencia, con 16.304.
   En el lado opuesto se encuentran Ceuta y Melilla, Navarra y La Rioja, que registran las cifras más bajas de morosidad empresarial, con 237, 618 y 776 sociedades con impagos, respectivamente.
   Según el informe de la consultora, las sociedades mercantiles canarias son las que han registrado un ratio de incumplimiento más elevado (12,4%), seguidas de las empresas ubicadas en Andalucía (12,2%), Ceuta y Melilla (11,5%) y Murcia (11,4%).
   Por contra, País Vasco (4%), Navarra (4,5%), Cataluña (5,6%) y Castilla y León (6,2%) son las comunidades autónomas donde el porcentaje de sociedades morosas sobre el total del tejido empresarial activo ha sido menos elevado entre enero y mayo.
   Por sectores, el de la hostelería es el que presenta un mayor ratio de incumplimiento, con un 13,4% de sus sociedades envueltas en casos de morosidad, seguido del sector de la construcción y la promoción inmobiliaria, con un 11,6%.
   En el extremo opuesto se sitúan las compañías pertenecientes al sector de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con un ratio de incumplimiento del 1,8%.

martes, 19 de julio de 2011

Rajoy prevé un primer año en el poder con huelgas y protestas por su 'plan de choque'

MADRID.- El líder del Partido Popular (PP) español, Mariano Rajoy, aplicará un "plan de choque" económico si gana las elecciones generales que podrían celebrarse en unos meses, han admitido asesores y dirigentes de la principal formación de la oposición.
 
Rajoy, que según las encuestas será el próximo presidente del Gobierno, anticipa huelgas y protestas en su primer año en el cargo, pero cree que no serían suficientes para que revierta lo que sería una intensa agenda de reformas.
"Las medidas serán duras y tendremos problemas con mucha gente, pero entenderán que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Los españoles lo entenderán", dijo un dirigente del partido.
Aunque hasta ahora el PP no ha planteado en detalle su programa, la idea general es restaurar la confianza de los mercados, generar inversión y crear empleo, según dijeron cinco fuentes del partido que pidieron no ser identificadas.
Entre los pocos puntos que los líderes del partido han abordado, está profundizar las reformas del presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, adoptando un único tipo de contrato flexible que facilite a las empresas contratar y despedir.
Los distintos tipos de contratos en lo que se refiere a indemnización por despido están considerados como una barrera para el fomento del empleo en España.
El PP quiere también reducir los impuestos a las pequeñas y medianas empresas para estimular la contratación, e imponer un gasto estricto y límites de deuda a las 17 comunidades autónomas.
Los sondeos muestran que la formación de centroderecha tiene una ventaja de 14 puntos porcentuales frente a los socialistas, que han visto cómo la opinión pública les da la espalda ante los elevados índices de desempleo.
Zapatero es impopular porque no ha logrado recuperar la economía tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, pese a que sus medidas de austeridad han ayudado a mantener a España a flote en la crisis de la zona euro.
Las elecciones están previstas para marzo de 2012, pero se espera que Zapatero las adelante para sacar provecho de los buenos resultados en el empleo por la coyuntura turística del verano, uno de los pocos puntos brillantes de la economía.
Rajoy quiere que la clave de su programa sea restaurar la credibilidad en la política económica del país. Los costos de financiación de España se han incrementado durante la prolongada crisis de la zona euro.
"Habrá un plan de choque para convencer a los mercados de que podemos estimular el crecimiento económico", dijo un destacado diputado del PP.
Los socialistas pretenden recortar el déficit público al 6% del Producto Interior Bruto este año, desde el 11% de hace dos años, pero el consenso entre los analistas es que la economía no crecerá lo suficiente este año o el próximo para crear puestos de trabajo.
El PP dice que se apresurará a reducir el déficit pero también se concentrará en el crecimiento económico.
Los ministros clave del gabinete de Rajoy -economía, asuntos exteriores, trabajo y vicepresidencia- serán tecnócratas independientes en lugar de cargos políticos, según señalan fuentes próximas al político gallego.
Aunque los dirigentes 'populares' ven necesario recortes de gasto más profundos, aseguran que el plan de choque no obligará a recortar los servicios en el apreciado sistema sanitario público, en la educación y en las pensiones, dado que reducir ineficiencias ahorrará dinero.

Las CC.AA. del PP se comprometen con el programa de reducción del déficit público

MADRID.- Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han comprometido con el programa de reducción del déficit público, según informó el partido tras la reunión mantenida entre el coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, con los consejeros de Economía de las CC.AA. 'populares'.

   En concreto, indicaron que este compromiso con el programa de reducción del déficit público debe estar "asentado en la transparencia de las cuentas públicas de acuerdo a la situación real de cada comunidad autónoma".
   En la reunión de los consejeros y el portavoz de Economía del PP, a la que también asistieron el secretario de Economía del grupo popular, Alvaro Nadal, y la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Fátima Báñez, también constataron que lo que sí es común en todas las CC.AA. "es un problema apremiante de liquidez", consecuencia de la grave dificultad de acceso al crédito que existe en España.
   Además, en el caso de las comunidades autónomas, destacaron que se debe también "al incumplimiento de los compromisos derivados del modelo de financiación y de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por parte del Gobierno".
   Los gobiernos regionales del PP han acordado así ponerse a trabajar "de manera conjunta y coordinada" en materia económica, y no solo en materia presupuestaria, "para compartir la gestión de servicios públicos constituyendo centrales de compra que faciliten la implantación en España de un mercado interior".

El Catastro comienza a notificar por Internet los valores catastrales de los inmuebles de Águilas para 2012

MADRID.- El Catastro ha comenzado este mes de julio a notificar por Internet los nuevos valores catastrales de los inmuebles de la ciudad de Madrid que serán efectivos desde 1 de enero de 2012, por lo que los titulares de los más de dos millones de inmuebles de la capital cuya valoración se ha actualizado este año pueden consultar su nuevo valor catastral en las sede electrónica del organismo hasta el 15 de septiembre.

   Según ha informado el Ministerio de Economía y Hacienda, a partir del próximo 1 de septiembre, el servicio estará disponible también para los ciudadanos de los otros 215 municipios que han decidido revisar este año el valor catastral de sus inmuebles, entre los que destacan Castellón de la Plana, Ciudad Real, Marbella, Móstoles, Valdemoro, Ibiza, Roquetas de Mar, Águilas o Miranda de Ebro, que tendrán disponible por vía electrónica la nueva valoración catastral de sus inmuebles hasta el 10 de octubre.
   Por tanto, el sistema de notificación electrónica estará operativo para la totalidad de las ponencias de valores que se realicen en 2011, con efectos jurídicos en 2012, lo que supondrá la asignación de nuevos valores catastrales a 3,4 millones de inmuebles de 216 localidades.
   Hacienda recuerda que la notificación electrónica tiene el mismo valor jurídico que la realizada por vía postal e incluye información sobre la cuota del IBI de cada municipio para 2012.
   La iniciativa, impulsada desde la Dirección General del Catastro en colaboración con los ayuntamientos, supone, según Hacienda, un paso adelante en la implantación de la Administración Electrónica en los servicios catastrales y tiene como objetivo que el sistema de notificación electrónica se generalice, sustituyendo al tradicional reparto de notificaciones catastrales por correo certificado.
   Según el Ministerio, se trata de un procedimiento más eficaz y cómodo porque permite obtener la información en cualquier momento y desde casa, más respetuoso con el medio ambiente por la reducción del consumo de papel, cuenta con plenas garantías jurídicas y es más económico para la Administración. En este sentido, señala que si todos los ciudadanos se descargasen por Internet la notificación, el ahorro ascendería a 9 millones de euros.
   Además, con la clave concertada que envía el Catastro para acceder a la información también se puede obtener sin coste el certificado catastral con los datos del inmueble, lo que permite al ciudadano ahorrarse la tasa de 17,11 euros que tendría que pagar si solicitase este documento en una oficina del organismo.
   El contribuyente, una vez recibida la carta con su clave concertada personal, debe acceder a la Sede Electrónica del Catastro desde cualquier ordenador y seleccionar el enlace 'Notificaciones procedimientos de valoración colectiva 2011'. Después, deberá introducir la clave y descargarse toda la información que necesite.
   Finalmente, Hacienda precisa que los ciudadanos que no dispongan de Internet también podrán obtener la notificación electrónica dirigiéndose a cualquier oficina del Catastro o a los puntos de información catastral, donde se les facilitará acceso.

El Gobierno apoyará a las CCAA al no poder imponerles una férrea disciplina fiscal

LONDRES.- Las regiones españolas no cuentan con muchos incentivos para acometer con rapidez su reequilibrio presupuestario ante las repercusiones políticas de un recorte drástico del gasto social o de subidas en los impuestos, así como por la confianza en que finalmente el Gobierno central, que carece de herramientas suficientes para inducir un fuerte grado de disciplina a las comunidades autónomas, prestará apoyo a las regiones para moderar sus desequilibrios fiscales, según refleja un informe de Standard & Poor's.

   "El Gobierno central tiene herramientas insuficientes para inducir un fuerte grado de disciplina fiscal a nivel regional", afirma la calificadora de riesgos, que prevé que el Estado terminará apoyando a las regiones este año y el próximo.
   "Anticipamos que una falta de apoyo del Gobierno central en 2011-2012 podría aumentar las necesidades de financiación de las regiones, debilitar los perfiles individuales de crédito de las CC.AA. con un peor comportamiento presupuestario y acabar requiriendo un apoyo gubernamental incluso mayor en el futuro", explica la agencia.
   En este sentido, S&P apunta que las restricciones sobre las autorizaciones de deuda a largo plazo, instrumento que utiliza
el Gobierno para promover la disciplina fiscal en las Comunidades, podrían no ser suficientes en sí mismas para conseguir este objetivo de forma sostenida.
   Por otro lado, la agencia duda de que el Gobierno permita que la liquidez de una región se deteriore hasta el punto de provocar "dificultades financieras serias" y prevé que si esto ocurriera "es probable que el Gobierno Central ayudara a la región".
   "Además, pensamos que, en un momento de turbulencia financiera, las dificultades a nivel regional tendrían un impacto adverso sobre la reputación del Gobierno en los mercados financieros. En consecuencia, pensamos que las regiones esperan el apoyo del Gobierno central en caso de fuertes presiones de liquidez, lo que a su vez debilita sus esfuerzos de consolidación fiscal", apostilla la agencia.
   A este respecto, la calificadora de riesgos apuesta por que dicho apoyo pudiera consistir en el uso de la capacidad del Gobierno para aumentar los ingresos de las regiones a través del modelo de financiación.
   En este sentido, S&P advierte de que la debilidad de los incentivos de disciplina fiscal para las regiones auguran un "camino lento de recuperación" para las finanzas autonómicas españolas, que en 2010 registraron un déficit fiscal agregado del 2,8% del PIB, cuatro décimas por encima del objetivo previsto, mientras que en el primer trimestre de 2011 continúan mostrando "moderadas desviaciones".
   "Sin mayores incentivos para reducir el gasto, pensamos que las regiones con la mejor disciplina fiscal tenderán a hacer converger sus
desempeños presupuestarios con los límites de déficit, mientras que las regiones que son fiscalmente menos disciplinadas se acercarán a los objetivos solamente de forma gradual", augura la agencia.
    Así, la entidad considera que la consolidación fiscal más lenta de lo esperado resalta las debilidades de las reglas fiscales españolas, ya que no promueven esfuerzos de consolidación fuertes entre las comunidades de régimen común, habida cuenta de que en el caso de las regiones forales su sistema de finanzas es "radicalmente diferente y sustancialmente más fuerte".

Más de 43 kms de redes en las playas del Mar Menor evitará que las medusas alcancen zonas de baño


MURCIA.- La Consejería de Agricultura y Agua mantiene, como cada año y a petición de los ayuntamientos, un dispositivo de más de 43 kilómetros lineales de redes en las playas del Mar Menor al objeto de evitar que las medusas alcancen las zonas de baño.  

  Desde la citada Consejería se ha afirmado que desde 2003 "ha venido retirando los bancos de medusas adultas para disminuir su reproducción".
   Por ello, se ha destacado que en los últimos tres años "no ha habido bancos de medusas", sino individuos sueltos que "son imposibles de pescar", y además "necesarios para mantener el equilibrio del ecosistema".
   No obstante, se ha apuntado que "como era de esperar, la ausencia de capturas en las últimas temporadas ha provocado un aumento de la reproducción de las dos especies, Cotylorhiza Tuberculata', la más abundante y conocida como 'huevo frito', y 'Rhizostoma Pulmo', denominada 'blanca'".
   Este sistema de redes es "efectivo", aunque ha pedido la colaboración ciudadana para mantenerlas en buen estado y evitar que las medusas alcancen las zonas de baño.
   Y es que, se ha precisado, "hay que tener en cuenta el esfuerzo económico que está haciendo la Consejería de Agricultura y Agua, dado que sólo la puesta de redes tiene un coste de 404.000 euros".
   Tras aclarar que las situaciones que se han dado en los últimos días se deben principalmente a la rotura y robo de las redes que "de repente llenan las zonas de baño de medusas", y al fuerte viento de Levante, se ha dejado claro "tenemos contratado un servicio de mantenimiento", encargado tanto de reparar la rotura de las redes o reponerlas si desaparecen, como de una vez puestas, "sacar una a una las medusas que hayan entrado en la zona de baño".

San Esteban remite la memoria para obtener financiación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por los seísmos

MURCIA.- La Comunidad de Murcia ha remitido al Ministerio de Economía y Hacienda la memoria para la solicitud de ayuda al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por los daños causados por los terremotos que sufrió el municipio de Lorca el 11 de mayo, según han informado fuentes del Ejecutivo regional en un comunicado de prensa.

   Este documento, que ha sido elaborado con la contribución de todos los órganos directivos de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Lorca, y en coordinación con el Ministerio y la propia UE, que ha recibido varios borradores previos asesorando sobre el contenido de la memoria, establece que el impacto económico de los daños cuantificados hasta el momento, de forma estimativa y preliminar, es de 841 millones de euros.
   Por su parte, la directora general de Presupuestos y Fondos Europeos, Esther Ortiz, ha afirmado que "la memoria que hemos elaborado hace un repaso a la catástrofe natural que sufrió Lorca y su impacto social y económico, no sólo directamente en la Ciudad del Sol, sino también su repercusión en la economía regional".
   La estimación de daños justificada, según las mismas fuentes, es "preliminar y estimativa" y así se lo ha indicado a la Unión Europea y al Ministerio. En todo caso, la Comunidad señala que "la estimación sería al alza y podría superar los mil millones de euros".
   Originalmente, estas ayudas del Fondo están destinadas a catástrofes que afecten al conjunto de una nación, pero excepcionalmente también están abiertas a casos como el de Lorca. El montante de las mismas puede alcanzar hasta el 2,5 por ciento de los daños económicos causados y justificados.
   Desde los seísmos de Lorca, al Comunidad Autónoma ha recordado que "está trabajando en distintas acciones para la normalización de la situación social y económica del municipio, en una labor coordinada con las distintas administraciones y que lidera el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel".
   Una de estas iniciativas es la solicitud de financiación del Fondo de Solidaridad que "ha sido elaborada en tiempo y forma y remitida al Ministerio, ya que son los Estados miembros de la UE los que deben presentar la solicitud".
   Asimismo, el jefe del Ejecutivo murciano ha mantenido diversos encuentros desde el 11 de mayo, como la reunión con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, con el fin de lograr fondos de la UE.
   Además, el pasado 30 de junio el consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, junto con miembros de su equipo, mantuvo una reunión de trabajo sobre la elaboración de esta memoria con el jefe de la Unidad España de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, Andrea Mairate, quien también se desplazó a Lorca para conocer los daños in situ.
Por otra parte, el concejal de Economía del Ayuntamiento de Lorca, Luís Amador, ha informado este martes de las bonificaciones establecidas por parte del Consistorio para la realización de obras en viviendas y locales comerciales que han sufrido daños a consecuencia de los terremotos del pasado 11 de mayo.    Se trata de una batería de bonificaciones enmarcada en la modificación de ordenanzas fiscales que se aprobará en el Pleno de este lunes, según fuentes municipales.
   Esta amplia serie de bonificaciones alcanza el máximo permitido por la ley, mejorando notablemente lo establecido por el Decreto Ley (RDL 6/2011, de 13 de mayo).
   Por ello, Amador ha manifestado que desde el Ayuntamiento "se ha realizado un ejercicio de justicia social, incluyendo las máximas bonificaciones legales posibles para la realización de labores de reconstrucción y rehabilitación en primera y segunda residencia, locales comerciales y oficinas".
 Finalmente, el Gobierno central ha aprobado ayudas por casi un millón de euros para 217 damnificados por el terremoto de Lorca, según ha informado el delegado del Gobierno de Murcia, Rafael González Tovar, tras la tercera reunión de la Comisión Interministerial de seguimiento de las medidas de apoyo celebrada este martes, según señala el Ministerio del Interior.    Así, ha detallado que de esta cifra, un total de 882.251,68 euros son para viviendas y el resto, 48.240,82, para el abono de alquileres, mientras que el total de expedientes de ayuda tramitados asciende a 14.192, de los que 12.375 corresponden a reparación de viviendas, 1.006 son para alquiler, 699 para reconstrucción de viviendas y 112 para reposición de enseres.
   Por su parte, el Ministerio del Interior ha precisado que el Gobierno de España está tramitando con la mayor agilidad posible las medidas de apoyo a los damnificados, en coordinación con todos los Organismos implicados en la emergencia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de forma que se puedan paliar cuanto antes los efectos de los movimientos sísmicos y contribuir al restablecimiento de la normalidad.
   En este sentido, ha precisado que el Consorcio de Compensación de Seguros ha aprobado, hasta la fecha, un total de 12.862 solicitudes, que suponen una indemnización de 66.319.745,71 euros, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha señalado que ha aprobado una Orden Ministerial de desarrollo de medidas urgentes, lo que supone conceder ayudas por un valor superior a 500.000 euros.
   Por otro lado, el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha informado que se han tramitado 259 expedientes de diferimiento de cuotas a la Seguridad Social y el Instituto de Crédito Oficial ha manifestado que once entidades financieras se han adherido a la la Línea Preferencial de Crédito para financiar la reparación y reposición de instalaciones y equipos industriales y mercantiles y agrícolas.
   El Ministerio de Cultura ha anunciado que va a presentar un Plan Director de Arquitectura, a cinco años, a impulsar desde los distintos ámbitos, para la recuperación del Patrimonio afectado. Además, tras la declaración de emergencia ha iniciado actuaciones en el Castillo, la Torre del Espolón y la Muralla, así como en el Museo Arqueológico, por un importe de más de un millón de euros.
   En el caso del Ministerio de Fomento, se van a realizar actuaciones en el marco del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación y que han iniciado las obras para la rehabilitación de diferentes monumentos del Patrimonio por un valor superior a dos millones de euros.
   Y el Ministerio de Economía y Hacienda ha indicado que tramitará la solicitud que va a presentar la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al Fondo de Solidaridad del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) para afrontar los gastos de emergencia en las distintas administraciones.
 No obstante lo anterior, el portavoz del Grupo Territorial de Senadores del Partido Popular por Murcia, José Joaquín Peñarrubia, ha denunciado este martes que "una semana más el Gobierno socialista sigue sin dar respuesta a los afectados por el terremoto de Lorca".    El senador lorquino del Partido Popular ha explicado que, a pesar de que esta semana el Congreso tiene una gran actividad, Pleno y siete Comisiones, "no está prevista la convocatoria de la Comisión de Interior, que es la encargada de debatir y, en su caso, aprobar con competencia legislativa plena el Proyecto de Ley por el que se establecen medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos".
   Asimismo, ha recordado que el informe de dicha Comisión está pendiente desde el pasado día 1 de julio, según informaron fuentes del Partido Popular en un comunicado.
   Peñarrubia ha señalado que "a estas alturas del mes de julio, parece claro que el Gobierno ni está ni se le espera a pesar de las promesas" que en su momento hizo el entonces vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba.
   En su opinión, no tramitar las ayudas a los afectados por el terremoto de Lorca pone de manifiesto la "falta de sensibilidad y compromiso de los socialistas con los lorquinos, así como el desprecio para con los habitantes de esta localidad murciana".
   Así, ha asegurado que "estamos ante el gran engaño de Rubalcaba y del PSOE, que en su huida hacia delante sólo pretenden ganar tiempo para trasladar a otros lo que a ellos correspondería afrontar por ser su responsabilidad".
   Peñarrubia ya denunció la semana pasada "los engaños y mentiras" de Pérez Rubalcaba y le acusó de "dilatar malévolamente" la aprobación de las ayudas a los afectados por el terremoto de Lorca.
   Así, ha afirmado que "la responsabilidad de Pérez Rubalcaba es doble, ya que era vicepresidente y ministro del Interior a la hora de prometer y, en estos momentos, ante la inanición de Zapatero es a él y sólo a él a quien corresponde llevar a cabo los compromisos del PSOE y del Gobierno"
   "Todo apunta a que las intenciones, perversas una vez más, del candidato socialista a las próximas elecciones generales son que el Proyecto de Ley decaiga ante el más que posible adelanto electoral",  ha añadido el senador popular.
   Por último, Peñarrubia ha recordado  que "al cumplirse dos meses de aquella tragedia y después de que Zapatero y todos sus ministros, incluido el siempre omnipresente Pérez Rubalcaba, se pasearan y dejaran ver por las calles desoladas y en ruinas de Lorca con gran despliegue mediático, lo cierto es que las ayudas no llegan y el Proyecto de Ley sigue paralizado en el Congreso de los Diputados".