MADRID.- Las comunidades autónomas han apoyado unánimemente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con la única abstención de Ceuta, la reducción del déficit hasta 1,3 por ciento el próximo año, aunque han pedido al Gobierno que ponga en marcha medidas que garanticen el cumplimiento de este objetivo de estabilidad presupuestaria.
A la salida de la reunión, las comunidades del PSOE han reconocido la necesidad de realizar este esfuerzo adicional y han valorado el impacto que tendrá el acuerdo alcanzado para que la economía española transmita confianza en los mercados internacionales, sobretodo habiendo sido posible su aprobación con todos los votos a favor.
Sin embargo, los consejeros de las comunidades 'populares', aunque han apoyado la medida, han criticado la falta de concreción del Gobierno y han censurado que el Ejecutivo no haya aprovechado el encuentro para trasladarles las entregas a cuenta del próximo año, con las que ya podrán elaborar sus presupuestos. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, se ha comprometido a hacerles llegar estos datos antes del próximo jueves a las tres de la tarde.
Por su parte, el consejero Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, ha denunciado "el ejercicio de fariseismo" que ha tenido lugar en la reunión del Consejo, ya que "se ha aprobado un objetivo sin medios para cumplirlo", y ha criticado que el Gobierno haya convocado una reunión en la que "no se ha puesto ninguna medida sobre la mesa para concretar la necesaria toma de decisiones para controlar el gasto y el déficit público".
Dicho esto, ha evitado hacer comentarios sobre la proposición de la ministra, quien ha sugerido "hacer un seminario en noviembre". "Se ha aprobado un objetivo sin medios para cumplirlo y lo dice la única comunidad que tiene sus cuentas cuadradas, porque 16 de las 17 no las tienen, y el Estado tampoco", ha señalado Beteta.
En este sentido, el consejero canario de Economía y Hacienda del Gobierno, José Manuel Soria, ha remarcado la necesidad de concretar "medidas de ajuste adicionales", a las planteadas por el Gobierno, "con modificaciones en la legislación básica". Sin embargo, según ha explicado, se ha encontrado igualmente con la negativa de la vicepresidenta segunda, quien le ha emplazado a plantear estas consideraciones en los foros sectoriales, considerando que el Consejo no era el lugar adecuado para discutir las mismas.
Respecto al límite máximo de endeudamiento de las comunidades, Soria ha pedido que el cálculo del mismo se realice en base al PIB bruto per capita, y no en relación al PIB bruto en su conjunto, porque "tomarlo en su conjunto supone partir de una posición de desventaja para algunas comunidades", y ha solicitado que se tenga en cuenta que "el endeudamiento medio en Canarias está muy por debajo del endeudamiento medio de otros territorios".
Además, ha reclamado al Ejecutivo que recupere el compromiso incumplido sobre los conceptos del extinto impuesto sobre el tráfico de empresas, por el cual el Gobierno debe compensar al territorio insular con 50 millones de euros. "Un compromiso incumplido, cuyas consecuencias han sido 50 millones menos de ingresos y un ahorro bruto negativo de 26 millones de euros. De esta manera, Canarias no ha podido incurrir en un déficit adicional del 0,25 por ciento para inversiones productivas en el 2010 y tendrá una menor previsión de ingresos", ha argumentado.
En la misma línea se ha pronunciado la consejera gallega de Economía y Hacienda, Marta Fernández, quien ha afirmado que su comunidad, a pesar de haber vuelto a recibir una negativa ante la petición de aplazamiento de la devolución de los anticipos recibidos en base al sistema de financiación autonómica, "continuará solicitando esta operación, que ya no tiene ninguna consecuencia financiera para España como Estado miembro de la UE", y que resulta "una mera operación de caja".
La consejera de la Xunta ha afirmado que Galicia ha contado con el apoyo explícito de la Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla y León, pero ha apuntado que, una vez más, la ministra les ha remitido al turno de ruegos y preguntas, en el que Salgado ha defendido que "esto forma parte de una ley, que ha ya ha sido debatida, que no tiene nada que ver con la ley orgánica, y que no está dispuesta a reabrir ese debate".
"Estamos realmente preocupados porque el escenario del 2009 hace pensar que esto sea una especie de círculo vicioso, porque se prevén unos ingresos superiores a los que corresponden a la estimación de crecimiento del conjunto de España, y se ha pedido un poco de prudencia, porque se ha demostrado una vez más que esto es una bomba financiera para las comunidades", ha subrayado.
El consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat valenciana, Gerardo Camps, ha destacado que el compromiso de la comunidad con la estabilidad presupuestaria es "evidente", aunque ha censurado que el Ejecutivo ha incumplido "su compromiso" de llevar a la Conferencia las propuestas de manera que pudieran ser debatidas. "No ha sido así, las propuestas han brillado por su ausencia", ha resaltado.
De la misma manera, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha explicado que ha votado a favor por "responsabilidad" pero "haciendo un acto de fe". "En estos momentos hay que empujar todos en la misma dirección para que España cumpla con los requisitos de Bruselas", ha destacado Del Olmo.
Por su parte, la consejera de Hacienda de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, ha explicado que su voto ha sido un "sí crítico", ya que el objetivo de la comunidad era que el déficit fuera "individualizado" para cada región porque Andalucía tiene un endeudamiento dos puntos por debajo de la media y "siempre ha cumplido" con el objetivo de estabilidad presupuestaria.
También ha mostrado sus reticencias a este compromiso el conseller de Hacienda de Cataluña, Antoni Castells, quien ha insistido en la necesidad de tomar "medidas adicionales" para lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria, ya que éste es "muy ambicioso". A su juicio, se deberán adoptar "medidas que tengan un impacto financiero relevante" para pasar del 2,4 por ciento de déficit al 1,3 por ciento aprobado.
Para el consejero aragonés, Alberto Larraz, lo importante del encuentro es que el acuerdo ha sido apoyado por todas las autonomías más allá de las críticas puntuales, lo que, a su juicio, ofrece una sensación de "confianza" a los mercados. "Es bueno que se siga manteniendo la unanimidad aunque haya pequeñas críticas", ha insistido.
Larraz ha recordado que nunca las CCAA han tenido límites de déficit diferentes y ha apuntado que, para cumplir con esa reclamación de algunas autonomías, sería necesario poner en marcha un proceso de negociación similar al de la financiación autonómica.
En este punto ha coincidido el responsable de Economía de Asturias, Jaime Rabanal, quien también ha defendido que lo más importante es la unanimidad alcanzada más allá de las posiciones críticas. "Luego ha habido diferentes reflexiones de los consejeros que hay que abordar en el futuro con más tranquilidad", ha explicado.
También se ha referido a la petición de aplazar la devolución de las entregas a cuenta, algo con lo que, según ha reconocido, todas las comunidades estarían "encantadas". En este sentido se ha manifestado el consejero de Hacienda de Extremadura, Ángel Franco, quien ha reconocido que estas devoluciones podrían generar un problema de tesorería.
Por su parte, el conseller de Economía y Hacienda de Baleares, Carles Manera, ha asegurado que la comunidad trabajará "igual que todas" las autonomías con el techo de déficit del 1,3 por ciento del PIB regional en el diseño de sus cuentas públicas en 2011.
