MURCIA.- La candidata de Podemos-Equo a la Asamblea Regional en las próximas
elecciones del 26 de mayo, la lorquina María Giménez Casalduero, responde a las
preguntas de 'Agrodiario.com' sobre temas actuales relacionados con
agricultura, agua, ganadería y pesca.
● ¿Qué medidas tomaría usted si llega a la Asamblea Regional para afrontar la puesta en marcha de la nueva Política Agraria Común?
La
reforma de la PAC no está ni mucho menos cerrada. Queda un largo camino
en el que se tienen que poner de acuerdo el futuro Parlamento Europeo
que salga de las elecciones, la Futura Comisión Europea, y el Consejo de
Ministros, en el cual el Ministerio de Agricultura de España tendrá que
pelear un presupuesto adecuado para España sin recortes y las reformas
que necesita la PAC. En este sentido, necesitamos una buena articulación
de intereses entre el Gobierno de la Región de Murcia, el Gobierno de
España y nuestros futuros representantes en el Parlamento Europeo. Todo
ello será mucho fácil si Podemos entra en el gobierno autonómico después
del próximo 26 de mayo.
A lo largo de la próxima
legislatura hay que elaborar el Plan Estratégico Nacional de la PAC que
responda a las necesidades de cada territorio y nuestra región tendrá
que defender bien nuestros intereses. Desde Podemos-Equo apostamos por
construir un frente coordinado desde la Región de Murcia junto con otras
CC.AA como la C. Valenciana, o Baleares, para conseguir reformas en la
PAC sobre aspectos que nos son comunes. La agricultura murciana se ha
visto castigada históricamente por una PAC diseñada para las
producciones continentales. La agricultura mediterránea apenas se
beneficia de la PAC.
En Murcia, más del 45% de los
perceptores de pago básico reciben menos de 1.250 euros al año, y, sin
embargo, mantienen producciones hortícolas que generan empleo y riqueza.
Además, tenemos que trabajar para eliminar el sistema de reparto basado
en derechos históricos y que es lo que genera una distribución injusta
de la PAC. Hace unos meses, 14 de las 17 CCAA apoyaron la propuesta de
eliminación de los derechos históricos. Tan solo Andalucía la defiende
claramente. En este asunto no podemos flaquear. Si las ayudas directas
de la PAC tienen como principal objetivo compensar las rentas agrarias,
ya es hora de que abordemos este tema con seriedad.
Deberíamos
darnos igual que la ayuda compensara a un agricultor que produce,
fruta, hortalizas, o carne o cereal. Hay marco suficiente en los
reglamentos de la PAC para pelear la eliminación de este sistema de
derechos históricos y sustituirlo por un sistema de derechos que se
actualice con la producción real. Es posible hacerlo, insisto, si nos
ponemos de acuerdo en el plano nacional y en coordinación con las CCAA.
Nos
preocupa mucho el Régimen de Frutas y Hortalizas, una nueva regulación
de las OPFHs y que haya una dotación suficiente para los Programas
Operativos. Además, nosotros estamos reclamando la necesidad de
fortalecer los instrumentos de regulación de mercados, sobre todo de
gestión de la oferta y los instrumentos anticrisis y es evidente que lo
que hay ahora no es suficiente, ni es eficaz. Para nosotros y sabemos
que también para las organizaciones agrarias, es esencial ser más
exigente con la constitución de las OPFHs. Es necesario aumentar el
número de socios necesarios y el volumen de producción que aglutinan,
precisamente para evitar falsas organizaciones cazasubvenciones, y que
estas acaben en manos de almacenistas o de empresas sin base social
productiva.
Por otra parte, vamos a pelear por
unas ayudas asociadas que incluyan los sectores productivos que para
nosotros son importantes y queremos revisar esto con el propio sector.
Es importante una ayuda asociada justa para el caprino y el ovino, así
como para los frutos de cáscara.
Si hay una
prioridad para Podemos-Equo en la Región de Murcia es toda la parte
verde de la PAC. Tenemos que aprovechar la futura PAC para apoyar la
transición ecológica de nuestro modelo de producción agraria. Debemos
buscar la manera de que la condicionalidad ambiental sirva a los
objetivos ambientales básicos y debería ser obligatoria, pero además,
tenemos la oportunidad de utilizar los EcoEsquemas, un instrumento que
tiene que seguir siendo voluntario, pero tenemos que pensar que
Ecoesquemas son importantes para nuestra región, y evidentemente podrían
estar relacionados con tres cuestiones; ahorro y eficiencia en el uso
del agua, economía circular, y porqué no, pensar un Ecoesquema a nivel
nacional de apoyo al secano.
No quiero dejar de
citar otra de las cuestiones más importantes para Murcia, el II Pilar de
la PAC de Desarrollo Rural. A nuestra región le interesa poder destinar
un porcentaje mayor al Desarrollo Rural, porque con ello se financia la
incorporación de jóvenes, la mejora de estructuras agrarias, la
eficiencia en el riego, las industrias agroalimentarias, el Programa
Leader. El problema es que hasta ahora la cofinanciación para nuestra
región con los gobiernos del PP ha sido muy costosa. Tenemos que buscar
fórmulas para poder actuar e invertir los fondos de desarrollo rural con
agilidad, y volver a una relación de cofinanciación de 50%-50%.
Actualmente el 70% lo pone la Comunidad Autónoma y el 30% el Estado, y
ni siquiera cumple y este cambio fue decidido sin más por el gobierno de
Rajoy.
Por último, desde Podemos-Equo estamos
planteando introducir la condicionalidad también social de las ayudas.
Un empresario agrícola que incumpla la normativa laboral, no puede
cobrar ayudas públicas. Las condiciones laborales en el campo son
dramáticas, hay que acabar con los abusos y entender que el eslabón del
trabajador agrícola también forma parte de la cadena alimentaria, que
sus derechos deben ser respetados para que el conjunto de la cadena
funcione de manera transparente.
- Desde su punto de vista, ¿cómo cree que afectará la economía agropecuaria la posible entrada en vigor del Brexit?
El
sector agropecuario de todo el país, pero especialmente de nuestra
región está muy expuesto al Brexit. El Reino Unido es un cliente
importantísimo para nuestros agricultores y agricultoras y nuestras
empresas. El mercado británico representa aproximadamente el 16,1% de
nuestras ventas de hortalizas al exterior (815,96 millones de euros) y
el 12,9% del total de las frutas exportadas (951,50 millones de euros)
Por lo tanto, comprendemos perfectamente la preocupación de nuestros
productores, y nuestra región debería estar muy ocupada en este tema,
para en la medida de lo posible, poder parar los efectos.
En
el corto plazo, la devaluación de la libra frente al euro representará
seguro la reducción de las exportaciones procedentes de la zona euro. La
devaluación de la libra significa una disminución del poder adquisitivo
de los británicos y, por lo tanto, buscarán presionar a la baja los
precios de los productos que importen buscando mercados más baratos. En
el medio plazo, las normas británicas sobre ciertos aspectos de
alimentación son más exigentes que las de la UE, por lo tanto, nuestras
exportaciones se verán obligadas a adaptarse a cuestiones como el
rechazo a los organismos genéticamente modificados y también a los
productos tratados con ciertos fitosanitarios no permitidos. Esto lo
saben bien las grandes empresas agroexportadoras ubicadas en el Campo de
Cartagena por ejemplo, el consumidor europeo exige respeto a la
normativa ambiental y es minucioso buscando productos ecológicos.
¿Qué
hacer? Crear un servicio de apoyo a las empresas y cooperativas
agrarias que exportan para poder hacer frente a la adaptación que van a
necesitar a nivel de controles y documentación.
● Para
su partido político, ¿qué importancia tiene el modelo productivo
agroalimentario y ganadero como peso específico en la balanza comercial?
Fundamental. Al margen del enorme peso en el
conjunto de la economía de la Región, es un sector cuya extensión
beneficia a todo el conjunto del territorio. Debemos mirar al sector
agroalimentario en su conjunto, en el que hay trabajadores por cuenta
ajena, productores y productoras, pequeñas empresas agroalimentarias
artesanales, cooperativas agroalimentarias, almacenes, industrias,
comercio, etc. Es decir, una de las cosas positivas del sector
agroalimentario es la potencialidad que tiene para extender los
beneficios a toda la sociedad.
Para ello lo
fundamental es que la cadena alimentaria funcione de manera justa y
transparente para todos. Los productores deben recibir un precio justo
que cubra los costes de producción y la rentabilidad, los trabajadores
un salario digno, la industria debe tener sus márgenes, y así
sucesivamente. Ahí es donde tenemos que poner el foco. Existen sectores
con el de las hortalizas con un alto grado de articulación, pero en el
cual se producen desequilibrios graves en perjuicio de trabajadores,
agricultores y consumidores, y habrá que reequilibrar, pero tenemos
otros sectores como el de los frutos secos, donde casi está todo por
hacer, al igual que el sector del caprino.
Estamos en
condiciones de apoyar la articulación de la agricultura ecológica que
tiene mucho futuro en nuestra región, y que necesita apoyo para
estructurar mercados de proximidad y cercanía o para promocionar sus
productos. Finalmente, sin duda otros sectores como por ejemplo el del
porcino, deberán someterse a una evaluación seria para planificar el
sector y determinar si es necesario aplicar una moratoria en su
expansión.
Por otra parte, somos firmes defensores
del modelo de las cooperativas agroalimentarias. Por su papel evidente
en la vertebración y activación económica del medio rural, se trata de
un sector empresarial nacional, de corte social, que da soporte al
modelo de agricultura familiar y social que reivindicamos, y que es el
que mejor puede apoyar a la modernización y viabilidad de la explotación
agraria.
La consolidación del modelo cooperativo,
debe hacerse sobre la base de un mayor empoderamiento de los
agricultores y agricultoras socios de las cooperativas, garantizando la
democracia en las estructuras, mayor participación de las mujeres,
relevo generacional en las cooperativas, y desde luego, y gestión
económica y comercial de las cooperativas que garanticen su viabilidad.
La competencia autonómica nos permite revisar la legislación para
favorecer la integración comercial entre las cooperativas, y también
para desarrollar otras fórmulas como las cooperativas rurales
multiservicio o las micro cooperativas.
● ¿Cómo
ve su partido los asaltos a transportistas durante sus viajes a los
mercados internacionales y, como consecuencia, la pérdida de millones de
euros para las empresas? ¿Cuál podría ser la solución?
Este
tipo de acciones no son tolerables. Pero, me va a permitir decirle que
hay un error en la pregunta que es muy importante para abordar este
tema. El mercado europeo es el mercado interior. Si apostamos por
Europa, el mercado interior de referencia, y que debe funcionar es el
mercado europeo. No podemos seguir confundiendo este asunto. Para que
funcione el mercado interior, las normas fitosanitarias,
medioambientales, laborales, etc., deben ser similares, si no, se
producen desequilibrios internos que pueden generar incluso competencias
desleales dentro de la Unión Europea. Lo grave es que sabemos que
existen y es difícil de solucionar de un día para otro.
Nosotros
tenemos claro que el sector agropecuario no es un sector cualquiera,
sino que tienen ciertas características que hacen que sea más vulnerable
que otros, y que, por lo tanto, las normas de competencia se apliquen
de manera especial. A mi me gustaría saber que percepción tienen los
agricultores franceses, o italianos cuando vuelcan nuestros camiones en
frontera. Yo me imagino que deben pensar que tenemos menos controles en
los productos fitosanitarios, o que los salarios de los trabajadores son
más bajos, y por ahí, y ante la frustración de no poder vender sus
productos acaban cometiendo tropelías de este tipo. No estoy
justificando, solo estoy explicando lo que sucede.
Por
ejemplo, hay una cuestión formal muy concreta. La “venta a resultas” Es
decir, un productor vende sus ciruelas sin precio prefijado, y recibirá
el precio final, en función del precio que logre conseguir una vez
coloque el producto. Esto es ilegal. Va contra la Ley 12/2013 de la
cadena alimentaria, pero se sigue produciendo y de forma masiva en
algunas producciones y es muy difícil perseguirlo, salvo que alguien en
destino o en frontera pidiera el contrato. Como esto ya no es posible
hacerlo en las fronteras europeas, pues se pueden generar todo tipo de
situaciones.
¿Soluciones? Más Europa, pero de la
buena. La Unión Europea debería poner más empeño en fortalecer la acción
de la Comisión de Mercado Interior. Debería haber mucho mayor esfuerzo
en establecer las condiciones comunes, una forma más sencilla de
demostrar la trazabilidad de toda la producción, generalizar los
contratos por escrito en el comercio agrario, y perseguir la ausencia de
estos contratos.
● Los agricultores murcianos,
al igual que los de otras zonas del Levante mediterráneo, se están
viendo afectados ante las restricciones al uso de fitosanitarios en los
cultivos menores para el control de enfermedades mientras que en otros
países esto no ocurre. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Es
claro que la competencia para evaluar y autorizar los productos
fitosanitarios es del Estado, quien, a su vez, la aplica en función de
las normas europeas. Tiene que ver con la cuestión anterior, para
nosotros es importante fortalecer los estándares ambientales y de salud
en la producción – no solo agraria sino en todos los sectores. Por lo
tanto, la solución no está en rebajar las exigencias fitosanitarias.
Esta es una tendencia del conjunto de la sociedad que quiere cada vez
más, alimentos sanos y nutritivos, y con un menor impacto ambiental. Es
evidente que necesitamos mayor inversión en investigación para que
vayamos buscando sustitutivos de principios activos que en este momento
ya sabemos que están en el punto de mira y que en breve tocará prohibir.
Para nosotros la intervención más coherente con
nuestra posición política tienen que venir en las negociaciones
comerciales internacionales. En esta campaña del pimiento, llevamos ya
42 alertas en partidas procedentes de diversos países por encontrar
diversos componentes prohibidos en la UE. Las dos últimas que se
interceptaron en Bulgaria, contenían Fostiazato y de Formetanato. En
nada empezará la campaña del pimiento nuestra y los productores de aquí a
los que, si se les controla lo que echan a sus producciones, van a
verse amenazados por este pimiento mucho más barato.
Nosotros
consideramos que los acuerdos comerciales en los cuales entre en
negociación el sector agrario, deben cumplir cuanto menos tres normas;
La primera una evaluación previa del impacto en nuestra producción. En
segundo lugar, y muy importante a este efecto, la reciprocidad en las
normas sanitarias, ambientales y sociales. La tercera cuestión,
controles en fronteras recíprocos y con garantías y en último lugar, un
mecanismo de salvaguarda que sea eficaz y ágil para que se pueda para
las importaciones en el momento en el que se detecten impactos
negativos.
Por último, es claro que necesitamos
fortalecer nuestros controles en fronteras. Los servicios en frontera
están saturados y apenas llegan a poder controlar una mínima parte de lo
que entra en producciones agroalimentarias. Nosotros llevamos toda la
legislatura anterior insistiendo sobre ello cada vez que se ha producido
una crisis como la de los cítricos, o tantas otras.
● A
su juicio, ¿qué medidas se deberían de tomar para evitar el robo de
maquinaria e instalaciones en el campo y la inseguridad que esto
provoca?
Para Podemos la Seguridad es un derecho y
un servicio público. En países donde los sistemas democráticos son
débiles, la seguridad es un privilegio de las clases pudientes, pero en
sociedades democráticas y desarrolladas, cambia radicalmente la
perspectiva. Tenemos derecho a la seguridad, y esta además debe ser un
servicio público y ejercida con garantías. Fíjese, lo que llevamos
viviendo desde hace aproximadamente 7 u 8 años, es un deterioro en la
seguridad respecto a este tipo de delitos, pero precisamente en el medio
rural, en el campo. Las razones son claras, el abandono del medio
rural, la despoblación de muchas zonas de nuestro país, el hecho de que
sea un sector el agrario disperso en el territorio, todo eso, hace que
justo se haya disparado este tipo de delitos en el campo y en la
agricultura. Parece mentira que una de las grietas en nuestro sistema de
seguridad ciudadana esté siendo precisamente lo que sucede en el campo.
Por ello, nosotros planteamos en el programa electoral de las
generales una medida que situábamos entre las medidas de lucha contra la
despoblación y que tenía que ver con la reordenación de los cuarteles y
puestos de la Guardia Civil para garantizar que se atendía en
condiciones a la zona rural y que el tiempo de desplazamiento no
superara los 15 minutos. Pero, no obstante, además, los robos de este
tipo de cuestiones en las explotaciones agrarias suelen estar
orquestados y una misma cuadrilla es la que comete varios, por lo tanto,
lo efectivos en la zona rural, deben de poder tener recursos para
investigar esto.
● Trasvase Tajo-Segura, ¿SÍ o NO?
El
TTS es una infraestructura que a día de hoy es necesaria, pero su
gestión actual es inviable en un escenario de cambio climático. El
avance de la desertización y las sequías, cada vez más intensas en toda
España, no pueden tratarse desde el negacionismo apostando a la única
carta de los trasvases. Hay que ser responsables y gobernar para dar
certidumbres y seguridad a los agricultores, y eso no se consigue
prometiendo trasvases de un agua que no garantiza la sostenibilidad de
las cuencas cedentes. Pensemos que el TTS en sus inicios se proyectó
para trasvasar 1000 Hm3, pero nunca se ejecutó ese volumen porque no había agua para ello. Aunque después se redujo a 600Hm3, en la práctica no se ha llegado a trasvasar más de 300 Hm3 al año. Actualmente, el “Memorándum” exige por ley trasvasar 400Hm3
cuando la cabecera del Tajo lo permita, pero la reciente STS deja claro
que hay que respetar los caudales ecológicos de las cuencas cedentes.
En
la reciente reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia
hemos apoyado defender la seguridad jurídica del TTS, lo que significa
cumplir con la planificación hidrológica, la ley de aguas estatal y la
DMA. Creemos firmemente que hay que avanzar hacia un horizonte menos
dependiente de recursos hídricos externos, porque tenemos que estar
preparados y adelantarnos a escenarios complicados cuando lleguen.
Desde
Podemos-Equo pensamos que la solución pasa por: eliminar el regadío
ilegal; contabilizar los recursos disponibles para tener una información
fiable que incluya los recursos procedentes del TTS, mientras se
respeten los caudales ecológicos, y las aguas subterráneas; gestionar
las demandas de manera adecuada; apostar por la reutilización de aguas
residuales y la desalación marina, buscando las fórmulas que sean
necesarias para abaratar su precio; impulsar la energía fotovoltaica en
la agricultura; y sobre todo construir una nueva gobernanza del agua que
establezca reglas adecuadas de participación y control institucional
entre los principales actores responsables de la gestión del agua en la
región y los ciudadanos, desde las comunidades de regantes a los
usuarios en general. Todas ellas constituyen piezas clave en esta hoja
de ruta de transición hídrica que se debe poner en marcha sin demora.
● ¿Qué medidas piensa tomar para conciliar la recuperación del Mar Menor con un modelo de agricultura y ganadería sostenible?
Actuar
sobre el origen del problema, sea cual sea. Si en este momento
determinadas prácticas agrarias, entre otras causas, han provocado el
colapso del Mar Menor, hay que actuar directamente sobre ellas como ya
alertó la Fiscalía que sigue investigando. Es cierto que la catástrofe
ambiental del Mar Menor, a punto de ser señalada como delito ecológico
por la justicia, no es responsabilidad exclusiva de la agricultura, pero
también es cierto que las organizaciones agrarias no pueden obviar que
ni Europa va a permitir que se siga vulnerando la directiva de nitratos
como hasta ahora, ni la Fiscalía va a permitir más regadíos ilegales ni
vertidos contaminantes, ni la sociedad civil va a seguir haciendo oídos
sordos.
La medida más urgente para conciliar la
actividad agraria con la recuperación de la laguna es tan sencilla como
aplicar y hacer cumplir la ley. La Ley de medidas urgentes del Mar
Menor, aprobada hace dos años por mayoría en la Asamblea Regional,
incluye una serie de medidas pactadas por la oposición que representan
el primer paso para atajar el problema desde su origen. La sopa verde
del Mar Menor tiene unas causas bien definidas, los científicos lo
llevan diciendo décadas.
Por eso, siguiendo las
recomendaciones del Comité científico del Mar Menor y de las
organizaciones que llevan trabajando durante décadas en su protección,
se incluye la obligación controlar el regadío ilegal, sustituir nitratos
contaminantes o levantar setos y barreras naturales. Asimismo, hay que
aprobar de manera urgente los instrumentos de planificación que llevan
escondidos durante años en algún cajón, como el Plan de Gestión Integral
de los espacios protegidos del Mar Menor.
En la
siguiente legislatura aprobaremos una ley integral del Mar Menor, que el
Gobierno se ha negado a hacer hasta ahora, donde todas las actividades
que intervienen de una manera u otra en el deterioro del Mar Menor
también estarán reguladas. Cambiar determinadas prácticas agrarias,
planificar todos los usos, aplicar la ley y perseguir la ilegalidad es
la única salida para salvar el Mar Menor.
● ¿Qué decisiones piensa tomar para lograr una mayor eficiencia energética para el uso de las energías renovables?
La
economía basada en las energías renovables en la Región de Murcia
tiene un enorme potencial de desarrollo en el ámbito industrial, de
servicios, transportes y agrícola, en cuanto a dinamizador económico,
generador de empleo y recuperador-preservador del medio ambiente (con lo
que ello tiene también de garante de la capacidad productiva de la
Región en el futuro). Por ello, éste es uno de los principales frentes
en los que se centra el nuestro proyecto político en la Región de
Murcia para un nuevo modelo económico en nuestro territorio.
Contamos
con una ventaja comparativa de enorme valor competitivo. Siendo una de
las regiones de Europa con mayor irradiación solar y, teniendo en
cuenta que los costes de instalación de capacidad de generación de
energía fotovoltaica se han visto reducidos en un 85% en los últimos
años, no cabe duda de que no podemos demorar más la puesta en marcha
de una revolución energética renovable, con la energía solar
fotovoltaica como pilar estratégico, en la transformación hacia la
nueva economía regional.
El ahorro y la eficiencia
energética es un pilar en el que debe basarse una política energética
moderna. Es urgente el desarrollo de un plan regional de
rehabilitación de edificios e instalaciones y adaptación del sector de
la construcción con el objetivo de mejorar la eficiencia energética
de los edificios ya construidos (rehabilitación) y aquellos que se
vayan a construir con los máximos requisitos de certificación
energética (al menos nivel A). Este esfuerzo serviría además para la
reactivación económica en un sector muy dañado durante la crisis y
que no da signos claros de recuperación. Esta política combina dos de
las premisas fundamentales de un nuevo modelo económico para la
Región, generación de empleo de calidad y estable, y preservación del
medio ambiente para el objetivo de consumo energético cero.
Este
horizonte va a requerir de un importante apoyo desde las
administraciones públicas, por ello, el nuevo modelo productivo
precisará de una política de apoyo estable al sector fotovoltaico e
instalaciones de energías renovables, tanto para la industria
productora de materiales y productos para instalaciones generadoras de
electricidad, como para la industria de generación de energía a partir
de renovables.
Una planificación pública del
sistema energético deberá dirigirse hacia una reducción drástica del
consumo a través de la eficiencia y hacia una electrificación
generalizada de la economía (transporte, industria).
Un
sistema impositivo sobre la energía, efectivo, con regulaciones
específicas, una tributación singular para compensar los costes
climáticos, de manera que las externalidades de la actividad industrial
se integren en el modelo económico.
Por otra parte, hay que
eliminar aquellos impuestos y tasas a la generación de energía,
autonómicas y locales, que estén produciendo distorsiones y que
normalmente sirven para afianzar el oligopolio de las grandes
compañías eléctricas.
Finalmente, es necesario
desarrollar en la Región de Murcia el sector del reciclaje (China está
restringiendo su importación de residuos generados en el resto de
mundo); las plantas de reciclado en diversas tecnologías es otro
segmento con gran potencial de creación de tejido industrial con
indudables y necesarias perspectivas de futuro, dentro de una apuesta
clara por la economía circular.
Para una necesaria
planificación en este ámbito en el territorio, es imprescindible el
análisis de la capacidad de producción potencial de energías
renovables, considerar los recursos naturales existentes y potenciales, y
las condiciones climatológicas del territorio actuales y futuras.
● Desde su partido, ¿consideran que la agricultura sostenible supone un modelo a seguir en los productores agroalimentarios?
Por
supuesto, como decía antes en relación con la problemática del estado
del Mar Menor, solamente un modelo de agricultura sostenible, respetuosa
con el medio ambiente y adaptada al uso responsable de los recursos
naturales, especialmente el agua y el suelo, podrá ser verdaderamente
competitiva. La Región de Murcia es puntera en tecnología, pero para que
nuestra agricultura sea vanguardia debe ser sostenible.
● ¿Cómo
puede ayudar la tecnología y el I+D+i al desarrollo de un modelo más
eficiente y menos contaminante y que suponga dar un salto de calidad en
cuanto a competitividad?
Esta es la clave. No
podemos escatimar en inversión para tecnología e investigación. El
problema es la falta de financiación. Los presupuestos regionales deben
afrontar este reto aumentando claramente las partidas destinadas a
invertir en centros de investigación públicos, que en la Región de
Murcia son excelentes. Pongamos como ejemplo el Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), organismo
público de investigación que tiene como objetivo prioritario la atención
de las necesidades de investigación que demande el sector agrario de la
Región de Murcia.
Actualmente los trabajadores del
IMIDA llevan un año movilizándose reclamando mejoras para este centro y
su personal y por ende para la investigación agroalimentaria en la
Región de Murcia. Es intolerable que una Región que depende de una
manera tan directa del sector agroalimentario no apoye la investigación
en esta materia. Las dos universidades públicas de la Región y
organismos como el IMIDA deberían ser tratados y financiados como
centros de referencia a nivel internacional y europeo.
