A veces, la actualidad es tan rica, y variada en
acontecimientos que unas noticias ocultan a otras, unos acontecimientos
obscurecen a otros, y sucesos, que en circunstancias normales ocuparían
las primaras páginas de los periódicos, o los principales espacios
informativos en otros medios, permanecen difuminadas y, sepultados,
por otros más inmediatos.
Esta semana es lo que ha ocurrido con un personaje que no debe pasar desapercibido para la opinión pública, porque es uno de los causantes de la quiebra de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), la caja alicantina a la que se inyectaron, en su momento, 5.249 millones de euros (el mayor rescate financiero de la historia de España, superior , incluso, al de Banesto en 1993), para posteriormente, venderla por un euro, al Banco Sabadell, que con esta operación, se convirtió en la cuarta entidad española por activos.
El personaje , al que se refería recientemente nuestro compañero Fernando González Urbaneja en su crónica sobre lo mal que funciona este país, es Juan Ramón Avilés, ex concejal del Partido Popular, y promotor inmobiliario que, no se sabe muy bien con que méritos, aunque se sabe por qué vía, la política, llegó a ser nada menos que presidente de la Comisión de Control de la CAM, y uno de los que aparecieron brindando con champán en la Bolsa de Madrid cuando en el año 2008, salieron a Bolsa las cuotas participativas de la Caja quebrada.
El tal Avilés, que tendrá que comparecer la semana que viene en la Audiencia Nacional ante el juez Javier Gómez Bermúdez, que tiene imputados por estafa a la plana mayor de la CAM, desde su peculiar presidente, el concesionario de automóviles, a Roberto López Abad o a la célebre directora general de la entidad, María Dolores Amorós, la que se auto impuso una pensión vitalicia de 370.000 euros anuales, ha sido denunciado por el FROB (Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada) e, imputado por apropiarse “indebidamente” de nada más y nada menos, que de 17 millones de euros. Y todo eso, según la denuncia, “a través de múltiples presiones a múltiples niveles de la CAM, haciendo uso de su dominio organizacional y de modo ventajista”.
El tal Avilés, José Ramón, obtuvo créditos de su propia Caja en condiciones ventajosísimas para sus empresas inmobiliarias, cobró dietas irregulares de 300.000 euros e, incluso, usó a su hermana de testaferro para una sociedad en dificultades que tenia créditos pendientes con la Caja por un total de 14 millones de euros. Según el informe elaborado por el FROB “el señor Avilés estaba ocultando financiación recibida de la CAM, cuando existe la obligación de informar al Banco de España de todas las facilidades crediticias otorgadas por la Caja a los altos cargos de la entidad o a sus empresas”.
Ya el señor Avilés durante su comparecencia en la Comisión de Investigación que se formó en las Cortes Valencianas, puso de manifiesto que él no controlaba nada, sino en todo caso “supervisaba” y cuidaba que se cumpliesen las directrices marcadas por la Asamblea y “supervisar la legalidad”.
(*) Periodista
Esta semana es lo que ha ocurrido con un personaje que no debe pasar desapercibido para la opinión pública, porque es uno de los causantes de la quiebra de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), la caja alicantina a la que se inyectaron, en su momento, 5.249 millones de euros (el mayor rescate financiero de la historia de España, superior , incluso, al de Banesto en 1993), para posteriormente, venderla por un euro, al Banco Sabadell, que con esta operación, se convirtió en la cuarta entidad española por activos.
El personaje , al que se refería recientemente nuestro compañero Fernando González Urbaneja en su crónica sobre lo mal que funciona este país, es Juan Ramón Avilés, ex concejal del Partido Popular, y promotor inmobiliario que, no se sabe muy bien con que méritos, aunque se sabe por qué vía, la política, llegó a ser nada menos que presidente de la Comisión de Control de la CAM, y uno de los que aparecieron brindando con champán en la Bolsa de Madrid cuando en el año 2008, salieron a Bolsa las cuotas participativas de la Caja quebrada.
El tal Avilés, que tendrá que comparecer la semana que viene en la Audiencia Nacional ante el juez Javier Gómez Bermúdez, que tiene imputados por estafa a la plana mayor de la CAM, desde su peculiar presidente, el concesionario de automóviles, a Roberto López Abad o a la célebre directora general de la entidad, María Dolores Amorós, la que se auto impuso una pensión vitalicia de 370.000 euros anuales, ha sido denunciado por el FROB (Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada) e, imputado por apropiarse “indebidamente” de nada más y nada menos, que de 17 millones de euros. Y todo eso, según la denuncia, “a través de múltiples presiones a múltiples niveles de la CAM, haciendo uso de su dominio organizacional y de modo ventajista”.
El tal Avilés, José Ramón, obtuvo créditos de su propia Caja en condiciones ventajosísimas para sus empresas inmobiliarias, cobró dietas irregulares de 300.000 euros e, incluso, usó a su hermana de testaferro para una sociedad en dificultades que tenia créditos pendientes con la Caja por un total de 14 millones de euros. Según el informe elaborado por el FROB “el señor Avilés estaba ocultando financiación recibida de la CAM, cuando existe la obligación de informar al Banco de España de todas las facilidades crediticias otorgadas por la Caja a los altos cargos de la entidad o a sus empresas”.
Ya el señor Avilés durante su comparecencia en la Comisión de Investigación que se formó en las Cortes Valencianas, puso de manifiesto que él no controlaba nada, sino en todo caso “supervisaba” y cuidaba que se cumpliesen las directrices marcadas por la Asamblea y “supervisar la legalidad”.
(*) Periodista