jueves, 19 de abril de 2012

Correos recortará su plantilla en 2.000 personas

MADRID.- Correos reducirá en 2.000 empleos su plantilla este año mediante bajas incentivadas y el traspaso de funcionarios a la Administración General del Estado, con el fin de adecuarla al descenso de la actividad postal, según indicó el presidente de la sociedad, Javier Cuesta.

   La compañía postal pública, que actualmente suma 58.000 empleados, de los que 22.000 son funcionarios, también suspenderá este año las aportaciones al plan de pensiones.
   Con estas dos medidas Correos reducirá en un 5,3%, hasta 1.434 millones de euros, los gastos de personal correspondientes a 2012. Según detalló Cuesta, este capítulo de gastos supone el 73,1% del total de gastos de explotación la compañía, que se rebajarán en un 3,6%, hasta los 1.961 millones.
   La sociedad postal, actualmente integrada en SEPI, busca adecuar sus gastos al descenso del 5% que prevé en su actividad en el presente ejercicio, que cerrará con una pérdida antes de impuestos de 164,4 millones.
   Correos prevé que los ingresos de explotación todo el grupo Grupo Correos (empresa matriz y las filiales Chronoexprés, Nexea y Correos Telecom) caigan un 11,2% este año, hasta 1.933,4 millones de euros, y que su cifra de negocio se reduzca un 8,9%, hasta 1.903 millones de euros, según detalló el presidente durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
   De su lado, los gastos de explotación se reducirán un 3,5%, hasta 2.107,7 millones, y los resultados financieros caerán un 15,4%, hasta 9,9 millones, de forma que el resultado antes de impuestos arroje un saldo negativo de 164,4 millones.
   Según el presidente de la entidad, estas cifras son resultado de la situación económica general, pero también de la liberalización del mercado postal, que ha elevado la competencia, especialmente en los segmentos "más rentables, aprovechándose de las inversiones ya realizadas por Correos y aplicando políticas de bajo coste".
 "Falta el desarrollo normativo de la liberalización para garantizar la sostenibilidad financiera del servicio postal universal", reclamó.
   Asimismo, indicó que desde 2007 los envíos postales han caído un 24,8% (un 7,9% sólo en 2011), mientras que los costes del servicio postal universal se mantienen como consecuencia de la alta dispersión y baja densidad poblacional del país.
   Según Cuesta, Correos también sufre una pérdida de actividad como consecuencia de la generalización de la comunicación electrónica, por las políticas de recortes en las empresas y el desarrollo de la administración telemática.
   Correos como empresa matriz (excluyendo las tres filiales), registrará un descenso del 12% en sus ingresos de explotación, que se situarán en 1.788,9 millones, como consecuencia del menor número de procesos electorales y por la vuelta a la tarificación bimensual de las compañías eléctricas.
   A estos dos factores es preciso sumar la subvención pública que finalmente se apruebe en los presupuestos generales del Estado, cifrada actualmente en medio millón de euros.
   Así, el resultado neto de explotación de la matriz será de 173 millones de pérdidas, con 6,5 millones de beneficios en los resultados financieros, por lo que el balance final (sin contar impuestos) será de 166,5 millones de euros de pérdidas.
   Respecto a las inversiones, Cuesta ha precisado que se mantendrán en un nivel "moderado" de 74,3 millones de euros, destinados fundamentalmente a infraestructuras, mecanización, transporte y sistemas informáticos para lograr más ahorros y potenciar nuevas áreas de actividad.
   El presidente de Correos ha aprovechado su comparecencia para avanzar también los datos de liquidación del pasado ejercicio, que elevan a 1.946 millones el importe neto de actividad, a 1.515 millones los gastos de personal y a 384 millones el servicio exterior. Así, el año se cerró con un saldo positivo de 3 millones de euros, antes de impuestos.
   También ha precisado que las subvenciones consignadas en el pasado presupuesto para el servicio postal universal se fijaron en 43 millones de euros, si bien al cierre del ejercicio el coste real se elevó a 200 millones de euros, por lo que "habrá un déficit de 160 millones" que el Estado deberá validar y compensar.
   En este sentido, ha recordado que aún están pendiente de pago por parte del Estado 318 millones de los 562,7 millones de euros devengados por las liquidaciones de 2008, 2009 y 2010.
   Si esta cantidad se suma a la que se deberá cuando se apruebe la liquidación del pasado ejercicio, la cifra de la que Correos será acreedor ante el Estado será de 476,1 millones de euros, junto a los 205 millones de Tesorería que están consignados ante la Dirección General del Tesoro por orden gubernamental y a los que puede acceder en cualquier momento que lo necesite, cosa que ocurrirá previsiblemente este año.
   Por todo ello, el presidente del grupo ha expresado su firme apuesta por "explotar nuevos mercados" como el del marketing multicanal, la paquetería o los servicios financieros, así como de fomentar una mayor eficiencia operativa y económica, ofreciendo más calidad y soluciones que demandan los clientes tales como mejoras en el uso de tecnologías o la tecnificación de la gestión.
   En concreto, Cuesta ha hecho referencia al convenio entre Correos y Deutsche Bank para la prestación de servicios financieros, un acuerdo "mejorable" y con el que no está "contento". Además, también ha apostado por aprovechar al máximo la "red capital de oficinas y recursos humanos" para construir nuevos negocios.
   Estas iniciativas se concretarán en el nuevo Plan Empresa 2011-14, en el que la dirección de Correos ya está trabajando y que servirá para trasladar las ideas contenidas en el plan anterior a medidas "de acción rápidas y concretas". La integración del grupo en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) favorecerá también a estos objetivos.
   El portavoz socialista en la materia, Román Ruiz, ha recordado que Correos es "la primera empresa pública del país", con 4.500 millones de envíos al año y 19 millones de clientes particulares y dos millones de empresas. Por eso, ha instado al presidente a usar los instrumentos con los que cuenta para "adecuarse a la nueva situación de más competitividad", ofreciendo además la colaboración del PSOE en este objetivo.
   Su homólogo en el PP, Carlos Muñoz Obón, ha aprovechado para desear "mucha suerte" a Cuesta en la nueva tarea que acomete, que ha reconocido es "difícil por la coyuntura de austeridad y por el cambio regulatorio" en el sector.

Las banderas nacionalistas ocultan el bosque argentino de Repsol-YPF / José Luis Vidal Coy *

Entre tanto ondear de banderas nacionalistas, tanto cruce de acusaciones y tanta estentórea voz, han pasado desapercibidas algunas cosas importantes en el espinoso asunto de la toma de control por el estado argentino del 51% de la petrolera YPF, controlada por Repsol.
Antonio Brufau, el presidente petrolero español, ha tenido éxito en estos últimos días en hacer creer a mucha gente a este lado del Atlántico que nos han quitado nuestra parte en YPF (el 57%), o incluso que nos han arrebatado un trozo de nuestra Repsol. Si el adjetivo posesivo es de aplicación en este caso lo veremos más adelante. Antes de nada, el presidente de Repsol debería explicar por qué razones su compañía estaba teniendo negociaciones secretas para vender a la china Sinopec la parte argentina de la petrolera.
Esto no es ninguna invención ni intoxicación interesada, sino que fue publicado el día 17 de abril, el martes, por el nada sospechoso Finantial Times en su edición electrónica.
Sinopec participa con el 40% en las actividades de Repsol en Brasil. En la información firmada por Miles Johnson en Madrid, Jude Webber en Buenos Aires y Anousha Sakoui en Londres se asegura que la petrolera española quería vender su 57% de YPF a Sinopec por más de diez mil millones de dólares y que no informó previamente al Gobierno argentino ni de sus intenciones ni de las negociaciones “secretas” en curso.
También se dice que Repsol declinó el martes hacer comentarios sobre este asunto. ¿Alguien puede imaginar por qué? Seguro que sí. ¿Podemos deducir de lo que cuenta el FT alguna de las razones que llevaron al Ejecutivo de Cristina Fernández a la expropiación? Quizá. También podía explicar la viuda de Kirchner qué papel juega en todo el asunto el Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, que tiene un 25,46% en YPF.
Cínicamente, Sinopec hizo saber ayer que no es el momento adecuado para entrar en YPF, cuando la semana pasada tenía casi ultimado un preacuerdo con Repsol. Argentina puede que se haya disparado en el pie, como se le escapó y retiró muy oportunamente al canciller español García Margallo, pero es seguro, si el FT no miente, que Repsol ya andaba trapicheando con YPF y probablemente no haya obtenido sino lo que ella misma se ha buscado.
Por eso trae cuenta apartar las banderas rojigualdas que agita el gobierno de Mariano Rajoy ayudado por el PSOE para intentar obtener más datos que nos pongan a alguna distancia del embrollo y verlo con cierta nitidez. Lo de “nuestra” es otro de esos árboles que ocultan el bosque.
La primera voz americana que lanzó anatema a la nacionalización de YPF fue el políticamente agonizante –hay elecciones en julio– presidente mexicano Felipe Calderón. PEMEX, la estatal petrolera mexicana, participa con un 9,5% en Repsol después de aquella rocambolesca historia del verano pasado que le costó a Sacyr y a su expresidente Luis del Rivero la posición de accionista de referencia en la petrolera española.
O no tan española, porque, además del 9,5% de PEMEX, el 42% de Repsol es de fondos de inversión multinacionales gestionados por grandes bancos. Y la patria del capital ya sabemos cuál es. Entre “nuestros” propietarios nacionales de Repsol destaca Caixabank, con casi el 13%, y Sacyr, que mantiene el 10%. Como se ve, ejemplar capitalismo popular, aquel invento de Margaret Thatcher y Ronald Reagan llevado al paroxismo por los neocons actuales cuyos desmanes financieros han dado lugar a la actual crisis sistémica.
Tan popular como la cantidad de perjuicios medioambientales por derrames y otras circunstancias, que no son exclusivos de Repsol sino comunes a todas las prospecciones, yacimientos e instalaciones relacionadas con el petróleo.
En la inauguración ayer de la nueva planta de Repsol en Escombreras (Cartagena, Murcia), la mayor inversión industrial en España con 3.000 millones de euros y que estuvo realzada por el Príncipe de Asturias por lo que todos sabemos, la compañía presumió de que, a pesar de haberse duplicado la capacidad de su antigua factoría, el impacto ambiental ha crecido mínimamente.
No es cuestión de discutir sobre ese impacto. Pero hay que señalar que, aun dando por buena esa apreciación, los riesgos ambientales sí han crecido: la puesta en marcha de la nueva planta ha llevado asociada la instalación de un segundo oleoducto de Cartagena a Puertollano que pasa bajo el lecho del pantano del Cenajo, reserva reguladora de todos lo regadíos y el abastecimiento humano de la Cuenca del Segura.

(*) Periodista
 

miércoles, 18 de abril de 2012

Hacienda asegura el pago a proveedores de ayuntamientos

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha garantizado el pago a los proveedores de las facturas pendientes de cobro que tienen los ayuntamientos, hasta el punto de que descontará a los municipios con deudas su financiación proveniente de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) en caso de ser necesario.

   Así lo ha asegurado el secretario general de Coordinación Autonómica y Local, Enrique Osorio, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde ha insistido en que "los proveedores cobrarán" y que "no se van a enterar" si el dinero que se les debe procede de los créditos que pidan los municipios para pagar las facturas pendientes o de la retención de la PIE.
   Osorio ha indicado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene hasta el próximo 30 de abril para comunicar a las corporaciones locales si los planes de ajuste que debían presentar para acogerse al mecanismo de pago a proveedores han sido aprobados.
   En caso de que un municipio haya solicitado adherirse al mecanismo, pero no haya remitido su plan de ajuste o éste no sea aprobado por Hacienda, el departamento que dirige Cristóbal Montoro procederá a retener sus ingresos procedentes de la PIE para poder pagar a los proveedores.
   El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ya adelantó esta idea la semana pasada, cuando dijo que de los más de 4.000 ayuntamientos que se habían sumado al plan de pago a proveedores, unos 2.000 no han presentado el plan de ajuste que se les exige, lo cual calificó de "intolerable" y anunció la retención de sus participaciones en los ingresos del Estado.
   El secretario general de Coordinación Autonómica y Local también ha augurado en el Congreso que los proveedores, principalmente pymes y autónomos, comenzarán a cobrar hacia mediados o finales de mayo, un poco más tarde de lo anunciado en un principio, ya que cuando se aprobó el plan de pago se hablaba de principios de ese mes.
   Al igual que el propio secretario de Estado en la misma Comisión de Presupuestos, Osorio ha defendido las condiciones establecidas para que los municipios puedan pedir los préstamos ante las críticas de la diputada socialista Meritxell Batet.
   La parlamentaria ha censurado sobre todo el tipo de interés del 5 por ciento que tendrán los créditos, una cifra que considera muy alta para las corporaciones locales. Además, ha advertido de que el tipo real podría subir hasta el 7,45 por ciento por las condiciones del mercado, cuando el Banco Central Europeo (BCE) presta al 1 por ciento a las entidades financieras.
   Según Osorio, las condiciones que se les da a los municipios no son las mismas, ya que, a diferencia de los bancos, que han de devolver los préstamos en tres años, los ayuntamientos lo podrán hacer en diez años con dos de carencia. Por tanto, a su juicio, "se ha conseguido un tipo muy bueno".

Fabra cree que no se rescatará a la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha señalado que no cree que el Gobierno central lleve a cabo una posible intervención o rescate a la Comunitat y ha recalcado que lo que ha hecho esta autonomía es un ejercicio de "transparencia" informando de todas los pagos que adeuda. 

   "No nos ha importado decir que tenemos todas esas facturas pendientes, me imagino que habrá otras comunidades que, a lo mejor, no lo hayan hecho", ha señalado el 'president', que se ha mostrado "convencido" de que "otros no habrán puesto encima de la mesa todo lo que tienen, pero allá ellos".  
   Fabra, que no ha querido especificar a qué autonomías se refiere, ha señalado, preguntado por los medios por una supuesta intervención a la Comunidad Valenciana, que lo que han hecho las comunidades es "comprometerse con el Gobierno a alcanzar unos niveles de déficit que las hagan creíbles de cara al resto de países de la Unión Europea".
   "Y nosotros lo vamos a hacer; nos va a costar más quizás que a otras comunidades autónomas pero, al final, el mal, vistas las declaraciones de otros presidentes autonómicos, está generalizado".
   Fabra ha abogado por, en esta situación, "hablar con claridad y decir las cosas como son". "Nosotros hemos sido muy transparentes porque creo que es fundamental que el Gobierno conozca la realidad para que sepa los problemas y, conjuntamente, podamos trabajar en la búsqueda de soluciones y garantizar ese nivel de déficit", ha argumentado.
   En este sentido, ha subrayado: "desde que yo soy presidente puedo asegurar que lo que se ha hecho es ir con la verdad por delante, decir cómo están las cosas e intentar buscar soluciones".
   Asimismo, y preguntado por el hecho de que la Comunidad Valenciana es una de las regiones con mayor nivel de deuda, el jefe del Consell ha resaltado que la Valenciana "también tiene el dudoso honor de haber sido una de las peores financiadas por el Gobierno", lo que ha provocado el endeudamiento, especialmente en capítulos como el de sanidad.
   "Nosotros nos marcamos un estándar que tienen que alcanzar todos los ciudadanos en cuanto a derechos y prestación de servicios y lo hemos hecho a pesar de no tener financiación", ha agregado Fabra, que ha realizado estas declaraciones tras inaugurar el Foro de Empleo de la Universitat Politècnica de València.
   Ahora, ha apuntado, gracias a las medidas del actual Ejecutivo central para el pago a proveedores, "las empresas podrán ver cobradas sus cantidades".

Directivos del Banco de España y del FROB rechazan comparecer en la comisión de investigación de la CAM

VALENCIA.- Un total de siete directivos del Banco de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se han negado a comparecer en la comisión de investigación de la CAM que se va a desarrollar en las Corts Valencianes.

   Se trata del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el exsubgobernador de la entidad, José Viñals; el director general de Supervisión, Jerónimo Martínez; los responsables de Inspección, Pedro González y Ángel Rico; y el director general y el exdirector del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Mariano Herrera y Julián Atienza, respectivamente.
   En los escritos remitidos a la Presidencia de las Corts en los que ruegan que excusen sus comparecencias, alegan que su actuación está sujeta al control político de las Cortes Generales, pero no "al ámbito de actuación de aquellas comisiones de investigación que pudieran crearse en el seno de parlamentos autonómicos".
   Ante estas negativas a comparecer, la Mesa de la comisión de investigación de la CAM ha solicitado un informe a los servicios jurídicos del parlamento valenciano para conocer cómo actuar. De este modo, podrían incluso llegar a la Fiscalía.
   Los grupos parlamentarios acordaron el pasado 15 de marzo que en la comisión de investigación de la CAM comparecerían 79 personas, entre ellas dirigentes de la cúpula de la entidad, como el expresidente Modesto Crespo; los que fueran directores generales Roberto López y María Dolores Amorós; el vicepresidente, Armando Sala; el miembro de la comisión de control Arcadio Gómez, así como numerosos vocales.
   El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el subgobernador, Francisco Javier Aríztegui, y el equipo de inspectores del Banco de España que realizaron la última inspección de la CAM también fueron llamados por las Corts Valencianes para dar explicaciones de la CAM.
   Además, acordaron que tendrían que hablar en la tribuna del parlamento valenciano el ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) Enrique Pérez Boada; representantes de la plataforma de Afectados CAM, el abogado Diego Ramón; un miembro de Adicae; el representante de Impositores de la CAM, Victor Baeta; y una persona perteneciente a Ausbanc, entre otros.
   El grupo parlamentario popular rechazo peticiones de los grupos de la oposición de que comparecieran miembros del Gobierno valenciano --entre ellos los últimos presidentes de la Generalitat, José Luis Olivas, Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra--, de representantes sindicales y de empresarios como Enrique Ortiz, Rafael Galea y Enrique Ballester.

Ecologistas en Acción solicita la mediación del Defensor del Pueblo ante sus demandas a la Administración regional

MURCIA.-   El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia se ha reunido este jueves con el coordinador de Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, Pedro Luego, y su secretario general, Rubén Vives, quienes han solicitado la mediación de la Defensoría para tratar de resolver las quejas tramitadas contra la Administración regional.

   En la queja que iniciaron los ecologistas consideraban que "se está incumpliendo la legislación ambiental, en cuanto al Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, ya que el presidente del citado órgano está haciendo una dejación de su obligación de convocarlo con la periodicidad establecida, como mínimo una vez al trimestre y siempre que deba de dictaminar sobre asuntos de su competencia". Según la documentación que aportaron al expediente, este organismo no se reúne desde abril de 2008.
   Ante la petición de información que cursó el Defensor a la Consejería de Presidencia para interesarse por este asunto, el consejero Manuel Campos contestó que en la actualidad se llevan a cabo las actuaciones preparatorias necesarias para una próxima convocatoria.
   En este sentido, la Consejería ya ha dirigido los oficios a las consejerías de Obras y Públicas y Ordenación del Territorio y a la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, para que designen a los representantes que actuará como miembro del Consejo Asesor, según ha informado la institución en comunicado.
   Ecologistas en Acción también ha solicitado un seguimiento del cumplimiento de la resolución del Defensor del Pueblo que se cursó a la Consejería de Agricultura y Agua, en la que se recordaba el Deber Legal que tenía de "remover todos los obstáculos existentes para proceder a la redacción y aprobación de los distintos planes de recuperación, conservación y manejo de la fauna silvestre amenazada, dados los inexcusables mandatos contenidos en el artículo 18 de la Ley de Fauna Silvestre de la Región de Murcia".
   Con respecto a esta recomendación, la Consejería contestó que aceptaba su contenido y que "asumía los compromisos de desarrollo de los mandatos contenidos en esta ley y que se estaba procediendo, dentro de la estrategia Regional para la Conservación y el uso sostenible de la Diversidad Biológica, a la adopción de las medidas necesarias para su cumplimiento".
   En contestación a las demandas del Defensor, recientemente la Administración regional también ha informado por escrito sobre los distintos planes de recuperación de las especies en los que están trabajando.

La propuesta del GPP para promover la modificación de la Ley de Costas recibe el rechazo de la oposición

CARTAGENA.- La moción presentada este miércoles por el Grupo Parlamentario Popular para instar al Gobierno de la Nación a modificar la Ley de Costas, dirigida principalmente a mejorar la protección de la actividad empresarial en las ciudades de playa, ha recibido el rechazo de la oposición, han informado fuentes del partido en comunicado.

   La propuesta ha sido defendida por la diputada Alicia Jiménez, quien ha recordado que en estos momentos permanece vigente la Ley de 1988 "que no ha sido capaz de proteger adecuadamente el litoral ni de satisfacer los derechos de los ciudadanos, dado que no contempla la valoración de la realidad física, económica patrimonial y social de las propiedades afectadas, así como de las concesiones empresariales vigentes".
   La diputada ha subrayado que el objetivo de su propuesta es "proteger y recuperar el litoral, compatibilizando la actividad económica con el cuidado del medio natural marítimo y terrestre, con el fin de ayudar a mantener los miles de puestos de trabajo que tal actividad proporciona en las ciudades costeras y proteger el medio ambiente".
   Tal y como ha explicado Jiménez, las modificaciones de la Ley deberían centrarse, entre otras cuestiones, en las instalaciones de temporada en playas, "permitiendo la explotación durante un periodo de tiempo que supere la época estival y ampliando así su periodo de explotación y estudiando la posibilidad de autorizaciones anuales con instalaciones desmontables, que permitirían afrontar inversiones que mejorarían la calidad de los servicios prestados e impularían el rendimiento económico".
   La modificación propuesta por el GPP incluye también la ordenación del espacio marítimo, de manera que sea posible compatibilizar la producción de energía, puertos, pesca, acuicultura, turismo y protecciones medioambientales y, a su vez, ser coherente con la ordenación del espacio terrestre colindante.
   En su opinión, la modificación de la Ley adquiere especial relevancia teniendo en cuenta que la actual normativa "ha pasado factura en nuestras costas dentro de los distintos municipios costeros de la Región en los últimos años", y ha puesto como ejemplos las demoliciones y retiradas de bares, restaurantes, chiringuitos y quioscos en distintos puntos de la Región como San Pedro del Pinatar, Cartagena, San Javier, Mazarrón o Águilas.

El PSRM reclama que "se flexibilicen los objetivos de déficit para evitar la paralización de la economía murciana"

CARTAGENA.- El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco J. Oñate, ha reclamado este miércoles, ante el Pleno de la Asamblea Regional, que "se flexibilicen los objetivos de déficit para evitar la paralización de la economía de la Región, evitar que siga creciendo el paro y que se recorten aún más los servicios públicos fundamentales.

   En un comunicado, Oñate ha advertido que "se está en una espiral que lleva a la muerte de la economía, pues al tener menos ingresos públicos se ejecutan nuevos recortes y no es posible seguir apretando el cinturón".
   Y es que, ha subrayado, "lo que al principio parecía una propuesta heterodoxa y atrevida desde el punto de vista económico, al estilo del premio Nobel, Paul Krugman, se ha convertido en una afirmación también por parte del FMI, que ha venido a decir que o frenamos esta dinámica de recortes o nos morimos de anorexia económica. Algo en lo que coincidimos plenamente".
   Para el viceportavoz socialista es tiempo "de hacer los deberes en casa, con un ajuste adecuado para acabar con el descrédito de nuestras cuentas ante los mercados".
   Por ello, se ha mostrado convencido de que la Unión Europea "tendrá que plantearse inyectar fondos estructurales en las economías que están haciendo más sacrificios". "Esto incluso es algo que le interesa a Alemania, porque se está dando cuenta que asfixiando a los países periféricos, se resienten sus propias exportaciones", ha indicado.
   Asimismo, ha apostado por que la UE ponga en marcha "una especie de Plan Marshall para que algunos países puedan salir a flote, al tiempo que se relajen los objetivos de déficit".
   En este sentido, ha criticado que el Estado "ha hecho el reparto de estas 0,9 décimas de diferencia de forma desigual, porque mientras la Administración central se ha quedado con 0,6 décimas, a las CCAA ha cedido un 0,2 y a los ayuntamientos un 0,1, cuando están equiparadas en gasto y responsabilidades. Por lo que sería razonable que el reparto fuera más equitativo y así evitar ciertos recortes inconvenientes".
   Esto, ha alertado, "es especialmente importante en el caso de la Región de Murcia, pues somos los terceros a nivel de déficit público. Lo dice Krugman, lo dice el FMI y también el PSOE".
   Aboga, por tanto, por "trabajar por Murcia en el Parlamento y aprobar una flexibilización de los objetivos de déficit para tener cierto margen de maniobra y poder cumplir con nuestros deberes de déficit, pero con unos ritmos que no lleven al rigor mortis a los servicios públicos que todos necesitamos, sobre todo en sanidad y educación".

Bernal afirma que las medidas de ajuste es una "obligación" que tienen

CARTAGENA.-   El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, ha comparecido este miércoles ante el pleno de la Asamblea Regional para hablar del Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014 y medidas de ajustes presupuestarios.

   Así, Bernal ha comentado que es "una obligación que tenemos, sin que exista la posibilidad de dejar de hacerlo", tras lo que ha manifestado que "el déficit es del 1,5 por ciento para cada una de las comunidades, donde también es imprescindible tener un plan de pago a proveedores y las autorizaciones para el endeudamiento".
   De este modo, ha subrayado que "se ingresarán 81 millones de euros en el capítulo de impuestos, 60 millones en inmuebles y otros 78 millones en puntos de amarre, llegando a un total de 219 millones de euros", por lo que respecta a los ingresos, añadiendo en el capítulo de recortes "623 millones de euros que dan lugar a una nueva visión para el Gobierno".
   "El presupuesto que entró en vigor en enero de 2012 será sustituido por éste de reequilibrio que será el que nos acompañará durante el segundo semestre de este año", ha añadido, y que se trata de "un plan ambicioso del Gobierno regional para tener crecimiento económico, ser capaces de recuperar la inversión económica y para que haya actividad en el sector privado".
   Por su parte, Alfonso Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista, ha dicho que Bernal presenta un plan de reequilibrio que "sustituye al casi inédito 2011-2013, con medidas que hace tres meses lo podían haber planteado en el debate general de presupuestos".
   Navarro ha añadido que todo esto se ha realizado "sin atender, además, a las propuestas realizadas en su día por el Grupo Socialista", y ha reflexionado sobre "desde cuándo se podrían haber aplicado estas medidas" y le ha preguntado a Bernal si "puede asegurar que éste será el último plan de ajuste que traerá a esta cámara".
   El portavoz del Grupo Mixto, José Antonio Pujante, ha dicho por su parte que "las medidas de ajuste duro del Gobierno están teniendo un efecto contrario al deseado, con la mayor caída de la bolsa en lo que va de año" y que aquí en Murcia "auguro el fracaso de la política de Valcárcel con su plan de ajuste".

Sanidad y CCAA acuerdan el copago farmacéutico de 8 a 18 euros al mes para jubilados

MADRID.- No habrá copago sanitario pero sí habrá copago farmacéutico. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha acordado con las CCAA que los pensionistas paguen un 10% del precio de los medicamentos con receta hasta un máximo de 8 ó 18 euros al mes en función de su pensión. También, los trabajadores en activo pagarán los fármacos en función de su renta. En cambio, a los parados que ya han agotado su prestación por desempleo les saldrán gratis "hasta que encuentren trabajo". Además, Mato ha anunciado que se modificará la ley española para acabar con el turismo sanitario y ahorrar 1.000 millones de euros.

   Tras el acuerdo de Sanidad y las comunidades, la modificación del actual sistema de copago farmacéutico acordado reduce el número de personas que no tienen que pagar por sus medicamentos con receta en la farmacia, algo de lo que sólo se beneficiarán los parados sin prestación y las personas con pensiones no contributivas o renta de reinserción.
   A partir de ahí, se establecen diferentes categorías "según la renta" para los trabajadores activos y para el resto de pensionistas, que a partir de ahora tendrán que pagar un porcentaje del precio de sus medicinas. "No pagan los que tienen menos y pagan más los que tienen más, y a partir de ahí se gradúa", ha explicado Mato.
   En concreto, los pensionistas pagarán un 10 por ciento del precio de sus medicamentos. No obstante, aquellos con rentas inferiores a los 18.000 euros no pagarán más de 8 euros al mes, un límite que para los pensionistas con rentas de más de 18.000 euros será de 18 euros mensuales.
   Por otra parte, en el caso de los trabajadores activos, se establecen diferentes porcentajes de copago en función de la renta que acaba con el 40 por ciento que se pagaba anteriormente. A partir de ahora, este porcentaje sólo será válido para trabajadores cuya renta sea inferior a los 18.000 euros anuales, que no tienen obligación de tributar en el IRPF, y para familias numerosas.
   Sin embargo, para aquellos que ganan más de 18.000 euros anuales, la aportación será de un 50 por ciento, mientras que aquellos trabajadores con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros anuales pasarán a pagar un 60 por ciento, hasta un máximo de 60 euros mensuales.
   Además, Mato ha insistido en que "esta medida no tiene ningún afán recaudatorio" ya que, si hubiera sido ese su objetivo, "hubieran optado por otras medidas como la tasa de un euro por receta" de Cataluña que, a su juicio, "no es la más justa".
   Lo cierto es que el objetivo, ha explicado, es "poner en valor el medicamento" y evitar que "se tiren fármacos a la basura". España es actualmente el segundo país qué mas fármacos consume "cuando no estamos tan enfermos", y cada año se destruyen 3.700 toneladas de medicamentos que han caducado o no se han utilizado.
   Esta modificación del sistema de copago farmacéutico se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y, según ha avanzado Mato, se podrá poner en marcha en los próximos dos meses una vez se resuelvan las modificaciones técnicas que necesita.
   Asimismo, Mato ha anunciado que el Gobierno ha acordado junto con las comunidades incorporar al Derecho español, un artículo que "prohíbe de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria", para acabar con el turismo sanitario y ahorrar 1.000 millones de euros.
   "Como no hemos incorporado ese artículo muchos europeos se desplazan a España únicamente en busca de atención sanitaria. Hasta tal punto que hay personas europeas que tienen más derechos sanitarios que muchos españoles", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo Inteterritorial de Sanidad.
   De este modo, ha añadido, se pretende "acabar con el turismo sanitario y con los abusos que se producen por parte de los extranjeros que vienen a España". En concreto, calculan que casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros.
   Lo cierto es que esta decisión, ha explicado, se produce después de valorar un informe del Tribunal de Cuentas donde se recomendaba cambiar la actual legislación relativa al desplazamiento sanitario. Así como se aseguraba que "se ha utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los extranjeros, tanto europeos como de otros países".
   Como ejemplo, ha denunciado que "hay personas que viene a España, se empadronan y con ese empadronamiento obtienen la tarjeta sanitaria, la convierten en tarjeta europea, se vuelven a su país de origen y la factura de su país de origen la pagamos en España".
   Asimismo, Sanidad y las comunidades han acordado establecer una cartera común de servicios del SNS, que "asegure que todos los españoles, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan, tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias, de la más alta calidad".
   Para ello, se establece una cartera común básica de servicios asistenciales. Incluirá, como hasta ahora, los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, y que están cubiertos de forma completa por financiación pública.
   Además, también habrá una cartera común suplementaria que incluirá las prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria, y que están ya sujetas a aportación del usuario.
   Junto a esta cartera habrá otra de servicios accesorios, con actividades, servicios o técnicas que, no siendo prestación sanitaria, se consideran imprescindibles para ciertas patologías, caso de los cosméticos para pacientes con enfermedades raras.
   Por otro lado, Mato ha destacado la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías, que será la encargada de determinar la ordenación de la cartera de servicios. Estas mejoras permitirán maximizar la eficiencia y generar un ahorro de unos 500 millones.
   También, se ha acordado unificar el criterio de participación de los usuarios en productos farmacéuticos, ortoprótesis, dietoterápicos y transporte sanitario no urgente.
   En lo que se refiere a Recursos Humanos, el Consejo ha acordado elaborar un catálogo homogéneo de categorías profesionales, donde se establezcan las equivalencias entre los distintos servicios de salud. El objetivo es facilitar la movilidad de los profesionales sanitarios.
   Además, se regulan las áreas de capacitación para hacer realidad las superespecialidades. Por ejemplo, la cirugía cardíaca infantil. Estas medidas permitirán una eficiencia de 470 millones de euros.
   Por otro lado, también se ha tratado sobre la plataforma centralizada de compras, que se considera que permitirá un ahorro de entre el 15 y el 50 por ciento frente al sistema de compras individualizado para cada Comunidad Autónoma que se emplea, lo que supone más de 1.000 millones.  
   La plataforma centralizada ya se ha puesto en marcha en proyectos concretos, como la adquisición de las vacunas para la gripe estacional para la temporada 2012-2013, a la que se han adherido catorce comunidades autónomas.
   Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, entiende que en estos momentos de crisis, en los que hay un déficit presupuestario, hay que "distinguir si es posible o no la cultura del gratis total", en referencia al debate del copago farmacéutico.
   Además, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, ha defendido este miércoles que tanto la propuesta de que los jubilados paguen el 10 por ciento de los medicamentos como el resto de iniciativas que puedan surgir en el marco de la reforma sanitaria buscan únicamente "situar el servicio en la sostenibilidad".

La Región de Murcia no necesita el Parque Paramount

MADRID.- Ante la intención del gobierno regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de apoyar y promover la construcción del complejo de ocio formado por el parque temático Paramount y el LifeStyle Center, según 'Actuable', hay que decir no a la construcción del parque, porque:


- Por un lado, este modelo de negocio ha demostrado estar totalmente obsoleto, acumulando pérdidas millonarias en los años que llevan funcionando, como se está viendo en otros parques similares construidos en otras regiones españolas (Terra Mitica, Parque Warner, Isla Mágica).

- La necesidad de construir viales de acceso, el consumo de agua, la generación de residuos y contaminantes, la intensificación del tráfico rodado y el efecto barrera sobre la fauna circundante son otros de los efectos indeseables que dicho proyecto generará.

-La previsión de visitantes claramente sobredimensionada, de más 3 millones al año, a tenor del número de visitantes a otros parque similares, no le auguran un futuro muy brillante a este proyecto megalómano.

Por todo ello, solicita que no se inicien las obras del complejo de ocio Parque Paramount y el LifeStyle Center, a través del siguiente enlace de 'Actuable'.

http://actuable.es/peticiones/pide-al-consejero-cultura-no-se-inicien-obras-del

Navantia se reorientará para buscar nuevos mercados exteriores

MADRID.- El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, ha afirmado este miércoles durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso que buscará nuevos mercados exteriores para mantener la actividad de Navantia y evitar que "sea fuente constante de pérdidas".

   "Navantia es la joya de la corona de SEPI, y no me resigno a que sea fuente constante de pérdidas ni a que se pueda entrar en el debate de reconversión. Navantia tiene margen suficiente para incrementar sus pedidos, tanto en la rama militar como en la civil, tanto en los astilleros gallegos como en los de Cádiz", ha afirmado Aguirre.
   A renglón seguido, ha apuntado que para lograrlo es necesario "reorientar toda su actividad al exterior para abrir nuevos mercados".
 "Por eso me propongo que, a partir de ahora, la actividad exterior de Navantia sea declarada prioritaria y reforzaré para ello su área comercial, incrementando sus responsabilidades, dimensión y recursos", ha añadido.
   De hecho, pese a que la empresa no ha conseguido ningún contrato internacional desde 2007, Aguirre ha avanzado que "puede haber nuevas operaciones en un horizonte cercano", manifestando su "confianza" en las posibilidades de conseguir operaciones en Australia, Arabia Saudí, México o Venezuela.
    "Si tenemos el tiempo y la paciencia suficiente pudiéramos pronto tener buenas noticias de alguno de esos países. Hay que tener presente que la maduración de un proyecto de contratación internacional de un pedido de barcos está entre dos y tres años, así que no es un trabajo de hoy para mañana. Pero no me duelen prendas en decir que el consejero delegado de Navantia deja muy iniciados unos trabajos que remataremos, si trabajamos con acierto, en breve en alguno de esos países", ha señalado.
   A renglón seguido, ha afirmado que con tan solo uno de los pedidos que ha mencionado se conseguiría "estabilizar todos los puestos de trabajo para cuatro años aproximadamente" en las sedes de la empresa en Galicia, Cádiz y Cartagena, insistiendo finalmente en que "el horizonte del éxito de Navantia reside fundamentalmente en orientarla a los mercados internacionales".

El Gobierno rebaja los sueldos de sus expresidentes tan solo un 5,6%

MADRID.- La dotación anual prevista para cada uno de los expresidentes del Gobierno se verá reducida este año en 4.400 euros, aunque la partida presupuestaria se ha incrementado por la incorporación al 'club' de José Luis Rodríguez Zapatero, jefe del Gobierno hasta el pasado mes de diciembre. 

   En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, esta partida presupuestaria del Ministerio de la Presidencia se incrementa hasta los 298.320 euros, ya que ahora hay un cuarto perceptor, José Luis Rodríguez Zapatero, que se une a sus antecesores el 'popular' José María Aznar, el socialista Felipe González --ambos con cargos en Endesa y Gas Natural, respectivamente-- y Adolfo Suárez (UCD). El otro presidente de la democracia es el fallecido Leopoldo Calvo Sotelo.
   Según ha explicado ante el Congreso el subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, este incremento se "compensa" con una rebaja de la dotación anual de cada uno de ellos, que se rebaja en un 5,6%. Cada uno de ellos pasará de 79.000 a 74.580 euros anuales.  
   Se trata de la tercera rebaja consecutiva que sufre la dotación de cada expresidente del Gobierno, pues en 2010 llegaron a contar con un apoyo económico de 90.000 euros.
   En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos, el subsecretario de Presidencia fue preguntado por el PSOE por el incremento de la partida de asesores. Para el socialista Ignacio Pérez Amor, 26 asesores más en el gabinete del presidente es un aumento "difícilmente justificable", aunque, bromeó, "a la vista del malgobierno, necesitaría aún más asesores".
   Lo que quiso denunciar es el contraste entre el discurso del PP en la oposición y en el Gobierno en este tema. Según recordó, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguraba en agosto de 2011 que el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero contaba con 600 asesores, y en cambio ahora el Gobierno del PP sube un 50 por ciento la partida ara asesores, lo que, siguiendo con la doctrina Cospedal, supondría atribuir a Mariano Rajoy entre 700 y 900 asesores.
   "¿Eran realmente quinientos entonces o se habían considerado asesores hasta los jardineros de La Moncloa?", ironizó, reseñando que el Ministerio de Presidencia sólo habla ahora de 80 asesores, 26 más que antes.
   Pérez Renovales, que fue director de Gabinete de Rodrigo Rato, achacó el aumento de la partida de asesores a una cuestión administrativa, asegurando que el Gobierno del PSOE cataloga a trabajadores eventuales como funcionarios y ahora el PP los "regulariza" vía Presupuestos situándolos en su ubicación real.
   Tanto el subsecretario como el portavoz del PP, Pedro Gómez de la Serna, subrayaron que en ningún caso ha habido incremento de plantilla en Presidencia. Es más, el subsecretaria ha dicho que el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría ha dado preeminencia a los funcionarios frente a personal de otro origen profesional y ha subrayado que los gastos de personal se han rebajado en cerca de medio millón de euros y que se han reducido las retribuciones un 2% a todo el personal (laborales, funcionarios y eventuales).

CC.OO. destaca que el preacuerdo con BMN “evita 650 despidos forzosos

GRANADA.- El secretario general de CC.OO. en Banco Mare Nostrum (BMN), Ramón Guirao, ha valorado el principio de acuerdo alcanzado entre la representación sindical y BMN que desconvoca la huelga prevista para este jueves, 19 de abril, contra el segundo proceso de reestructuración laboral anunciado por el banco, de forma que, a su juicio, el preacuerdo alcanzado con la entidad “evita los 650 despidos forzosos proyectados al amparo de la reforma laboral”.

En una nota, Guirao considera que con este principio de acuerdo “se ha conseguido parar la iniciativa presentada por BMN a la representación sindical en febrero que, al amparo de la reforma laboral, contemplaba la salida de forma traumática de 650 trabajadores en todo el Estado”, de forma que con el acuerdo alcanzado, “se evitan despidos forzosos y se mejoran las condiciones establecidas en la reforma del Gobierno”.
Concretamente, la segunda reestructuración laboral contemplaba la extinción de 530 contratos –nuevo recorte que se suma a los 120 del ERE en vigor hasta las 650 extinciones–, el cierre de 120 oficinas, una reducción salarial del cinco por ciento durante dos años, y la suspensión rotatoria durante dos años de 800 contratos durante tres meses cada uno, entre otras medidas.
Esta propuesta fue rechazada por todos los sindicatos, que pidieron la apertura de la mesa de negociación y que “llevó a CC.OO. a tomar la iniciativa para llevar a cabo un conjunto de movilizaciones en contra de esa medida”.
De esta forma, ha recordado que el principio de acuerdo contempla una serie de medidas, en concreto bajas voluntarias e incentivadas de 150 personas, con una indemnización de 45 días por año con un tope de 42 mensualidades, “muy por encima de la propuesta de la empresa de 20 días por año con un tope de 12 “mensualidades”, ha destacado CC.OO..
La segunda medida contempla un programa de entre 100 y 150 suspensiones de contratos por seis meses, cuya vigencia se establece desde el 1 de julio de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012 y durante los cuales la empresa complementará hasta un máximo de 500 euros mensuales durante el período de suspensión.
La tercera, la suspensión durante dos años de forma “rotatoria” de los contratos de trabajo a 800 empleados durante tres meses al año, esto es, 200 por trimestre. Una medida que “está encaminada a evitar o reducir el volumen de afectados por el programa de bajas incentivadas” y se implementará de forma “inmediata”. Todas esas suspensiones de contratos llevan garantizada la reincorporación al puesto de trabajo.
Asimismo, se establece una reducción salarial temporal durante dos años y medio como máximo, “proporcional al nivel retributivo”.
Según el acuerdo, la reducción salarial temporal para toda la plantilla de BMN se aplicará entre el 1 de julio de este año hasta la devolución de las ayudas del FROB o hasta el 31 de diciembre de 2014. Se excluyen de esta medida las personas cuya retribución total anual sea igual o inferior a 30.000 euros y a elección del trabajador podrá aplicar la reducción salarial temporal a las aportaciones a su plan de pensiones del año que le corresponden, en lugar de ver reducido su salario ordinario.
Asimismo, este preacuerdo establece un programa de excedencias voluntarias, en concreto por un período igual o mayor a un año y menor de dos, que se retribuirá con un 15 por ciento del salario actual; una excedencia por más de dos años y menos de tres, que se retribuirá con un 20 por ciento de salario actual; y excedencia por más de tres años o menos de cinco, que se retribuirá con un 30 por ciento del salario actual.
El preacuerdo contempla además un programa de reducciones de jornada con novación contractual, de carácter voluntario, tanto temporales como definitiva, con un mínimo de un 20 por ciento de jornada y un máximo de un 50 por ciento, con una reducción salarial “directamente proporcional” a la reducción de tiempo de trabajo.
Para el secretario general de CC.OO. de BMN la finalidad del acuerdo alcanzado “tiende al mantenimiento de los puestos de trabajo minimizando el impacto de otras medidas distintas a las aquí acordadas”.
Además, resalta que “durante la vigencia del presente acuerdo, BMN asume el compromiso a que cualquier proceso de reorganización y reestructuración interna será negociada previamente con las organizaciones sindicales”.
Ya el pasado martes, los sindicatos resaltaron que “se ha conseguido que esta segunda reestructuración se haga con medidas que garantizan el empleo futuro”. Destacaron que con este preacuerdo “se evitan despidos forzosos” y ha destacado que las condiciones del mismo “mejoran sustancialmente las condiciones establecidas en la reforma laboral del Gobierno”.
 En ese punto, han resaltado que “el anuncio de la huelga y de las movilizaciones y la presión que ello suponía han dado su fruto y en la negociación hemos de conseguir mejorar las condiciones que se contemplan en la reforma laboral”.
Según Guirao, durante la vigencia del acuerdo BMN asume el compromiso a que cualquier proceso de reorganización y reestructuración interna será negociada previamente con las organizaciones sindicales.

Renfe pide subir un 10,9% el billete de Cercanías

MADRID.- Renfe ha solicitado al Gobierno subir una media del 10,9% el precio del billete del tren de Cercanías a partir del próximo 1 de mayo, según informaron hoy fuentes del sector.

   La operadora también pide elevar un 10,9% el precio medio de los viajes en trenes de Media Distancia. Estos son los dos transportes con carácter de servicio público que presta Renfe.
   Se trata en ambos casos de una subida histórica, dado que es el mayor incremento que estos trenes registran en al menos los últimos cinco años, que además casi multiplica por seis al IPC actual (1,9%).
   En concreto, entre 2007 y 2011 las subidas del precio del billete de Cercanías oscilaron entre un 3,1% y un 6,28%, mientras que, de su lado, las correspondientes a Media Distancia variaron entre el 3,1%  y el 5% en este mismo periodo.
   El servicio de Cercanías, que Renfe presta en un total de doce núcleos de población, y el de Media Distancia son los que más viajeros transportan.
   Cercanías transportó 412,6 millones de pasajeros en 2011, un 3% más que en 2010, según datos de la operadora, mientras que Media Distancia prestó servicio a 32,5 millones de usuarios, los mismos que en año anterior. En ambos casos superan a los casi 23 millones de pasajeros del AVE.
   En concreto, a partir de mayo el billete sencillo de Cercanías sube un 11,69%, mientras que el abono multiviaje lo hace en un 9,39%, lo que sitúa el incremento medio en un 10,9%.
   En el caso de la Media Distancia, el encarecimiento del billete sencillo es del 12,85%, y el que permite realizar varios trayectos, del 5,74%.
   Los incrementos de tarifa fueron analizados este miércoles en una reunión de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, con el fin de que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos decida en su reunión de mañana jueves sobre esta demanda de subida de precios de estos servicios de Renfe.
   Las tarifas de los trenes de Cercanías y Media Distancia convencional dependen del Gobierno por tratarse de servicios de carácter público.
   Por contra, los correspondientes al AVE Larga Distancia son decisión de Renfe. En este caso, la operadora espera a que el Ejecutivo decida sobre los otros servicios antes de sopesar una subida, según indicó el presidente de la compañía ferroviaria, Julio Gómez-Pomar, ayer martes tras comparecer en el Congreso.
   Renfe no efectuó a comienzos de año la habitual revisión de precios de todos sus servicios, por coincidir con la transición en la dirección tanto de la empresa como en el Ministerio de Fomento consecuencia del cambio del Gobierno.
   Por ello, la subida se aplicaría a partir del 1 de mayo. Según dichas fuentes del sector próximas a Renfe, en caso de extender el efecto del incremento a todo el ejercicio, el porcentaje de encarecimiento se reduce al 6,5%.
   Las mismas fuentes enmarcan las subidas en la voluntad de la compañía ferroviaria de dejar de depender de las aportaciones estatales y de ahorrar unos 288 millones de euros en costes de explotación.
   Por contra, otras fuentes también ferroviarias señalaron que la compañía ha tenido que repercutir en el precio de los billetes el hecho de que el Gobierno no incluya en los Presupuestos de 2012 el importe que tiene que pagar a Renfe por su encomienda de prestar servicios públicos en nombre del Estado.
   En el caso del billete de Cercanías de Madrid, la subida del 1 de mayo coincide con la entrada en vigor del encarecimiento aprobado para el transporte público de la capital.

El PSRM dice que los recortes del Gobierno regional en sanidad "dan carpetazo definitivo" al Rosell

CARTAGENA.- La socialista Teresa Rosique ha asegurado este miércoles que los recortes del Gobierno regional en Sanidad "dan el carpetazo definitivo" al Rosell como segundo hospital de Cartagena. 

   La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista ha argumentado que "el cierre en su día del quirófano de Urgencias ya pronosticaba el final que iba a tener el Rosell", y recordó que "este hospital tiene ahora menos de cien camas, cuando la consejera prometió 330, una vez que hubiese abierto el nuevo hospital de Santa Lucía".
   De esta forma, denunció que el Área de Salud de Cartagena pierde definitivamente la oportunidad de tener un segundo hospital.
   La parlamentaria socialista se ha preguntado así si guarda alguna relación la desaparición del Rosell como segundo hospital del Área de Salud II, con el anuncio de la reapertura de un hospital privado en la ciudad. En opinión de la diputada, "no sería justificable que se cerrara este hospital público para, con posterioridad, concertar con un hospital privado".
   El Grupo Parlamentario Socialista pide a la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, que explique en la Asamblea todos los recortes en materia sanitaria y, en concreto, todo lo relativo al Rosell, pues "la consejera ha incumplido todos los compromisos realizados en el Pleno de la Cámara con relación al mismo".
   Teresa Rosique ha reclamado, además, explicaciones sobre qué va a pasar con la Unidad de Psiquiatría, que cuenta tan sólo con 25 camas para las áreas de salud II y VIII, para cubrir las necesidades de una población de 370.000 habitantes, cuando prometió para cubrir las necesidades 120 para el Rosell y 22 para Los Arcos.
   Asimismo, pide a Mª Ángeles Palacios que aclare cómo van a reubicar en el hospital de Santa Lucía a los enfermos que hasta ahora eran intervenidos y hospitalizados en el Rosell; y cuál es la situación en la que se queda la Puerta de Urgencias y la UCI.
   El Grupo Parlamentario Socialista pide que todas estas cuestiones sean explicadas por la consejera en sede parlamentaria.

IU-Verdes cree que la reforma de la ley de Costas del PP es "un gravísimo error"

MURCIA.- El diputado de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha dicho este miércoles en la Asamblea Regional que la reforma de la ley de Costas que plantea el PP pretende retomar el modelo "fallido" del ladrillo, lo que, a su juicio, supone "un gravísimo error".

   Pujante ha pronunciado estas palabras en el debate de una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular para solicitar al Gobierno la compatibilización de la protección del litoral con su gestión económica y turística en una futura ley de Costas.
   El parlamentario ha sostenido que la reforma de la normativa que propone el PP es "inconcreta", y "persigue perpetuar la legitimidad de los usos insostenibles y especulación urbanística en el litoral de la Región de Murcia".
   Asimismo, ha preguntado al grupo Popular por el motivo por el que el expresidente del Gobierno José María Aznar no modificó la ley de Costas vigente, que data de 1988, si consideraba que esta contenía preceptos que necesitaban una urgente reforma.
   "El modelo económico del ladrillo nos ha llevado a esta profunda crisis", ha apostillado Pujante, tras insistir en que las alternativas que generen empleo en la Comunidad "tienen que apostar por un turismo de calidad, y no por la masificación e insostenibilidad".

El Príncipe inaugura la nueva refinería de Repsol en Cartagena, la mayor inversión industrial en España

CARTAGENA.- El Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón, ha inaugurado este miércoles la ampliación de la refinería de Repsol en Cartagena, a la que la petrolera ha dedicado una inversión de 3.150 millones de euros, la mayor de las acometidas en España hasta el momento.

   La planta procurará a Repsol una cuota del 60% en el actividad de refino en España y procesará 4,5 millones de toneladas al año de destilados medios, entre los que figuran el gasóleo y el queroseno, lo que permitirá reducir en un 30% las importaciones de estos productos y, con ello, aliviar el déficit energético español.
   El Príncipe ha presidido la inauguración en sustitución de del rey Juan Carlos I, quien se encuentra convaleciente de una operación de cadera. En el acto han participado también el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y el presidente de Repsol, Antonio Brufau.
   Don Felipe aseguró que la ampliación de la refinería de Cartagena sitúa a España "a la cabeza de Europa en la utilización de nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de una mayor sostenibilidad ambiental, un mayor ahorro y una mayor seguridad energética".
   Por su parte, Brufau destacó el empleo directo en la nueva refinería, de 1.800 personas, así como su capacidad diaria para procesar 220.000 barriles de crudo con unos estándares de seguridad, eficiencia y sostenibilidad similares a los de las principales plantas del mundo.
   En una presentación para periodistas, el director de 'downstream' de Repsol, Pedro Fernández Frial, y el responsable de refino, Josu Jon Imaz, han explicado que el proyecto de Cartagena, en marcha desde finales del año pasado, eleva un 16% la capacidad de destilación del grupo y un 25% la de productos destilados medios.
   Además, la mejora de la eficiencia de la planta permitirá al grupo elevar entre dos y tres dólares por barril los márgenes obtenidos en la actividad de refino de crudo, lo que redundará en una mejora de los parámetros financieros de la división de 'downstream'.
   En la ampliación de Cartagena se ha utilizado acero equivalente a tres torres Eiffel, se han movido tierras comparables a 900 piscinas, se han usado tuberías capaces de cubrir la distancia entre Galicia y Cartagena, y se han empleados cables suficientes para unir Cartagena con Moscú.

Beteta: El Gobierno tiene "serias discrepancias" con varios planes de ajuste de CCAA

MADRID.- El Gobierno tiene "serias discrepancias" con algunos de los planes de ajuste enviados por las comunidades autónomas para poder acogerse al mecanismo de pago a proveedores, por lo que, dado que su prioridad es cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, "no dudará" en intervenir aquellas comunidades que no puedan "cumplir sus obligaciones financieras", si bien no ha especificado a qué regiones se refiere.

   Así lo ha advertido este miércoles el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso y también en declaraciones a los periodistas tras su intervención, donde ha explicado que las autonomías ya han remitido al Ministerio de Hacienda sus planes de ajuste, que serán aprobados o rechazados en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), prevista para la primera quincena de mayo.
   "A partir de ahí se tomarán todos los mecanismos de la Ley de Estabilidad, sin dudar siquiera de la intervención, de la que una comunidad autónoma podrá ser objeto si manifiesta no poder cumplir sus obligaciones financieras. Si queremos generar confianza tenemos que demostrar que nuestra palabra vale algo", ha señalado.
   Beteta ha remarcado que las comunidades autónomas podrán ser intervenidas en un plazo de seis meses a partir de que se rechacen los planes de ajuste por no cumplir los objetivos de déficit o por no tener suficiente "capacidad" para devolver los gastos financieros que le generen los créditos del mecanismo de pago a proveedores.
   Así pues, el secretario de Estado ha insistido en que, si el Ejecutivo ve necesario intervenir una comunidad autónoma, "se hará", y ha hecho hincapié en que "no va a mirar el color político" de quien gobierne esa región, sino únicamente "la necesidad de que se cumpla la ley".
   Según ha explicado a los medios después de la comparecencia en la Comisión, algunos planes de ajuste de comunidades ya han sido examinados por el Gobierno y están "conformes, en un proceso de mínimas aclaraciones", si bien con otros existen "serias discrepancias porque contienen partidas de ingresos que no se soportan con los Presupuestos Generales del Estado".
   No obstante, Beteta no ha querido concretar a qué autonomías se refiere, ya que ha dicho que hay que esperar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde todos los planes de ajuste se expondrán "públicamente para que el conjunto de las regiones puedan dar opinión y conocer también la del Estado".
   Eso sí, ha advertido de que, en caso de que persistan esas "discrepancias" con las comunidades, el plan de ajuste no será aprobado en el Consejo y "empezará a cumplirse lo dispuesto en la ley en su fase uno", lo cual, si no se cumplen los objetivos de estabilidad, podría llevar a la intervención.
   Tras la comparecencia del secretario de Estado, la diputada socialista Meritxell Batet ha dicho haberse "sorprendido" por los términos utilizados por el secretario de Estado, en concreto por la palabra "intervención", la cual, a su juicio, "no genera demasiada seguridad".
   En este sentido, Batet ha afirmado, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, que en la configuración del Estado español existen "mecanismos" como el Consejo de Política Fiscal y Financiera para "llegar a acuerdos conjuntamente" entre el Gobierno y las comunidades autónomas que no hacen necesario llegar a la intervención.
   En su opinión, las palabras de Beteta son "una bravuconada más como otras que ha hecho", por lo que le ha pedido que explique "mucho mejor" a qué se refiere con intervención. "¿Quiere decir llegar a la suspensión de una autonomía? Entiendo que no es lo que quería decir, pero en todo caso no genera demasiada seguridad", ha indicado.
   Además, la diputada socialista ha señalado que sería "importante" que los partidos que han apoyado en el Congreso la Ley de Estabilidad Presupuestaria --CiU, UPyD, Foro y UPN-- "sepan que el Gobierno está pensando en una intervención".
   Por otro lado, la Comisión de Presupuestos del Congreso también ha servido para que el secretario de Estado haya dado a conocer las cifras individualizadas de las comunidades autónomas que se han acogido al plan de pago a proveedores. En total han sido 14, ya que Galicia, País Vasco y Navarra han rechazado adherirse a este mecanismo.
   Como ya adelantó este martes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la deuda de las comunidades con proveedores asciende a 17.255 millones de euros que corresponden a más de 3,9 millones de facturas. Andalucía es la región que más facturas ha presentado (772.758), por delante de Castilla-La Mancha (611.766) y la Comunidad Valenciana (578.647), si bien es esta última la que tiene la mayor deuda, de más de 4.200 millones de euros.
   La segunda en el ranking de deuda es Andalucía, con 2.763,5 millones, seguida de Castilla-La Mancha, con 2.510,4 millones; Cataluña, con 1.984,7 millones; Madrid, con 1.279,4 millones; Murcia, con 1.173,3 millones; Castilla y León, con 1.066 millones; Baleares, con 742,3 millones; Aragón, con 405,6 millones; Cantabria, con 329 millones; Asturias, con 259 millones; Canarias, con 232,7 millones; Extremadura, con 227,2 millones; y La Rioja, con 76 millones.
   Aunque la diputada del PSOE ha subrayado durante la Comisión que su grupo respalda este plan de pago, ha dicho no estar de acuerdo con las "condiciones" impuestas a las administraciones públicas que se hayan querido acoger a él. Sobre todo ha puesto el acento en el tipo de interés del 5 por ciento al que deberán devolver los préstamos que utilicen para pagar a sus proveedores.
   Por lo tanto, en su opinión se trata de un "instrumento muy caro", al tiempo que considera que con los planes de ajuste que tienen que elaborar comunidades y entidades locales éstas se verán "abocadas al despido de personal laboral, subida de tasas e impuestos o disminución de prestación de servicios públicos", entre otras medidas, para poder hacer frente al pago de los créditos.
   Sobre el tipo de interés, Beteta ha negado que sea caro. Es más, ha asegurado que "no puede ser más barato" porque el mecanismo de pago ofrece la posibilidad de dos años de carencia y diez años para devolver los préstamos.
   En cuanto a los planes de ajuste, el secretario de Estado ha respondido a la diputada que cada administración tendrá "libertad para elegir entre cobrar más o gastar menos o un mix de las dos".
 "Yo creo en la libertad de cada administración. Sólo exijo que se cumpla la estabilidad presupuestaria. Hay facturas en pesetas y es algo que nos debería avergonzar", ha explicado.

Bruselas pide la "rápida aplicación" de la Ley de Estabilidad presupuestaria a las CC AA

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha pedido este miércoles la "rápida aplicación" a las comunidades autónomas de la recién aprobada ley de estabilidad presupuestaria. Una "gestión sólida" de las cuentas públicas de las regiones, ha resaltado Bruselas, es un "elemento importante para el éxito de la estrategia fiscal de España".

   No obstante, el Ejecutivo comunitario ha eludido valorar si el copago farmacéutico propuesto por el Gobierno es una medida adecuada para recortar el déficit alegando que "la elección de las medidas es responsabilidad exclusiva de las autoridades españolas".
 "Nuestro papel es examinar las medidas propuestas y su impacto presupuestario, si son adecuadas para cumplir los objetivos", ha dicho el portavoz de Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj.
   "Esperamos una rápida aplicación de la ley de estabilidad que se aprobó recientemente por parte de todas las regiones en España. La dimensión regional de las finanzas públicas en España es particularmente importante. Una gestión sólida de las cuentas públicas en las comunidades autónomas es un elemento importante para el éxito de la estrategia fiscal de España", ha resaltado el portavoz.
   La Comisión todavía no tiene fecha para publicar su evaluación sobre los presupuestos de España para 2012, pero celebra "el claro compromiso y la determinación mostrados por el Gobierno español para cumplir su objetivo de déficit para 2012 y también para 2013.
   El portavoz ha subrayado que los presupuestos de 2012 "confirman el objetivo de déficit de un máximo del 5,3% del PIB este año como se acordó en el Eurogrupo" y se basan "en un escenario macroeconómico prudente".
   El Ejecutivo comunitario espera recibir "antes de final de mes" un programa de estabilidad "completo y sólido para 2013 y 2014" y un plan que contenga "reformas estructurales convincentes que impulsen el crecimiento y el empleo". 
"Todas estas acciones y su aplicación reforzarán gradualmente la confianza del mercado en la economía española y darán mejores perspectivas para los ciudadanos españoles", ha concluido el portavoz.

Un centenar de organizaciones presenta la plataforma 'No a nuestra costa'

MADRID.- Cerca de un centenar de organizaciones han presentado este miércoles la plataforma 'No a nuestra costa' con la que pretenden defender la Ley de Costas en vigor, que data de 1988, y sobre la que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha anunciado una revisión.

   Entre los miembros de la nueva plataforma figuran ecologistas, vecinos, pescadores, académicos, juristas y sindicatos, que buscan promover un modelo sostenible de desarrollo en el litoral.
   Concretamente, la iniciativa ha sido puesta en marcha por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, GOB, SEO/Birdlife y WWF, ante los "reiterados intentos" de reformar la citada norma, ya que consideran que la Ley de Costas es "una garantía" para la conservación de los ecosistemas litorales, el uso público en la costa y el freno a la especulación urbanística.
   Además, figuran decenas de organizaciones ecologistas, del sector social y económico, y reúne a empresas de turismo activo y naturaleza, asociaciones de vecinos del litoral, departamentos de diferentes universidades, la Asociación de Jueces para la Democracia, formada por más de 500 jueces, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el Foro de Turismo Responsable, ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos), o sindicatos como UGT, CCOO o CGT, entre otras.
   'No a nuestra costa' tiene vocación de movimiento ciudadano y apartidista que sume fuerzas y voces para garantizar el uso público y libre de la costa española, así como la conservación del litoral. Desde la plataforma insisten en que esto es "fundamental" para la actividad económica sostenible a largo plazo e insiste en que la aplicación correcta de la Ley de Costas, sin duda, ha de conjugar la conservación y el desarrollo económico.
   Asimismo, junto con la presentación de la plataforma, estas organizaciones han lanzado también una campaña de movilización ciudadana para que a título personal apoyen la validez de la Ley de Costas actual.
   En este contexto, recuerdan que en las dos últimas décadas, la costa española ha perdido una superficie similar a ocho campos de fútbol al día y destacan que una costa mal conservada cuesta "miles de millones de euros cada año" de un dinero público que se destina a la restauración de paseos marítimos, playas infraestructuras costeras y al control de vertidos en una espiral de gasto sin fin.
   Por ello defienden una aplicación de la Ley de Costas "estricta, sin rebajas" que elimine las construcciones ilegales y que compense a los propietarios que son "víctimas" de la mala gestión administrativa (estudiando caso por caso). En definitiva, critican que con la reforma de la Ley de Costas, en los términos planteados por el Gobierno, donde solo unos pocos se verían favorecidos, implicaría un enorme coste que pagaríamos todos con el dinero de nuestros impuestos.

El Gobierno "no dudará" en intervenir CCAA que no cumplan sus obligaciones

MADRID.- El Gobierno tiene "serias discrepancias" con algunos de los planes de ajuste enviados por las comunidades autónomas para poder acogerse al mecanismo de pago a proveedores, por lo que, dado que su prioridad es cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, "no dudará" en intervenir aquellas comunidades que no puedan "cumplir sus obligaciones financieras", si bien no ha especificado a qué regiones se refiere.

   Así lo ha advertido este miércoles el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso y también en declaraciones a los periodistas tras su intervención, donde ha explicado que las autonomías ya han remitido al Ministerio de Hacienda sus planes de ajuste, que serán aprobados o rechazados en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), prevista para la primera quincena de mayo.
   "A partir de ahí se tomarán todos los mecanismos de la Ley de Estabilidad, sin dudar siquiera de la intervención, de la que una comunidad autónoma podrá ser objeto si manifiesta no poder cumplir sus obligaciones financieras. Si queremos generar confianza tenemos que demostrar que nuestra palabra vale algo", ha señalado.
   Beteta ha remarcado que las comunidades autónomas podrán ser intervenidas en un plazo de seis meses a partir de que se rechacen los planes de ajuste por no cumplir los objetivos de déficit o por no tener suficiente "capacidad" para devolver los gastos financieros que le generen los créditos del mecanismo de pago a proveedores.
   Así pues, el secretario de Estado ha insistido en que, si el Ejecutivo ve necesario intervenir una comunidad autónoma, "se hará", y ha hecho hincapié en que "no va a mirar el color político" de quien gobierne esa región, sino únicamente "la necesidad de que se cumpla la ley".
   Según ha explicado a los medios después de la comparecencia en la Comisión, algunos planes de ajuste de comunidades ya han sido examinados por el Gobierno y están "conformes, en un proceso de mínimas aclaraciones", si bien con otros existen "serias discrepancias porque contienen partidas de ingresos que no se soportan con los Presupuestos Generales del Estado".
   No obstante, Beteta no ha querido concretar a qué autonomías se refiere, ya que ha dicho que hay que esperar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde todos los planes de ajuste se expondrán "públicamente para que el conjunto de las regiones puedan dar opinión y conocer también la del Estado".
   Eso sí, ha advertido de que, en caso de que persistan esas "discrepancias" con las comunidades, el plan de ajuste no será aprobado en el Consejo y "empezará a cumplirse lo dispuesto en la ley en su fase uno", lo cual, si no se cumplen los objetivos de estabilidad, podría llevar a la intervención.
   Tras la comparecencia del secretario de Estado, la diputada socialista Meritxell Batet ha dicho haberse "sorprendido" por los términos utilizados por el secretario de Estado, en concreto por la palabra "intervención", la cual, a su juicio, "no genera demasiada seguridad".
   En este sentido, Batet ha afirmado, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, que en la configuración del Estado español existen "mecanismos" como el Consejo de Política Fiscal y Financiera para "llegar a acuerdos conjuntamente" entre el Gobierno y las comunidades autónomas que no hacen necesario llegar a la intervención.
   En su opinión, las palabras de Beteta son "una bravuconada más como otras que ha hecho", por lo que le ha pedido que explique "mucho mejor" a qué se refiere con intervención. "¿Quiere decir llegar a la suspensión de una autonomía? Entiendo que no es lo que quería decir, pero en todo caso no genera demasiada seguridad", ha indicado.
   Además, la diputada socialista ha señalado que sería "importante" que los partidos que han apoyado en el Congreso la Ley de Estabilidad Presupuestaria --CiU, UPyD, Foro y UPN-- "sepan que el Gobierno está pensando en una intervención".
   Por otro lado, la Comisión de Presupuestos del Congreso también ha servido para que el secretario de Estado haya dado a conocer las cifras individualizadas de las comunidades autónomas que se han acogido al plan de pago a proveedores. En total han sido 14, ya que Galicia, País Vasco y Navarra han rechazado adherirse a este mecanismo.
   Como ya adelantó este martes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la deuda de las comunidades con proveedores asciende a 17.255 millones de euros que corresponden a más de 3,9 millones de facturas. Andalucía es la región que más facturas ha presentado (772.758), por delante de Castilla-La Mancha (611.766) y la Comunidad Valenciana (578.647), si bien es esta última la que tiene la mayor deuda, de más de 4.200 millones de euros.
   La segunda en el ranking de deuda es Andalucía, con 2.763,5 millones, seguida de Castilla-La Mancha, con 2.510,4 millones; Cataluña, con 1.984,7 millones; Madrid, con 1.279,4 millones; Murcia, con 1.173,3 millones; Castilla y León, con 1.066 millones; Baleares, con 742,3 millones; Aragón, con 405,6 millones; Cantabria, con 329 millones; Asturias, con 259 millones; Canarias, con 232,7 millones; Extremadura, con 227,2 millones; y La Rioja, con 76 millones.
   Aunque la diputada del PSOE ha subrayado durante la Comisión que su grupo respalda este plan de pago, ha dicho no estar de acuerdo con las "condiciones" impuestas a las administraciones públicas que se hayan querido acoger a él. Sobre todo ha puesto el acento en el tipo de interés del 5 por ciento al que deberán devolver los préstamos que utilicen para pagar a sus proveedores.
   Por lo tanto, en su opinión se trata de un "instrumento muy caro", al tiempo que considera que con los planes de ajuste que tienen que elaborar comunidades y entidades locales éstas se verán "abocadas al despido de personal laboral, subida de tasas e impuestos o disminución de prestación de servicios públicos", entre otras medidas, para poder hacer frente al pago de los créditos.
   Sobre el tipo de interés, Beteta ha negado que sea caro. Es más, ha asegurado que "no puede ser más barato" porque el mecanismo de pago ofrece la posibilidad de dos años de carencia y diez años para devolver los préstamos.
   En cuanto a los planes de ajuste, el secretario de Estado ha respondido a la diputada que cada administración tendrá "libertad para elegir entre cobrar más o gastar menos o un mix de las dos".
 "Yo creo en la libertad de cada administración. Sólo exijo que se cumpla la estabilidad presupuestaria. Hay facturas en pesetas y es algo que nos debería avergonzar", ha explicado.