miércoles, 26 de enero de 2011

El SIP liderado por Cajastur y CAM inicia la reestructuración de plantilla y oficinas

OVIEDO.- El proceso de reestructuración de Cajastur enmarcado en la integración plena en el nuevo banco junto con CAM, Caja de Extremadura y Caja Cantabria ha comenzado a ejecutarse este martes con la apertura del periodo de solicitud para la prejubilación y los trámites para la racionalización de la red de oficinas, según ha informado Cajastur. 

   Las medidas que se ponen en marcha forman parte del compromiso de las entidades integrantes del SIP con el Banco de España para mejorar la eficiencia y adecuar la estructura comercial.
   El proceso de prejubilación comienza a ejecutarse una vez que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ha recibido el visto bueno de la autoridad laboral.
   Los empleados de la caja que cumplan los requisitos establecidos en el acuerdo laboral suscrito por amplia mayoría de la representación sindical en el conjunto de entidades del SIP (CCOO, UGT, CSICA, CSI-CSIF y SICAM) podrán a partir de hoy y durante un plazo improrrogable de 30 días presentar su solicitud de acogimiento al programa de prejubilaciones.
   Por otra parte, se ha puesto también en marcha el plan de racionalización de la red de oficinas, que se desarrollará en los próximos meses. El ajuste de la red comercial se realiza a partir de los criterios de solapamiento de oficinas de las entidades integrantes del SIP y de eficiencia.
   El proceso se inicia con el ajuste de las oficinas en el territorio natural de cada caja y la definición final del mismo se irá concretando en los próximos meses en el territorio de expansión y en el mercado natural del resto de entidades participantes en el SIP, con un volumen de reducción de la red de más de 400 oficinas sobre el total de 2.200 que cuenta actualmente el conjunto de entidades. En el primer trimestre del año 2011 Cajastur procederá al cierre de 11 oficinas en su territorio natural.
   El nuevo banco creado por CAM, Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria se constituyó el pasado 28 de diciembre de 2010, y, el acuerdo de desarrollo del Contrato de Integración suscrito el pasado 27 de julio de 2010 implica acogerse al ejercicio de la actividad financiera por vía indirecta, figura que está expresamente recogida en la nueva regulación de reforma de la LORCA. Éste fue el primer Grupo que se acogió a esta novedosa figura, que ha resultado del pacto de PSOE y PP para la reforma del sistema de cajas de ahorro español.
   El plan de aportaciones, que se aprueba en virtud del acuerdo de desarrollo, se concreta en la segregación total y la aportación de todos los activos y pasivos afectos al negocio financiero a favor de la Entidad Central del SIP.
   El nuevo grupo consolidable funcionará como una única entidad, en la cual la gestión del negocio minorista en los territorios naturales de cada una de las cajas estará orientada a preservar la identidad individual de las cajas, actuando el grupo como una entidad multi-marca que potenciará el valor de la franquicia local sin entrar en competencia entre las entidades que lo componen en cada uno de sus respectivos territorios naturales.
   La elección de este modelo de integración responde al objetivo de desarrollar el proyecto en las condiciones más adecuadas para afrontar los retos de la actual coyuntura y a fin de implementar de la manera más eficiente posible (incluyendo desde el punto de vista económico, contable, fiscal, legal y regulatorio) los objetivos del SIP.
   El modelo de integración plena permite disponer de la mejor estructura y recursos para cumplir los requerimientos que están planteando los mercados financieros, las agencias de rating, el Banco Central Europeo y el Banco de España.
   El nuevo grupo contará inicialmente con unos recursos propios básicos de 7.400 millones de euros, que se reforzarán con la aportación de 1.493 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
   El grupo nace con  una solvencia y fortaleza financiera contrastada, con un volumen de activos superior a los 130.000 millones de euros, la quinta del país por tamaño, un volumen de negocio en torno a 160.000 millones de euros, un ratio de solvencia de 12,1 por ciento y un ratio de recursos propios básicos (Tier 1) del 9,3 por ciento a cierre de 2009, lo que permite hacer frente a los requisitos regulatorios internacionales.
   El tamaño del grupo le permitirá lograr eficiencias y economías de escala que redunden en un mejor servicio para sus clientes, ofreciéndoles los productos y servicios más competitivos en ahorro y financiación.

Esade avisa del riesgo de vender las cajas de ahorros "a precios de saldo"

BARCELONA.- La escuela de negocios Esade avisa del riesgo de que la reforma para recapitalizar el sistema financiero anunciada por el Gobierno derive en la venta de las cajas de ahorros a inversores internacionales "a precios de saldo".

   El profesor del departamento de Finanzas de Esade Jesús Palau abogó por reforzar la solvencia de las entidades con carencias de capital a través de fondos públicos.
   "Existe el riesgo de que los inversores internacionales entren en el capital de las cajas de ahorros a precio de saldo. Podríamos acabar por regalar las cajas a cuatro duros, pero para malvenderlas a un tercero es mejor que nos las quedemos el conjunto de los españoles", argumentó.
   A su parecer, no resultaría un problema para el Estado elevar su deuda por el importe del capital adicional que necesitan bancos y cajas, unos 20.000 millones de euros según las estimaciones realizadas por el Banco de España y que maneja el Gobierno.
   Palau sostiene que el endeudamiento de España es muy inferior al de Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, así como sus necesidades de financiación globales para este ejercicio.
   Los 90.000 millones de financiación que necesita España para este año son muy inferiores a las necesidades de Italia (234.000 millones), Alemania (220.000 millones) y Francia (180.000 millones), recordó.  
   En este sentido, alega que no existen condiciones objetivas para que no se puedan sumar a la deuda del Estado los 20.000 millones de euros que podrían ser necesarios para fortalecer la solvencia de las entidades.
   En cualquier caso, el volumen de deuda del Estado no superaría los porcentajes sobre el PIB que registran estos países europeos, enfatizó el profesor de Finanzas de Esade.  
   Sobre si las necesidades de capitalización de 20.000 millones identificadas por el Gobierno se ajustan a la realidad, Palau recalcó que es necesario conocer más en profundidad la calidad de los activos inmobiliarios de las cajas de ahorros.
   El profesor recordó la existencia de conflictos de intereses entre los bancos internacionales que elaboran informes sobre las carencias de capital en España, país en el que podrían desembarcar como inversores.
   Por otro lado, aclaró que aún se desconocen los nuevos requisitos de capital superiores al 8% que se establecerán para las cajas de ahorros, a falta que el Gobierno detalle el umbral para las entidades que no cotizan y tienen un elevado peso de financiación externa.

El 'core capital' de las cajas de ahorro dependerá de los ejercicios de transparencia

MADRID.- La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha asegurado que el ratio de capital que las entidades financieras no cotizadas, es decir, las cajas de ahorros, podrían necesitar se determinará con el "asesoramiento" del Banco de España y los datos que proporcionan los "ejercicios de transparencia" que en estos momentos llevan a cabo las entidades, "con datos que tiene que aportar a final de mes". 

   En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Salgado ha reiterado que la horquilla se sitúa entre el 9% y el 10%, pero que la cifra definitiva será determinada en el próximo decreto ley que el Gobierno aprobará en febrero y que recogerá el plan del Ejecutivo para recapitalizar las entidades.  
   Anteriormente, en declaraciones a TVE, Salgado avanzó que dadas las dificultades para financiarse de las cajas de ahorros en los mercados mayoristas podrían necesitar un core capital superior al del resto de entidades, ante las dificultades para financiarse en los mercados mayoristas.
   El decreto ley presentado el lunes exige a las todas entidades financieras un ratio del 8% de sus activos ponderados por riesgo, pero superior en el caso de sociedades no cotizadas o entidades que no tengan presencia significativa de inversores privados y cuya dependencia de los mercados financieros sea superior al 20% de sus activos.  
   Salgado también insistió en que los 20.000 millones de euros estimados por el Banco de España "serán suficientes" para atender a las necesidades de capital del sistema financiero español porque permitirán a bancos y cajas cumplir con los requisitos de capital.

Las cajas de ahorro pueden necesitar un ratio de capital de entre el 9% y el 10%

MADRID.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha avanzado que las entidades financieras no cotizadas, es decir, las cajas de ahorros, podrían necesitar un ratio de capital de entre el 9% y 10%, aunque el porcentaje definitivo aún no está aprobado.

   La ministra señaló, en declaraciones a TVE, que el Ejecutivo tiene previsto aprobar el ratio definitivo de capital para estas entidades antes de que se apruebe el decreto ley en febrero, y subrayó que dadas las dificultades para financiarse de las cajas de ahorros en los mercados mayoristas podrían necesitar un core capital de entre un 1% y un 2% superior al del resto de entidades.
   El decreto ley presentado el lunes exige a las todas entidades financieras un ratio del 8% de sus activos ponderados por riesgo, pero superior en el caso de sociedades no cotizadas o entidades que no tengan presencia significativa de inversores privados y cuya dependencia de los mercados financieros sea superior al 20% de sus activos. 
   Salgado también insistió en que los 20.000 millones de euros estimados por el Banco de España "serán suficientes" para atender a las necesidades de capital del sistema financiero español porque permitirán a bancos y cajas cumplir con los requisitos de capital.
   "Los analistas han dado cifras sobre las necesidades adicionales de capital del sistema español que van desde 17.000 millones a 80.000 millones, pero no hay base para esta estimación", subrayó Salgado, quien explicó que el nuevo decreto ley no va a recoger esta cantidad, sino que el texto va sólo se referirá a los porcentajes de capital que se exigen.
   La ministra también explicó que las cajas, por su "especial gobernanza", siempre son objeto de mayores críticas que los bancos, pero que si llegado el caso hubiera algún banco que no cumpliera con las condiciones mínimas de capital el camino sería el mismo, es decir, la entrada del Gobierno a través del Frob.
   En este sentido, la ministra insistió en que el dinero que el Estado invierta en el sistema financiero en caso de que no cumplan los niveles de capital no tendrá coste para el contribuyente, e indicó que, a su juicio, el término 'nacionalización' no es acertado para definir la intervención que el Estado.
   "El Estado aportará en forma de capital la cantidad de dinero que las cajas precisen, pero esa participación será temporal. Pasados cinco años desinvertirá y, por tanto, habrá un inversor privado que sustituya al Estado sin coste para el contribuyente. El dinero será reintegrado", subrayó la ministra.
   Respecto al plazo hasta septiembre para lograr el capital necesario, la ministra defendió que "es suficiente" y que no supondrá una dicultad añadida para que el crédito vuelva a fluir hacia la economía porque las entidades cuentan con el respaldo del Estado a través del Frob.
   "Los ratios de capital están calculados con datos a 31 de diciembre de 2010 por lo que las nuevas exigencias no deberían influir en la gestión del crédito a lo largo de 2011", subrayó la ministra. "Todo lo contrario, debería ir mejor", añadió.
   Asimismo, explicó que con independiencia de que se dé un plazo para que las entidades puedan captar capital de forma privada, al contar con la ayuda del Frob es como si ya cumplieran con los nuevos niveles exigidos, por lo que, a su juicio, la razón de que el crédito no fluya en la actualidad con normalidad es la dificultad de las entidades para financiarse en el mercado mayorista.
   Salgado también defendió que la reforma anunciada el lunes no llega tarde, sino que complementa la ya iniciada por el sector y que ha reducido el número de cajas a 17. Asimismo, subrayó que el hecho de que los SIP hayan tomado la decisión de transferir al banco unidad central el 100% de las activos y pasivos bancarios va a facilitar esta reestructuración adicional.

La recaudación de nuevos impuestos sobre el juego irá a las autonomías

MADRID.- La totalidad de la recaudación tributaria que generen los impuestos sobre las nuevas modalidades de juegos, incluidas las apuestas 'online', previstas en el proyecto de la Ley del Juego, que está ultimando el Gobierno, servirán para financiar a las comunidades autónomas, según ha afirmado el director general de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Gonzalo Fernández. 

   "En principio, toda la recaudación fiscal, tributaria, que genere el nuevo mercado, entendiendo por tal los nuevos canales y las nuevas modalidades de juegos y apuestas, salvo gastos, por así decirlo, va a las comunidades autónomas. El Estado no tiene intención de mantener ningún ingreso", ha asegurado Fernández.
   En este sentido, el máximo responsable de LAE ha asegurado que la Administración General del Estado no tiene "vocación recaudatoria"  y ha subrayado que "la voluntad es que todo lo que genere este nuevo mercado sea financiación de comunidades autónomas". Sobre los nuevos tributos previstos en el anteproyecto de Ley del Juego, ha indicado que se trata de "un marco tributario claro y suficiente como para que exista el mercado".
   En cuanto al calendario previsto, Fernández ha señalado que el proyecto de Ley se aprobará previsiblemente en los próximos Consejos de Ministros e "incluso" en el de esta semana. El viceprecidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya adelantó a finales de 2010 que la intención del Ejecutivo era aprobar este proyecto en enero de 2011.
   Asimismo, el director general de LAE espera que las primeras licencias, que contempla el anteproyecto de Ley de Juego para las empresas que quieran desarrollar juegos o apuestas 'online' en España, pueden empezar a entregarse en 2011, después de que el proyecto de Ley supere la tramitación parlamentaria.
   Durante su intervención, Fernández ha afirmado que la intención de la futura Ley del Juego es "regular una realidad fáctica", ya que actualmente en España hay muchos operadores que se dedican al negocio de las apuestas 'online', pero que no tributan en España porque no tienen su sede en otros países y porque en España no hay una regulación que contemple determinadas modalidades de juego, como las apuestas a través de Internet.
   En este sentido, el director general de LAE, aunque no ha querido entrar a valorar en detalle el panorama de las apuestas 'online' en España, porque "no hay cifras oficiales", ha señalado que el 85 por ciento de ingresos del comercio electrónico relacionado con el juego va desde España hacia el extranjero, mientras que el 15 por ciento restante se juega en España.
   El objetivo de la nueva Ley del Juego es precisamente "tratar de reordenar ese puzzle", según ha indicado Fernández, quien ha asegurado que la nueva legislación va a respetar el "estatus quo" del sector. Asimismo, ha apuntado que la legislación servirá para dar una mayor protección a los menores y a las personas que sufren de ludopatía frente al juego, y dar garantías a los operadores con licencia de que en el sector se produce "una competencia legítima".
   Sobre este asunto, Fernández ha indicado que actualmente no se produce esa competencia justa, ya que hay operadores con licencia y otros que están actuando sin ella. Por ello, ha anunciado que la futura Ley del Juego incorporará medidas para dotar "de instrumentos" al órgano de regulación y control del sector, la Comisión Nacional del Juego, para "cortar el flujo --de ingresos-- sobre aquellos operadores que no tengan licencia" actuando sobre los operadores de telecomunicaciones, los medios de comunicación en los que se anuncian o las compañías que sirven de intermediarios en los sistemas de pago a través de Internet.  
   El borrador del anteproyecto establece como base imponible de los nuevos impuestos del juego los ingresos brutos de las casas de apuestas, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que puedan obtener directamente derivado de su organización o celebración.
   Las tasas que tendrán que pagar las empresas de juego en España variarán en función del tipo de apuestas. Concretamente, las que recibirán una mayor gravamen son las apuestas deportivas mutuas (aquellas en la que un porcentaje de la suma de las cantidades apostadas se distribuye entre los apostantes que hubieran acertado el resultado), que estarán gravadas con un 22 por ciento sobre los ingresos brutos.
   Además, el anteproyecto ofrece la posibilidad a las Comunidades Autónomas de elevar cada uno de estos impuestos hasta un máximo del 20 por ciento para los juegos que sean gestionados por operadores u organizadores con domicilio fiscal en su territorio.
   El anteproyecto establece una regulación para el sector del juego en España que tendrá que cumplir todas las empresas dedicadas al juego de ámbito estatal. La Comisión Nacional del Juego será el órgano encargado de otorgar las licencias para poder operar a estas empresas, así como de convalidar a los operadores reconocidos por otros Estados miembros de la Unión Europea.
   El texto también obliga a los operadores a realizar una "gestión responsable del juego", lo que les compromete a reducir cualquier riesgo de daño potencial a la sociedad prestando la debida atención a los grupos de riesgo, colaborar activamente con las autoridades encargadas de la prevención del blanqueo de capitales o proporcionar al público la información necesaria para que pueda hacer una selección consciente de sus actividades de juego, entre otras obligaciones.
   Para proteger a los menores y personas que hayan desarrollado una ludopatía, el Ejecutivo también incluye sendas prohibiciones para los menores e incapacitados legalmente y para las personas que voluntariamente hayan solicitado que les sea prohibido el acceso al juego.  
   En general, el anteproyecto prohíbe cualquier tipo de juego que "atente contra la dignidad de las personas, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, contra los derechos de la juventud y de la infancia, o contra cualquier derecho o libertad reconocido constitucionalmente".
   El anteproyecto también recoge un régimen sancionador con sanciones que van desde multas de 100.000 euros para infracciones leves; de entre 100.000 euros y 1 millón de euros para las graves; y de entre 1 millón de euros y 50 millones de euros o la revocación de la licencia para infracciones muy graves.
   Son consideradas sanciones muy graves alterar o manipular sistemas técnicos relativos a la obtención de premios, organizar apuestas sin licencia o 'amañar' los resultados. Mientras, son infracciones graves permitir el juego a personas que lo tienen prohibido o la concesión de préstamos a los jugadores.

El PSRM asegura que Zapatero "no avala" el recorte de Valcárcel a los empleados públicos

MURCIA.- La candidata socialista a la Presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui, aseguró hoy que "los socialistas murcianos y españoles estamos en contra de las medidas tomadas por el presidente Ramón Luis Valcárcel" en la Región de Murcia, porque supone "el recorte a los empleados públicos y a sus derechos sociales".

   Retegui hizo estas declaraciones a preguntas de los medios y en clara referencia a las del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que reconoció este lunes que la Región de Murcia "ha cumplido" con el plan de ajuste, plasmado en la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, aún a costa de "consecuencias sociales delicadas".
   Los socialistas, añadió, "estamos de acuerdo en que el ajuste es imprescindible". Un ajuste, apostilló García Retegui, "que viene obligado por el presidente Zapatero, porque la Región de Murcia con su despilfarro ha sobrepasado todos los límites del déficit".
   Tras lo que señaló que Zapatero, en esa comparecencia, indicó también que la decisión sobre qué partidas presupuestarias se recortan era competencia de la Comunidad Autónoma, lo que, según Retegui, viene a decir que "los socialistas no avalamos el recorte a los empleados públicos ni a sus derechos sociales".
   Lo que sí avalamos, concluyó la candidata a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia, "es que hay que hacer un ajuste, pero mantenemos ese no al recorte social y salarial de los empleados públicos".

Entrevista de Punset en 'Redes', de TVE 2, al científico murciano Dr. García Olmo


MURCIA.- Nacido en la carretera de Alcantarilla, Damián García-Olmo, profesor titular de Cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid y cirujano del Hospital Universitario La Paz, es uno de los científicos españoles que más resultados ha obtenido con el uso de células madre adultas en el tratamiento de diversas enfermedades.

Actual jefe de cirugía y director de la Unidad de Terapia Celular en el  citado Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, pronunció el jueves de la semana pasada en Murcia,  la conferencia  titulada 'Células Madre, cicatrización y cirugía', invitado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia.

Tres días después aparecía en el programa 'Redes', de divulgación científica, en La 2 de TVE, entrevistado por Eduardo Punset, dando una lección magistral sobre el tema gracias a una didáctica muy elaborada de profesor universitario. Se puede visionar 'pinchando' en el siguiente enlace:

martes, 25 de enero de 2011

El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en la adjudicación de la concesión del aeropuerto de Corvera


MURCIA.- El Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en la adjudicación del aeropuerto internacional de la Región que se construye en Corvera. En el anteproyecto de su informe, que está todavía en fase de alegaciones, el Tribunal destaca que el proyecto fue adjudicado con «un alza del 43,62% sobre el presupuesto de licitación» y recuerda que esta circunstancia «implica una infracción» del Reglamento de la Ley de Contratos del Estado, en el que se recoge que, «si alguna proposición económica excede el precio de licitación, debe ser desechada de la mesa», según 'La Opinión'.

El contrato fue adjudicado a la sociedad promotora del proyecto, Aeromur, que desde 2001 había tramitado los permisos y las autorizaciones previas. El Tribunal recuerda que las obras debían estar acabadas el 24 de julio de 2010, pero en marzo del pasado año sólo se habían ejecutado 17,4 de los 148,2 millones que debían haberse gastado hasta entonces, aunque «no consta la concesión al contratista de prórrogas ni de expedientes de suspensión de las obras que pudieran ampliar esta significativa demora».

El Tribunal no ve claro el criterio seguido para adjudicar el contrato a Aeromur, que dio lugar a un recurso contencioso por parte del grupo constituido por Acciona y la firma murciana Hispa Group. En su informe precisa que el presupuesto de licitación incluido en el contrato ascendía a 185 millones de euros, pero fue adjudicado en 265,9 millones. 

Esta diferencia se debió a las previsiones de Aeromur, «realizadas sobre unas estimaciones de demanda potencial de 5,2 millones de pasajeros para la fase inicial y de 14 millones para la ampliación, ambas muy superiores a las que se habían tenido en cuenta en las actuaciones preparatorias del contrato», que eran de 1,5 millones de usuarios anuales en la primera fase y de tres millones en la segunda.

El Tribunal critica este procedimiento y señala que «la adjudicación del contrato para la construcción del aeropuerto con una capacidad muy superior a las necesidades previstas es contraria, además, a los principios de eficiencia, de economía y de racionalidad del gasto público». Concluye que «la adjudicación del contrato con un importe superior al presupuesto de adjudicación es una infracción del artículo 84» del Reglamento de la Ley de Contratos del Estado. Esta decisión tampoco se considera ajustada a los principios de «transparencia, publicidad y objetividad».

Añade que en la adjudicación, obtuvo mejor valoración técnica el otro grupo, mientras que en la valoración económica logró una puntuación más alta Aeromur. El informe considera esto «incongruente» con el retraso del plan de financiación recogido en el contrato, que no pudo llegar a cumplirse debido a los problemas de la concesionaria para conseguir los 200 millones destinados a costear las obras. 

Estas dificultades obligaron a la Comunidad Autónoma a avalar un crédito por este importe en 2010, después de que la obra sufriera un parón de casi un año, «a pesar de que el acuerdo entre el adjudicatario y las entidades financieras fue calificado como «excelente». Aunque el contrato se firmó en julio de 2007, «por diversas circunstancias, entre las que se invoca la crisis internacional, el compromiso de financiación no llegó a materializarse en el plazo máximo de 18 meses», lo que dio lugar a una sanción de 120.000 euros.

Egipto vive la mayor jornada de manifestaciones contra el Gobierno en 30 años

EL CAIRO.- Unas 20.000 personas se han manifestado este martes en El Cairo y varias de las principales ciudades de Egipto en contra del Gobierno, en lo que ha supuesto la mayor jornada de movilizaciones contra el Ejecutivo en los 30 años de mandato del presidente Hosni Mubarak.

   Los manifestantes se han enfrentado a la Policía, que ha utilizado cañones de agua y gases lacrimógenos para disolver las protestas, unas movilizaciones sin precedentes en las últimas tres décadas e inspiradas en la revuelta popular que supuso el fin del régimen de Zine el Abidine Ben Alí en Túnez.
   Con gritos como "abajo, abajo, Hosni Mubarak" los manifestantes se han enfrentado a las fuerzas de seguridad y han respondido a los cañones de agua y los gases lacrimógenos lanzando botellas y piedras.
   Algunos manifestantes han perseguido a policías por las calles de El Cairo e incluso un cámara de Reuters ha tenido oportunidad de grabar cómo uno de los policías ha decidido unirse a los manifestantes.
   En la ciudad de Alejandría, los manifestantes han derribado una fotografía del presidente Mubarak y otra de su hijo, Gamal, a quien muchos egipcios sitúan como sucesor de su padre cuando renuncie. Los manifestantes en El Cairo, que se han sumado al llamamiento a la acción realizado por activistas en Internet, han gritado consignas como "Gamal, dile a tu padre que los egipcios te odian".
   La causa de las movilizaciones en Egipto es similar a la que originó las protestas en Túnez: la subida de precios de los alimentos, la pobreza, el desempleo y un régimen autoritario que reprime rápida y brutalmente las manifestaciones.
   "Túnez, Túnez", han gritado los manifestantes en las protestas en todo el país, que podrían haber congregado a unas 20.000 personas o más en El Cairo y en otras ciudades principales.
   Las manifestaciones en Egipto generalmente sólo congregan a unos pocos centenares de personas. El elevado número de asistentes y el hecho de que las manifestaciones se celebren de manera coordinada en varias ciudades como nunca antes había ocurrido supone un hecho sin precedentes desde que Mubarak asumió el cargo en 1981.
   "Lo que está ocurriendo hoy es una importante advertencia al sistema. Es una extensión de las frustraciones contenidas y las protestas continuadas. También es nuevo que haya una nueva generación que está utilizando nuevas herramientas", ha opinado el analista político Nabil Abdel Fattah.
   En su opinión, las manifestaciones podrían ganar empuje si el Estado no acepta las reclamaciones de reformas que piden los manifestantes. Con la mayoría de los grupos de oposición fracturados, los activistas en Internet han liderado el llamamiento a las movilizaciones de este martes, conocidas como 'El día de la ira contra la pobreza y la represión'.
   Con la afluencia conseguida en las manifestaciones de este martes, los activistas 'on line' han demostrado su capacidad para hacer llegar sus llamamientos para el cambio político a una audiencia más amplia. Hasta el momento, el descontento social contra el Gobierno se había limitado a Internet.
   "Estamos reunidos aquí para reclamar nuestros derechos. No podemos vivir. Todo es caro y hay desempleo. Queremos que los precios bajen. Este Gobierno es la razón de nuestro sufrimiento", ha asegurado Ibrahim, un manifestante de 33 años de edad en la ciudad de Mahalla el Kubra, escenario de las revueltas de 2008 por la subida de precios y la escasez de pan subvencionado.
   Además de en El Cairo, ha habido manifestaciones en las localidades de Ismailia y Suez, situadas al este de la capital, y en otras ciudades del delta del Nilo como Mansoura y Tanta y en el norte del Sinaí.
    "¿Dónde estás, libertad?", ha sido el grito de los manifestantes en Ismailia, mientras que los congregados en Alejandría han proclamado consignas como "Revolución, revolución, como un volcán, contra Mubarak el cobarde". Cuando han comenzado los enfrentamientos en la capital egipcia, los manifestantes han reclamado a los Policías que no actuaran con violencia. "Mantened la paz. Nadie tira nada", han gritado.
   Algunos de los manifestantes han ironizado con el destino que le esperará a Mubarak, similar al del derrocado presidente de Túnez, Zine el Abidine Ben Alí, que dejó su país para refugiarse en la vecina Arabia Saudí. "Mubarak, Arabia Saudí te espera", han proclamado.
   Una fuente de seguridad ha informado de que han sido detenidas quince personas en la capital, mientras que otra fuente ha asegurado que dos oficiales han resultado heridos en Suez por piedras lanzadas por los manifestantes. La Policía se ha llevado a algunos manifestantes a sus vehículos, según testigos.
   En el norte de Sinaí, fuentes de seguridad y testigos han explicado que decenas de manifestantes que han quemado neumáticos y han bloqueado la carretera que lleva a Rafá, en la frontera con Gaza, han reclamado la liberación de prisioneros. Esta zona está sometida a la tensión entre beduinos y Policía.
   Antes de la celebración de las manifestaciones en El Cairo y las principales ciudades del país, el ministro del Interior, Habib al Adli, había asegurado, en una entrevista concedida a un periódico estatal, que se actuaría con firmeza contra cualquier persona que incumpla la Ley y que los manifestantes serían arrestados.
   Uno de los oficiales de seguridad que ha estado trabajando en las protestas en El Cairo habría asegurado que tienen órdenes de no enfrentarse a los manifestantes, según se ha podido escuchar en una de sus conversaciones por móvil.
   Los analistas políticos confiaban en que las autoridades de El Cairo mostraran una actitud más tolerante por miedo a provocar un descontento social como el que sufrió Túnez hace unas semanas y que acabó con 23 años de régimen presidido por Zine el Abidine Ben Alí.

El Ejército tunecino dispara al aire

Fuerzas militares tunecinas han disparado este martes al aire para dispersar a cientos de manifestantes en la ciudad de Gefsa, en el centro del país, según han declarado los testigos, que han añadido que una persona se ha prendido fuego en el interior de las oficinas de un sindicato regional.
   Se trata de la primera vez desde la caída del presidente Zine al Abidine Ben Alí en que el Ejército interviene en una manifestación. Esta intervención llega un día después de que las Fuerzas Armadas tunecinas se comprometiesen a respetar la revolución en marcha.
   Las protestas en Túnez se iniciaron después de que el joven Mohamed Bouazizi se inmolase el pasado 19 de diciembre en protesta contra las autoridades. Su gesto ha sido repetido en otros países árabes y en el propio Túnez como un símbolo de queja contra los gobiernos.

La sociedad tunecina no considerará que el proceso democratizador que se está desarrollando en el país ha concluido mientras no se disuelva el nuevo Gobierno interino y se ilegalice el partido del presidente depuesto Zine el Abidine Ben Alí, según las conclusiones de una misión internacional de observación de la Red Euro-Mediterránea de Derechos Humanos (REMDH).
   La REMDH ha constatado que los acontecimientos ocurridos entre el 17 diciembre y el 15 de enero constituyen un "alzamiento independiente del pueblo tunecino, exasperado por la falta de libertad, de justicia social y de democracia, así como por la constatación de una corrupción sin precedentes en beneficio de un clan familiar y político".
   Una delegación de esta agrupación formada por unas 60 asociaciones pro Derechos Humanos de distintos países, muchas de ellas tunecinas, se entrevistó en la capital del país magrebí entre el 18 y el 22 de enero con representantes de asociaciones de la sociedad civil, sindicalistas, magistrados, periodistas y representantes de los ministerios de Justicia e Interior, entre otros.

Unas 40.000 personas se manifiestan pacíficamente por la Gran Vía de Murcia



MURCIA.-Unas 40.000 personas portando velas y vestidas de oscuro, 60.000 según los sindicatos convocantes, se han manifestado pacíficamente por séptima vez esta tarde durante más de dos horas por la Gran Vía de Murcia, pasado por delante del domicilio del presidente de la Comunidad Autónoma dentro de itinerario previsto y sin que tuviera que intervenir la Policía presente en el lugar, en protesta por los recortes a sus condiciones de trabajo y retribución aprobados hace un mes en la Asamblea Regional sin mediar negociación con los agentes sociales. Entre los asistentes predominaban los empleados públicos de Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

En una pancarta gigante que abría la marcha se podía leer 'Los servicios públicos son de todos'. Y algunos manifestantes portaban dos ataúdes con escritos alusivos a su protesta, en los que apuntaban 'No al tijeretazo, dignidad y resistencia' o 'No dejaremos que entierren los derechos de los empleados públicos'.

En medio de un fuerte despliegue policial, al son del réquiem de Mozart la marcha ha transcurrido sin incidentes bajo una llovizna intermitente y sin que se hayan producido lanzamientos de huevos frente al domicilio de Valcárcel, donde también había servicios de orden de los propios sindicatos portando un brazalete verde.

Al paso frente al domicilio de Presidente en el número 9 de la Gran Vía, donde en otras convocatorias se ha saldado con lanzamiento de huevos, en esta ocasión ha sido  ejemplar. Un cordón sindical unidos por las manos hizo de barrera y los manifestantes aplaudieron, al tiempo que éstos levantaban sus manos y velas al aire, tras un minuto de silencio antes de proseguir la marcha.  

Algunos de los asistentes trasladaban a hombros dos ataúdes con escritos alusivos a su protesta y eran mayoría los que desfilaban en silencio, siguiendo así la petición de las ocho organizaciones convocantes.

Tras esa parada, los manifestantes se han dirigido a la sede de la Consejería de Economía y Hacienda, donde ha finalizado la protesta.

Los representantes de UGT, CSI.F, CCOO, Satse, Sterm-Intersindical, ANPE, SAE y SIDI habían demandado la "máxima" participación ciudadana en esta protesta "como garantía fundamental para conseguir derogar dicha Ley". 

Los líderes de estas formaciones se han incorporado tarde a la marcha, pues previamente se han reunido con el Gobierno regional para fijar un calendario de negociaciones con la intención de revisar los recortes a los empleados públicos que prevé la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y acabar así, de una vez, con las manifestaciones de funcionarios autonómicos.

El secretario general de CCOO, Daniel Bueno,se trata, advirtió, "de un logro de las movilizaciones de los miles de trabajadores el que el presidente nos haya recibido y se muestre dispuesto a establecer un diálogo, aunque condicionado, y revisar su contenido". 

   "Vamos a intentar ese proceso y en una semana o diez días sabremos si el proceso de negociación camina o no positivamente", insistió Bueno.

Por su parte, el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, recordó que las organizaciones sindicales exigen la "reversión" de la Ley, "porque es muy perjudicial para 55.000 empleados públicos y el conjunto de la sociedad murciana". 

El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, aseguró por su parte que, ante la respuesta "contundente y masiva" de la ciudadanía de la Región de Murcia, Valcárcel "debe tomar muy buena nota y, a partir de ahí, tomarse muy en serio la negociación que ha de llevar a cabo con los sindicatos".

   Según Pujante, la negociación "debería pasar por una derogación de la Ley" o, en todo caso, "modificarla por otra consensuada con los agentes sociales y grupos parlamentarios". Buscar, de esa forma, "una salida alternativa a la situación de déficit público que está padeciendo la Región, como que paguen más los que más ganan y tienen".



Fotoperiodismo de Concha Cano / Juan Oliver 
Vídeo de Juan Oliver 

Hispania espera probar su nuevo monoplaza antes de Bahréin

LONDRES.-La escudería Hispania está haciendo todo lo posible para conseguir poner en pista su nuevo monoplaza antes de la prueba final de la pretemporada de Fórmula Uno en Bahréin, dijo el martes el director del equipo, Colin Kolles. 

El indio Narain Karthikeyan, el único piloto con el que cuenta el equipo español actualmente, dijo a la prensa de su país que no esperaba conducir el monoplaza 2011 hasta la cuarta y última prueba de pretemporada, que se desarrollará desde el 3 al 6 de marzo.
Sin embargo, Kolles dijo a Reuters que el equipo no tendría que usar el monoplaza 2010 en las tres primeras pruebas en España.
"Estamos tratando de terminar (el monoplaza nuevo) antes", dijo.
"No es seguro que no vayamos a estar listos para las pruebas en España. Es uno de los objetivos estar allí (...) Estamos luchando día y noche para hacerlo", añadió.
Kolles dijo que las obligatorias pruebas de choque se llevarán a cabo "a tiempo" con la nueva carrocería
Hispania, que tiene el presupuesto más bajo de la F-1 y se encuentra sujeta a constantes especulaciones sobre su futuro, es uno de los tres equipos nuevos que no lograron ningún punto en la temporada pasada.
La escudería no realizó pruebas para la temporada pasada antes de la primera carrera en Bahréin por problemas financieros.
La temporada 2011 comienza en el mismo lugar el 13 de marzo.
Karthikeyan no ha competido en la F-1 desde que era parte de Jordan en 2005, aunque fue piloto de pruebas de Williams en 2006 y 2007. El indio conducirá el monoplaza 2010 en la primera prueba de Valencia la próxima semana.

En Comisaría

El consejero Pedro Alberto Cruz permaneció ocho minutos y medio en la Comisaría de Policía, donde fue atendido por un funcionario de seguridad y agentes de un vehículo Z, según señala un informe policial que desmiente la afirmación del consejero, quien declaró el domingo a 'La Verdad' que estuvo 20 minutos en Comisaría y que no salió nadie a atenderle. Según el visionado de las cámaras de seguridad, Cruz, acompañado de una mujer o un hombre, entró en las dependencia a las 18.49.01 horas y salió a las 18.57.37 en dirección al hospital.
 
Cuando llegó a Comisaría, dijo al policía que era el consejero de Cultura y que había sido golpeado por dos personas en la calle Cánovas del Castillo. Llevaba el pómulo izquierdo inflamado a consecuencia de los golpes. El agente informó al coordinador de servicio y se envió un coche patrulla a la zona para hacer una rápida batida. Los policías del coche patrulla regresaron minutos después para hablar con Cruz y conocer detalles. Dado que el consejero estaba bastante aturdido, y a la vista de las heridas, le indicaron que fuera primero al hospital, señala el informe.

Zapatero le vuelve a echar un sospechoso cable a Valcárcel

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoció este lunes que la Región de Murcia "ha cumplido" con el plan de ajuste, plasmado en la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, aún a costa de "consecuencias sociales delicadas".

   En cuanto a la intención de la Generalitat de hacer una nueva emisión de deuda, ha recordado que todas las comunidades autónomas tienen que tener autorización del Ministerio de Economía y que las que tengan déficit excesivo deben presentar planes de ajuste, como han hecho Murcia y Castilla-La Mancha.
   Así, ha señalado que Murcia "ha cumplido" y se ha mostrado convencido de que Cataluña también "lo hará", ya que uno de los mensajes centrales de Mas está siendo el de la contención en el gasto. "Y nosotros vamos a colaborar con Cataluña, como con todas las comunidades autónomas", ha añadido.
   Además, ha recalcado que eso será así aunque las comunidades sean de "otro color político" como es hoy Cataluña y como es también Murcia. No obstante, ha puntualizado que luego cada gobierno autonómico decide en qué partidas y en qué políticas recorta. En la misma línea, ha señalado que todas las comunidades autónomas del PP también han aceptado todas ellas los objetivos de déficit.
   En este sentido, Zapatero ha afirmado este lunes que si Cataluña aprueba el plan de ajuste que necesita para reducir su déficit público podrá volver a emitir deuda.
   El jefe del Ejecutivo ha desvelado que esta misma tarde ha hablado con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para fijar fecha para una primera reunión entre ambos, pero no ha desvelado cuándo se celebrará el encuentro.
   Zapatero ha señalado que es "probable" que Cataluña tenga "cierta desviación" y no cumpla el objetivo de déficit para 2010, pero ha asegurado que ello no afectará al cumplimiento del objetivo del conjunto del Estado.
A continuación, CCOO de la Región de Murcia ha declarado en un comunicado que considera "inadmisibles y fuera de lugar" las declaraciones del presidente José Luis Rodríguez Zapatero en las que "nuevamente vuelve a alabar las medidas de recortes adoptadas por el Gobierno regional en la Ley de Medidas Extraordinarias".
   Para el sindicato, "es inadmisible e impropio de un presidente de un país democrático el que se alaben medidas que son un claro ataque a los derechos sociales y laborales de los trabajadores y un retroceso de la calidad democrática".
   Por todo ello, ha emplazado al PSOE de Murcia a que se manifieste "si comparte o se desmarca de esas afirmaciones, toda vez que parece que Zapatero no sólo ha entendido la letra, sino también la música de la partitura escrita por el Gobierno de Valcárcel y no le desagrada".

IU preguntará si el Ayuntamiento de Murcia "ha percibido 198 millones de convenios urbanísticos de zona norte"

MURCIA.- La concejala de Izquierda Unida en Murcia, Esther Herguedas, ha presentado una moción al Pleno del próximo jueves por la que solicita información sobre "el pago de los 198 millones de euros que debe percibir el Consistorio por la firma de los convenios urbanísticos de la zona norte del municipio".

   En concreto, ha explicado Herguedas en rueda de prensa, esa cantidad "es el resultado de la valoración del aumento de la edificabilidad atribuida a cada uno de los convenios, tasada en 120 euros por metro cuadrado".
   Según la edil, los compromisos se materializan "en una cesión económica, en la construcción de determinadas dotaciones o en ambas cosas, y para todo ello se establecen unos plazos que dependen del desarrollo de los planes parciales a los que da lugar cada uno de esos convenios".
   En este sentido, ha indicado que a fecha de hoy el Ayuntamiento "debería de haber cobrado cerca de 74 millones de euros de un total de 198.293.396 euros, quedando pendiente el resto".
   "Sin embargo, no tenemos información de si se ha cobrado esta cantidad y si los pagos se han realizado en el momento correspondiente, aunque sí sabemos que algunos compromisos, como la entrega del teatro Circo en 2008 o la del campo de golf municipal de Nueva Condomina, no se han materializado, por lo que se estaría incumpliendo los acuerdos establecidos", ha advertido.
   Herguedas también ha pedido en su iniciativa que la información pública sobre los convenios urbanísticos tenga carácter permanente y no se limite solo al momento de su firma, con el fin de cumplir el derecho de la información establecido en la Constitución y la permanente consulta pública a la que se refiere la Ley del Suelo.
   A su juicio, "el posible incumplimiento de sus cláusulas, unido al hecho de algunos de estos convenios están siendo investigados por la fiscalía y podrían derivarse consecuencias jurídicas, son argumentos a tener en cuenta para proceder a una revisión de estos convenios que responden a un modelo urbanístico que ha demostrado su fracaso".

El TSJ Murcia mantiene la imputación al ex alcalde de Totana por nueve delitos

MURCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha acordado mantener la imputación al ex alcalde de Totana y diputado regional, Juan Morales, por nueve delitos, entre los que figura el de cohecho, falsedad documental y malversación de caudales públicos, derivados de la gestión de numerosos convenios urbanísticos y otras operaciones en la localidad, en el marco de la operación Tótem, en la que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio.

   Asimismo, en el auto, dictado por el magistrado instructor de la Sala, Julián Pérez-Templado, se decide acordar el sobreseimiento provisional respecto a Juan Marín Bravo, Francisco Sánchez Martínez, Emiliano Ovide, Vicenta García, Enrique Moya, Antonio Cánovas y Matías Navarro, al no existir indicios concluyentes de actuaciones ilícitas.
   En cuanto a los delitos que se le imputan al ex regidor totanero, se desprenden, según el magistrado, de su gestión de convenios urbanísticos, en concreto el que promovió con la empresa gallega Inmonuar, propiedad de Manuel Núñez Arias, en el Raiguero.
   Para que dicha operación llegara a buen puerto, Morales se involucró en la compra de terrenos a través de personas interpuestas, entre ellas su ex mujer, María del Carmen Jordán, por las que obtendría, a cambio, una "sustanciosa" comisión que se documentó como reconocimiento de deuda de la empresa Inmonuar a Nubia Inversiones por un importe superior a tres millones de euros.
   Por otro lado, Morales también se interesó por la venta de unos terrenos de la sociedad municipal Proinvitosa a favor de Gabriel Martínez, de Huevos Maryper; una operación en la que también participó el presidente de la sociedad, José Miguel Martínez, facilitando la aprobación del negocio.
   Otras actividades acreditadas de Morales fue el envío de dinero a Brasil a través de su pareja, Vaneide Freita, además de llamadas telefónicas a ésta y otras amigas de Brasil con cargo al teléfono municipal, y la sustracción y apoderamiento de expedientes municipales.
   Por todo ello, el magistrado entiende que los hechos son constitutivos de diversos delitos. El primero de ellos, el de cohecho, debido a las comisiones que solicitó mediante personas interpuestas en contratos sobre arrendamientos de servicios para la compra de terrenos.
   La Sala entiende, igualmente, que Morales influyó en su condición de alcalde en la aprobación de actuaciones urbanísticas posteriores, por lo que procede a la imputación de los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y prevaricación; y que redactó documentos a sabiendas de su falsedad, como la expedición de certificados municipales falsos para facilitar el acceso a España de dos ciudadanas brasileñas, incurriendo en una presunta falsedad documental.
   El ex alcalde totanero, durante su gestión al frente del Consistorio, también intervino en una operación que se realizó entre Huevos Maryper y Smufirt Kappa, según la cual la empresa Proinvitosa renunciaba al derecho preferente de adquisición de terrenos municipales al precio original enajenados a la segunda y adquiridos por la primera en detrimento del patrimonio de la empresa municipal de la que era, en su condición de alcalde, presidente de la Asamblea General de la misma.
   Por ello, la Sala considera que los hechos son constitutivos de presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y prevaricación.
   Mientras que los delitos de presunta receptación por blanqueo de capitales y de infidelidad en la custodia de documentos se derivan por utilizar el móvil del Ayuntamiento para hacer llamadas particulares a Brasil, y el envío de una cantidad superior a los 150.000 euros a ese país de una procedencia desconocida y la sustracción y apoderamiento de expedientes oficiales del Consistorio que se encontraron en su domicilio y en la gestoría de la que era propietario, junto con su ex esposa.
   Igualmente, sostiene el magistrado que la pareja de Morales cooperó con éste al exportar dinero a Brasil para la adquisición de un inmueble, manteniendo, de este modo, su imputación por la receptación en la modalidad de blanqueo de capitales.
   La Sala considera también que la ex mujer de Morales, así como el testaferro de éste, Juan Antonio Álvarez; Fulgencio Marín Bravo --de 'Agroproducciones Integradas S.L.--; Domingo Sánchez Martínez --de Visanfer S.S.--; el propietario de Inmonuar y Nuaria Inversiones y promotor del convenio urbanístico con el Consistorio totanero, Manuel Núñez Arias; el director general del Grupo Nuaria, José Antonio Carrocera; el gerente de Nubia Inversiones, Joaquín Carmona; y su socio, José Antonio Alcántara; y el empleado de Núñez, Pablo Maceiras, incurrieron en un presunto delito de cohecho por las operaciones realizadas de arrendamientos, convenios urbanísticos y comisiones, entre otras.
   El magistrado instructor expone que Gabriel Martínez, de Huevos Maryper, intervino en la solicitud de una comisión encubriendo al ex alcalde; hecho constitutivo de un delito de cohecho; y de haber participado también en una operación entre esta empresa y Smurfit Kappa para conseguir la renuncia de los derechos de miembros del Consejo de Administración de Proinvitosa del derecho de adquisición preferente que la empresa tenía sobre los terrenos, incurriendo en un presunto delito de fraude y malversación de caudales públicos.
   Finalmente, imputa al presidente del Consejo de Administración de Proinvitosa, José Miguel Martínez Soler, los presuntos delitos de fraude, malversación y negociaciones prohibidas a los funcionarios y prevaricación por participar, por indicación de Morales, en dar un tratamiento "subrepticio a la solicitud de Kappa y Maryper para adquirir un solar, con pérdida del derecho de adquisición preferente para la sociedad municipal".
   El Ministerio Fiscal y la acusación personada tiene de plazo diez días para formular el escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

Más de un centenar de personas se concentra a las puertas de Sanidad al grito de "la solución es la derogación"

MURCIA.- Más de un centenar de personas se ha concentrado este martes, convocadas por las organizaciones sindicales UGT, CSI.F, CCOO, Satse, Sterm-Intersindical, ANPE, SAE y SIDI, a las puertas de la Consejería de Sanidad, para protestar por la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas al grito de "la solución es la derogación".

   Los manifestantes, empleados públicos y también pertenecientes al sector sanitario, han coreado consignas como 'Palacios, hermosa, trabaja de otra cosa', 'Valcárcel, cariño, los libros de mi niño', 'Valcárcel, guapetón, trabaja de peón', 'Manos arriba, esto es un atraco', así como portado pancartas en las que se podía leer 'No al despilfarro, no a la Fórmula 1', 'Gobierno regional, no nos toquéis los derechos', 'No a las reformas que recortan derechos', y 'La crisis que la paguen los ricos, banqueros y especuladores'.
   Desde CSIF, el presidente del Sector de Comunidad Autónoma, Juan Miguel López, ha explicado que el objetivo de la protesta es "dar a conocer a los ciudadanos los perjuicios de la ley, ya que su calidad se verá repercutida y mermada".
   Por su parte, el secretario de Acción Sindical de Satse, Luis Esparza, ha denunciado públicamente que "no se cubren las necesidades asistenciales, que cada vez están más deterioradas, lo que nos arrastra a pensar que lo que se está pretendiendo es privatizar la sanidad, condicionar a que no exista financiación para la misma y entonces, derivarla a una financiación de tipo privada".
   Mientras que el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, José López, ha apuntado que con esta nueva concentración "se pone de manifiesto que se continúa con la campaña de movilizaciones", ya que, ha reprobado, este decreto "es injusto e ilegal".
   Es por ello por lo que ha reclamado que "sea derogado y suspendido para poder sentarnos a negociar desde el principio unas medidas consensuadas para poder sacar a la Comunidad de la crisis".

El presidente del Sindicato Médico hace de vocero de Valcárcel tras el trato preferente a este colectivo

MURCIA.- El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, se ha mostrado dispuesto a suavizar e, incluso, "hacer modificaciones", en los recortes contenidos en la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas con la intención de "mejorar su aplicación" en aspectos tales como la disminución de los salarios de los empleados públicos y la ampliación de la jornada laboral.

   Así lo ha hecho saber el presidente del Sindicato Médico de Murcia (CESM), Francisco Miralles, quien ha dicho que Valcárcel "se ha mostrado dispuesto a desarrollar la Ley de forma que puedan ser mejoradas determinadas cuestiones fundamentales para todos los empleados públicos y, especialmente, para los médicos".
   El presidente murciano ha transmitido esta postura a Miralles en el transcurso de la reunión que ha mantenido con el Consejo de la Profesión Médica, conformado por el Colegio de Médicos, el CESM, sociedades científicas, la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia y los estudiantes, aunque Valcárcel ha reconocido que el interlocutor que tiene capacidad de negociación es uno de sus integrantes, el Sindicato Médico de Murcia.
   Miralles ha dicho que la Ley de recortes "especifica que los acuerdos sindicales sean derogados", mientras que el compromiso de Valcárcel es que sean "suspendidos o aplazados temporalmente", y que los cambios "no sean estructurales, sino coyunturales".
   Igualmente, Valcárcel ha mostrado dispuesto a revisar la reducción del sueldo habitual al 75 por ciento cuando el empleado público presente una baja por incapacidad temporal, prevista en la Ley, ya que la incapacidad temporal larga "no puede tener un coste económico, evidentemente", alega Miralles.
   El presidente del CESM ha explicado que los permisos y licencias "tendrán que ser en días hábiles, como han sido toda la vida", y que todo lo que afecta a la formación de los profesionales "no puede ser detraído o descontado de las jornadas laborales".
   Por su parte, la reducción de efectivos, según el anuncio de Valcárcel, "va dirigida sólo a aquellos que fueron contratados con las 35 horas de jornada en vigor, y no a aquellos trabajadores de la administración general que fueron contratados con el esquema anterior de 37 horas y media".
   De esta forma, el objetivo es que "no se despida a gente y que los contratados con la nueva jornada, sean trasladados a otras unidades de la Administración regional, tal y como recoge la Ley".
   Además, Valcárcel y el CESM prevén alcanzar acuerdos en la aplicación de la jornada laboral "sin retirar la jornada de 37,5 horas", pero "reconociendo las particularidades del colectivo médico, que no trabaja a turnos, sino en una modalidad diferente a los otros empleados, que sólo tienen que ajustar los turnos". Así, ambas partes han quedado emplazadas a alcanzar un acuerdo en su aplicación.
   Respecto a los temas económicos, Miralles ha dicho que el Gobierno regional "es sensible al recorte económico y salarial de todos los empleados públicos", pero Valcárcel "reconoce que los médicos son  especialmente afectados por ellos", y que "tiene la voluntad de que alcancemos un acuerdo mejorando esos descensos previstos en la Ley".
   Miralles ha confirmado que "no se han especificado las cantidades, pero ambas partes tienen la voluntad de concretar este principio de acuerdo", a cambio del cual, el CESM "estaría aceptando esta Ley que, por otra parte, se hace "porque no hay más remedio que cumplir los requisitos de déficit para que la Comunidad pueda seguir tendiendo liquidez".
   El presidente del CESM ha considerado que Valcárcel "está dispuesto a negociar con todos los sindicatos y hacer extensivas estas medidas a todos los empleados públicos".
   Respecto al calendario de negociación, Miralles ha dicho que han quedado emplazados por la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, para "continuar el diálogo esta misma tarde, porque Valcárcel expresamente quiere que esto no se dilate en el tiempo y las posiciones se concreten en cuestión de días".
   En este sentido, ha ratificado que el CESM continuará la negociación por su cuenta, al margen de la negociación que emprenden el resto de sindicatos. No obstante, ha pedido a otras organizaciones con una sensibilidad parecida a la suya "que se sumen a esta postura y que apoyen las cuestiones generales que el CESM ya tiene compromiso de negociar y, en otras cosas, se sumen a la postura negociadora".
   "Lo mismo que ellos nos piden que nos sumemos a las manifestaciones, nosotros les pedimos que se sumen a la negociación porque los acuerdos se alcanzan mejor", ratificó.
Sin embargo, los sindicatos han criticado el encuentro que ha mantenido esta mañana el presidente de la Comunidad con los miembros del Consejo de la Profesión Médica.
   Según Javier Lanza, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO en Murcia, "se tiende a equivocar que todos los médicos es el sindicato médico, ya que muchos son afiliados a otras organizaciones e incluso han participado en las protestas porque no están contentos con la manera de proceder que está haciendo su organización".
   Por su parte, Juan Miguel López, presidente del Sector de Comunidad Autónoma de CSIF, ha resaltado que las medidas "afectan a todos los empleados públicos", por lo que ha reprobado que "sindicatos favorezcan a un solo colectivo, ya que va en perjuicio del resto de compañeros".
   "Ellos sabrán cuál es su forma de trabajar", ha declarado el secretario de Acción Sindical de Satse, Luis Esparza, quien ha criticado este encuentro al entender que responde a una "forma de proceder en contra de todos los trabajadores". 
"Agradeceríamos que todos estuviésemos juntos", ha concluido.

UPyD dice que el incremento continuo de la deuda plantea "dudas" sobre la viabilidad de Servicio Murciano de Salud

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha expresado hoy su preocupación por el incremento de la deuda del Servicio Murciano de Salud (SMS). A su juicio, "la falta de liquidez está llegando a unos límites que hace poner en duda la propia viabilidad de la Sanidad murciana".

   Para Sánchez, "detrás de este problema está la deficiente gestión que se ha hecho desde la Consejería de Sanidad. El hecho de que la Región de Murcia haya sido una  de las dos Comunidades Autónomas que  ha incrementado el gasto farmacéutico en el pasado año, de hecho lo ha liderado con un aumento del 2 por ciento, es un síntoma de que las cosas no se hacen adecuadamente. Los más de 650 millones de deuda, son una cifra alarmante".
   Para UPyD, continuó, "ciertas decisiones, como centralizar la logística y la distribución se han tomado demasiado tarde". 
Además, "la demora en los pagos convierte a Murcia en la segunda Región más morosa en los pagos a sus proveedores, con un retraso de 617 días, lo que puede provocar que las empresas se planteen su relación con la Consejería de Sanidad", añadió el coordinador regional de UPyD.
   De hecho, insistió Sánchez, "ya hay algunas clínicas privadas que no quieren renovar sus conciertos con el SMS para aligerar las listas de espera".
   "Este panorama es el que nos lleva a pedir desde UPyD que las competencias en Sanidad, sean exclusivas del Estado", concluyó.