MURCIA.- La Abogacía del Estado recurrirá la admisión del recurso contencioso-administrativo presentado por el Gobierno regional de Murcia en el que solicitó la modificación del itinerario de la manifestación prevista para el próximo día 25 de enero por los sindicatos contra la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, según han informado desde la Delegación del Gobierno en comunicado de prensa.
El auto dictado hoy por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, insta a la Delegación del Gobierno a que fije como medida cautelar un itinerario alternativo al previsto en dicha manifestación para que ésta no discurra por delante del nº 9 de la Gran Vía Escultor Salzillo, lugar donde está ubicada la vivienda del presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel.
La mencionada Sala ha citado a la Administración del Estado, a la Fiscalía, a los convocantes de la manifestación y a la Comunidad Autónoma, a una vista que se celebrará el próximo lunes, 24 de enero, a las 11.00 horas en el Palacio de Justicia.
La Delegación del Gobierno ya ha establecido contacto con las organizaciones sindicales convocantes, titulares del derecho fundamental de manifestación, para solicitar su opinión sobre el itinerario alternativo a proponer.
CCOO discrepa del auto del TSJ
CCOO ha aceptado el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ((TSJ) de Murcia, aunque discrepa "profundamente" del mismo al entender que "no hay motivos" para modificar el itinerario de la manifestación de los sindicatos, prevista para el martes, contra los recortes del Gobierno regional.
En concreto, la Sala ha señalado una vista para este lunes, a las 11.00 horas, al objeto de tomar una decisión sobre el itinerario por el que finalmente discurrirá la manifestación de los sindicatos, prevista para el día siguiente.
Sobre ello, CCOO dice haber recibido "con estupor" el auto en el que la Sala de lo Contencioso del TSJ de Murcia "obliga a la Delegación del Gobierno, cautelarmente, a disponer un itinerario alternativo al previsto por las organizaciones sindicales convocantes de la manifestación, instrucción que tiene por único objeto que dicha manifestación no discurra frente al domicilio particular del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel".
Al respecto, ha manifestado, a través de un comunicado, que el derecho de manifestación, consagrado constitucionalmente, "no puede ser alterado en base a una suposición incierta de que se pudieran provocar alteraciones del orden público, ya que hay previsto un dispositivo de seguridad tanto de las organizaciones sindicales como de la Delegación del Gobierno que garantiza la seguridad de la misma".
Por otro lado, CCOO ha expresado su extrañeza ante "la celeridad de la toma de decisión del TSJ, cuando frente a recursos recientes, como los relativos a los servicios mínimos dictados en la Huelga General del 29-S, no se llegó ni siquiera a reunir con antelación a la celebración de la misma, habiendo sido presentados con más antelación que el recurso del Gobierno regional".
"No suele ser tampoco la norma habitual del Tribunal, añade, la celeridad en la tramitación de asuntos que perjudican a los trabajadores, relativos a reclamaciones salariales o condiciones de trabajo que generan un daño cierto y que son resueltos tras largos meses, cuando no años, de espera", ha sentenciado.
Finalmente, CCOO cree que "no se ajusta a derecho la admisión a trámite del recurso planteado por el Gobierno regional, en tanto que no concurre legitimación activa para la interposición de dicho recurso"; un argumento que el sindicato expondrá en la vista prevista a tal efecto.
CCOO acusa a la Consejería de Política Social
CCOO ha recibido una comunicación de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, dirigida al secretario general del sindicato, en la que se comunica la intención de proceder inmediatamente a la retirada de unos carteles, colocados en el Tablón de Anuncios sindicales.
De este modo, CCOO ha acusado a la consejería de "atentar contra la libertad de expresión y contra la libertad sindical", ya que, según han explicado, en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical los tablones "deben servir para la difusión de avisos y comunicados que puedan interesar a los afiliados y trabajadores en general".
En el mencionado cartel aparece un personaje fruto de un montaje fotográfico y al que se le denomina 'Ramón Luis Manostijeras', "un cartel que mereció la atención de la prensa en los primeros días de las movilizaciones de empleados públicos, siendo ampliamente reproducido en los medios de comunicación y apareciendo desde entonces de forma profusa en todas las manifestaciones y concentraciones", han apuntado.
La Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, dice textualmente de dicho cartel, con el anagrama de CCOO, "que su contenido gráfico pudiera vulnerar derechos fundamentales constitucionalmente protegidos".
Al hilo, CCOO han indicado que la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, "con absoluto cinismo, comunica la retirada de los carteles alegando la salvaguarda de los derechos y libertades sindicales".
El sindicato, además de responsabilizarse de la autoría de dicho cartel, considera que el comunicado y la decisión de la Consejería "constituye un gravísimo atentado contra la libertad de expresión y la libertad sindical, que más bien recuerda épocas que creíamos felizmente superadas".
Por ello, ha conminado a la Consejería a que "en vez de velar por la salvaguarda de la libertad sindical, algo para lo que el sindicato se basta y sobra, se dedique a desarrollar las políticas sociales regionales, a dotar de recursos a la ley de Dependencia y a no llevar a cabo políticas discriminatorias contra las organizaciones sociales".
CCOO discrepa del auto del TSJ
CCOO ha aceptado el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ((TSJ) de Murcia, aunque discrepa "profundamente" del mismo al entender que "no hay motivos" para modificar el itinerario de la manifestación de los sindicatos, prevista para el martes, contra los recortes del Gobierno regional.
En concreto, la Sala ha señalado una vista para este lunes, a las 11.00 horas, al objeto de tomar una decisión sobre el itinerario por el que finalmente discurrirá la manifestación de los sindicatos, prevista para el día siguiente.
Sobre ello, CCOO dice haber recibido "con estupor" el auto en el que la Sala de lo Contencioso del TSJ de Murcia "obliga a la Delegación del Gobierno, cautelarmente, a disponer un itinerario alternativo al previsto por las organizaciones sindicales convocantes de la manifestación, instrucción que tiene por único objeto que dicha manifestación no discurra frente al domicilio particular del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel".
Al respecto, ha manifestado, a través de un comunicado, que el derecho de manifestación, consagrado constitucionalmente, "no puede ser alterado en base a una suposición incierta de que se pudieran provocar alteraciones del orden público, ya que hay previsto un dispositivo de seguridad tanto de las organizaciones sindicales como de la Delegación del Gobierno que garantiza la seguridad de la misma".
Por otro lado, CCOO ha expresado su extrañeza ante "la celeridad de la toma de decisión del TSJ, cuando frente a recursos recientes, como los relativos a los servicios mínimos dictados en la Huelga General del 29-S, no se llegó ni siquiera a reunir con antelación a la celebración de la misma, habiendo sido presentados con más antelación que el recurso del Gobierno regional".
"No suele ser tampoco la norma habitual del Tribunal, añade, la celeridad en la tramitación de asuntos que perjudican a los trabajadores, relativos a reclamaciones salariales o condiciones de trabajo que generan un daño cierto y que son resueltos tras largos meses, cuando no años, de espera", ha sentenciado.
Finalmente, CCOO cree que "no se ajusta a derecho la admisión a trámite del recurso planteado por el Gobierno regional, en tanto que no concurre legitimación activa para la interposición de dicho recurso"; un argumento que el sindicato expondrá en la vista prevista a tal efecto.
CCOO acusa a la Consejería de Política Social
CCOO ha recibido una comunicación de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, dirigida al secretario general del sindicato, en la que se comunica la intención de proceder inmediatamente a la retirada de unos carteles, colocados en el Tablón de Anuncios sindicales.
De este modo, CCOO ha acusado a la consejería de "atentar contra la libertad de expresión y contra la libertad sindical", ya que, según han explicado, en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical los tablones "deben servir para la difusión de avisos y comunicados que puedan interesar a los afiliados y trabajadores en general".
En el mencionado cartel aparece un personaje fruto de un montaje fotográfico y al que se le denomina 'Ramón Luis Manostijeras', "un cartel que mereció la atención de la prensa en los primeros días de las movilizaciones de empleados públicos, siendo ampliamente reproducido en los medios de comunicación y apareciendo desde entonces de forma profusa en todas las manifestaciones y concentraciones", han apuntado.
La Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, dice textualmente de dicho cartel, con el anagrama de CCOO, "que su contenido gráfico pudiera vulnerar derechos fundamentales constitucionalmente protegidos".
Al hilo, CCOO han indicado que la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, "con absoluto cinismo, comunica la retirada de los carteles alegando la salvaguarda de los derechos y libertades sindicales".
El sindicato, además de responsabilizarse de la autoría de dicho cartel, considera que el comunicado y la decisión de la Consejería "constituye un gravísimo atentado contra la libertad de expresión y la libertad sindical, que más bien recuerda épocas que creíamos felizmente superadas".
Por ello, ha conminado a la Consejería a que "en vez de velar por la salvaguarda de la libertad sindical, algo para lo que el sindicato se basta y sobra, se dedique a desarrollar las políticas sociales regionales, a dotar de recursos a la ley de Dependencia y a no llevar a cabo políticas discriminatorias contra las organizaciones sociales".