ALICANTE.- La Policía Nacional ha detenido esta mañana al arquitecto, presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, lugarteniente del ex ministro Eduardo Zaplana, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación. El empresario de la construcción y presidente del Hércules C.F., Enrique Ortíz, cuyo domicilio al igual que el de Ripoll ha sido registrado sobre las 7 de la mañana por orden del Juzgado nº 3 de Orihuela, se ha entregado ya en una Comisaría de Policía de Pamplona, adonde había acudido a disfrutar de los sanfermines, y también está detenido en espera de ser trasladado a nuestra ciudad en un furgón celular.La Fiscalía Anticorrupción dirige esta investigación, en colaboración con el juzgado de instrucción nº 3 de Orihuela, en torno a la adjudicación del llamado Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero de 2008. Esta decisión se produjo por unanimidad de los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y recayó sobre la empresa Cespa-Ortiz.
Bernardo del Rosal, abogado de Ripoll junto con el letrado Fernando Candela, ha afirmado que, por el momento, desconocen cuáles son los cargos que se le atribuyen y ha confirmado que su cliente permanece en la Comisaría Provincial a la espera de prestar declaración.
Ripoll ha sido trasladado pasadas las tres y media de la tarde por la Policía Nacional a la Comisaría de Benalúa, después de que los agentes registraran durante varias horas la Diputación de Alicante, donde permanece incomunicado.
El presidente ha salido de su despacho custodiado por los agentes, en calidad de detenido, en dirección a la Comisaría. Iba en un todoterreno de la Policía Judicial en el asiento de atrás, acompañado por varios agentes desde un garaje situado en un edificio colindante a la Diputación de Alicante.
El todoterreno en el que estaba Ripoll iba acompañado de otro vehículo de los agentes y su salida de la Diputación de Alicante se ha llevado a cabo muy deprisa con la presencia de media docena de policías.
El también presidente provincial del PP de Alicante "está muy tranquilo y colabora con la Policía en todo lo que le han pedido y requerido", ha dicho Bernardo del Rosal, que fue Síndic de Gregues de la Generalitat.
Del Rosal ha asegurado que todavía no les han informado de los hechos que han motivado las imputaciones porque están declarados bajo secreto de sumario desde 2007.
"En el auto de la entrada de registro hay indicaciones genéricas, pero no nos han dicho los hechos que motivan las imputaciones", ha explicado Del Rosal, quien ha reiterado que no saben de "qué se le acusa".
Fuentes próximas al caso han explicado que, probablemente, Ripoll prestará declaración en la Comisaría una vez que sean trasladados "otras personas" desde Orihuela.
Los tres concejales detenidos han sido conducidos ya a la Comisaría provincial, en Alicante, para prestar declaración.
Los ediles Manuel Abadía (Servicios e Infraestructuras Urbanas), Antonio Rodríguez Murcia (Pedanías) y Ginés Sánchez (Medioambiente) han sido introducidos en coches policiales, entre las 15,00 y las 17,00 horas, después de que los efectivos policiales registraran sus respectivas dependencias.
A pesar de que todos ellos ya han sido remitidos a la Comisaria Provincial, los agentes de la Policía Judicial continúan en el interior de las dependencias del Área Municipal de Medioambiente.
Durante el registro, que se ha prolongado durante siete horas hasta la salida de los ediles del edificio consistorial, ha estado presente en todo momento el secretario municipal, Virgilio Estremero, y el teniente alcalde Antonio Rodríguez Barberá.
Los agentes han recogido "diversos archivadores de documentación" que, posteriormente, han introducido en un vehículo policial.
El secretario del consistorio oriolano, Virgilio Estremero, ha estado presente en esta diligencia policial, que ha sido realizada a través de una puerta ubicada en la parte posterior del edificio municipal.
Los agentes, además, han arrestado al concejal de Infraestructuras de Orihuela, Manuel Abadía, tras precintar varias dependencias municipales, y a otros dos ediles del consistorio.
Y han registrado el domicilio del concesionario de la recogida de basuras en este término municipal, Ángel Fenoll, y el de su hijo, donde se ha encontrado abundante material audiovisual relacionado con el caso.
El interrogatorio al empresario oriolano Ángel Fenoll, se produjo también en su domicilio particular en la pedanía de La Aparecida, de la capital de la Vega Baja. El industrial ha sido conducido finalmente con su hijo hasta sus oficinas en un coche oficial donde prosiguen las pesquisas policiales. Se desconoce si ambos también han sido detenidos o si continúan los registros.
Se investigan, entre otros, los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Han sido más de dos años de pesquisas que han incluido intervenciones telefónicas. Unas intervenciones que, según fuentes de la investigación, acumulan una importante carga probatoria contra los detenidos.
La detención de Ripoll se produce en el marco de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción en la propia Diputación y varios municipios de la provincia de Alicante en la comarca de la Vega Baja, entre ellos Orihuela, cuyo Ayuntamiento ya ha sido registrado y donde se ha detenido a tres concejales por su responsabilidad de áreas específicas.
A primera hora de la tarde no se había confirmado la detención de la alcaldesa Mónica Lorente, mano derecha de Ripoll en la dirección provincial del PP, y si esta se encontraba o no en Alicante llamada por Ripoll puesto que es también vicepresidenta de la Diputación aunque no estaba en el Ayuntamiento de Orihuela durante el registro.
Efectivos de la Policía Nacional de Madrid, Valencia y Alicante registraron desde primera hora de esta mañana las dependencias de la corporación provincial, en concreto su primera planta donde se encuentra la Presidencia.
Además, los agentes se habían desplazado primero hasta el domicilio del presidente de la institución provincial, José Joaquín Ripoll, en el residencial barrio de Vistahermosa, donde, al parecer, se han encontrado grandes cantidades de dinero, y desde donde en torno a las 12 del mediodía ha sido conducido a su propio despacho por la Policía, al que entró por un tunel desde una dependencia anexa.
Fuentes policiales advierten de que los registros domiciliarios se realizan por orden judicial cuando existe una imputación. No obstante, las mismas fuentes esperan que Ripoll quede en libertad en todo caso tras las investigaciones en curso.
La operación policial parte de una investigación abierta en 2006 por la Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con el juzgado de instrucción nº 3 de Orihuela para esclarecer una trama de corrupción vinculada con las contrata de basuras en el sur de Alicante, la adjudicación de una planta de reciclaje a una UTE participada por Ortíz y la presunta financiación ilegal del PP en la provincia de Alicante. Pero fue el año 2007 cuando la investigación comenzó a dar sus frutos.
Los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial de la Comisaría Central y de la Comisaría Provincial han entrado también en el Ayuntamiento de Orihuela acompañados por el concejal de Servicios Urbanos, Manuel Abadía, del secretario del Consistorio y de varios funcionarios del servicio de contratación. Las dependencias municipales donde se han producido los registros son los servicios de Fomento y Calidad Ambiental y han procedido a precintar algunas de ellas.
A primera hora de la tarde se ha sabido que Ripoll permanecía en su despacho de la Diputación mientras se procedía a diversos registros dentro del propio Palacio Provincial y que estaba acompañado del abogado penalista y catedrático de la Universidad de Alicante, Bernardo del Rosal, y de la propia jueza que ha ordenado registros y detenciones a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Ripoll iba a ser trasladado posteriormente a las dependencias de la Comisaría Provincial en el barrio de Benalúa.
Efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía también han llevado a cabo este martes un registro de las oficinas centrales de la empresa Ortiz e Hijos Construcciones y Contratas en Alicante, en el curso de la operación abierta por la Fiscalía Anticorrupción, que afecta también la Diputación de Alicante, su presidente José Joaquín Ripoll y el Ayuntamiento de Orihuela.
La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, permanece junto a la Policía desde primera hora de esta mañana en el Ayuntamiento de la localidad junto a otros cuatro concejales del equipo de gobierno, en el curso de la operación abierta por la Fiscalía Anticorrupción.
La primera edil ha sido requerida para colaborar en el registro iniciado sobre las 8.30 horas de este martes por los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, quienes han precintado la propia alcaldía y otras dependencias municipales.
Junto a Mónica Lorente, también se encuentran varios ediles de su equipo de gobierno, entre los que se encuentra el edil de Manuel Abadía —concejal de Servicios e Infraestructuras Urbanas, Barrios y Comercio— y Antonio Rodríguez Barberá —edil de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Patrimonio y Parajes Naturales—.
También acompañan a Lorente Ginés Sánchez —responsable de Calidad Medioambiental, Energías Renovables, Cambio Climático y Transporte Urbano—; y Antonio Rodríguez Murcia —delegado de Servicios e Infraestructuras de Pedanías y Desarrollo Rural, Parques y Jardines y alumbrado público—.
Por su parte, el edil David Costa —concejal de Recursos Humanos, Contratación y Calidad y Modernización de la Administración— se encontraba en Pamplona con motivo de las fiestas de San Fermín, y está previsto que vuelva a la localidad en las próximas horas.
Los agentes también han realizado registros en los domicilios particulares de los miembros del equipo de gobierno de Orihuela, y han requisado el vehículo oficial de la primera edil, según han explicado testigos presenciales.
Los agentes entraron en las dependencias de la empresa Ortiz e Hijos a primera hora de la mañana, y requirieron al personal de la compañía que les facilitara documentación.
La labor de los agentes obligó a buena parte de la plantilla a abandonar el edificio y a esperar a las puertas de las oficinas, situadas en el número 36 de la céntrica avenida de Alfonso X El Sabio, en Alicante, muy cerca del propio Palacio Provincial.
Además, la policía judicial se ha personado en las instalaciones de la empresa INUSA (Ingeniería Urbana, S.A.) para registrar "exclusivamente" uno de los despachos correspondiente a un empleado "con responsabilidades", han informado fuentes próximas a esta mercantil.
La empresa, formada por Cespa, FCC y el Grupo Cívica -esta última liderada por el empresario Enrique Ortiz-, sostiene que "desconoce el motivo por el que se ha efectuado esta actuación policial".
El nombre del empresario Enrique Ortiz está también vinculado a la investigación judicial abierta en torno al caso 'Gürtel' después de que un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales identificara a su empresa, Ortiz e Hijos, como una de las que supuestamente financió ilegalmente al PP en la Comunidad Valenciana.
La investigación de esta supuesta trama de corrupción comenzó en 2006 cuando el empresario Ángel Fenoll denunció un supuesto soborno por la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela. El industrial entregó las pruebas (una grabación en DVD) a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante.
El propio empresario fue detenido en 2007 y acusado de cohecho y extorsión y la policía se incautó de decenas de grabaciones donde se observaban supuestos sobornos realizados en casa del industrial. Fenoll quedó en libertad unas semanas después tras pagar una fianza.
Con el material incautado, el juez abrió una nueva investigación para determinar si el empresario había colaborado en la financiación de las campañas electorales de algún partido político. En estas nuevas pesquisas, el juez se interesó también por la adjudicación de una planta de basuras en la comarca de la Vega Baja. El concurso para construir esta planta de tratamiento de residuos, dependiente de la Diputación de Alicante, se paralizó tras la detención del empresario Ángel Fenoll y otros responsables de su empresa.
El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, decidió el año pasado retomar el proyecto de la planta de basuras y adjudicó la obra al empresario Enrique Ortiz, que también aparece en las investigaciones del caso Gürtel por su supuesta vinculación a la financiación irregular del PP. La investigación judicial ha estado bajo secreto de sumario desde junio de 2007.
Ripoll lidera en Alicante el antiguo sector zaplanista del PP, enfrentado a Camps, y ha sido muy crítico con el actual presidente autonómico y su actuación ante el caso Gürtel. De hecho no ha asistido a ninguna de los actos en los que el líder valenciano ha intentado lavarse la cara ante los casos de corrupción que lo salpican.
Protagonistas de la operación policial
José Joaquín Ripoll, arquitecto e hijo de un popular panadero de la ciudad, fue vicepresidente de Eduardo Zaplana en el Gobierno valenciano. Hostigado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras perder los zaplanistas el control de la dirección regional del PP en 2004, se refugió en la provincia de Alicante, donde ha conseguido mantener la dirección provincial.
Durante los escándalos del caso Gürtel, que han afectado a Camps y a la cúpula regional del PP, Ripoll ha sido quien ha mantenido las posiciones más críticas y ha reclamado la asunción de responsabilidades políticas más alla de la baja de militancia del ex secretario regional Ricardo Costa.
Alicantino, de 52 años, es presidente de la Diputación Provincial desde 2006. El dirigente popular fue elegido en 1991 diputado en Les Corts, cargo que revalidó en las dos siguientes legislaturas. Con Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana, Ripoll ocupó las consellerías de Administraciones Públicas y Presidencia y fue vicepresidente segundo del Consell. En el breve periodo en que José Luis Olivas presidió el gobierno valenciano, Ripoll actuó como vicepresidente primero de su gabinete.
Tras la elección de Francisco Camps al frente de la Generalitat, Ripoll ha aglutinado en torno a la Diputación de Alicante a los seguidores de Zaplana opuestos a la línea oficial del PP de la Comunitat. En diciembre de 2008 obtuvo la presidencia del Partido Popular de Alicante en liza con Manuel Pérez Fenoll, al que respaldaba Camps, por un puñado de votos.
Ángel Fenoll es un empresario nacido en Santomera (Murcia) que comenzó su fortuna con la explotación del servicio de basuras de la costa de Orihuela en 1987 gracias a sus buenas relaciones con el PP. Fenoll acumula ya tres condenas firmes. Una por comprar votos por correo para el PP en las elecciones municipales de 1991, una segunda por tenencia ilícita de armas y una tercera por falsificar facturas para proteger a Luis Fernando Cartagena, ex consejero del Gobierno valenciano, que se apropió de una donación de unas monjas al Ayuntamiento cuando era alcalde de Orihuela.
Los registros efectuados hoy tienen su origen en una denuncia presentada por el propio Fenoll en la primavera de 2006 después de que el Ayuntamiento de Orihuela decidiese adjudicar la contrata de basuras municipal a la firma Urbaser y dejase la oferta del empresario oriolano en tercer lugar.
Enrique Ortiz ha visto como su más reciente negocio en Alicante, cuyas empresas aparecen en cualquier proyecto o contrata, se cerraba el pasado lunes, con la decisión del Ayuntamiento que preside Sonia Castedo, del PP, de que el nuevo campo del Hércules CF, que él mismo preside, se construya sobre el antiguo, con un coste de 55 millones de euros y financiación a base de plusvalías. Ortiz es propietario del campo desde que lo compró al Ayuntamiento en 2007 por 7,2 millones de euros.
Uno de los contratistas más importantes de las Administraciones valencianas, Enrique Ortiz es , además, el promotor del polémico Plan Rabassa, en Alicante, que prevé construir 13.500 viviendas al norte de la ciudad. También fue quien compró la reserva de suelo de Terra Mítica por 85 millones de euros, que permitió levantar la suspensión de pagos que pesaba sobre el parque temático.
Ortiz es uno de los seis empresarios implicados en el sumario del caso Gürtel por participar supuestamente en la financiación ilegal del PP valenciano.
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