miércoles, 20 de mayo de 2009

Trillo pone su cargo orgánico a disposición del PP tras la sentencia del Yak-42

MADRID.- El ex ministro de Defensa y actual coordinador de Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, puso ayer su cargo a disposición de Mariano Rajoy, después de conocerse la sentencia sobre el accidente del Yak-42, pero el presidente del Partido Popular rechazó "rotundamente" esa opción, confirmaron fuentes de la sede de Génova.

Trillo también hizo el mismo gesto con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y con la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quienes también se mostraron contrarias a que abandone su actual responsabilidad política, por entender que no ha estado imputado en el proceso y que ni siquiera ha sido llamado a declarar en el juicio, señalaron las mismas fuentes.

El ex titular de Defensa puso su cargo a disposición del partido tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional en la que se condena al general Vicente Navarro a tres años de prisión por falsear las identificaciones de 30 de los 62 cadáveres de militares españoles fallecidos en el accidente del Yak 42 el 26 de mayo de 2003. También condena a dos subordinados a un año y medio de cárcel.

Al conocerse el fallo, Trillo compareció en la sede nacional de su partido para asegurar que respetaba pero que no compartía la decisión de la Audiencia Nacional. Tras afirmar que las personas que intervinieron en la repatriación de los cuerpos actuaron de "buena fe", pidió disculpas de nuevo a las familias de los militares.

Los dirigentes del PP cerraron ayer filas con el ex ministro y censuraron que los socialistas exijan que abandone su acta de diputado. Mariano Rajoy, mantiene "toda su confianza" en Trillo, aseguraron hoy de nuevo fuentes cercanas al presidente del PP.

Valcárcel resalta importancia económica del sector del transporte, con una flota regional de más de 11.500 vehículos

MURCIA.- El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, resaltó la gran importancia que tiene para la economía regional el sector de transporte, en una comunidad que cuenta con más de 40.000 autorizaciones y una flota que supera los 11.500 vehículos pesados, "lo que la convierte en una de las comunidades españolas con mayor potencial y capacidad de transporte, y la primera en mercancías de temperatura controlada", según se indica en comunicado de prensa.

Por ello, afirmó, "desde el Ejecutivo autonómico se ha marcado como objetivo prioritario el apoyo permanente y el firme compromiso con este sector, que representa casi el 5 por ciento del PIB regional".

Valcárcel inauguró hoy el Centro de Formación y Servicios de la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia (FROET), que permitirá incrementar la seguridad de los profesionales del sector e impulsar la competitividad de las más de 1.300 empresas de transporte por carretera de mercancías y viajeros que integran la Federación, a través de la formación especializada y el asesoramiento permanente a sus asociados.

La nueva instalación, ubicada en el Centro Integrado de Transportes de Murcia (CIT), ha sido financiada por la Comunidad con 1.020.000 euros, el 33% del coste total. En el centro se desarrollarán cursos y jornadas en materia de capacitación profesional, mercancías peligrosas, prevención de riesgos laborales, legislación de transporte y seminarios especializados para conductores y empresarios del sector.

La infraestructura cuenta con más de 450 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, e incluye un sótano con un garaje con 50 plazas de aparcamiento y una planta baja cubierta.

Además, el centro dispone de cuatro aulas de formación con capacidad para 70 alumnos, una sala de informática, un aula magna con capacidad para 100 personas, diversas salas para la gestión de los diferentes departamentos, una tienda de servicios, un centro de atención al asociado, una correduría de seguros y una clínica de reconocimientos médicos.

La previsión inicial es que más de 3.000 profesionales del sector de todos los municipios de la Región recibirán formación en estas instalaciones.

La entrada en vigor de la Directiva Comunitaria de Cualificación de Conductores impone nuevas exigencias en materia formativa en una actividad que representa un importante peso específico en el tejido socioeconómico de la Región, por lo que la construcción de esta infraestructura, construida en una parcela de casi 4.000 metros cuadrados, "permitirá continuar avanzando en la mejora de las condiciones competitivas y estructurales del sector, a través del impulso de la cooperación empresarial y la mejora de la seguridad de los trabajadores", concluyó.

Camps sigue imputado de cohecho tras declarar ante el juez

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, tras declarar durante 45 minutos como imputado por un presunto delito de cohecho ante el magistrado instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), espera que todo vaya "lo más rápido y mejor posible".

Tanto a su llegada como a la salida del Palacio de Justicia, Camps fue aclamado por más de un centenar de simpatizantes, que lo recibieron con gritos de "presidente", mientras frente a ellos, en la Glorieta, un grupo más reducido de detractores le exigía la dimisión.

El TSJCV, a través de un comunicado, especificó que el procedimiento "sigue su curso". De esta forma, se mantienen como imputados tanto el presidente de la Generalitat como el secretario general del PPCV y el portavoz 'popular' en las Corts, Ricardo Costa, y el ex vicepresidente y ex conseller Víctor Campos, que declararon ayer, y el actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, que también compareció hoy.

En esta jornada acudió asimismo al TSJCV el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como 'el Bigotes', imputado por el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido por Baltasar Garzón, quien inició la investigación y decidió remitir, en un auto con fecha de 5 de marzo, la causa al alto tribunal valenciano ante la presencia de aforados de la Comunitat.

El magistrado entendía que los hechos de los que tenía conocimiento podían ser constitutivos de los posibles delitos de cohecho del artículo 426 del Código Penal y/o tráfico de influencias y, en su caso de un delito de falsedad, aunque la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, en el auto en el que se declaró competente para asumir esta parte de la causa, acordó la apertura de diligencias únicamente por un presunto delito de cohecho "para determinar la naturaleza de los hechos y la posible participación" de las cuatro personas mencionadas.

En el auto , Garzón señalaba que el presidente de la Generalitat habría recibido pagos en trajes por valor de 12.783 euros, adquiridos en las tiendas de Milano y Forever Young, de la supuesta trama liderada por el empresario Francisco Correa para captar negocios y adjudicaciones en Madrid y la Comunitat Valenciana, donde operaba la empresa Orange Market, presidida por Álvaro Pérez. Por su parte, Rafael Betoret habría recibido regalos consistentes en prendas de vestir por valor de 9.950 euros, de ambos establecimientos.

El presidente del Consell llegó sobre las 8.50 horas al Palacio de Justicia en el coche oficial, donde le esperaban los tres vicepresidentes del Consell, el de Presidencia, Vicente Rambla; el Económico; Gerardo Camps; y el Social; Juan Cotino, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

En ese momento, cuando faltaba más de una hora para prestar declaración, ya se había congregado un grupo de simpatizantes del PP, algunos con senyeras, cuyo número fue aumentando hasta superar el centenar, que le aclamaron con gritos de 'presidente' y aplausos.

Tras una declaración de 45 minutos, sobre las 11.26 horas, el jefe del Consell salió del Palacio de Justicia acompañado de nuevo por los tres vicepresidentes del Consell y Barberá.

El presidente valenciano se dirigió hacia el Parterre andando por la calle ya que la calzada estaba tomada por la gente, por lo que se tuvo que cortar el tráfico. Durante el pequeño recorrido hasta llegar al coche oficial fue recibiendo apoyo de las personas que se agolpaban en el entorno y que le aclamaban.

Entre los presentes, se encontraba el vicepresidente de las Corts, Antonio Clemente, y alcaldes de municipios de Valencia como el de Mislata, Manuel Corredera; el de Riba-roja, Francisco Tarazona o el de San Antonio de Benagéber, Eugenio Cañizares.

El segundo en declarar, Rafael Betoret, llegó a las 10.50 horas, y fue recibido igualmente con aplausos y gritos de 'Rafael, Rafael'. Ni en ese momento ni a la salida, a las 12.05 horas, quiso hacer declaraciones a los medios. Sin llegar a coincidir con Camps, a las 11.50 horas, llegó al tribunal Álvaro Pérez, quien abandonó la sede judicial a las 12.40 horas.

Únicamente atendió a los medios para indicarles: "sigo respetando al tribunal y sigo respetando el secreto del sumario".

Un viandante le siguió durante parte del trayecto hacia el Parterre mientras le increpaba asegurándole que era "un ladrón" y le pedía: "suelta la pasta".

'Camps dimite ya'

Simpatizantes del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, mantuvieron un enfrentamiento dialéctico con otro grupo de detractores, que se congregó en el lugar. Así, mientras los primeros gritaban 'Yes we Camps', 'president, president' y 'Elche' --en referencia a la investigación al alcalde ilicitano socialista, Alejandro Soler, por el 'caso de las facturas'--, los segundos respondían con un 'Camps dimite ya' y 'a la prisión'.

A las 8.00 horas llegaron al lugar los primeros militantes del PP, fundamentalmente miembros de NN GG y algún que otro alcalde, quienes se situaron detrás de uno de los dos lados de la entrada del TSJ. Los más jóvenes repartieron entre todos sus compañeros y afines senyeras --la bandera valenciana--, que levantaron con la llegada de Camps, sobre las 8.50 horas.

Frente a ellos, en el lado opuesto de la calzada, en el jardín de la Glorieta, se congregó otro número de personas, que mostró su disconformidad con la actuación del jefe del Consell. El grupo se valió de globos de helio rojos y blancos con el nombre de la Intersindical Valenciana, del que colgaba un panel en el que se podía leer 'Amiguito del alma, ¿y las privatizaciones?', en referencia a una conversión privada entre Camps y el consejero de Orange Market, Álvaro Pérez. Cuando se iban pinchando los globos, los simpatizantes aplaudían y gritaban 'como el globo, esto se pincha'. También mostraron varios palos con bigotes --en alusión al apodo que recibe Pérez--.

En un momento determinado, pasó por delante del TSJCV, en bicicleta, una persona que portaba una camiseta en la que se leía 'Wanted', igual que la que lució hace una semana la diputada de Compromís, Mónica Oltra, en las Corts Valencianes.

Entre ambos grupos, seguidores y detractores del presidente, la Policía se vio obligada a intervenir hasta en dos ocasiones. La primera fue en el momento en el que los detractores trataron de desplegar una pancarta, y un viandante se acercó corriendo, la cogió y la tiró al suelo. Tras ello, y con gritos de 'president', huyó del lugar corriendo, mientras que el panel se lo quedó la Policía.

Otro hecho que requirió la intervención de los agentes se produjo cuando un hombre, con una senyera con un crespón negro, se acercó al grupo de apoyo a Camps, cada vez más numeroso, y mostró un cartel en el que se podía leer 'Camps dimite ya'. En ese momento, varias personas le recriminaron su actuación, y al ver que no se iba de allí, la Policía se acercó y les separó para calmar los ánimos.

A medida que pasaba el tiempo, acudieron más simpatizantes de Camps a las puertas del TSJ.

Los gritos y aplausos se sucedieron hasta las 11.25 horas, cuando Camps, tras prestar declaración, salió del TSJCV. Mientras atendía a los medios de comunicación, organizados en dos turnos, se podía escuchar tanto 'president', como 'caradura'. En ese momento, los agentes, tanto de la Policía Local como de la Nacional, ya se habían duplicado para evitar cualquier tipo de altercado.

Después de atender a los medios, Camps se dirigió, todavía en compañía de sus compañeros de partido y protegido por sus guardaespaldas, a los simpatizantes, a quienes les saludó y les agradeció su apoyo, en una nube de fotógrafos y cámaras. Momentos después se subió a un vehículo oficial, que le estaba esperando al término de las vallas y se marchó.

Tras la marcha de Camps, ambos grupos se disolvieron sin causar ningún otro enfrentamiento, de modo que allí quedaron tan sólo algunas personas afines al partido, y el cerca de centenar de periodistas que acudió a cubrir la información, quienes no se fueron del lugar hasta cerca de las 13.00 horas, cuando terminaron las declaraciones con Álvaro Pérez.

Intervención policial

Seguidores y detractores del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, se concentraron en torno al Palacio de Justicia y protagonizaron un cruce de gritos como "caradura" y "Presidente", que en un momento determinado obligó a la Policía a intervenir para calmar los ánimos.

Desde primera hora en torno al Palacio de Justicia se fueron concentrando personas que sobre las 10.10 horas, momentos después de la hora prevista para la comparecencia de Camps, que ya se encontraba dentro, mantuvieron un cruce de gritos y acusaciones a favor y en contra del presidente.

Un grupo de empezó a sacar globos grandes de la Intersindical Valenciana desde los que intentaron elevar una pancarta en la que se podía leer 'amiguito del alma y las privatizaciones' y portaban palos en los que habían añadido un bigote en alusión al apodo que recibe el consejero de Orange Market, Alvaro Pérez, implicado en la trama.

Cuando el grupo se disponía a desplegar la pancarta, un viandante se acercó corriendo la cogió, y se fue del lugar a toda prisa. Esta actuación provocó aplausos y gritos de ¡president! a favor de Camps y que otros jalearan "caradura, caradura".

A medida que fue pasando el tiempo se iba concentrando más gente a las puertas del TSJ. Los 'simpatizantes' de Camps junto al Palacio mientras que los detractores lo hacían en el jardín de la Glorieta, que se encuentra enfrente.

Esta situación provocó diferentes momentos tensos como cuando una persona con blusón negro y senyera (la bandera valenciana) con crespón negro se acercó con un cartel en que se leía "Camps dimite ya" a un grupo de 'simpatizantes' que, a su vez, replicaron con gritos de "sois cuatro gatos", lo que provocó un enfrentamiento que obligó a la Policía a intervenir para calmar los ánimos.

La próxima comparecencia señalada será la del sastre José Tomás, que comparecerá mañana en calidad de testigo. Asimismo, el magistrado instructor de la causa acordó también llamar a declarar como testigos a todas las personas que han autorizado contratos entre la administración de la Generalitat Valenciana y la empresa Orange Market S.L, y a quienes formaron parte de las mesas de contratación. Asimismo ha acordado que se practique una pericial contable.

martes, 19 de mayo de 2009

Moody's pone en revisión para rebaja 36 cajas y bancos españoles, entre ellos la CAM

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Moody's dijo el martes que ha puesto en revisión para una posible rebaja las calificaciones crediticias de un total de 36 entidades financieras españolas, si bien precisa que cualquier rebaja no sería superior a dos tramos.

En un comunicado, la agencia dijo que la revisión se debe a que la calidad de los activos de los bancos va a seguir deteriorándose en el futuro.

Entre las entidades en revisión están todos los bancos españoles cotizados y varias cajas de ahorro como Bancaja, La Caixa o Caja Madrid.

Aunque la agencia destaca que los bancos españoles han tenido hasta la fecha una alta capacidad de absorción del riesgo gracias a las provisiones genéricas, el rápido deterioro de la cartera de créditos de la mayoría de los bancos ha reducido las provisiones genéricas que los protegían de las pérdidas hasta ahora.

"Aunque inicialmente el deterioro de la calidad de activos procedía en gran parte de la exposición al sector inmobiliario comercial, otras clases de activos están viéndose cada vez más afectados por la magnitud y alcance de la recesión, y por lo tanto teniendo un impacto en el más amplio sistema bancario", dijo Moody's en su comunicado.

La agencia destacó que la posible rebaja estaría probablemente limitada a un máximo de dos escalones.

Moody's explica que, hasta la fecha, gracias a las provisiones genéricas y a los fuertes beneficios recurrentes, los bancos españoles han demostrado una alta capacidad de absorción de los riesgos, a pesar de los notables incrementos de la morosidad, que pasó del 0,7% en diciembre de 2007 al 3,37% en diciembre de 2008 y alcanzó el 4,27% al cierre de marzo de 2009.

Sin embargo, la agencia advierte de que la perspectiva de las entidades financieras españolas se ha deteriorado desde principios de 2008. Moody's espera que la calidad de los activos de bancos y cajas españoles sigan deteriorándose, como consecuencia en parte del impacto de la profunda recesión en España, que se prolongará durante los años 2009 y 2010.

Al efecto negativo de la contracción de la economía se suman además, según el análisis de Moody's, las perspectivas negativas del empleo y el abrupto ajuste en los sectores inmobiliario y de la construcción.

"Aunque inicialmente el deterioro de la calidad de los activos procedía principalmente de la exposición al sector inmobiliario, otros activos se están viendo afectados por la magnitud de la recesión, con un impacto en la mayor parte del sistema financiero", añade.

La vicepresidenta de Moody's María Cabanyes cree que la presión sobre los fundamentos financieros de muchos bancos aumentará, lo que trae consigo una mayor probabilidad de respaldo por parte del Gobierno español. En todo caso, los 'rating' de las entidades españolas no se situarán por debajo de la calificación 'Baa3', equivalente a una "calidad cuestionable".

Las entidades afectadas por la iniciativa de Moody's son Banca March, BBVA, Banco Cooperativo Español, Banco de Crédito Local, Banco de Valencia, Banesto, Banco Guipuzcoano, Banco Pastor, Banco Popular, Banco Sabadell, Santander, Bankinter, BBK, Caixa Catalunya, Caixa Manresa, Caixa Tarragona, Caixa Terrasa, Caixa Galicia, Caja Rioja, Caja Duero, Caja Cantabria y Bancaja, por orden alfabético.

Completan la lista Caixanova, Caja Vital, CAM, Caja de Burgos, Caja de Avila, Caja Madrid, Caja Segovia, Ibercaja, 'La Caixa', Caja España, Caja Canarias, Caja Laboral, Caja Rural de Granada, Caja Rural de Navarra, Cajamar, la CECA, Lico Leasing, Unicaja y Santander Consumer Finance.

Un escolta de Facundo Armero declara ahora que entregó dinero de su parte a los primeros ediles de Fuente Álamo y Mazarrón

MURCIA.- José María Calzada, escolta del empresario Facundo Armero, declaró el pasado viernes en el juzgado nº 4 de San Javier que le llevó un sobre con 12.000 euros a la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa. Según informó la Cadena Ser, este testigo añadió que también fue a Mazarrón con el empresario para entregarle otro sobre a su alcalde, Francisco Blaya.

En el transcurso de su testimonio, realizado a petición de la Fiscalía del TSJ, José María Calzada indicó que no sabía para qué era el dinero que llevó al Ayuntamiento de Fuente Álamo, aunque creía que podía ser para pagar parte de la corrida de toros que programó el municipio con motivo de las fiestas locales.

Facundo Armero negó a 'La Verdad' que él le haya entregado dinero a la alcaldesa a cambio de favores. «Lo único que hice fue enviarle un dinero para pagar la corrida de toros. No recuerdo la cantidad porque lo mandaron desde mi empresa. A mí me pidieron que colaborara asumiendo un número de entradas de la corrida, como hicieron con otros. Ese asunto ya quedó aclarado en el juzgado». Sobre Mazarrón, el constructor dijo, a preguntas de La Verdad, que no tenía idea de ese tema.

El supuesto pago se habría producido, siempre según la declaración de este testigo, citada por 'La Opinión', antes de las últimas elecciones municipales. Según confirmaron fuentes próximas a la investigación, el empleado de Facundo Armero relató cómo éste le llamó a su despacho y le entregó un sobre con 12.000 euros "en billetes de 500". A continuación, él mismo habría entregado este sobre a la alcaldesa.

Los investigadores se apoyan en las intervenciones telefónicas realizadas durante la investigación para pensar que este dinero podría haber servido para financiar la campaña electoral del PP para las pasadas elecciones municipales. En una de esas conversaciones, una concejal de Fuente Álamo -que también estuvo imputada- pide dinero a Armero para la campaña en nombre de María Antonia Conesa: "Oye, la jefa me ha dicho que tienes que venir para acá... pues que la campaña ha empezado y que las perras hacen falta".

A cambio, según los investigadores, el empresario de la construcción habría recibido un trato de favor en la concesión de proyectos de obra pública en estos dos municipios.

José Antonio García, abogado de Facundo Armero, indicó que el testigo es escolta del empresario, cuyo contrato se rescindió el pasado día 3. «Esta persona sólo quiere hacerle daño a Armero a causa de un conflicto laboral. Es curioso que días después sea citado a declarar por el fiscal, ofreciendo unos datos que no tienen ningún viso de credibilidad porque todo lo referido a la corrida de toros se explicó en su momento incluso por parte de la alcaldesa».

Sobre el dinero, el abogado explica que no iba destinado al Partido Popular. «A Facundo Armero le enviaron muchas entradas para que colaborara en el pago de la corrida de toros. Más que a otros empresarios. Lo que hizo fue repartirlas entre sus proveedores, que compraron una parte. A continuación se mandó el dinero recaudado al Ayuntamiento. No sabemos qué cantidad había en el sobre. Todo se hizo con transparencia, hasta el punto de que lo llevó el escolta con toda normalidad».

Anuncia que se iniciarán acciones legales contra el escolta "por actuar de mala fe".

El alcalde de Jumilla y senador del PSOE se harta de la discriminación de su municipio por parte de 'La 7'

JUMILLA.- La televisión autonómica '7 Región de Murcia' ha revelado hoy que el Ayuntamiento de Jumilla, por medio de su jefa de Prensa y siguiendo instrucciones del alcalde y senador por el PSOE, Francisco Abellán, expulsó ayer a su equipo de la rueda de prensa a la que había acudido, argumentando "disconformidad" con el tratamiento informativo que recibe el municipio de parte del canal.

El domingo, la jefa de Prensa del alcalde se había puesto en contacto con la corresponsal de 'La 7' en la zona, Patricia Azorín, "para expresarle su veto a la televisión autonómica al advertirle de que su presencia no sería bien recibida en la Casa Consistorial y que, en caso de producirse, se vería obligada a solicitarle que abandonase las instalaciones", según un comunicado de '7 Región de Murcia'.

En este sentido, fuentes del canal autonómico explicaron que, cuando su equipo se personó en la citada rueda de prensa, fueron expulsados, lo que motivó que el resto de periodistas presentes salieran también a la calle en señal de protesta.

El director general de Radiotelevisión de Murcia, Juan Manuel Máiquez Estévez, trató de comunicarse, a lo largo de la mañana de ayer, con el alcalde de Jumilla para esclarecer lo ocurrido.

Sin embargo, y según sostiene la televisión autonómica, "el Ayuntamiento respondió a estas solicitudes con un escueto correo electrónico en el que, además de reiterar su disconformidad con el tratamiento informativo que 'La 7' dispensa al municipio y confirmar que el Ayuntamiento ya ha aplicado este mismo procedimiento de veto a otros medios, se comunicaba al director general de Radiotelevisión de la Región de Murcia que, por razones de agenda, el alcalde no podría mantener una conversación telefónica con él hasta después del día 25 de mayo".

Fuentes de '7 Región de Murcia' indicaron que, al parecer, el consistorio sustenta su argumentación sobre un trato "discriminatorio" en la no cobertura de 'La 7' del acto de entrega del XXX Premio Literario, ni del acto del inicio del ciclo de música EntreVinos 2009.

El propio Abellán salía al paso de estas acusaciones y especificaba que se avisó el sábado a 'La 7' de que el acceso al evento estaría limitado a los medios locales, decisión que respaldaban los miembros de dicha Junta de Gobierno Local.

«Es el procedimiento establecido, no hay ningún tipo de veto contra este medio informativo», afirmó Abellán.

La refinería de Repsol en Cartagena recibe los primeros grandes reactores para las nuevas unidades de producción

CARTAGENA.- La refinería de Repsol en Cartagena recibió hoy los primeros grandes equipos para las nuevas unidades de producción, en concreto, tres reactores, fabricados en Japón y trasladados a Cartagena en buque, listos para colocar.

El mayor de los reactores recibido pesa 1.360 toneladas y está destinado, como los otros dos, a la nueva unidad de 'Hydrocracker' (con una capacidad de producción de 2,5 millones de toneladas al año), que junto con la planta de Cóquer, es básica para convertir la parte más pesada del barril de crudo en combustible de automoción, según informaron fuentes de la refinería en comunicado de prensa.

El reactor de 1.360 toneladas es el transporte de mayor peso realizado nunca en España. Sus dimensiones son 38 metros de largo por seis metros de diámetro y 30 centímetros de espesor.

Llegó a Cartagena junto con otros dos reactores (de unas 1.200 y 800 toneladas respectivamente), que también se descargaron en la dársena de Escombreras, colocándose en estructuras adaptadas al peso y la forma de los reactores.

Actualmente, más de 1.800 trabajadores de empresas contratistas se encuentran trabajando en la zona de ampliación. Esta cifra aumentará sensiblemente con el inicio de los trabajos metalúrgicos, que comenzarán en el próximo mes de julio.

Con respecto al avance del proyecto, la refinería destacó el desarrollo de la obra civil y el fuerte impulso que se ha dado a la construcción de estructuras metálicas de soportación de tuberías, tanto en la zona de unidades de proceso como en los 'raks' de tuberías que comunican las nuevas unidades entre sí y con la refinería actual.

La Audiencia Nacional sustancia la cuestión del 'Yak-42" obviando las responsabilidades de políticos

MADRID.- La Audiencia Nacional condenó al general Vicente Navarro a tres años de cárcel y a un año y medio a los oficiales José Ramírez y Miguel Sáez por los errores en las identificaciones de las víctimas del accidente del Yak-42, que costó la vida a 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003, informaron hoy fuentes jurídicas.

La sentencia, notificada hoy por la Sección Primera de la Sala de lo Penal sin lectura pública, impone también seis meses de multa para Navarro. Se trata de la primera condena que este tribunal impone a un general del Ejército en toda su historia.

El fiscal Fernando Burgos solicitaba cinco años de cárcel para Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio para los dos médicos que llevaron a cabo los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.

A todos ellos les imputó un delito de falsedad en documento oficial por llevar a cabo la "invención" de 30 identidades.

Las familias de las víctimas, que ejercen la acusación particular, solicitaron de tres a seis años de cárcel por el mismo delito y reclamaron al tribunal que investigue "quién dio" a los acusados "la orden" de repatriar los cadáveres para celebrar el funeral de Estado dos días después del accidente.

Uno de sus abogados incluso pidió que se determinara la identidad de "los autores intelectuales" que obtuvieron "un beneficio político" de la "pronta repatriación" de los cuerpos.

El juicio, que contó con la declaración de una veintena de testigos en las nueve sesiones en las que se ha desarrollado, comenzó el pasado 24 de marzo con la declaración del general Navarro. El principal acusado admitió que pudieron "bailarle" nombres y números en la relación de cadáveres que elaboró tras la catástrofe, aunque atribuyó los posibles "errores" a las autoridades turcas.

Ramírez y Sáez, por su parte, se limitaron a señalar que siguieron las órdenes de su superior y que nunca dudaron del procedimiento que estaban llevando a cabo.

Trillo dice que respeta la sentencia del Yak pero no la comparte


El ex ministro de Defensa Federico Trillo rompió hoy martes su silencio sobre el accidente del Yak-42 tras conocerse la sentencia por la incorrecta identificación de 30 de los 62 militares fallecidos, y dijo que la respeta pero no la comparte.

"Tengo que respetar la sentencia, pero no compartirla, máxime cuando aún no es firme. Sigo pensando que los médicos militares actuaron al máximo de sus posibilidades y en circunstancias tan dramáticas como extraordinariamente difíciles y espero que pueda demostrarse en sucesivas instancias procesales", declaró Trillo en una comparecencia en la sede del Partido Popular en Génova.

El hoy coordinador de Justicia del PP indicó que no se pronunció durante el proceso por respeto a la Justicia y sobre todo "cuando el Tribunal no consideró necesario ni mi testimonio ni el de mis colaboradores civiles".

"Me impuse ese silencio frente a quienes por el contrario se han esforzado con contumacia en encontrarme responsabilidades en un juicio paralelo en el que previamente ya me habían condenado".

Trillo recordó que no se conoció la incorrecta identificación de los militares inmediatamente y cuando se tuvo noticia sostuvo "que la actuación de quienes habían intervenido en la repatriación de los cuerpos había sido de buena fe en todo momento"

"Pusimos todo nuestro empeño en organizar el retorno y los funerales con la máxima dignidad, sin que en ningún momento, como se ha afirmado falsamente, tuviéramos ninguna noticia sobre los errores en las identificaciones, que sólo empezaron a cuestionarse muchos meses después", manifestó.

Los familiares de los fallecidos en el accidente ya han anunciado que probablemente continuarán buscando responsabilidades políticas.

Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no quiso pronunciarse sobre la sentencia, indicando que acababa de conocerse y no había tenido tiempo para estudiarla. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, tampoco hizo declaraciones.

Posteriormente, la ministra de Defensa, Carmen Chacón, aseguró ante los periodistas que el Gobierno "respeta y acata la sentencia, con conciencia de que los verdaderos responsables están ahí sentados" en referencia a la bancada del PP en el Congreso de los Diputados.

Alstom Ecotècnia instalará un parque eólico de 38MW en Yecla por 40 millones

BARCELONA.- Alstom Ecotècnia ha firmado un contrato con el grupo de energías renovables Elecdey para la instalación de un parque eólico de 38 megavatios (MW) en Yecla, por valor de 40 millones de euros, informó la filial de energía eólica de Alstom.

Según el acuerdo alcanzado, Alstom Ecotècnia se encargará del suministro, transporte e instalación de los aerogeneradores, así como de su mantenimiento durante los primeros años de funcionamiento. Eyra, contratista de Elecdey, construirá toda la infraestructura del parque.

El proyecto ha sido financiado por Caixa Catalunya y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través de un crédito sindicado.

El parque eólico de Sierra Lácera dispondrá de 23 aerogeneradores. Los trabajos para la construcción del nuevo parque empezarán este mes y se prevé su finalización para diciembre.

Con la instalación de este parque, Alstom Ecotècnia amplía su presencia en el mercado eólico español, que se sitúa tercero después de Estados Unidos y Alemania en cuanto a base instalada en el mundo.

La compañía cuenta con cinco fábricas en España y más de 1.400 aerogeneradores instalados en 57 parques eólicos que suman un total de 1.500 MW de potencia.

Las ventas de camiones caen un 75,7% en abril y un 72,7% en el cuatrimestre

MADRID.- Las ventas de vehículos industriales en España se situaron en 897 unidades durante el pasado mes de abril, lo que se traduce en una reducción del 75,7% en comparación con el mismo mes de 2008, mientras que en el cuatrimestre las entregas de camiones cayeron un 72,5%, hasta 3.921 unidades, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac) y de vendedores (Ganvam).

En conjunto, las ventas de camiones y autobuses durante el pasado mes de abril se situaron en 1.186 unidades, lo que representa una reducción del 70,9% en comparación con las cifras del mismo mes de 2008, mientras que entre enero y abril se vendieron 5.025 vehículos industriales y autobuses, un 68% menos.

Anfac y Ganvam señalaron que esta fuerte caída de las matriculaciones de vehículos industriales y autobuses tanto en abril como en los cuatro primeros meses del año ponen de manifiesto la importancia de poner en marcha medidas que ayuden a paliar estas reducciones.

"Es imprescindible que se tomen medidas para incentivar la demanda de este tipo de vehículos, ya que los pedidos están en mínimos históricos", señalaron.

Por segmentos, las matriculaciones de vehículos industriales ligeros (de entre 3,5 y 6 toneladas) alcanzaron 65 unidades en abril, un 57,2% menos, mientras que las de camiones medios (de entre 6 y 16 toneladas) cayeron un 64,9%, con 246 unidades. Además, las ventas de camiones pesados (de más de 16 toneladas) disminuyeron un 79,3%, hasta 586 unidades.

En el primer cuatrimestre, las entregas de camiones ligeros se situaron en 271 unidades, un 45,7% menos, mientras que las ventas de camiones medios bajaron un 60%, hasta 993 unidades, y las vehículos industriales pesados cayeron un 76,5%, hasta 2.657 unidades.

Por su parte, las ventas de autobuses, autocares y microbuses se redujeron un 26,8% durante el pasado mes de abril, hasta alcanzar 289 unidades. En los cuatro primeros meses del año descendieron un 23,4%, hasta 1.104 unidades.

Así, durante el mes pasado se vendieron en España 238 autocares y autobuses, un 22% menos, mientras que las entregas de microbuses (más de 9 plazas) bajaron un 43,3%, con 51 unidades. En el cuatrimestre, las matriculaciones de autocares y autobuses bajaron un 24%, hasta 878 unidades, y las de microbuses se redujeron un 20,7, hasta 226 unidades.

El TUE dictamina que es legal que la explotación de una farmacia se reserve exclusivamente a farmacéuticos

BRUSELAS.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictaminó hoy que es legal que un Estado miembro reserve la tenencia y explotación de una farmacia exclusivamente a los farmacéuticos. Esta restricción a la libertad de establecimiento está justificada, según el TUE, por el objetivo de garantizar un abastecimiento de medicamentos a la población seguro y de calidad.

La sentencia rechaza así los argumentos de la Comisión Europea a favor de la liberalización de las farmacias y respalda expresamente las legislaciones italiana y alemana, que habían sido cuestionadas ante el Tribunal. El Ejecutivo comunitario también ha expedientado a España por las restricciones a la apertura de farmacias, aunque este caso todavía no ha llegado al TUE.

El Tribunal de Justicia señala en primer lugar que la exclusión de quienes no sean farmacéuticos de la posibilidad de explotar una farmacia o adquirir participaciones en sociedades de explotación de farmacias constituye una restricción a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales.

Sin embargo, deja también claro que dicha restricción puede justificarse por el objetivo de garantizar un abastecimiento de medicamentos a la población seguro y de calidad.

Cuando subsisten dudas sobre la existencia o el alcance de riesgos para la salud de las personas, explica la sentencia, el Estado miembro puede adoptar medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad de tales riesgos.

Asimismo, el Estado miembro puede adoptar medidas que reduzcan, en la medida de lo posible, un riesgo para la salud pública, incluidos, en concreto, los riesgos para el abastecimiento de medicamentos a la población seguro y de calidad.

En este contexto, el Tribunal de Justicia destaca el peculiar carácter de los medicamentos, cuyos efectos terapéuticos los distinguen sustancialmente de otras mercancías. Como consecuencia de dichos efectos terapéuticos, si los medicamentos se consumen innecesaria o incorrectamente pueden perjudicar gravemente la salud, sin que el paciente pueda advertirlo durante su administración, recuerda la sentencia.

Por otro lado, un consumo excesivo o una utilización incorrecta del medicamento supone un derroche de recursos financieros, que resulta tanto más perjudicial cuanto que el sector farmacéutico genera costes considerables y debe responder a necesidades crecientes, mientras que los recursos financieros que pueden destinarse a la asistencia sanitaria no son ilimitados, cualquiera que sea el modo de financiación.

Habida cuenta de la facultad reconocida a los Estados miembros para decidir el nivel de protección de la salud pública, éstos pueden exigir que los medicamentos sean distribuidos por farmacéuticos que tengan una independencia profesional real, resalta el Tribunal.

En este sentido, la sentencia afirma que, aunque es innegable que el objetivo de los farmacéuticos, al igual que el de otras personas, es la obtención de beneficios, en el caso de los farmacéuticos de profesión se supone que no explotan la farmacia con un mero ánimo de lucro, sino que también atienden a un criterio profesional.

Por lo tanto, prosigue el TUE, su interés privado en la obtención de beneficios está mitigado por su formación, su experiencia profesional y la responsabilidad que les corresponde, ya que una eventual infracción de las normas legales o deontológicas no sólo pondría en peligro el valor de su inversión, sino también su propia existencia profesional.

A diferencia de los farmacéuticos, las personas que no tienen dicha condición carecen, por definición, de una formación, experiencia y responsabilidad equivalentes a las de los farmacéuticos. Dadas las circunstancias, el TUE subraya que no ofrecen las mismas garantías que los farmacéuticos.

Por consiguiente, la sentencia deja claro que un Estado miembro puede considerar, en el marco de su margen de apreciación, que la explotación de una farmacia por una persona que no sea farmacéutico puede suponer un riesgo para la salud pública, concretamente para la seguridad y la calidad de la distribución de medicamentos al por menor.

El TUE afirma que no ha quedado acreditado que una medida menos restrictiva distinta del principio de exclusión de los no farmacéuticos permita asegurar, con la misma eficacia, el nivel de seguridad y calidad en el abastecimiento de medicamentos a la población que resulta de la aplicación de dicha exclusión.

A la vista de su margen de apreciación, un Estado miembro puede considerar que existe el riesgo de que se infrinjan en la práctica normas menos estrictas, tales como un sistema de controles y sanciones, dirigidas a garantizar la independencia profesional de los farmacéuticos puesto que el ánimo de lucro de una persona que no sea farmacéutico no está mitigado de un modo equivalente al de los farmacéuticos autónomos y la subordinación del farmacéutico, como trabajador por cuenta ajena, al titular de la farmacia podría dificultar que aquél se oponga a las instrucciones de dicho titular.

El Tribunal de Justicia concluye que la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales no se oponen a una normativa nacional que impide a quienes no tengan la condición de farmacéutico ser titulares de farmacias y explotarlas.

La sentencia dice también que no sólo es justificable la exclusión de quienes no sean farmacéuticos de la explotación de una farmacia privada, sino también la prohibición de que las empresas de distribución de productos farmacéuticos adquieran participaciones en las farmacias municipales.

España buscará incluir el Corredor Mediterráneo ferroviario en ejes europeos durante su presidencia de la UE

MADRID.- El Gobierno trabajará para incluir el Corredor Mediterráneo ferroviario dentro de los ejes de transporte prioritarios de la UE durante la Presidencia española de la UE en 2010.

Así lo aseguró hoy el ministro de Fomento, José Blanco, para quien el hecho de que esta infraestructura no se incluyera en 2003 por parte del anterior Gobierno constituyó un "claro déficit".

"Vamos a tratar de que en la Presidencia española de la UE se pueda incluir este eje de transporte", aseguró el ministro en declaraciones a Antena 3.

Blanco garantizó además que el Corredor Mediterráneo constituye "una prioridad" para el Gobierno, que pretende darle "un impulso".

Además, según avanzó, en las resoluciones que hoy se aprobarán en el Congreso también se conformará una mayoría de grupos parlamentarios "que comparten la prioridad del Gobierno de impulsar el corredor del Mediterráneo".

El ministro reiteró su intención impulsar otros "ejes vertebradores", entre los que destacó el Ave navarro, para cuya financiación acaba de alcanzar un acuerdo con la Comunidad Autónoma.

En este punto, Blanco reiteró su intención de "buscar en la concertación con las comunidades autónomas el mejor instrumento para planificar las inversiones y contribuir a la vertebración territorial de España, complemento de cohesión social, que genera igualdad de oportunidades y progreso viva uno donde viva".

Guardacostas argelinos detienen en el mar a 59 ilegales que se dirigían hacia Murcia o Almería

ORÁN.- Los guardacostas argelinos detuvieron ayer, en dos operaciones casi simultáneas frente a la costa oeste del país, a 59 emigrantes ilegales que intentaban cruzar el Mediterráneo para alcanzar el litoral español, a la altura del litoral de Murcia o Almería, según anunció ese cuerpo de seguridad.

Se trata del mayor número de emigrantes clandestinos detenidos en una sola jornada desde comienzos de este año.

Los arrestos se produjeron en dos operaciones diferentes, una frente a las costas de Orán, capital del oeste argelino, y otra frente a las de Ghazaouet, en la provincia de Tlemcen y cerca de la frontera con Marruecos.

Frente a Orán los guardacostas interceptaron alrededor de las cinco de la madrugada a un grupo compuesto de 45 personas, de entre 25 y 27 años, que se habían embarcado a bordo de dos lanchas neumáticas en la playa de Cabo Falcón.

Tres de los jóvenes detenidos en esta operación se encontraban en mal estado de salud, según la misma fuente.

Prácticamente a la misma hora frente a las costas de Ghazaouet, fueron capturadas otras 14 personas que viajaban a bordo de una vieja embarcación de pesca.

Ambas operaciones elevan a 116 el número de emigrantes ilegales detenidos en los últimos diez días en el este y el oeste del país, período que coincide con la llegada del buen tiempo y las altas temperaturas al país magrebí.

El Gobierno argelino endureció la legislación en materia de emigración ilegal con penas que pueden alcanzar hasta los seis meses de prisión para los implicados y hasta diez años para los miembros de las redes que organizan la travesía.

Pese a ello, centenares de jóvenes argelinos han seguido desde entonces intentando cruzar ilegalmente el Mediterráneo para dirigirse a España o Italia.

No obstante lo anterior, la Guardia Civil interceptó en Almería en las últimas horas un total de cuatro pateras con 65 inmigrantes a bordo en las aguas del del Cabo de Gata y en la playa de Loma Pelada en Níjar. Los ocupantes de todas las embarcaciones son varones y mayores de edad.

La primera de las embarcaciones fue avistada sobre las 16.45 horas de ayer lunes e interceptada una dos horas después a unas dos millas al este de la playa de Loma Pelada en el término municipal de Níjar. En ella viajaban 17 personas.

Miembros del Servicio Marítimo avistaron durante la tarde a otra segunda patera a dos millas de Cabo de Gata y rescataron a los 18 varones que había en su interior, todos ellos en buen estado de salud.

A las 18.20 horas, otra embarcación con 21 varones en buen estado de salud fue localizada a 11 millas al sur de la costa almeriense. Alrededor de dos horas más tarde, un patrullero de la Guardia Civil interceptó otra patera con nueve ocupantes.

También agentes de la Guardia Civil de Cartagena han detenido esta madrugada a 18 inmigrantes, todos varones y uno menor de edad, después de ser avistados cuando llegaban a las costas murcianas. La detención de 12 de los 18 inmigrantes se produjo a las seis de la mañana y los otros fueron detenidos cuando habían desembarcado en tierra, una hora después.

lunes, 18 de mayo de 2009

Puente Ojea: "Los partidos nos condenaron a tener una olla de corrupción"

MADRID.- El diplomático Gonzalo Puente Ojea, de 84 años, fue embajador de España en el Vaticano durante el Gobierno de Felipe González. Ha dicho al diario 'Público' cosas como las que siguen.

"Los llamados partidos democráticos entraron en el juego y nos condenaron a tener una olla de corrupción con una tapadera que se llama monarquía parlamentaria. Vivimos en plena inconstitucionalidad y, en los últimos tramos del Gobierno de Zapatero, en una disolución por la vía autonómica. Es una dictadura de partidos organizada para que los dos grandes tengan la mayoría".

"El virus republicano ha quedado totalmente extirpado. El PSOE hizo una ruptura histórica total, porque la Transición fue la gran estafa política de este país. Alegando que volverían los militares, intervinieron e impidieron que se volviera a instaurar una República, y además eliminaron el poder constituyente, porque la Constitución está elaborada por los procuradores en Cortes de la época de Franco. No se cuestionó la jefatura del Estado y eso sí se hizo en la República de 1931, que eliminó la Corona y promovió el laicismo".

"La República fue una página nueva en nuestra historia. Su núcleo y la causa de su destrucción fue el laicismo, porque la Iglesia se dio cuenta de que se jugaba el tipo y puso toda la carne en el asador. Esto no lo entienden los jóvenes porque no lo han vivido y porque en las escuelas el PSOE, que había hecho pactos, eliminó esa circunstancia de los planes de estudio."

"Están desquiciados (los jerarcas de la Iglesia) porque se acostumbraron a un régimen de monopolio de las conciencias, que es lo que fue España hasta la República. Y a eso hemos de volver, la Monarquía caerá en unos 20 años y se regresará a esa fórmula".

Murcia ´emplea´ a casi cien mil trabajadores de otras provincias

MURCIA.- Cerca de cien mil personas residentes en otras comunidades autónomas encontraron trabajo en la Región durante el año pasado, lo que supondría que en Murcia, a pesar de la crisis económica, se ha contratado cada día a unos 260 trabajadores foráneos, segun 'La Opinión'.

Así consta en el informe 'Datos básicos de movilidad de los trabajadores', publicado recientemente por el Observatorio Ocupacional del Inem, que destaca que fueron más las personas de otras comunidades que llegaron a la Región con un contrato laboral bajo el brazo que los murcianos que abandonaron su lugar de residencia para trabajar en otras autonomías españolas.

Los datos que aporta el informe son que en 2008 se realizaron en la Región un total de 675.136 contratos, de los cuales 580.390 fueron a trabajadores con residencia en Murcia y 94.746 a personas de otras provincias. Asimismo, indican que un total de 77.935 murcianos emigraron al encontrar trabajo en otros puntos de la geografía española, lo que supondría un éxodo diario de 213 trabajadores que salen de la Región frente a los 260 que llegan de fuera.

Este intercambio geográfico de mano de obra durante el año pasado terminó en Murcia con un saldo positivo de 16.811 empleados. De hecho, y según destaca el Observatorio Ocupacional, se trata de la tercera provincia que 'ganó' más trabajadores -sólo detrás de Madrid y Barcelona-. Los principales saldos negativos corresponden, por el contrario, a Badajoz, Asturias, Pontevedra, Granada, Cáceres y Alicante.

A pesar de todo, se especifica que todas las comunidades receptoras, como es el caso de Murcia, han reducido sus saldos positivos respecto a otros años, ya que debido a la crisis económica se ha detectado "una cierta ralentización en el crecimiento de la movilidad geográfica". Así, en el caso de la Región, el número de trabajadores foráneos contratados descendió en 2008 un 13%, mientras que el de los murcianos que emigraron por razones laborales bajó un 8,7%.

Alicante, principal emisor

El flujo de trabajadores más intenso se registra entre la Región y Alicante, según ha constatado el Observatorio Ocupacional del Inem en este informe, ya que en 2008 más de 17.188 residentes en Murcia fueron contratados en la provincia vecina, mientras que 33.553 trabajadores alicantinos encontraron trabajo en la comunidad murciana.

Le siguen en este intercambio de trabajadores Almería (a donde emigraron el año pasado 9.796 trabajadores de Murcia), Albacete (9.796), Valencia (7.362), Madrid (7.340), Barcelona (3.609) y Jaén (3.507); y en menor medida Granada (1.644), Ciudad Real (1.475), Castellón (1.310) y Baleares (1.028).

La Región que más extranjeros contrata

El Observatorio Ocupacional del Inem dedica un capítulo a los trabajadores extranjeros en su informe sobre movilidad laboral en España, destacando que "la mayor concentración de contratos a inmigrantes se registra en Murcia y Lérida, y en general en las provincias de la vertiente mediterránea".

Por el contrario, donde hay una menor presencia de extranjeros contratados es en Sevilla, Badajoz y Cádiz. Asimismo, el estudio refleja que "los flujos más importantes se registran en las provincias del Mediterráneo, en especial Murcia con Albacete, Alicante y Almería, y en sentido contrario.

Así, el informe refleja que en Murcia se realizaron en 2008 un total de 311.177 contratos a extranjeros, de los cuales 252.393 fueron a extranjeros que ya estaban en la Región y 59.932 a otros que llegaron para trabajar en ella. Asimismo, constata que 49.521 inmigrantes dejaron la comunidad porque fueron contratados en otras autonomías.

Las nacionalidades más empleadas a nivel nacional son, según el informe, la marroquí y la ecuatoriana, aunque han experimentado un descenso, al contrario que ocurre con la rumana y la china. Se destaca, asimismo, que las nacionalidades que presentan una mayor tasa de movilidad son la de Malí, China y Pakistán.

Cabe señalar, por otro lado, que entre las actividades que más contratos generaron durante el año pasado, la única que creció fue la Agricultura, mientras que la Construcción fue la que registró un mayor descenso. Las ocupaciones que registraron mayor número de contratos son: peones agrícolas, personal de limpieza , camareros, albañiles, peones de la construcción y de industrias manufactureras.

Hombre de 32 años con formación secundaria

El informe 'Datos básicos de movilidad de trabajadores' informa de que dos de cada tres contratos que implicaron un desplazamiento entre provincias se les realizaron a un hombre, con una edad media de 32 años, la mitad de ellos con formación secundaria y para puestos de poca cualificación en uno de cada tres casos.

Asimismo, se señala que encontraron trabajo principalmente en actividades de servicios a las empresas (incluye las ETT), en la construcción, agricultura y hostelería. Los destinos preferentes fueron Madrid, Toledo, Barcelona y la costa mediterránea.

Se destaca, asimismo, que los varones se mueven más por Andalucía y Sur de Castilla-La Mancha, mientras que las mujeres lo hacen sobre todo por las Islas Baleares, Vizcaya o A Coruña. Los niveles formativos se encuentran entre los dos extremos, universitarios o inferiores a Secundaria.

UPA critica la "indiferencia" de Bruselas ante el "incumplimiento" por Marruecos del acuerdo de asociación

MADRID.- La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) criticó hoy la "absoluta indiferencia" de las autoridades comunitarias ante los problemas que, según afirmó, está generando a los productores de frutas y hortalizas el "reiterado incumplimiento" por parte de Marruecos del actual Acuerdo de Asociación con la UE.

"Ni siquiera la presentación por parte de las delegaciones españolas y francesas de un documento elaborado por la Olaf (oficina anti-fraude de la UE) denunciando estas prácticas ha servido para obtener una mínima respuesta de intervención para acabar con esta situación, que amenaza con comprometer seriamente la viabilidad del sector hortofrutícola en nuestro país", advirtió la organización agraria en un comunicado.

UPA señaló que el nuevo proceso de negociación del Acuerdo de Asociación lleva "implícita" una mayor liberalización de las condiciones de intercambio con Marruecos, que afectarán "no sólo al tomate, sino al conjunto de productos hortofrutícolas, sensibles y no sensibles". Según afirmó, el objetivo es llegar hasta un 65% de liberalización del comercio.

"Bruselas no puede permitir que una vez más el sector hortofrutícola se utilice como moneda de cambio para obtener beneficios en otros sectores, como por ejemplo el de productos transformados", señaló la organización que dirige Lorenzo Ramos.

En este sentido, UPA exigió que no se realice ninguna concesión más mientras no se pongan en marcha medidas "eficaces" para el control de los contingentes y precios de entrada que garanticen el cumplimiento del acuerdo actualmente en vigor y se desarrollen mecanismos para poder sancionar de forma eficaz en caso de incumplimiento.

"Estamos convencidos de que es la única vía para garantizar el futuro de nuestras explotaciones hortofrutícolas, que han visto cómo desde la firma del actual acuerdo sus cuotas de exportación a la UE han ido descendiendo a medida que se incrementaban las de los productos de origen marroquí", concluyó la organización.

sábado, 16 de mayo de 2009

Impiden a Diego de Ramón proporcionar 'in situ' asistencia técnica letrada a dos opositores


MURCIA.- Funcionarios de seguridad de la Comunidad Autónoma de Murcia han impedido esta mañana por orden superior el acceso del letrado murciano Diego de Ramón al edificio de la Escuela Regional de Administración Pública donde se iba a celebrar la repetición, por sentencia judicial, de la prueba parcial de una oposición a redactor de 'Onda Regional de Murcia', que originalmente tuvo lugar en 1994 con absoluta falta de garantías.

Ante la obstrucción al libre ejercicio de su profesión, tras acreditarse como abogado en ejercicio, cuando iba a asistir técnicamente a dos de los opositores perjudicados por una prueba obligada a repetir ahora por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, De Ramón optó por llamar a la Policía Nacional al objeto de que identificase a los guardias de seguridad que, al impedir su acceso a un edificio de carácter público, favorecían así el estado de indefensión de ambos opositores, quienes previamente habían recusado por conducto fehaciente a gran parte de los miembros del tribunal ante su manifiesta incapacidad técnica y legal para evaluarlos en base al artículo 103.3 de la vigente Constitución española

Posteriormente a la diligencia policial, Diego de Ramón presentó la correspondiente denuncia en el Juzgado nº 2, en funciones de guardia, con el objeto de que se llame a declarar a ambos funcionarios y a su inmediato superior para poder depurar así la responsabilidad penal de este incidente y su trascendencia jurídica última, ya que ambos opositores, desprovistos de asistencia técnico-jurídica 'in situ', optaron por no realizar la prueba, haciéndole constar al secretario del tribunal la recusación previa de la mayoría de sus miembros - designados tan solo por ser militantes de partidos políticos pese a su falta de titulación universitaria- ante la total ausencia por su parte de méritos y capacidad profesional para evaluarlos.

Las importaciones y los invernaderos del norte de la Unión Europea amenazan al sector

MADRID.- Sobre el papel, frutas y hortalizas constituyen uno de los pilares del sector agrario español. Con una facturación de unos 16.000 millones de euros, suponen aproximadamente el 37% de la producción final agraria, un porcentaje similar en materia del empleo total agrario y unas exportaciones de casi 10 millones de toneladas por valor superior en 2008 a los 8.000 millones de euros, dice 'El País'.

Esta aparente fortaleza del sector hortofrutícola español, con ventas en muchos casos fuera de temporada y con un superávit de la balanza comercial de unos 6.500 millones de euros, no coincide exactamente con la realidad, tanto en lo que afecta a los invernaderos como a las producciones o los cultivos que se obtienen al aire libre. En medios del propio sector se considera que se trata de un gigante con pies de barro debido tanto a problemas internos como a la competencia de las importaciones.

Responsables del propio sector reconocen que en épocas doradas no se hicieron bien las tareas para mejorar y reconvertir las instalaciones, actuaciones que hoy no se llevan a cabo por las caídas de precios y recorte de la rentabilidad. Pero, junto a esta dificultad, el sector se enfrenta sobre todo a un problema de costes y de competitividad.

En unos casos, se trata de las importaciones desde terceros países, especialmente el norte de África, con menos costes de producción. En otros, son las modernas instalaciones ubicadas en el norte de la Unión Europea, auténticas "fábricas", con unos mayores rendimientos por metro cuadrado, justamente al lado de los mercados de consumo donde comercializa una parte importante de sus producciones el sector español.

En lo que afecta a los cultivos bajo plástico, España dispone de una superficie de invernaderos de unas 50.000 hectáreas donde destacan provincias como Almería, con 26.000 hectáreas; Huelva, con 6.500 hectáreas; Murcia, con 6.000 hectáreas; Granada, con 5.262 hectáreas; Comunidad Valenciana, con 3.000 hectáreas; Canarias, con 2.000 hectáreas, y Málaga, con 1.500 hectáreas. Las producciones de los invernaderos suponen aproximadamente unas ventas superiores a los 5.000 millones de euros, significan el ciento por ciento de las producciones en Almería y un porcentaje mayoritario en las de Huelva, especialmente para las producciones de tomate, pepino, pimiento o fresa.

Los invernaderos almerienses fueron considerados en su día como las grandes "fábricas", sin competencia, para invadir de hortalizas los mercados comunitarios fuera de temporada.

Hoy, esa situación se ha terminado. Una gran parte de esos invernaderos, con una duración media de entre 10 y 15 años de vida, se han quedado viejos. Frente a unas producciones, por ejemplo en el caso del tomate, de unos 12 kilos por metro cuadrado, en las instalaciones modernas del norte de la UE, además construidas con subvenciones por su contribución en la lucha contra el efecto invernadero por el aprovechamiento del CO2, las producciones por metro cuadrado superan los 50 kilos, y los 100 kilos en países como Holanda.

Para asegurar la viabilidad del sector a corto plazo, desde la Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) se reclama un plan para la reconversión de los invernaderos. El objetivo es lograr unas instalaciones similares a las que se han construido en el norte de Europa. Ello supone la necesidad de invertir una media de 1,3 millones de euros por hectárea.

Tanto en las instalaciones bajo plástico como en los cultivos al aire libre, el sector se enfrenta igualmente al problema de los costes laborales. Frente a un salario medio en Marruecos de 0,50 euros por hora, para unas instalaciones bajo plástico similares a las de Almería, en España se abona una media de siete euros por hora.

En las producciones al aire libre, unos de los principales problemas a los que se enfrenta el sector son la falta de investigación y la necesidad de proceder a una reconversión varietal como están haciendo los países de la competencia. La falta de esta reconversión se está traduciendo en superficies con menos rendimientos, en menos productividad y, en otros casos, en una oferta no adecuada a los nuevos gustos de la demanda, lo que se traduce en producción de excedentes y caídas de precios.

En conjunto, el sector de las producciones de frutas y hortalizas se enfrenta en primer lugar a una estabilización de las ventas en el exterior. No se puede olvidar que el 94% de las exportaciones corresponde a los países comunitarios. No se han abierto nuevos mercados con capacidad adquisitiva fuera de la Unión Europea, mientras las importaciones mantienen un fuerte incremento en porcentajes superiores anualmente al 10%.

Este aumento de las compras baratas procedentes de terceros países no es solamente grave por su participación en el mercado nacional, sino por su presencia, en muchos casos sin control, en los mismos mercados comunitarios, como sucede con el tomate marroquí o el ajo chino.

Un segundo problema del sector en su conjunto se halla en la política de investigación e innovación donde el panorama no es para el optimismo.

Estatalmente el viejo organismo INIA ha ido dando tumbos en la última década de ministerio en ministerio, perdiendo su capacidad para responder a las necesidades del sector agrario sobre el terreno. En la parte positiva se hallan los trabajos de algunas comunidades autónomas como el IRTA en Cataluña o el IVIA en Valencia.

No se ha avanzado lo que sería necesario en materia de reconversión varietal desde la perspectiva de mejoras en la productividad, rendimientos o búsqueda de las producciones más adecuadas a los gustos cambiantes de los mercados.

Además, la mayor parte de las nuevas variedades de semillas o plantones tienen vocablos extranjeros y las patentes proceden del exterior, lo que supone una fuerte dependencia de la investigación ajena en un sector básico para el conjunto de la actividad económica. Eso sucede con las variedades de cultivos en los invernaderos de Almería. Un dato significativo en este escenario es la situación de la fresa. España es el primer comunitario en la producción de fresas y, sin embargo, la investigación utilizada por el sector pertenece a una Universidad de California.

La UE aprieta

A los problemas propios del sector se han sumado en los últimos meses algunas disposiciones comunitarias que pueden suponer otro golpe para el sector.

Por un lado, se halla la normativa por la que se va a restringir desde 2010 el uso de productos fitosanitarios. Según los productores, esta norma supondrá un grave riesgo para mantener los actuales niveles de producción, si para esa fecha no hay productos alternativos para proteger los cultivos con las mismas garantías para las plantas y para la seguridad alimentaria.

Por otra parte, se teme un impacto negativo sobre los mercados de las nuevas normas comunitarias por las que se permitirá la comercialización de frutas y hortalizas frescas defectuosas o de segundas categorías que hasta la fecha se destinaban para la transformación industrial. Bruselas justificó la medida para bajar los precios a los consumidores al aumentar la oferta. El sector cree que la misma será un coladero a las importaciones.

El deterioro de los activos inmobiliarios de las cajas forzará la desaparición de entidades

MADRID.- Para algunas cajas de ahorros españolas el futuro es sombrío, según la revista The Economist. Estas entidades se han convertido, junto a los bancos regionales estadounidenses, en la parte del sector financiero más perjudicada: se trata de operadores que o no cuentan “con el abrazo reconfortante del Estado o tienen una cartera de activos poco diversificada”.

Para la revista, las cajas están sometidas a una presión mayor a medida que se deteriora la calidad de sus activos inmobiliarios por la crisis, lo que podría derivar en un descenso del número de estas entidades a través de integraciones o adquisiciones.

El artículo, titulado Reconstruyendo los bancos, no da una estimación cuantitativa de lo que podría suponer esta reducción, aunque sí lo hace en el caso de la banca norteamericana. Según un experto de la consultora Oliver Wyman, el número de bancos en EEUU podría reducirse por efecto de la crisis desde los 8.000 existentes en la actualidad hasta unas 2.000 entidades.

El futuro es menos inquietante para los grandes bancos, los que representan el corazón del sistema financiero global. “El futuro es para ellos lo suficientemente seguro, por lo que serán capaces de tener un plan más allá de la mera supervivencia”, subraya The Economist.

No obstante, vaticina que tendrán que cambiar todo lo que hacen: “desde la forma de gestionar sus balances, hasta las remuneraciones a sus gestores”.

En España, el principal problema para el sector financiero es su excesiva exposición al sector de la promoción inmobiliaria. La banca española acumula créditos concedidos a las inmobiliarias por valor de 318.000 millones de euros, de los cuales un 54% corresponden a las cajas.

Este segmento de mercado acumula también la mayor tasa de mora (6,1%), por encima de la media (4,14%).

El Gobierno estudia 'abrir la veda' para que los bancos puedan comprar cajas con problemas

MADRID.- El Gobierno está estudiando 'abrir la veda' para que los bancos puedan comprar cajas de ahorros con problemas en el marco de la reestructuración del sistema financiero, según informaron fuentes conocedoras de los planes del Ejecutivo.

Esta iniciativa se inscribe en el plan de rescate para entidades en dificultades que el Gobierno ultima con el Banco de España y consulta con el PP de cara a ampliar el eventual consenso entre los dos principales partidos al resto de grupos parlamentarios para afrontar la consolidación del sistema financiero con una sola voz.

La absorción de una caja por parte de un banco requeriría cambios normativos que han encontrado la oposición frontal tanto de agentes del sector financiero como del mundo político implicado en la gestión de las cajas, por lo que el Gobierno prevé sortear este obstáculo a través de una vía indirecta.

Tras desechar un cambio en la Ley de Cajas de Ahorros para aminorar el componente político en este tipo de entidades, el Gobierno y el Banco de España contemplan que los bancos puedan comprar activos y sucursales de las cajas de ahorros sin necesidad de que se produzca una integración jurídica de entidades.

"Si los bancos pueden comprar activos y oficinas de cajas, a efectos prácticos se está produciendo una integración, sin que a efectos jurídicos cambie nada, ya que no se producen movimientos de consolidación directa, sino indirectamente", explicaron a Europa Press las fuentes consultadas.

El objetivo del plan de rescate es facilitar la reordenación de un sistema financiero en el que algunas entidades presentan problemas de solvencia, principalmente por su exposición al ladrillo, y que cuenta con una red de oficinas sobredimensionada a raíz de la expansión llevada a cabo durante la última época de bonanza.

La absorción de cajas de ahorros, tanto enteras como troceadas, por parte de otras cajas en mejor situación o por parte de bancos con más capacidad de optimizar su negocio supondría uno de los primeros recursos que contempla el plan de rescate para evitar la quiebra o liquidación de entidades antes de inyectar dinero.

No obstante, un alto directivo de un banco español que prefiere mantenerse en el anonimato subrayó a este respecto el desinterés de muchos bancos, sobre todo de gran tamaño, por asumir cajas de ahorros. "Hemos dicho al Gobierno que los niños con los niños y las niñas con las niñas", ilustró de forma gráfica.

El Banco de España, que mantiene un seguimiento al día sobre la situación interna de bancos y cajas y, por tanto, tiene identificadas claramente las entidades más frágiles en términos de solvencia, sugiere en la actualidad diversas integraciones basándose en criterios puramente financieros.

No obstante, si los esquemas de reordenación que plantea el organismo presidido por Miguel Ángel Fernández Ordoñez no fructifican por el desinterés de los actores implicados o por obstáculos políticos, se pasaría a la segunda fase, que implica la inyección de capital a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Este colchón con que cuentan bancos y cajas por separado, está dotado con menos de 4.500 millones de euros en conjunto, recursos que se engordarán significativamente a través del remanente de la liquidez del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) que no ha salido a subasta, unos 80.000 millones de euros.

Las pujas de liquidez realizadas hasta este momento por el Tesoro a cambio de activos financieros de máxima calidad se han saldado con la adjudicación de casi 20.000 millones de euros, pero desde el pasado mes de enero no se ha vuelto a organizar ninguna subasta, ya que se han suavizado los problemas de acceso a la liquidez en los mercados mayoristas y las entidades han logrado colocar deuda tanto con aval del Estado como si él.

De esta forma, quedan algo más de 80.000 millones de euros del total de 100.000 millones contemplados inicialmente dentro del FAAF que el Ministerio de Economía y Hacienda podría destinar a engrosar los recursos del FGD sin que fuera necesario realizar ninguna dotación adicional.

El Grupo Parlamentario Socialista acusa al PP de imponer en la Asamblea la "Ley del silencio"

CARTAGENA.- La diputada regional socialista Begoña García Retegui afirmó que "el Partido Popular hace de la Asamblea Regional una prolongación de San Esteban y trata de imponer una "ley del silencio" sobre lo relacionado con el ex consejero Francisco Marqués, La Zerrichera y, en general, sobre los asuntos que tienen que ver con la corrupción en la Región de Murcia.

"Resulta paradójico, cuando no una muestra de la hipocresía con la que nos tiene acostumbrados, que Valcárcel se alegre de que su compañero Francisco Camps vaya a declarar como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, cuando éste ha intentado por todos los medios no tener que acudir al Juzgado para dar cuenta de sus famosos trajes y los contratos con empresas de la trama Gürtel", remarcó en comunicado de prensa.

Retegui denunció que en el caso de la Asamblea Regional "es una irresponsabilidad que el presidente Valcárcel pretenda tapar la boca a la oposición". Y recordó que Ramón Luis Valcárcel dijo en su última comparecencia en el hemiciclo que de La Zerrichera no se iba a hablar más "y punto y final", y para ello, según la diputada, "no ha dudado en volver a utilizar a la institución parlamentaria a su antojo".

Begoña García Retegui explicó que la mayoría del PP en la Mesa de la Asamblea votó en contra de la admisión a trámite de una iniciativa socialista para que compareciera el presidente para dar cuentas de los nombramientos de altos cargos, como Francisco Marqués, consejero hasta en tres ocasiones en gobiernos populares, con el "disparatado argumento" de que no es responsabilidad exclusiva del presidente.

García Retegui criticó, asimismo, la "actitud obstruccionista y cicatera del PP" que viene negando reiteradamente en la Junta de Portavoces la posibilidad de debatir en el Pleno de la Cámara la moción socialista que solicita la apertura de una Comisión de Investigación sobre La Zerrichera y Novo Carthago.

La diputada socialista cree que "Valcárcel parece haber olvidado que la Asamblea es una institución democrática; pero tarde o temprano tendrá que comparecer y dar explicaciones sobre todos los asuntos de corrupción que han salpicado a los gobiernos que preside".

A este respecto recordó los datos que conocimos el viernes, en el sentido de que el Ejecutivo regional se verá obligado a anular La Zerrichera, tal y como el PSOE le exigió desde el principio.

Así, las actuaciones judiciales, como consecuencia de las denuncias realizadas por la actuación del Gobierno regional al aprobar la reclasificación urbanística en este paraje protegido, "obligarán a Valcárcel y a su Gobierno a revocar la orden del consejero Joaquín Bascuñana que permitían construir 4.000 viviendas y un hotel en la Sierra de la Almenara, en el término municipal de Águilas", explicó.

Precisamente, a respuesta de una solicitud de información presentada en la Asamblea Regional por la diputada socialista Teresa Rosique, el jefe del Servicio Jurídico-Administrativo de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, ha comunicado por escrito que la entrada en vigor del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Gestión y Conservación de la ZEPA de la Sierra de la Almenara, Moreras y Cabo Cope, determinará la derogación, en su totalidad, de la orden de Bascuñana que permitía el uso residencial y terciario en el paraje de La Zerrichera.

Retegui insistió en que el presidente Valcárcel debería explicar por qué mantiene todavía sentado en el Consejo de Gobierno al consejero Joaquín Bascuñana, que aprobó la reclasificación de La Zerrichera, junto al también consejero José Ballesta, que ahora va a tener que firmar su anulación.

"En un Estado de Derecho, cómo se puede explicar esto", y el Partido Socialista "no va a parar hasta que no se sepa toda la verdad sobre La Zerrichera" y con independencia de las actuaciones judiciales, va a seguir reclamando en la Asamblea Regional la creación de una Comisión de Investigación, "pese a que Valcárcel se empeñe en lo contrario", concluyó.

Teresa Rosique acusa al Gobierno regional de jugar con la estadística para ocultar la realidad de sus medidas frente a la crisis

CARTAGENA.- La diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, acusó al Gobierno regional de jugar con la estadística para ocultar la realidad, "y la realidad es que licita poca obra pública para hacer frente a la crisis económica".

Rosique se refirió así a las manifestaciones de la Consejería de Obras Públicas, que anunció que se había duplicado la licitación del primer trimestre de 2009 en relación con el de 2008.

"Jugar con la estadística es muy sencillo, porque el año pasado en Murcia la licitación de la Comunidad cayó un 30 por ciento, y eso que en 2007 ya teníamos el dudoso honor de ser la comunidad autónoma con menor licitación en inversión pública por habitante", indicó la parlamentaria, "por lo que crecer en 2009, por tanto, debería ser sencillo".

La realidad es que "en primer trimestre de 2008 la licitación de la Comunidad de Murcia sólo representó el 1,08 por ciento del total de las comunidades, cuando nuestro peso en población es de más del 3 por ciento", señaló.

En los tres primeros meses de este año se han licitado 43 millones de euros, lo que nos sitúa en la cuarta comunidad autónoma por la cola. "Y eso no lo dice el Gobierno regional cuando presenta sus cifras", precisó Teresa Rosique.

Y es que aún aumentando en un 100 por ciento, nuestro peso en el conjunto nacional en este primer trimestre de 2009 es tan solo un 1,28 por ciento. Para estar en la media Murcia debería haber licitado por encima de 100 millones de euros.

El conjunto de las comunidades autónomas han licitado 3.372 millones de euros en los tres primeros meses del año, y autonomías como Aragón, Asturias, Navarra, Extremadura o La Rioja, todas con menos habitantes que Murcia, han licitado muy por encima.

"Somos la cuarta por la cola, detrás de Baleares, Canarias y Cantabria".

Por ello, se cumplen las peores previsiones del presidente de la Cámara de Contratistas de Obras Públicas de la Región, Luis Fernández, quien vaticinó hace apenas un mes que "el futuro de la obra pública en la Región es bastante oscuro y negro", concluyó en comunicado de prensa.

Anguita señala como corresponsables a los ciudadanos que votan y apoyan a políticos corruptos

MURCIA.- El ex dirigente de Izquierda Unida Julio Anguita, que ayer visitó la Región de Murcia, afirmó que la corrupción política es una «segunda naturaleza» en España y el resultado «de una época del enriquecimiento fácil en la que se veía como algo normal». Anguita dijo al respecto que «en cierta medida los ciudadanos son corresponsables de esta situación», porque, en muchos casos, «han apoyado y votado a políticos corruptos», según recoge 'La Verdad'.

En relación con la imputación de Francisco Camps por un presunto delito de cohecho, dijo que el PP «debe dar ya una muestra de que reprueba determinadas conductas» porque «lo que se traslada a la calle es algo que menoscaba el valor que debe tener la ética política». Asimismo, hizo referencia a una cita de Calderón de la Barca y aseguró que «si se encuentra harto el paño, pues que vaya a la cárcel».

Pero no fue el único tema del que habló ayer Anguita en su visita a Murcia. El ariete de la izquierda más comunista durante los gobiernos de Felipe González y Aznar se refirió a la crisis para decir que «las medidas del presidente Zapatero en el Debate sobre el estado de la Nación son un «picoteo». A su juicio, la política socialista «no sirve», mientras que la del PP es «impresentable».

Por último, Anguita destacó, a raíz de los incidentes ocurridos en la final de la Copa del Rey, que la monarquía «va siendo socavada lentamente por actividades propias y porque están surgiendo nuevas visiones».

Hay un hecho, añadió, y es que «allí aparecieron unos independistas abucheando al jefe del Estado», por lo que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero «debería tomar nota».

Puerto, COEC, vecinos y UPCT unen sus fuerzas para demandar el AVE a Cartagena

CARTAGENA.- La Mesa del Transporte y las Infraestructuras de Cartagena y comarca se constituyó con la participación de empresarios, vecinos y universitarios y se ha marcado como objetivo prioritario reclamar la llegada a la ciudad del tren AVE tanto para pasajeros como para mercancías.

Organismos como la Autoridad Portuaria y la Universidad Politécnica de Cartagena y asociaciones empresariales como la Confederación de Empresarios (COEC) y vecinales como la Federación de Vecinos forman parte de esta plataforma que se creó a iniciativa del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio y cuya sede acogió el acto de constitución de la misma.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Adrián Angel Viudes, dijo al término de la reunión que el método de trabajo en temas prioritarios como el AVE será invitar a los responsables del ministerio de Fomento y a los de la Comunidad Autónoma a que expliquen cómo está ese proyecto para después emitir un pronunciamiento "en el que actuaremos como grupo de presión para instar a quien corresponda".

Viudes indicó que además de la llegada del AVE la Mesa del Transporte hizo ayer una relación de infraestructuras que considera importantes como la futura dársena de El Gorguel, la ciudad del transporte, el nuevo aeropuerto, los polígonos industriales o los puertos deportivos.

Cofrusa espera entrar a trabajar en Halcon Foods

MURCIA.- La conservera de Mula Cofrusa consiguió el respaldo definitivo de las entidades bancarias para comprar las factorías de Halcon Foods en Campos del Río, Calasparra y Perú, lo que le permitirá reanudar la actividad la próxima semana, según 'La Opinión'.

Tras la reunión de cuatro horas celebrada en el Instituto de Fomento, con la mediación del consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín, Cofrusa anunció oficialmente que da por cerrada la operación, que ronda los 40 millones de euros, a falta de ultimar algunos flecos.

La compra de Halcon convertirá a Cofrusa en la primera conservera de España, con tres factorías en la Región y otra participada al 50% en Perú, que podrá ser utiliza como trampolín para exportar al mercado estadounidense.

El acuerdo anunciado pone fin a casi seis meses de negociaciones entre los propietarios de Halcon, Cofrusa y las entidades acreedoras, que financian la operación con el aval del Gobierno regional. Tras cuatro horas de reunión, los bancos y cajas que intervienen dieron su aprobación definitiva, mientras los trabajadores de Halcon permanecían concentrados en la puerta.

Al acabar el encuentro, el presidente de Cofrusa, Joaquín Navarro, se dirigió a los concentrados para anunciarles que espera firmar las escrituras a principios de la próxima semana con el fin de que el jueves o viernes sea posible tomar posesión de las nuevas factorías y reanudar el trabajo.

Antes de comprometerse a comprar, Cofrusa planteó una serie de recortes económicos y laborales a las plantillas de Halcon, que fueron admitidos en Campos, pero no en Calasparra.

En la primera de ambas factorías seguirán trabajando 400 personas, mientras que 118 han entrado en un expediente de regulación de empleo apoyado por UGT. En Conservas Fernández, los propios trabajadores han presentado una demanda de despido para poder cobrar las indemnizaciones.

El 42,3% de los hogares murcianos está conectado a Internet

MURCIA.-El 42,3 por ciento de los hogares murcianos están conectados a Internet, frente al 51 por ciento de la media de casas conectadas en el conjunto de España.

Así lo refleja la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares del INE y correspondiente a 2008 recogida por Europa Press.

En este sentido, entre las comunidades que registran un mayor número de viviendas con acceso a Internet está Madrid, con el 62,3 por ciento; seguida de Cataluña, con el 60,1 por ciento; y País Vasco, donde el 57 por ciento dos hogares tienen acceso a la Red.

Por el final de la lista y por encima de Galicia (39,7) se sitúan Castilla la Mancha, con un 40,5 por ciento; Castilla y León, con un 41,7 por ciento; y Murcia, con un 42,3 por ciento de hogares con acceso a la red.

En Galicia, el tipo de conexión más utilizado en los hogares que cuentan con acceso a Internet es la banda ancha, en un 80 por ciento de los casos, mientras que la línea telefónica tradicional a través de modem o RDSI representa el 18,4 por ciento de las conexiones.

Dentro de la banda ancha, la más empleada es la ADSL, en un 48,8 por ciento de los casos, seguido de la red de cable, en un 29,2 por ciento y otros modos, como la red de telefonía móvil 3G en un 5,7 por ciento de los casos.

Asimismo, el 93,5 por ciento de los hogares se conecta a Internet a través de ordenador personal --73,1 por ciento a través de ordenador de sobremesa--, el 7,7 por ciento con un teléfono móvil, el 2,2 por ciento a través de videoconsola, el 1,9 por ciento con PDA o agenda electrónica y el 0,5 por ciento de los gallegos se conectan a la red a través de una televisión con dispositivo específico de acceso a Internet.

Según los datos del INE, el 47,6 por ciento de la población gallega --2.087.556-- ha utilizado Internet en un periodo de tres meses, mientras que el 37,9 por ciento afirma utilizarlo al menos una vez por semana.

Estos indicadores sitúan a Galicia en el penúltimo lugar en uso de Internet, en lo que solo supera a Extremadura, en la que el 43,6 por ciento de la población dice haber empleado la red en un periodo de tres meses.

En cuanto a las compras a través de la red, solo el 11,6 por ciento de los gallegos reconoce haber comprado algo en Internet en un periodo de tres meses, frente al 13,3 por ciento de la media nacional.

Así, Galicia está en décimo lugar en frecuencia de compras por Internet, por debajo de Islas Baleares, donde compran en la red un 20 por ciento; Madrid, con un 18,8; Cataluña, con un 16,2; Aragón, con un 15,7 por ciento; Navarra, con un 15,6 por ciento; Cantabria, 15,4 por ciento; País Vasco, con un 15,4 por ciento; La Rioja, con un 13,9 por ciento; y Castilla y León, con un 12,2 por ciento.