MURCIA.- Se ha vuelto a saber ahora de acoso en el IES Ingeniero De la Cierva, en Patiño, de donde procedía la niña de 13 años que se suicidó en 2017 en otro IES de la capital. El tema se ha sabido ahora por boca de los afectados, en este caso profesores, al acudir a un prestigioso bufete de abogados de Murcia, que ya estudia con la documentación aportada las acciones legales a emprender contra los responsables últimos de una situación que parece enquistada en este centro educativo dependiente directamente de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Murcia.
En el mismo instituto del que procedía esa niña que, por acoso de sus compañeros, se tuvo que trasladar al IES Licenciado Francisco Cascales. En el IES Ingeniero de la Cierva se produjeron previamente dos denuncias de profesores, iniciándose sendos Protocolos de Acoso contra varios miembros, en el que estaba incluido el actual director del IES.
"Se ven obligados a iniciar dos Protocolos de Acoso, no sólo ocultando documentación al respecto sino con nula imparcialidad por parte de los funcionarios que los instruyen, para proteger a los agresores todo lo archivan. Por las distintas denuncias presentadas, articulan los medios para incoarme dos expediente de disciplina, que el juzgado en sendas ocasiones tumba, condenando en costas", dice uno de los profesores afectados cuya identidad nos consta.
Al actual director (que gestionó lo del acoso a Lucía seis meses antes de su suicidio), como a varios de los profesores del Dpto. de Electricidad Electrónica, por esas dos denuncias presentadas por dos profesores ante la propia Consejería de Educación como a Inspección de Trabajo, se les inician dos Protocolos de Acoso (en las mismas fechas del suicidio), en contra de la voluntad de los distintos funcionarios de alto rango de la Consejería de Educación, "quienes todo lo quieren tapar", se dice en la documentación aportada al bufete.
En presencia del actual director cuando era jefe de Estudios, también del Jefe del Dpto, el Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales del IES y demás compañeros, en las distintas reuniones semanales del Dpto, no sólo era amenazado uno de estos profesores en aquellas fechas por varios de los antiguos profesores (uno de ellos fue miembro del tribunal en el que el hoy director aprueba las oposiciones, quedando en una de las últimas posiciones).
Sistemáticamente se negaban, una y otra vez, a recoger sus manifestaciones para que constaran en acta las distintas amenazas de las que era víctima.
"Tengo grabadas en audio y vídeos la mayoría de las reuniones del Dpto, y se puede comprobar. También un vídeo con el antiguo director, al que le denuncio todo y lo tapaba por las circunstancias. No sólo por los cargos ostentados como directivo, sino también por la amistad con distintos funcionarios de alto rango de la Consejería de Educación, y haber prestado servicio en la misma durante años. A través de los canales oficiales de comunicación, les hacían llegar denuncias falsas en mi contra, de las que ni me enteraba", se añade.
"Sabían dónde ir y qué hilos mover, produciéndose distintas injerencias en mi contra. Si a ello le sumamos lo sucedido con la niña Lucía en el instituto y lo del compañero que vino a sustituirme, los funcionarios estaban más por la labor de taparlo todo, pues le podía afectar directamente a más de uno. Ya que tuvieron conocimiento en su momento y no actuaron al respecto. Les fue más fácil proteger a los agresores y criminalizar a las víctimas", prosigue.
"La ciudadanía de Murcia tienen que saber, siempre según el profesor denunciante, que en el mismo instituto en el que se acosa a la niña Lucía de 13 años por sus compañeros, los de la Consejería tienen que iniciar dos Protocolos de Acoso contra el director y varios cargos más. Teniendo información al respecto con mucha antelación, para actuar, que no lo hicieron. Quizás, si hubiesen actuado a tiempo, se hubiese evitado el suicidio de Lucía. Insisto: les fue más fácil criminalizar a las víctimas y proteger a los agresores, que eran amigos y directivos", agrega.
El primer Protocolo de Acoso iniciado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación lo inician por indicación expresa de Inspección de Trabajo previa denuncia presentada por el profesor que vino a sustituir a otro a los pocos meses de iniciarse el curso. Denuncia el acoso al que estaba sometido por parte del actual director y del Jefe del Dpto.
Ya en julio de 2016 dicho servicio tuvo conocimiento del acoso al que estaba sometido otro profesor, pues les presentó tanto los escritos como los distintos vídeos, aprobando de urgencia el cambio de instituto para septiembre. Este otro profesor no tuvo noticias del inicio del Protocolo de Acoso al compañero que vino a sustituirlo, hasta que se lo archivaron, por la reunión mantenida en las vacaciones del verano de 2017.
Por esa fecha, ya habían iniciado el otro Protocolo de Acoso denunciado en julio de 2016, el segundo, iniciado un año después de ser denunciado y dos, desde que se produjeron distintas injerencias en la Consejería de Educación para distorsionar una denuncia sobre falsa acusación. Todo se centró en que había un conflicto en el Dpto., ampliamente conocido por Inspección Educativa, siendo el profesor denunciante el responsable de todo.
El segundo Protocolo de Acoso es iniciado un año más tarde de haber presentado la denuncia ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Tras comprobar las pruebas fehacientes aportadas a la denuncia, cambian de instituto al denunciante (previa solicitud y de urgencia), mientras según ellos lo van a investigar.
Por esas fechas, julio de 2016, la niña Lucía todavía estaba viva. Después de denunciar la situación, pasaban no sólo los días, sino las semanas, los meses y nada de la denuncia. "Parece que todos se habían olvidado de mi situación. Ante la dejadez de la administración, teniendo ya conocimiento del suicidio de la niña Lucía y junto a mi representante sindical (quien los conocía bien) mantuve una reunión con el Subdirector General de la Dirección de Recursos Humanos a mediados de mayo 2017 (años más tarde, compruebo que hay una clara connivencia sindicato-administración, siendo engañado como un chino). Le hago saber que voy a denunciar ante los medios de comunicación todo lo presentado ante la Consejería de Educación", revela.
“Por esas fechas y por la prensa, sólo tenía conocimiento del suicidio de Lucía, desconociendo el inicio del Primer Protocolo de Acoso al profesor que vino a sustituirme, casi por los mismos cargos que el mío”.
"Ante mis manifestaciones, le obligo a decir al Subdirector General de Recursos Humanos que va a iniciar un Protocolo de Acoso contra los denunciados. Que si se ven indicios, lo denunciaba ante la Fiscalía para que actuase el juzgado. Pero como les obligué a iniciar un Protocolo de Acoso que no querían, no lo hacen a mediados de mayo de 2016, que es cuando me dicen que lo van a iniciar, según la reunión mantenida, sino hasta mediados de julio (dos meses más tarde), porque ya se había iniciado el primer Protocolo de Acoso al profesor que vino a sustituirme.
Para no dejar constancia o indicios de ello, teniendo que ser reflejado como antecedentes en mi protocolo, no lo inician hasta días más tarde de haber archivado el protocolo del compañero. Todo fue una encerrona en mi contra. Utilizan todas sus experiencias como los medios legales a su alcance para intentar inhabilitarme a toda costa y como sea".
"Siendo mí denuncia de acoso la primera, fui el segundo Protocolo de Acoso iniciado casi contra los mismos. Días antes de iniciarlo no sólo se reúnen con los denunciados (Director, Jefe del Dpto., y demás), sino con antelación, encargan a los Servicios Jurídicos de la Consejería que les realicen una interpretación de las normas que regula el Protocolo de Acoso publicado en el BORM para mi caso. Para el compañero (primer protocolo), la utilizan tal cual".
"Los del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, pretenden por las distintas pruebas que he aportado, y que son fehacientes, es inhabilitarme a toda costa. Para ello, se inventan que tengo que realizarme una prueba médica en la Mutua donde tienen contratado todos los servicios médicos de los funcionarios de dicha Consejería. Con la excusa de saber el alcance del posible daño que se me ha originado y así poder ayudarme. Dicha prueba “para ayudarme” según ellos, la tengo que realizar un año más tarde de la denuncia presentada y dos desde que tuvieron conocimiento de que habían problemas", prosigue.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales está para actuar de oficio al segundo siguiente de tener conocimiento de cualquier problema al respecto. No actuaron para nada en este caso.
"En la reunión de inicio del Protocolo, me lo indican por escrito y tengo que firmarlo. Si me niego a ello, se reflejaría en mi contra en el informe que ellos tienen que realizar. Dicha situación, se denuncia ante Inspección de Trabajo. Son citados por la misma y dicen que lo habían reflejado pero que no lo tendrían en cuenta.
La prueba hubiese consistido en ir a la Mutua (en la que tienen contratado el servicio médico de todos los funcionarios de dicha Consejería. Que le deja un pastón), para que un facultativo realizase un informe al respecto de mi situación. No acudí por razones evidentes.
Se habían tomado muchas molestias en todo lo mío y para nada en ayudarme. El mismo día del inicio del protocolo en julio de 2017, pude comprobar las distintas injerencias. En los distintos informes se reflejaba un número de expediente de 2015. Si yo denuncio el acoso en julio de 2016 y en julio de 2017 se inicia el Protocolo de Acoso. ¿Por qué se inició el expediente en el año 2015?", se pregunta el profesor afectado que pide, de momento, guardar el anonimato.
"Visto lo visto, solicito que me faciliten información referente a la regulación del Protocolo de Acoso dando por terminada la reunión. A los pocos días, presenté dos escritos con registro de entrada, a la Consejería de Educación, en el que recusaba claramente a que cualquier funcionario de la Consejería de Educación instruya el Protocolo de Acoso a favor de otras.
No les hizo nada de gracia, agudizando aún más el ingenio para ir contra mí. Más tarde, ante la negativa de que lo instruyesen desde otra administración pública, paralice en numerosas ocasiones y por escrito la continuidad del Protocolo de Acoso, hasta que no me facilitasen toda la documentación, que no la facilitaron por las circunstancias.
Con falsedad en documento público y constituyendo todo un delito, me incoaron un segundo expediente de disciplina que el juzgado lo volvió a tumbar, condenando en costas a la Consejería de Educación", concluye.
