Y el diputado Domingo Segado añadía en la Asamblea
Regional, para justificar la prioridad absoluta de esta reforma que «es
un tema que verdaderamente preocupa a los ciudadanos, nos lo han pedido
desde el sector náutico, hoteleros, hosteleros...».
Desde ANSE
nos dirigimos a los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional para
transmitirles nuestra preocupación por las consecuencias ambientales y
sociales de la asunción de las transferencias de Costas por la Comunidad
Autónoma. Afortunadamente, todos los partidos de la oposición actuaron
de manera responsable y decidieron votar en contra de la propuesta del
Partido Popular para esta reforma urgente.
Sinceramente, nadie en su
sano juicio creería que un Gobierno del Partido Popular asumiría las
competencias de gestión de la costa de la Región de Murcia para hacer
compatible la conservación del litoral con el desarrollo económico. Si
algo ha caracterizado, precisamente, la gestión del litoral de la Región
durante los últimos 20 años han sido los diferentes ´asaltos´ del
Gobierno regional y de muchos Ayuntamientos para arrancar a la
naturaleza costera algunos de sus últimos bastiones sin urbanizar.
Como ejemplo de los intereses reales que el Partido Popular ha querido para nuestra costa basta recordar que las Directrices de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia vinieron acompañadas de la derogación de la Ley de Protección y Armonización de Usos del Litoral del Mar Menor, y la recalificación de suelos para la urbanización de grandes espacios costeros, especialmente Marina de Cope, que no ha sido destruida por el desarrollo urbanístico y una marina deportiva gracias a la acción judicial de las organizaciones de defensa de la naturaleza y las protestas ciudadanas.
También en el proyecto de construcción de Puerto Mayor, en La Manga, el Gobierno regional incumplió la normativa de costas para favorecer la destrucción de más de un kilómetro de playas para una nueva gran infraestructura portuaria en un entorno intensamente destruido.
Como ejemplo de los intereses reales que el Partido Popular ha querido para nuestra costa basta recordar que las Directrices de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia vinieron acompañadas de la derogación de la Ley de Protección y Armonización de Usos del Litoral del Mar Menor, y la recalificación de suelos para la urbanización de grandes espacios costeros, especialmente Marina de Cope, que no ha sido destruida por el desarrollo urbanístico y una marina deportiva gracias a la acción judicial de las organizaciones de defensa de la naturaleza y las protestas ciudadanas.
También en el proyecto de construcción de Puerto Mayor, en La Manga, el Gobierno regional incumplió la normativa de costas para favorecer la destrucción de más de un kilómetro de playas para una nueva gran infraestructura portuaria en un entorno intensamente destruido.
El Gobierno regional también expresó que la
asunción de las competencias de Costas facilitaría los trámites para la
aprobación del proyecto del Macropuerto de El Gorguel, confiando en que
supondría un espaldarazo a la economía regional; habría que preguntarse
si sería parecido al fiasco del aeropuerto de Murcia-Corvera.
Además, la asunción de las competencias de Costas por nuestra Comunidad Autónoma supondría un coste económico imposible para una gestión responsable. Si durante tantos años nuestros representantes políticos protestan ante el Estado por el déficit de financiación autonómica, ¿vamos a asumir más competencias sin haber solucionado antes la supuesta deuda histórica y el desequilibrio presupuestario actual?
Además, la asunción de las competencias de Costas por nuestra Comunidad Autónoma supondría un coste económico imposible para una gestión responsable. Si durante tantos años nuestros representantes políticos protestan ante el Estado por el déficit de financiación autonómica, ¿vamos a asumir más competencias sin haber solucionado antes la supuesta deuda histórica y el desequilibrio presupuestario actual?
Asumir las
competencias de Costas no conlleva solamente autorizar chiringuitos o
infraestructuras portuarias, hoteles y urbanizaciones, sino asumir
también la recuperación del litoral y/o protección de lo urbanizado
coincidiendo con un grave proceso de regresión de la línea de costa, que
obligará a tomar medidas muy costosas económica y socialmente para
salvar al mismo turismo de sol y playa. No es creíble que el Gobierno
regional vaya a ser capaz de hacerlo, y sus consecuencias económicas
serían desastrosas para nuestra Comunidad.
Y otro debate no menor,
tal vez el más importante, sería el de si la gestión de un espacio con
vocación pública, más allá de los intereses locales, como es la costa,
debe ser regulado y gestionado desde una Comunidad Autónoma o un
Ayuntamiento, pero no hay tiempo ni espacio para abordar aquí esta
cuestión.
(*) Director de ANSE y geógrafo
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/07/16/competencias-costas/845615.html
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