Que Pedro Antonio Sánchez sería llamado
por el TSJ a declarar como ´investigado´ en el caso Auditorio no supone
ninguna sorpresa. Es un trámite previsto desde el mismo momento en que
dicho tribunal aceptó considerar la remisión de la jueza de Lorca que
investigó el asunto. Por tanto, la única novedad es que se van
cumpliendo los plazos.
Ocurre que, con la convocatoria a declarar el
próximo 6 de marzo, el presidente adquiere formalmente la condición de
´imputado´ según la denominación que regía antes de que el Gobierno de
su partido decidiera cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para
hacer desaparecer esa figura, que mientras tanto fue incluida en el
pacto de investidura del PP murciano con Ciudadanos: todo político
´imputado´ en un caso de corrupción, tanto si dispone de
responsabilidades institucionales como orgánicas, ha de ser separado de
su cargo. Hoy no hay imputados, sino investigados, que es el caso de PAS
en este momento. Pero la equivalencia es incontestable. Según el pacto
PP-C's, la citación del TSJ al presidente establece el momento crítico en
que debiera producirse la dimisión de éste según lo pactado.
El argumentario PAS.
Pero
en política no todo es tan nítido. En primer lugar, desde el Gobierno
se sugirió que el pacto aludía a la ´corrupción política´, y el
presidente no admite que en el caso Auditorio se diera ese supuesto,
sino que, en todo caso, pudieron producirse ´irregularidades
administrativas´. Recordemos que este matiz ya fue señalado, al poco de
la firma del pacto de investidura, por el diputado y alcalde de Lorca,
Francisco Jódar, advirtiendo así desde el principio, como acaba de
reiterar, que no bastaría una imputación, sino que ésta tendría que
referirse a delitos relacionados con la corrupción, y el PP siguió
afinando al respecto, tratando de definir la corrupción en el hecho de
´meter la mano´ en la caja pública, es decir, en el cohecho. Eso por un
lado: para el Gobierno, por muchos delitos que la investigación en el
juzgado ordinario de Lorca se le atribuyan a PAS, no hay caso de
corrupción mientras no haya indicios de cohecho.
Pero hay otra
segunda vía de escape, esta más enfocada al proceso que estamos
viviendo. El presidente ha admitido que podría dimitir cuando se
produzca el equivalente a una ´imputación efectiva´, es decir, cuando
los jueces instructores decidan, si lo deciden, enviarlo al banquillo.
Ahí es donde, tanto San Esteban como los distintos portavoces del PP
nacional que estos días se han pronunciado al respecto, establecen la
línea roja definitiva. Un presidente de Comunidad no irá, como tal, al
banquillo. Pero están dispuestos a soportar todas las presiones que
intenten precipitar la dimisión antes de llegar a ese punto del
trayecto.
Por tanto, la mirada, ayer, no se posaba
tanto en el presidente de la Comunidad, que estaba cantado que sería
llamado a declarar, como sobre Ciudadanos, partido al que le tocaba
pronunciarse, llegada esta circunstancia, acerca de la interpretación
del pacto firmado con PAS. Y Ciudadanos no parecía tener dudas: el
presidente debe dimitir ya, dado que ha alcanzado la condición de
´investigado´, es decir, de ´imputado´, según el compromiso adquirido en
el punto número uno del pacto de investidura.
¿Qué moción?
Bien,
pero ahora ¿qué? Si el presidente, acogiéndose a los matices de su
argumentario, decide, como es obvio que ha resuelto, que no se propone
dimitir y, de momento, cuenta con el apoyo de su partido hasta en boca
del presidente nacional, Rajoy, interpelado ayer enmedio de sus
relaciones internacionales ¿qué tocaría hacer a Ciudadanos? Se supone
que recabar los medios para que caiga contra su voluntad. ¿Y de qué
mecanismos dispone Ciudadanos para llevar a cabo su propósito? No le
bastaría retirar cualquier tipo de apoyo parlamentario al PP, pues el
Gobierno puede desenvolverse hasta final de año y más allá con los
Presupuestos que precisamente Ciudadanos contribuyó a apoyar. ¿Entonces?
Queda la opción terminal, la activación de la ´opción de oro´: la
moción de censura. Pero este es un callejón sin salida.
Oposición incompatible.
Ha
sido Podemos el primer partido que se han lanzado en plancha a
solicitar ese recurso. Pero para que se observe la inviabilidad de lo
que propone basta escuchar a Ciudadanos, que exige al PP que promueva a
otro candidato de la bancada popular. Ambas opciones son incompatibles.
Podemos apoyaría cualquier cambio que suponga sacar al PP del poder,
pero esto sólo podría ocurrir si Ciudadanos estuviera dispuesto a
concertar con ellos el apoyo a un presidente que no fuera del PP.
Esta
posibilidad aparece muy lejana, en primer lugar desde la perspectiva del
propio Podemos, y menos después de Vistalegre 2: el partido de
Iglesias, por mucho que el estamento murciano se adscribiera a la
corriente errojonista, no va a dar oxígeno al PSOE, aunque retóricamente
lo insinúe sólo para poner en contradicción a los demás, a sabiendas de
que Ciudadanos, también tras su conversión al liberalismo estricto en
su último congreso, no querrá cambiar el color del Gobierno.
El PSOE,
enmedio de los dos, espera el milagro de que le caiga la breva, pero
incluso en último extremo tendría que proponer a otro candidato para la
presidencia distinto a su actual líder, pues ni Ciudadanos y, ni mucho
menos Podemos, estarían dispuestos a regalar el poder a un político que
ya está amortizado hasta en su propio partido como es el caso de
González Tovar.
En resumen: Podemos insta a la moción de censura,
pero no admitiría a un nuevo presidente del PP, que es justo lo que
sugiere Ciudadanos: quitar a PAS para poner a otro de su misma bancada.
El PSOE, por su parte, no votará a favor ni se abstendrá para sustituir a
PAS por otro candidato del PP y tampoco admitiría a un presidente de
cualquiera de los otros dos partidos, pues se supone que es la primera
fuerza de la oposición, y le tocaría gobernar si se diera el caso de una
coalición de los grupos que se sitúan frente al popular.
La moción bis.
Cabe
una fórmula distinta, es decir, no para la promoción de un nuevo
Gobierno que concluya la legislatura, sino para que convoque de
inmediato unas nuevas elecciones autonómicas. Los tres grupos de la
oposición podrían concertar una moción de censura para elegir a un nuevo
presidente (desde el líder de Ciudadanos hasta Rosa Peñalver, al frente
de la Asamblea Regional) con el compromiso firmado de que convoque
nuevas elecciones para lo que, en principio, habría que esperar seis
meses con un Gobierno provisional, una experiencia insólita en una
Región como Murcia, donde no es seguro que se produjera una
participación por encima de un tercio del censo en una convocatoria
extraordinaria, y donde al rescoldo de la nueva Ley Electoral no
dejarían de aparecer nuevos partidos, como el soterrado de Alberto
Garre, que vendrían a trastocar el estatus.
Por lo demás, ninguno
de los partidos con representación parlamentaria está en su mejor
momento para enfrentarse a las urnas: el PSOE, sin líder nacional y con
el regional cuestionado; Ciudadanos... Ciudadanos está como está; y en
cuanto a Podemos, tal vez no sería una buena idea por parte de su líder
regional, Urralburu, facilitar al aparato de Iglesias la sustitución en
peso de la lista electoral que encabezó en 2015. Y quién sabe si el
partido más favorecido en tal caso no sería el PP, victimizado por la
inestabilidad política a que daría lugar el ´juego´ de los partidos de
la oposición que, incapaces de ponerse de acuerdo, echarían suerte en
las urnas como hace una y otra vez la clase política catalana con los
resultados conocidos.
En definitiva, la oposición se activará
durante esta fase de la encrucijada judicial de PAS, pero éste resistirá
a sabiendas de que, por mucho que lo insinúen, los respectivos
portavoces no van a conseguir acordar una fórmula consistente para
desbancarlo del poder mientras cuente con el respaldo de su partido,
cuyos activistas, por cierto, siguen recabando avales estos días para
convertirlo en unos días en el nuevo presidente regional de la
organización.
(*) Columnista
