miércoles, 30 de mayo de 2012

La creciente sequedad del suelo en Europa, vista desde el espacio


MADRID.- La tendencia de precipitaciones inferiores a la media en Europa ha continuado en los primeros meses de 2012. La misión SMOS de la ESA ha puesto de manifiesto las consecuencias negativas de este reciente brote de "buen" tiempo.

   Europa Occidental está experimentando una grave falta de agua debido a esta tendencia. La preocupación por el déficit de agua está aumentando en los países europeos y sus respectivos organismos encargados del agua, en particular en España, Francia, Alemania y el Reino Unido, explica la ESA en un comunicado.
   La ausencia de suficientes recursos hídricos pone en peligro las cosechas, lo que a su vez aumenta el precio de los alimentos y puede provocar una escasez de agua potable o para la industria.
   Otoño registró un clima particularmente seco, obligando a interrumpir la navegación en el Rin y el Elba, e incluso provocando un incendio forestal en Baviera.
   La tendencia a la baja precipitación en Europa continuó en los primeros meses de 2012, según reflejan las lecturas de humedad del satélite SMOS.
   Lanzado en 2009, SMOS registra radiación de microondas emitida por la Tierra para calcular la cantidad de humedad que se mantiene en la capa superficial del suelo, hasta una profundidad de unos cinco centímetros.
   Los datos de SMOS muestran la diferencia en la humedad del suelo entre febrero de 2011 y 2012 en toda Europa. El bajo contenido de humedad en el suelo es especialmente pronunciado en España, Francia y el Reino Unido.
   La información es particularmente importante para una mejor comprensión del ciclo del agua y los procesos de intercambio entre la superficie terrestre y la atmósfera. SMOS adquiere sus mediciones a una resolución de 50 kilómetros por pixel.
   La combinación de observaciones de SMOS con los datos de alta resolución sobre vegetación y la temperatura de la superficie de la Tierra, permite crear unos mapas de humedad del suelo con una resolución espacial de un kilómetro.  
   La información sobre la humedad del suelo a una resolución tan alta puede ser utilizada en aplicaciones como la evaluación de contenido de agua del suelo para la gestión de la agricultura.
   En condiciones de extrema sequía, los mapas pueden ayudar a localizar las áreas específicas de alto riesgo de incendio mediante la combinación del conocimiento de la humedad del suelo con otros datos obtenidos por satélite y los pronósticos de temperatura del aire y la intensidad del viento.

El Gobierno rechaza ampliar el plazo a CCAA para reducir el déficit

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se ha mostrado contrario a que una posible ampliación de un año a España por parte de Bruselas para situar el déficit por debajo del 3 por ciento se traduzca en una ampliación a su vez para CCAA y municipios. "Si eso pasara, mi opinión es que no", ha dicho.

   En declaraciones en el Senado, tras informar en comisión sobre los Presupuestos del Estado, Beteta ha sido preguntado por esta posibilidad y se ha mostrado contrario a una relajación en cascada de los plazos para rebajar el déficit público.
   "Lo bueno es no relajar. Estamos haciendo algo en el control del gasto público que es bueno, la filosofía de no gastar lo que no se tiene es buena y tenemos unos planes económico financieros ya aprobados que son perfectamente cumplibles y lo que tenemos que hacer todos es cumplirlos", ha respondido preguntado al respecto.
   El secretario de Estado ha insistido en que no es oficial que la Comisión Europea vaya a tomar esa decisión, pero ha dejado claro que su criterio es "no relajar en absoluto" el cumplimiento de los objetivos establecidos y seguir "por la misma senda".
   Por otro lado, ha censurado que desde la Comisión se dude de la capacidad del Gobierno para controlar el déficit autonómico y ha defendido los planes de saneamiento aprobados para que las comunidades se queden este año en el 1,5 por ciento.
   "Creo que la Comisión Europea se equivoca, hay una voluntad de las comunidades de cumplir y hay instrumentos suficientes para cumplir", ha respondido, y ha recordado que en junio será público cómo van cumpliendo los gobiernos regionales con los ajustes, al publicarse la evaluación trimestral de su contabilidad. "Se podrá ver si existe ese compromiso, que yo creo que sí existe, de todo el sector territorial con la estabilidad presupuestaria", ha concluído.

Aval

El Ministerio de Hacienda apuesta por que el Estado avale emisiones de deuda de las comunidades autónomas de forma individual y supeditado al cumplimiento del objetivo de déficit y el plan de saneamiento correspondiente acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), según han informado fuentes de este Departamento.
   Éste es el mecanismo que el Consejo de Ministros estudiará este viernes para resolver los problemas de liquidez y de financiación de las comunidades y que se ha puesto encima de la mesa este miércoles en la comisión de subsecretarios.
   Se trata de un aval "individual, condicionado y voluntario", ya que lo tiene que solicitar expresamente la comunidad, han explicado las mismas fuentes. El Gobierno concederá ese aval para fines concretos y con la condición de que la comunidad cumpla con el déficit.
   Con esta fórmula, el Gobierno rechaza los llamados 'hispanobonos', porque en la práctica sería mutualizar la deuda de las CC.AA., lo que podría perjudicar al Estado ante los mercados a los que acude para financiarse.
   Sobre la posibilidad de utilizar el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar las emisiones de deuda de las comunidades, el Departamento que dirige Cristóbal Montoro recuerda que ya se ha agotado la línea ICO dedicado a financiar los vencimientos de deuda de las autonomías, según fuentes gubernamentales.
   En concreto, explican que esa línea de financiación se acabó este mismo martes una vez que Hacienda acordó desbloquear el crédito de 510,5 millones de euros solicitado por la Junta de Andalucía para la financiación de los vencimientos de su deuda, después de haber recibido una carta del Gobierno andaluz comprometiéndose a cumplir el plan de saneamiento.
   El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había dado a entender este lunes que se recurriría al ICO para ayudar a las comunidades autónomas a resolver sus problemas de financiación, si bien no aclaró el instrumento.
  "Hemos establecido una línea en el ICO para que aquellas comunidades autónomas, cuando les vence una deuda y no pueden refinanciarla porque el mercado no se la refinancia, sea el ICO el que les ayude", explicó en una comparecencia en la sede del PP tras la reunión del Comité Ejecutivo de su partido.
   Eso sí, el presidente del Gobierno ya hizo hincapié en que el Ejecutivo ayudará a todas las comunidades con la "única condición" de que asuman el compromiso de cumplir con el déficit que asumieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El Gobierno estudia ampliar el pago a proveedores para CCAA y municipios

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado que el ministerio de Hacienda estudia ampliar el plan de pago a proveedores para comunidades autónomas y ayuntamientos, al no agotarse en la primera fase los 35.000 millones que se habían previsto para saldar esta deuda.

   "Pronto se hará una normativa adicional que permita incluir supuestos complementarios para alcanzar la cifra de 35.000 millones", ha dicho Beteta durante su comparecencia en el Senado para informar sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
   El plan se dotó con 35.000 millones, a través de un crédito sindicado en condiciones ventajosas al que han podido recurrir las CCAA y los ayuntamientos para pagar esa deuda. Sin embargo, las primeras han pedido finalmente 17.000 millones y los segundos, 10.000, por lo que quedarían disponibles otros 8.000 millones de euros.
   En los pasillos del Senado, el secretario de Estado ha precisado algo más su anuncio. Su departamento estudia aceptar "nuevos supuestos" para que pequeñas y medianas empresas puedan cobrar nuevas facturas tanto de CCAA como de entidades locales. Para ello, se baraja ampliar el plazo en el que se emitieron esas facturas y aceptar las que se emitieron por la prestación de algunos servicios públicos de gestión indirecta cuya cobertura no se ha admitido.
   Se estudia además atender la petición de alguna institución que tiene facturas pendientes de pago y que no ha podido saldar, pese a querer hacerlo, porque a su vez "ha sufrido retrasos en sus ingresos por otra administración", sin querer precisar nombres.
   La otra vía para ampliar este plan de pago a proveedores afectará exclusivamente a las entidades locales. Hacienda trabaja con la Federación Española de Municipios y Provincias para dar un nuevo plazo a los ayuntamientos que quieran aprobar el correspondiente plan de saneamiento para sumarse a este programa y que no pudieron hacerlo en su momento.
   Se trata de los 315 municipios a los que Hacienda les suspendió ese plan y de aquellos otros que, pese a tener la voluntad política de elaborarlo, no lo hicieron por falta de consenso en el pleno. A todos los demás municipios, los que según Beteta no han demostrado ninguna intención de cumplir esta exigencia, se les retendrá el 50 por ciento de la financiación estatal.
   "Es mejor un plan saneamiento aprobado que tener que ir a una retención de la participación en los ingresos del Estado", ha dicho el secretario de Estado, para quien será así "más visible ese compromiso de la estabilidad presupuestaria".
   Beteta ha repasado por lo demás las grandes líneas del proyecto de Presupuestos, que inicia este miércoles su debate en el Senado. Ha defendido que la financiación autonómica crece un 0,19 por ciento pese a la rebaja general de las cuentas y que la financiación local sube un 8,08 por ciento.
   Por parte del PSOE, Basilia Sanz ha criticado el proyecto, aunque también se ha felicitado de las nuevas medidas del plan de proveedores anunciadas y de que Gobierno y socialistas vayan a trabajar de forma conjunta en la reforma de las administraciones públicas.
   Al respecto, el secretario de Estado ha dicho que "muy pronto" estará listo el informe que elabora el Instituto Nacional de Administración Pública en colaboración con expertos, y que podrá servir de base para el trabajo en el Parlamento.
   Ha insistido en que el Gobierno no es partidario "de la desaparición obligatoria de municipios", sino que quiere mejorar los servicios públicos que estos prestan y su coste. Para ello, ha vuelto a defender un refuerzo de las diputaciones provinciales.

La Sala Civil y Penal del TSJ ordena la "inmediata" detención e ingreso en prisión del exalcalde de Totana en calidad de preso

MURCIA.- La Sala Civil y Penal del TSJ de Murcia ha ordenado "la inmediata detención e ingreso en prisión en calidad de preso" del exalcalde de Totana y exdiputado regional, Juan Morales Cánovas, por su implicación en el llamado 'caso Tótem', de corrupción urbanística en el citado municipio.

   Por auto de hoy, 30 de mayo, el tribunal decreta el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia firme, de dos años de privación de libertad, por el delito continuado de cohecho, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia(TSJRM).
   En este sentido, la Sala entiende que "no ha lugar a la concesión al citado penado de los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad".
   Cabe recordar que el principal acusado en el denominado 'caso Tótem', que saltó a la luz pública en noviembre de 2007, había pedido evitar su ingreso en la cárcel al no superar los dos años de prisión.
   Así como que el pasado 1 de marzo se hacía pública la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) en la que se señalaba el acuerdo de conformidad alcanzado por el fiscal y las defensas de los acusados.
   La Sala de lo Civil y Penal del TSJ emitió el pasado mes de marzo su fallo condenando a Morales, para el que el fiscal pedía inicialmente 28 años de prisión por los delitos de cohecho, fraude, blanqueo de capitales, falsedad, malversación e infidelidad en la custodia de documentos, a casi cinco años de cárcel en su conjunto y una multa de ocho millones de euros por el delito de cohecho.
   En concreto, por el delito de cohecho por el cobro de comisiones se le condena a dos años de prisión y una multa de ocho millones de euros; y por el de blanqueo, a la pena de cinco meses de prisión y una multa de 133.000 euros, además del comiso de dos vehículos, una vivienda en Murcia por valor de 120.000 euros y 55.800 euros que en su momento le fueron incautados.
   Por el delito de falsedad, la pena de un año, seis meses y un día de prisión sustituible por una multa de 32.900 euros, y una multa de cinco meses con cuota diaria de 30 euros; por el de malversación, la pena de cárcel de cinco meses sustituible por una multa de 3.000 euros, así como una pena de multa de un mes y 15 días; e infidelidad en la custodia de documentos, seis meses de prisión sustituibles por una multa de 10.800 euros, así como una multa de seis meses con una cuota diaria de 30 euros.
   Procede también que Morales indemnice al Ayuntamiento de Totana en la cantidad de 2.945 euros por las facturas telefónicas y al mismo tiempo se decretará la nulidad de los contratos firmados.
   Estos delitos se relacionan con la gestión de convenios urbanísticos, en concreto el que promovió con la empresa gallega Inmonuar, propiedad de Manuel Núñez, en la finca totanera de El Raiguero.
   Otras actividades acreditadas de Morales fue el envío de dinero a Brasil a través de su pareja, además de llamadas telefónicas a ésta y otras amigas de Brasil con cargo al teléfono municipal y la sustracción y apoderamiento de expedientes municipales.
   Por otra parte, los otros diez acusados que reconocieron los hechos y se conformaron igualmente con las penas se les imponen condenas menores por cohecho.
   En abril, el Ministerio Fiscal solicitó que se averiguara si existían procesos penales contra el condenado y en la información solicitada por los Juzgados de Totana detallaba que seguía contra Morales un proceso penal en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Totana por un presunto delito contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente, así como por un posible delito de prevarización.
    Tras lo que el Ministerio Fiscal presentó un escrito pidiendo que no se suspendiera la ejecución de la pena impuesta a Morales, quien solicitaba la suspensión de la pena privativa de libertad de dos años.
   Finalmente, la Sala fundamenta que el artículo 80 del Código Penal dispone que los Jueces o Tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años mediante resolución motivada, atendiendo fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto, así como a la existencia de otros procedimientos penales contra éste.
   Sobre la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, la Sala recuerda que Juan Morales ha sido condenado por un delito continuado de cohecho cometido por funcionario público, que no ha sido un delito realizado esporádica y ocasionalmente una sola vez "porque le han tentado desde fuera los particulares con dádivas o regalos aprovechando una debilidad humana".
   Sino que, puntualizan, "es él en persona quien ha fijado un verdadero plan de ejecución de su actuación como alcalde, de suerte que centralizó en su condición de autoridad en el ejercicio del cargo la tramitación de los convenios urbanísticos como un suculento negocio a explotar a nivel particular, exigiendo comisiones o participaciones en la venta de terrenos, tras conseguir la calificación de urbanizables, asesorando a los particulares a tal fin no sólo a los vendedores sino también al comprador, como ha sucedido en el caso de Inmonuar S.L".
   De tal forma, añaden, que "su firma en los instrumentos urbanísticos iba dirigida y condicionada a la percepción de comisiones y participación en las plusvalías urbanísticas de los terrenos de los propietarios. Concretamente 1,2 millones en la operación de 'Inmonuar'; 2,1 millones en la actuación de 'Agroproducciones Integradas S.L.'; 5,4 millones en la operación 'Visanfer' y 6,5 millones en la operación con 'Frutas Guadalentín'.
   En total, 15.483.901 euros, que es la cantidad "con la que el condenado pretendía enriquecerse", lo que evidencia, según la Sala, "la magnitud de la operación y la degradación del ejercicio de funciones públicas, movido exclusivamente por el enriquecimiento privado".
   Asimismo, señala que el delito de cohecho es continuado y que tiene pendiente otro proceso en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Totana por delitos contra el medio ambiente y prevaricación, por lo que, subraya la Sala del TSJ, "durante todo el ejercicio de sus funciones propias como alcalde sólo iba dirigido al menoscabo de la función pública, y la búsqueda de su interés propio y personal".
   El 'caso Tótem' saltó a la luz pública en noviembre de 2007, cuando la Guardia Civil destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en la localidad de Totana.
   El grupo gallego Nuaria habría adquirido para ello las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales en lo que sería el mayor complejo residencial del municipio. En el transcurso de la investigación, fueron arrestadas casi una veintena de personas.

Sorprendido su abogado

José María Caballero, el abogado del ex alcalde de Totana, ha criticado que el auto de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, por el que se ordena "la inmediata detención e ingreso en prisión en calidad de preso" de éste, no le haya sido notificado.
   El letrado ha asegurado que este auto de notificación no le ha llegado, por lo que el ex alcalde y ex diputado regional aún no ha entrado en la cárcel.
   "Nos tenía que haber llegado por el procedimiento ordinario", ha manifestado Caballero, quien ha reprobado que los medios de comunicación se hayan enterado con tanta celeridad y no así las partes personadas en la causa que, a su juicio, "somos las primeras que nos deberíamos de enterar".
   De este modo, ha anunciado que cuando le llegue este auto tiene intención de recurrirlo, tras lo que ha querido dejar claro que hablará previamente con su cliente para analizar la situación.
   Por auto de hoy, 30 de mayo, el tribunal ha decretado el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia firme, de dos años de privación de libertad, por el delito continuado de cohecho.
   La Sala de lo Civil y Penal del TSJ emitió el pasado mes de marzo su fallo condenando a Morales, para el que el fiscal pedía inicialmente 28 años de prisión por los delitos de cohecho, fraude, blanqueo de capitales, falsedad, malversación e infidelidad en la custodia de documentos, a casi cinco años de cárcel en su conjunto y una multa de ocho millones de euros por el delito de cohecho.

El alcalde de Murcia se resiste a dimitir tras su imputación judicial y expediente en el PP

MURCIA.- El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha confirmado que el Ayuntamiento continuará con "normalidad" su actividad, por lo que descarta su dimisión a pesar de su imputación en el caso 'Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio, aunque ha admitido que el Partido Popular, del que es secretario general, le ha abierto un expediente informativo, tal y como "está establecido en los estatutos" de la formación.

   Cámara ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa que ha ofrecido flanqueado por los miembros de la Corporación municipal, para valorar de 'motu propio' su imputación por parte del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, que le ha citado para prestar declaración el próximo 15 de junio, a las 10.00 horas, como imputado en esta causa.
   El alcalde, que ha ratificado en todo momento que su actuación se ha atenido a la "legalidad" y ha mostrado su "total colaboración con la Justicia", ha agradecido la "confianza y el respaldo" recibido desde su partido, desde el presidente Ramón Luis Valcárcel, que le llamó este martes, hasta a multitud de miembros de los órganos de dirección del PP murciano, alcaldes y compañeros.
   Al ser preguntado por la posibilidad de que se le apartara del PP, Cámara ha señalado que la formación política "se regula por unos estatutos en los que vienen claros en los temas en los cuales actúa el partido", y cuando se produce un hecho como su imputación, lo que se abre es "un expediente informativo para realizar un seguimiento de la situación".
   Ha confirmado que el PP le va a abrir este expediente, al igual que lo haría a "cualquier afiliado del partido, porque todos tenemos el mismo trato y estamos todos en la misma situación".
   Al ser preguntado por el efecto de su imputación en el municipio y al Partido Popular, Cámara ha señalado que encara el proceso "con confianza y esperanza en que se resuelva" y que se conozcan "los interrogantes que han ido corriendo estos dos últimos meses en los medios de comunicación, enterándonos de cuestiones que estaban bajo secreto de sumario".
   Respecto a su posible responsabilidad política y la posibilidad de que dimita, el alcalde ha dicho compartir su responsabilidad "como parte de la Corporación, en la adopción de los acuerdos y en los convenios, en el caso de Nueva Condomina, con 28 de los 29 concejales del PSOE y del PP".
   En el resto de las actuaciones, ha señalado que comparte la responsabilidad "con aquellos concejales que votaron afirmativamente los convenios", todo ello, "desde la confianza de que los informes técnicos-jurídicos que avalaban esos procedimientos, son correctos", es decir, desde la confianza "en el trabajo de los técnicos que hay".
   Asimismo, ha remarcado su responsabilidad "desde la confianza de que, en el caso de Nueva Condomina, dos sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región avalaron la legalidad del convenio, la legalidad del instrumento urbanístico que se estaba desarrollando".
   Igualmente, recuerda que, a denuncias de un concejal del PSOE, el Tribunal de Cuentas "avaló la legalidad del procedimiento en la valoración de los aprovechamientos que debía recibir la ciudad en el resto de convenios".
   Al ser preguntado por el papel de los técnicos, Cámara ha añadido que las propuestas que llegan a los órganos de gobierno, en este caso al Pleno, vienen informadas "desde estudiados los expedientes, y cumpliendo lo establecido en la legalidad vigente". Se trata de un procedimiento que "se sigue en los miles de decisiones que se toman", defiende.
   "Todos los acuerdos vienen propuestos, y previo informe de los servicios técnicos y jurídicos correspondientes en cada uno de los casos", ha defendido Cámara, quien ha remarcado que si el procedimiento fuera de otra manera "sí se podría incurrir en algún tipo de responsabilidad".
   Cámara también ha defendido que en las valoraciones de los aprovechamientos urbanísticos "hay informes de cuatro tasadoras distintas, informes periciales, informes de expertos y peritos que, incluso, han comparecido en este procedimiento y cuyos razonamientos han salido publicados en medios de comunicación".
   Ha recordado que algunos de estos informes "dicen que, al contrario, el Ayuntamiento recibió mucho más de lo que tenía que haber recibido, otros que mucho menos", pero ha valorado que esta cuestión "la tendrán que dirimir los órganos jurisdiccionales".
   Al ser preguntado por uno de sus abogados, José María Caballero, que también representa al ex concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, también imputado en la causa, Cámara ha señalado que no comparten abogado, en el sentido de que "uno comparte cuando tiene mitad y mitad".
   El alcalde ha señalado que Caballero, junto con su otro abogado,  Vicente Sanmartín, le van a asistir en la declaración "independientemente de que tengan otros procesos, que estoy seguro, que si trabajan como profesionales, estaré compartiendo abogados con un buen número de ciudadanos".
   El alcalde de Murcia ha manifestado, una vez más, su "total colaboración con la Administración de Justicia", y ha resaltado la "tranquilidad" con la que ha recibido la citación judicial, porque él es "el primer interesado en llegar hasta el fondo de estas cuestiones".
   Por ello, ha avanzado que va a poner "todo" de su parte y va a dar "todas las explicaciones" sobre todos aquellos temas que le puedan preguntar, porque a su juicio "no hay nada que ocultar" y las actuaciones que se han hecho en el municipio y las decisiones tomadas en los órganos de Gobierno en el Pleno de la Corporación "se han hecho siempre de acuerdo a lo que está establecido en los procedimientos administrativos".
   En este sentido, Cámara ha dicho estar con la conciencia "muy tranquila" y ha insistido en expresar su deseo de que "se pueda resolver cuanto antes mejor" porque quiere que se conozca "de una vez por todas" que todos los procedimientos realizados en el Ayuntamiento relacionados con la tramitación de los convenios "se han realizado bajo criterios lógicamente administrativos e informes técnicos y jurídicos municipales y externos que lo han ido avalando".
   Así, ha manifestado que declarar es "colaborar con la Justicia, tal y como he hecho con anterioridad, lo hago ahora y lo continuaré haciendo en el futuro". Su interés, ha insistido, es que "se conozca todo y llegar al fondo del asunto, porque siempre en el Ayuntamiento se ha actuado con transparencia y con criterios de legalidad".
   El alcalde ha recordado que siempre ha defendido "criterios de actuación desde la honestidad y la honradez". Se ha mostrado "totalmente convencido de cómo se han hecho las cosas y cómo se han realizado en el ámbito del Ayuntamiento", por lo que ha confiado en que, una vez resuelto este asunto, la confianza en el Ayuntamiento "sea todavía mayor".
   La operación Umbra comenzó el 5 de octubre de 2010 con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.
   En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra.

Samper elude opinar sobre la imputación del alcalde de Murcia en el caso de presunta corrupción urbanística

MURCIA.- El empresario Jesús Samper ha declinado hacer una valoración sobre la imputación del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, en el caso 'Umbra', en el que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio.

   "No tengo ninguna respuesta a eso y no opiné en su momento ni opino ahora, y menos en una cuestión que está subyúdice por respeto al juzgado y al juez", ha apostillado Samper.
   Este empresario ya declaró en 2010 ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, David Castillejos, encontrándose imputado en este mismo proceso por delito fiscal, inducción a la prevaricación y blanqueo de capitales.
   Samper, cuyo domicilio y despacho en Madrid fueron registrados por la Guardia Civil en el marco de dicha operación, no hizo declaraciones sobre la legalidad del convenio de Nueva Condomina cuando finalizó su comparecencia en el Juzgado.
   Será el 15 de junio cuando el primer edil capitalino declare en el Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia como imputado en esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros.

IU-Verdes de Murcia cree que hay "sospechas fundadas" de que en el municipio "se han favorecido intereses particulares"

MURCIA/CARTAGENA.- La portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha tachado de "grave" la imputación del alcalde, Miguel Ángel Cámara, en el caso 'Umbra' que investiga que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio, y ha considerado que hay "sospechas" que cree que son "fundadas" de que "se ha estado favoreciendo determinados intereses particulares por encima de los intereses colectivos".

   Herguedas afirma que, cuando un juez se atreve a hacer una imputación de este tipo, "no creemos que lo haga de una manera gratuita o sin pensarlo", sino que cree que "lo ha pensado mucho", por lo que le "preocupa" lo que "pueda haber aquí".
   En rueda de prensa, Herguedas ha afirmado que, cuando se está llamando a declarar como imputado al "principal responsable de todo ese procedimiento", viene a decir que, "no sólo se ha estado fallando en algo desde el punto de vista de la política urbanística del todo urbanizable".
   Herguedas, que considera que la imputación "no es una buena noticia para el municipio, ni es una buena noticia para la democracia", ha recordado que el caso "está abierto por una serie de delitos que tienen que ver con temas de corrupción urbanística, y no se trata de una cuestión de carácter administrativo ni una cuestión baladí".
   Por el tipo de caso, Herguedas sostiene que "dice mucho sobre lo que ha sido el urbanismo desarrollado durante todos estos años", al tiempo que ha mostrado su esperanza en que la Justicia "depure las responsabilidades que correspondan".
   Hasta ahora, Herguedas recuerda que "solamente estamos oyendo que nadie tiene responsabilidad y todos se la pasan al otro. A lo mejor en algún momento esa responsabilidad deja de pasarse a un lado y al otro, y las declaraciones que se hagan por parte de todos los imputados en este caso son fundamentales".
   Herguedas ha avanzado que va a esperar acontecimientos en este sentido para hacer otro pronunciamiento", tras valorarlo "con más tranquilidad".
   Ha recordado que IU "siempre ha sido muy clara sobre lo que pensaba de este urbanismo 'a la carta', y lo fue desde el primero de los convenios urbanísticos, el de Nueva Condomina, firmado en 2001".
   En aquel entonces, la formación de izquierdas tenía presencia en el Ayuntamiento a través de los concejales José Manuel López Albadalejo, y Concha Hernández, y Herguedas recuerda que, si se lee la transcripción del acta, IU ya denunció que "se estaba cediendo menos metros de los que correspondían a equipamientos por parte del Ayuntamiento, que se lo estaba regalando a la empresa, y posteriormente ha habido una sentencia que nos ha dado la rezón en ese sentido".
   Asimismo, IU denunció en aquel entonces que se estaban incumpliendo "determinadas leyes" y que el Ayuntamiento "no se veía beneficiado con ese convenio, sino que muy al contrario perdía".
   "El tiempo nos ha dado la razón en nuestra postura, que teníamos muy clara desde 2001 y que no tenemos que consultarla con el alcalde, sino que él la sabe perfectamente", según Herguedas, quien defiende que IU "viene diciendo lo mismo desde 2001, que ese modelo de urbanismo es insostenible y en el que no se han favorecido los intereses generales, y eso es lo que se está dilucidando ahora".
   Al respecto, ha explicado que la responsabilidad que tenga el alcalde "tendrán que decidirla los jueces", pero ha ratificado que se trata de un asunto "grave", y tacha de "preocupante" que se impute al alcalde, que es "la figura máxima en la toma de decisiones en todo ese proceso".
 
Pujante: 'Cámara debe dimitir'
 
El coordinador regional de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha dicho que el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, "deberá dimitir" si sigue imputado en el caso 'Umbra', que investiga una supuesta trama de corrupción en el municipio, tras su declaración ante el juez el próximo 15 de junio.    Pujante, que ha hecho estas declaraciones en la Asamblea Regional a preguntas de los periodistas, ha recordado que IU-Verdes fue "la única fuerza política" que votó en contra de los convenios urbanísticos investigados.
   Asimismo, ha indicado que la Justicia "debe investigar hasta las últimas consecuencias todos los extremos del caso", según informaron fuentes de IU-Verdes en un comunicado.
El grupo municipal de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Murcia, a través de su portavoz, Rubén Serna, ha mantenido un encuentro con el alcalde, Miguel Ángel Cámara, en el que le ha transmitido la postura oficial de su partido en relación con la imputación del primer edil en el llamado 'caso Umbra'.    Serna ha comunicado al alcalde que "por coherencia" con las ideas de UPyD y su concepción de la vida democrática y la transparencia, "lo mejor para la institución, y para el municipio de Murcia" es que durante el tiempo que dure su imputación en el proceso judicial, la representación institucional recaiga sobre otro edil de la Corporación.
   Para ello, sería necesaria la convocatoria de un Pleno extraordinario, que sirviera para la votación de un nuevo alcalde entre los 28 restantes concejales de la corporación municipal, ha explicado Serna.
   El edil de la formación magenta, que ha querido dejar de manifiesto su lealtad y respeto institucional, considera que la decisión de solicitar la dimisión del Cámara responde a "la coherencia de UPyD en este ámbito, que siempre ha rechazado la presencia de imputados por delitos contra la Administración en listas electorales y cargos públicos".
   Asimismo, el portavoz ha aprovechado para mostrar su respeto absoluto hacia los procesos judiciales, evitando de esta manera interferir en los mismos.

El PSOE dice que la imputación del alcalde de Murcia es la consecución de una sucesión de malas prácticas urbanísticas

MURCIA.- El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro López, ha señalado que la imputación del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, es la consecuencia final de una sucesión de malas prácticas urbanísticas, y que la declaración del máximo responsable ante el juzgado supondrá la confirmación de que "las cosas se han hecho mal por parte del PP en el Ayuntamiento de Murcia a lo largo de estos 17 años de gobierno".

   "Respetamos la presunción de inocencia y deseamos que el alcalde Cámara no tenga responsabilidades penales por su bien y por el de una institución que representa a todos los murcianos; pero si yo estuviera en su lugar no ejercería la representación institucional como alcalde y no presidiría los Plenos mientras se resuelve la imputación", ha declarado López.
   A su juicio, "es hora de asumir responsabilidades políticas porque los casos Umbra y Barraca vienen manchando la imagen del municipio desde el 2009, con el ex concejal de Urbanismo y los tres últimos gerentes imputados".
   "No son casos aislados, sino una sucesión de muchos años de malas prácticas, como la que hoy también hemos conocido sobre Gea y Truyols, donde el alcalde pedáneo del PP tiene en una parcela de su propiedad una antena de telefonía ilegal", ha informado López, quien, en este sentido, ha añadido que "si yo fuera alcalde de Murcia, este pedáneo sería cesado inmediatamente".  
   López ha lamentado igualmente "que vayan a tener que ser los tribunales quienes nos aclaren lo que pasado, porque en estos años el PP siempre se ha negado a facilitar explicaciones, demostrando una total falta de transparencia en su gestión, especialmente en las cuestiones urbanísticas".
   Para finalizar, el portavoz del PSOE ha manifestado que el Grupo Socialista siempre ha mantenido que los convenios de la zona Norte podrían haber producido una grave lesión económica al Ayuntamiento de Murcia que, según algunos informes periciales, la sitúan entre los 300 y 520 millones de euros.

Proponen una batería de medidas para ingresar más de 1.400 millones anuales en Murcia y reducir al 3% el déficit

MURCIA.- Los técnicos de Hacienda han propuesto una batería de medidas con las que aseguran que podrían ingresar 1.405 millones de euros adicionales cada año, lo que sería suficiente para reducir el déficit del 8,9 por ciento del pasado año hasta un nivel inferior al 3 por ciento que hasta el momento ha exigido Europa para 2013.

   El colectivo ha subrayado que muchas de estas propuestas "podrían aplicarse desde este mismo año, lo que permitiría relajar las políticas de ajuste y la adopción de medidas contrarias al crecimiento, como una contraindicada subida del IVA y de otros impuestos indirectos, con la que el Gobierno pretende recaudar unos 8.000 millones de euros -casi ocho veces menos-".
   Asimismo, considera que el mayor potencial recaudatorio "se encuentra en la lucha contra el fraude, ya que reduciendo en diez puntos la tasa de economía sumergida -hasta situarla al nivel de la media europea- se obtendrían cada año cerca de 1.000 millones de euros adicionales en la Región, sobre un total de 38.500 millones en el conjunto del país, casi cuatro veces más que con una subida de dos puntos en el IVA".
   Otra de las partidas para asegurar el cumplimiento del déficit del 3 por ciento del PIB comprometido de momento para el ejercicio 2013 sería "la creación de un nuevo tipo impositivo del 35 por ciento en el Impuesto de Sociedades para beneficios a partir del millón de euros de facturación, que son declaradas sobre todo por las grandes empresas que superan los 45 millones en ventas".
   Esta medida permitiría recaudar en Murcia 313 millones de euros adicionales, además de "mejorar" la equidad del sistema fiscal al reducir las diferencias entre el menor tipo efectivo de las grandes corporaciones y el mayor de microempresas y pymes, acercando así el esfuerzo fiscal de las empresas al de las familias españolas.
   En tercer lugar, el colectivo propone "la creación en 2013 de un Impuesto sobre la Riqueza que supere los defectos y cierre las vías de elusión del Impuesto sobre el Patrimonio parcialmente recuperado para 2011 y 2012, lo que podría triplicar la recaudación hasta los 62 millones de euros en la Comunidad".
   Otra necesidad es lograr una coordinación "efectiva" entre los diferentes órganos de control del gasto de las distintas administraciones territoriales, con mayor transparencia de la actividad desarrollada por los mismos y claridad de la información de las cuentas públicas.
   Asimismo, Gestha propone que los entes públicos dependientes se sometan al control de la Intervención como consecuencia de su financiación con recursos públicos.
   Junto a las propuestas dirigidas a aumentar la recaudación a partir del próximo ejercicio, los Técnicos de Hacienda proponen una batería de medidas con las que se podrían ingresar en el conjunto del Estado 13.480 millones de euros adicionales desde este mismo año, lo que aseguraría el cumplimiento del déficit del 5,3 por ciento del PIB comprometido para 2012.
   Gran parte de esta recaudación, unos 6.200 millones de euros anuales, podría alcanzarse mediante una reorganización en profundidad del Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) que permita a los técnicos de Hacienda realizar auditorías operativas para el control del gasto público e investigar a las grandes fortunas y empresas, responsables del 72 por ciento de la evasión fiscal. De estos, 165 millones de euros procederían de la Región.
   En segundo lugar, la prohibición de las operaciones en corto contra la Deuda Pública española permitiría, entre otros efectos, reducir la especulación que genera unos sobrecostes de más de 1.400 millones de euros en la financiación del Estado.
   En tercer lugar, para evitar la elusión de las grandes fortunas en el IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio sería necesario modificar también de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, de tal forma que se establezca un porcentaje máximo de participación en las SICAV de entre el 2 y el 5 por ciento del capital social.

IU-Verdes critica las "contradicciones" del Gobierno sobre el aval a Paramount

MURCIA.- IU-Verdes ha puesto este miércoles de relieve las "evidentes contradicciones" en las declaraciones de los consejeros de Economía, Cultura y Obras Públicas, sobre la posibilidad de que la Comunidad Autónoma conceda un aval al proyecto de instalación de un parque temático de la multinacional Paramount en Alhama de Murcia.

   "La falta de consistencia del proyecto siembra dudas sobre el mismo en el propio Gobierno", ha indicado el coordinador de IU-Verdes, José Antonio Pujante, tras informar de que ha presentado en la Asamblea regional una iniciativa para que el Ejecutivo regional no otorgue el aval a Paramount Park porque "no se puede volver a caer en los errores del pasado".
   Sobre las declaraciones del titular de Cultura, Pedro Alberto Cruz, que aseguraba que el Gobierno no pondrá dinero pero sí avalará, Pujante ha afirmado que si el proyecto es "un fracaso" tendrá que ser la Comunidad Autónoma, con el dinero de la ciudadanía, quien pague "los platos rotos".
   Asimismo, ha considerado una "estulticia" que Cruz haya apuntado a Paramount Park como la salida a la crisis económica, y le ha pedido que dimita porque "es un peligro para los intereses de la Región de Murcia".
Por su parte, el responsable de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Navarro, ha preguntado al presidente Ramón Luis Valcárcel "cómo se está planteando avalar con fondos públicos el proyecto de Paramount Park que representa Jesús Samper, cuando les niega avales a las empresas regionales, pese a su viabilidad y aludiendo que no hay fondos".
   En su opinión, resulta "llamativo y ofensivo" que el Gobierno regional "avale con fondos públicos un proyecto que todavía es inexistente y que no cuenta con ningún inversor en firme".
   "No entendemos cómo está actuando el Gobierno regional, máxime en estos momentos en los que la Región atraviesa una grave situación económica. Consideramos que es ofensivo para todos los murcianos", ha puntualizado.  
   Tampoco ha dicho entender que el Gobierno regional "se embarque en estas aventuras, que nos pueden costar muy caras, cuando está practicando duros recortes a toda la población y cuando servicios básicos como la sanidad y la educación van a sufrir recortes drásticos, que acarrearán su desaparición o disminución, minorando su calidad y cantidad".
   El Grupo Parlamentario Socialista cree que "no es de recibo plantear este asunto en un momento en que el Gobierno regional ha decidido mandar al paro a miles de empleados públicos".
   Para el Gobierno de Valcárcel "deberían tener prioridad las empresas de la Región, que lo están pasando mal y que necesitan ayuda para poder reactivar la economía regional", ha finalizado.

Madrid confirma al alcalde de La Unión que la regeneración de la Bahía de Portmán "no tiene marcha atrás"


LA UNIÓN.- La regeneración de la Bahía de Portmán ya no tiene marcha atrás. Así de rotundo lo ha confirmado el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, en la reunión que ha tenido lugar en Madrid para tratar de este tema, en la sede del Ministerio de Medio Ambiente, y a la que han asistido el alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, y el Teniente de Alcalde de Presidencia, Carlos Martínez, según han informado fuentes municipales.

   En concreto, Saavedra ha asegurado que una vez ya aprobados los Presupuestos Generales del Estado, en lo que se contempla por el Gobierno de la Nación la financiación necesaria para ejecutar el proyecto, se va a solicitar de inmediato al Ministerio de Hacienda la preceptiva autorización para poder continuar con el proceso de licitación de las obras.
   En este sentido, el director general ha manifestado que este mismo verano se producirá la apertura de los sobres con las ofertas económicas de las empresas que están pujando por realizar los trabajos, tras lo cual se realizarán las oportunas fases de clasificación y adjudicación final del concurso. De este modo, será en otoño cuando se pueda firmar el oportuno contrato que permitirá dar inicio a la regeneración.
   Bernabé ha expresado la gran alegría que supone la confirmación de esta noticia para el municipio y ha adelantado el compromiso de Pablo Saavedra para visitar Portmán en estos próximos meses de cara a conocer de primera mano la realidad de la Bahía y los detalles del proceso que se va a llevar a cabo.

El turismo ha pasado de ser la "locomotora" de la economía al "sostén para no caer más"

MADRID.- El sector turístico ha dejado de ser la "locomotora" en la recuperación económica española para convertirse en un "sostén" necesario que permita frenar la caída generalizada de la economía en España consecuente de la crisis, según ha afirmado la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, tras presentar las principales estadísticas del turismo nacional relativas al último trimestre.

   Con esta afirmación, el vicepresidente del 'lobby' turístico, José Luis Zoreda, ha querido ilustrar el paso del fuerte crecimiento experimentado en el sector turístico a lo largo de 2011, beneficiado por el trasvase de turistas de la 'Primavera Árabe', al incremento "modesto y testimonial" de los primeros meses de este año.
   "El arranque de este año no ha sido el que deseábamos, aunque se ha iniciado en positivo, con datos testimoniales, del 0,1%, ya que el año pasado se puso el listón muy alto", ha dicho Zoreda, tras reconocer que en el contexto de la situación económica general, el papel del turismo --que podría cerrar el año con una caída del 0,3%-- "sigue siendo fundamental para que la caída esperada del PIB español del 1,1% no sea mayor".
   Así, desde el punto de vista de Exceltur, a la luz de las últimas estadísticas del INE y del Instituto de Estudios Turísticos (IET), el sector turístico se ha desacelerado, tanto por el leve incremento del 1,1% en el turismo extranjero como por la continua caída en la demanda interna.
   Zoreda ha insistido en que la desaceleración en el turismo español es consecuencia directa de la recuperación de los mercados norteafricanos como Túnez y Egipto que, tras meses de inestabilidad política y social, vuelven a recuperar la normalidad y, por tanto, a competir en el turismo de 'sol y playa' de España.
  "Existe un perfecto eje de simetría entre la recuperación de Túnez, con un crecimiento del 52%, y de Egipto, con un aumento del 32%, y la desaceleración del turismo español", ha explicado el vicepresidente de Exceltur.
   Como representante del sector privado del turismo español en la presentación del estudio de Google sobre el comportamiento de los viajeros, Lookinside.travel, Zoreda ha señalado que las "modestas estadísticas" han incrementado el pesimismo entre las empresas turísticas.
   Así, para el próximo trimestre, el 52% de las 1.600 unidades de negocio del sector esperan caídas en su facturación con respecto a hace un año, mientras que un 45,7% de estas empresas esperan peores resultados netos.
   No obstante, Zoreda ha apostillado que existen diferencias sustanciales entre las compañías con proyección internacional, "que tienen un mejor horizonte de resultados", y aquéllas más dependientes del consumo interno, "con un enfoque más pesimista".
   Entre las medidas que Zoreda ha recetado para que España vuelva a posicionarse como la "locomotora de la economía española", se encuentra la necesidad de agilizar la puesta en marcha del Plan Nacional Integral del Turismo "puesto que es vital disponer de la más completa información para mejorar la toma de decisiones".
   Asimismo, el vicepresidente de Exceltur ha considerado como "clave" la flexibiliziación en reforma laboral, así como la renovación de destinos turísticos.
   "También hay que mejorar el acceso al crédito para seguir invirtiendo, replantarse el marketing y promoción por productos más experienciales, focalizados al cliente final y con una mayor interacción y evitar más sobrecostes y tasas", ha concluido Zoreda, en referencia tanto a la subida de tasas aeroportuarias como del IVA.

El Supremo sentencia la división de una vivienda en un caso de divorcio

MÁLAGA.- El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que sienta como doctrina jurisprudencial la posibilidad de dividir una vivienda en un procedimiento de divorcio, cuando sea "lo más adecuado" para la protección del menor y "siempre que sea posible la división y reunir las viviendas resultantes las condiciones de habitabilidad, a pesar de que no haya acuerdo entre los cónyuges".

   Esta sentencia surge a raíz de un recurso presentado a la Audiencia Provincial de Málaga por un bufete de abogados de Benalmádena, tras iniciarse en 2010 un litigio entre dos cónyuges en el que su "único" punto de discordia era la atribución del uso de la vivienda familiar.
   En concreto, se trata de una casa de dos plantas en la que vivía la pareja con sus dos hijos, cuya custodia le fue atribuida a la madre. Por las condiciones arquitectónicas de la misma, el padre sostenía que se podía satisfacer las necesidades de todas las partes, sin interferir en la vida privada o íntima que pudiera iniciar cada uno.
   Así, se proponía que el marido se quedara con la planta inferior de la vivienda y que la superior fuera para el resto de la familia, según ha informado el bufete de abogados a través de un comunicado. Además, el padre no tenía otra vivienda donde irse a vivir.
   El Juzgado de Primera Instancia de Vélez-Málaga accedió a la solicitud, atribuyéndole la planta baja de la casa "siempre y cuando acometiera obras mínimas para independizar ambas viviendas". La esposa, por su parte, presentó recurso ante la Audiencia, que revocó la sentencia, indicando que en caso de discrepancia entre ambos cónyuges había que aplicar "estrictamente" el artículo 96 del Código Civil, el cual no permite la división.
   Finalmente, el marido, representado por el citado bufete recurrió la decisión de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, quien "sienta como doctrina jurisprudencial que cabe la división de una vivienda en un procedimiento matrimonial cuando ello sea lo más adecuado para la protección del menor".

Descifran el genoma completo del tomate

MADRID.-   El genoma del tomate se ha triplicado en al menos dos ocasiones durante los últimos 120 millones de años, según consta en una investigación internacional que ha secuenciado su genoma y que ha contado con la participación de diversos centros españoles.

   La primera de ellas se produjo presumiblemente con anterioridad a que tomates y uvas tomaran caminos evolutivos diferentes y la segunda, más reciente, se dio antes de que tomates y patatas se separaran, ha señalado en un comunicado el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).
   En la investigación, que publica la revista 'Nature', los investigadores han comparado el genoma del tomate con varias especies cercanas que incluyen una variedad salvaje de esta planta, las uvas y la patata.
   En el proyecto, además del BSC-CNS, han participado el Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona, el Centro Nacional de Análisis Genómico (Cnag), el Instituto Nacional de Bioinformática, el Centro de Regulación Genómica (CRG), el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas y el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora, entre otros.
   De este modo, en otro comunicado sobre el hallazgo, el CRG ha reseñado que las diferencias genéticas entre el tomate y la patata son superiores al 8% del total, mientras que entre el tomate de cultivo y el silvestre la diferencia es tan solo del 0,6%.
   Las reorganizaciones genómicas explicarían cambios evolutivos que sucedieron hace millones de años y que contribuyeron a la aparición de nuevas especies de plantas con frutos y a su diversificación.
   De este modo, los científicos crean las bases moleculares para poder estudiar el tomate e investigar formas de cultivo que permitan generar estrategias para ayudar a esta especie a resistir plagas y falta de agua.
Este equipo de científicos internacional ha descifrado así el código genético del tomate doméstico y su ancestro salvaje, un logro que debería ayudar a los cultivadores a identificar los genes necesarios para desarrollar variedades más sabrosas y nutritivas.
La secuencia de genoma completa de una variedad de tomate conocido como Heinz 1706 y el borrador de la secuencia de su pariente salvaje Solanum pimpinellifolium se publicaron el miércoles en el revista Nature.
Las secuencias deberían ayudar a los investigadores a encontrar vínculos entre ciertos genes del tomate y las características que determinan, y ampliará el conocimiento científico de cómo la genética y los factores ambientales afectan a la salud de una cosecha.
"Los tomates son la cosecha más importante del mundo, tanto en términos de volumen como de vitaminas, minerales y demás compuestos naturales que el tomate fresco y procesado proporciona a nuestra dieta", dijo Graham Seymour, profesor de biotecnología de la Universidad de Nottingham y uno de los 300 científicos que forman parte del Consorcio del Genoma del Tomate (TGC por sus siglas en inglés).
El tomate también es un buen ejemplo para investigar el proceso de maduración de la fruta, así que comprender su genoma debería ayudar a desvelar los circuitos moleculares que hacen madurar a las frutas y otorgarles propiedades saludables, según el equipo.
"Para cualquier característica del tomate, ya sea el sabor, la resistencia a los pesticidas o el contenido nutricional, hemos registrado virtualmente todos esos genes", dijo James Giovannoni de la Instituto Boyce Thompson para la Investigación de Plantas de la Universidad de Cornell e integrante del grupo estadounidense de la secuencia del tomate.
Los tomates representan un mercado de 2.000 millones de dólares sólo en Estados Unidos, mientras que en Reino Unido es de unos 980 millones de dólares al año.
El TGC incluye a científicos de 14 países, como Argentina, China, Francia, Alemania, India, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, España y EEUU, entre otros.
Giovannoni dijo que la investigación tenía implicaciones para otras especies vegetales.
Frambuesas, manzanas, melones, plátanos y otras frutas frescas comparten algunas de las características de los tomates, explicó, así que el conocimiento sobre los genes en la maduración podría aplicarse a ellas, ayudando a los cultivadores a mejorar las cualidades de la comida y reducir los costes.
"Ahora podemos empezar a preguntarnos cuestiones mucho más interesantes sobre la biología de las frutas, la resistencia a las enfermedades, el desarrollo de las raíces y las cualidades nutricionales", dijo en un comunicado.

Bruselas cree que la ley de estabilidad es insuficiente para controlar gasto regional

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha dicho este miércoles que la ley de estabilidad presupuestaria presentada por el Gobierno es un "paso positivo" pero insuficiente para controlar el gasto de las comunidades autónomas, a las que atribuye la responsabilidad de los desvíos en materia de déficit público de España en 2011.

   "La ley es un paso positivo, ya que obliga no sólo al parlamento nacional, pero también a los parlamentos regionales, a respetar la estabilidad presupuestaria", explica el Ejecutivo comunitario en su evaluación de las reformas españolas.
   "No obstante, la ley prevé un periodo de transición muy largo, hasta 2020. Es más, las partes preventiva, correctiva y coercitiva del nuevo marco presupuestario incluyen plazos relativamente largos y podrían ser insuficientes para garantizar una corrección a tiempo de desviaciones presupuestarias", resalta el Ejecutivo comunitario.
   Bruselas también critica que la ley no prevé la creación de una oficina presupuestaria "independiente".

La Comisión Europea hace indigerible la CAM por el Banco de Sabadell

BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) ha dado hoy luz verde al Banco Sabadell para hacerse con el control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y al plan de reestructuración para la entidad, al considerar que se ajusta a las normas comunitarias. La integración se completará en ocho meses y se dará por concluida el próximo 8 de diciembre. La CAM tuvo que ser rescatada en julio de 2011 por su alta exposición al 'ladrillo'.

La CE considera que el plan aborda "adecuadamente" los problemas que condujeron al rescate de la CAM en julio de 2011, y su aprobación llega después de que el SABADELL aceptara una serie de condiciones de Bruselas, entre ellas desprenderse de 138 oficinas en la Comunidad Valenciana y Murcia.
Ayer, el director general del Banco Sabadell, Miguel Montes, avanzó que en su conjunto el proceso de integración del Banco CAM en la entidad afectará a 2.200 empleados y supondrá cerrar 400 oficinas del grupo resultante, en el 60 % de los casos fuera de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, donde tiene la mayor parte de su actividad.
Bruselas no ha querido hoy precisar los detalles de la reestructuración por cuestiones de confidencialidad, pero según fuentes comunitarias el Sabadell se ha comprometido a una "reducción muy significativa" de la presencia de la CAM en esas regiones "núcleo" y también en el conjunto de España.
La operación, tal y como ha sido aprobada por la Comisión, supondrá la desaparición del Banco CAM como entidad independiente, la toma de control de su actividad bancaria por parte del Sabadell y una "profunda reestructuración".
Esas condiciones, según ha señalado la CE en un comunicado, "garantizarán la viabilidad a largo plazo sin necesidad de un apoyo público continuado, evitando así indebidos falseamientos de la competencia".
Antes de que la venta se haga efectiva, ha explicado Bruselas en la nota, la CAM cancelará una línea de liquidez de 3.000 millones de euros que recibió del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El Ejecutivo comunitario ha recordado que como parte de la operación el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) español y el FROB adoptaron medidas de apoyo a la actividad bancaria adquirida por el Sabadell.
Entre ellas, un esquema de protección de activos por el que asumirá el 80 % de las pérdidas derivadas de su cartera de activos durante un plazo de diez años, una vez absorbidas las provisiones constituidas.
Además, el Estado efectuó una inyección de capital de 2.400 millones de euros, que se suman a los 2.800 de recapitalización a través del FROB y dio una subvención condicionada de hasta 700 millones de euros que se haría efectiva solo si, tras la adquisición por el Banco Sabadell, la CAM ya no pudiera beneficiarse de los activos por impuestos diferidos acumulados a partir del 31 de diciembre de 2011.
El Sabadell, que fue el único banco que presentó una oferta vinculante por el Banco CAM, obtuvo la entidad en una licitación abierta gestionada por el Banco de España.
Según fuentes comunitarias, la ayuda de Estado concedida a la entidad es "bastante considerable si se compara con el tamaño del negocio bancario, que tenía un balance total de 70.000 millones de euros en diciembre de 2011", pero es menor de lo que habría supuesto el coste de liquidar la CAM. 
El Banco de España, que intervino la Caja de Ahorro del Mediterráneo (CAM) en julio de 2011, adjudicó en diciembre la entidad a Sabadell, único postor en firme por la entidad, al precio simbólico de un euro y con la inyección previa de 5.249 millones de euros por el FGD, lo que supone que en principio no hay coste para el contribuyente.
Además de la inyección de capital, el FGD concedió un esquema de protección de activos (EPA) por el que asumirá el 80 por ciento de las pérdidas derivadas de una cartera problemática de CAM que estima en 24.000 millones durante diez años, una vez absorbidas las provisiones sobre los activos.
Sabadell señaló el miércoles que el FROB entregará en los próximos días la escritura de compraventa de Banco CAM, previa la aportación de 2.249 millones de euros al capital de esta entidad.

Los cuotapartícipes de la CAM solicitan a la Audiencia Nacional que embargue los bienes puestos a nombre de testaferros

ALICANTE.- El abogado Diego de Ramón, que ejerce la acusación popular en la causa abierta por la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula de Caja Mediterráneo (CAM), ha pedido al juez Eloy Velasco que investigue las operaciones de «ingeniería financiera» desarrolladas por la caja de ahorros a través de sus sucursales abiertas en las islas Caimán, Miami, México y República Dominicana, según recoge 'Abc'.

En un recurso dirigido al Juzgado Central de Instrucción nº 3, el letrado que representa a la Plataforma de afectados de la CAM solicita al juez que utilice el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España para detectar las propiedades inmobiliarias y depósitos bancarios que sociedades participadas por CAM —como Hansa Urbana— hayan podido traspasar a «políticos y financieros» de la Comunidad Valenciana y Murcia a través de «sociedades piramidales interpuestas, fideicomisos, testaferros, fundaciones o empresas creadas para tal fin».
Lo que ha llevado al abogado Diego de Ramón a plantear esta solicitud al juez es la sospecha de que políticos o personas públicos de ambas comunidades autónomas hayan podido beneficiarse, a través de terceros, del desvío de fondos y propiedades de las sociedades participadas por la caja en Centroamérica y en distintos paraísos fiscales.
El recurso del letrado no sólo alude a Hansa Urbana, sino también a las presuntas irregularidades detectadas por el Banco de España en la gestión del grupo hotelero Valfensal, en el que Caja mediterráneo tiene una participación del 30% de su accionariado.
 Valfensal utilizó una empresa instrumental con sede en las Antillas Holandesas —JacksonPort Corporation— para pagar en una cuenta suiza una comisión de 10,3 millones de dólares (unos 7,8 millones de euros), por la compra de una parcela que valía la mitad: 5,2 millones de dólares (3,9 millones de euros). El pago de la comisión se efectuó a través de dos cuentas del Rothschind Bank AG de Zurich (Suiza), cuya titular es la empresa panameña Caribbean Holiday Investment Corp, según un informe elaborado por la auditora Deloitte.
En un correo electrónico recogido en el informe de Deloitte, el director general de inversiones inmobiliarias de CAM, Daniel Gil, relató que el apoderado de Valfensal, Juan Ferri, se oponía auditar la contabilidad de JacksonPort porque «podría incluso ir a la cárcel», según sus palabras textuales.
El abogado Diego de Ramón también solicita al juez en su recurso que, si detecta propiedades inmuebles o depósitos bancarios transferidos por estas filiales de CAM a políticos o financieros de la Comunidad Valenciana, proceda al embargo de estos bienes para responder de las pérdidas que han sufrido los clientes de CAM que invirtieron sus ahorros en las cuotas participativas de la caja.
Del mismo modo, el letrado de la Plataforma CAM pide al magistrado Eloy Velasco —que ocupa el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional como juez sustituto— que anule la segregación del negocio financiero de la caja de ahorros al Banco CAM. De Ramón argumenta que esta operación permite a la entidad financiera eludir el pago de las cuotas participativas.

martes, 29 de mayo de 2012

Nadie desea ya de pareja a Carlos Egea en el baile de las fusiones de cajas de ahorro por esconder 'bicha'

MÁLAGA.- Con la alianza anunciada ayer por Liberbank, Ibercaja y Caja 3 se diluye la opción que más se barajaba para Unicaja en el baile de fusiones de las 'entidades medianas': la de una integración con el grupo encabezado por Cajastur. En los círculos financieros se consideraba un motivo de peso el hecho de que Asturias y Andalucía compartan gobierno socialista, pero finalmente han influido más otros factores. Unicaja se queda así, básicamente, con dos opciones encima de la mesa: una fusión con Banco Mare Nostrum (BMN, la otra entidad mediana que queda sin pareja) o seguir en solitario. Pero ahora, con dos de los cuatro 'cabos sueltos' atados y Bankia acaparando toda la atención, la presión se ha relajado sobre la entidad malagueña, que mantiene su prioridad de evitar operaciones que pongan en riesgo su solvencia, aunque sea a costa de quedarse sola, relata hoy el diario 'Sur'. 

La que descarta seguir en solitario, según las fuentes consultadas, es BMN, grupo formado por Caja Murcia, CajaGranada, Caixa Penedès y Sa Nostra. La tarea más inmediata de sus responsables es encontrar la mejor alianza posible. Y esa es, a día de hoy, Unicaja, que con su elevada solvencia y las ayudas que ya tiene comprometidas del Banco de España por la absorción de Caja España-Duero cubriría el déficit de capital que ocasionan las nuevas provisiones inmobiliarias a BMN. En este sentido, la preferencia que tenía la subasta del Banco de Valencia en los planes inmediatos de Mare Nostrum ya parece que no es tal. Entre otras cosas, porque a día de hoy el Banco de España aún no ha aclarado el saneamiento de esta entidad.
A fecha de ayer y pendiente de las resoluciones de su consejo de administración, el grupo liderado por Caja Murcia mantiene con firmeza su interés por llegar a un acuerdo de integración con la entidad que preside Braulio Medel. «Hoy por hoy es la mejor opción para nosotros, pero hay que tener en cuenta que en una negociación a dos la otra parte tiene que estar convencida de que también es lo mejor para ella para poder llegara a un acuerdo», afirman fuentes de BMN. Tampoco descartan -aunque es más lejana- la opción de aliarse con las cajas vascas. La cuestión es que el calendario aprieta a esta entidad: antes del 11 de junio debe presentar ante el Banco de España su plan de adaptación a la reforma financiera y antes del 30 del mismo mes deben quedar atados todos los proyectos de fusión que se planteen.
Sin embargo, la entidad malagueña no tiene prisa. En un comunicado remitido a la CNMV tras la aprobación de la nueva reforma financiera, sus responsables anunciaron que las nuevas dotaciones de Caja España-Duero y Unicaja quedan cubiertas dentro de su plan de integración , quedando en todo caso el coeficiente de capital principal de la entidad integrada por encima del 10%. Esta solvencia refuerza la posición malagueña en sus conversaciones con BMN. «Todo el mundo habla con todo el mundo y no se descarta nada, pero a Unicaja no le urge ningún proceso de integración porque cumple con el nivel de aprovisionamiento que exige el Banco de España y goza de una fuerte solvencia», indican sus portavoces.
De hecho, ahora cobra fuerza la posibilidad siempre reivindicada por Unicaja de seguir su camino en solitario, pese a no alcanzar los 100.000 millones de euros de volumen de activos que marcaba como mínimo necesario el ministro de Economía, Luis De Guindos (se queda en 80.000 millones tras la absorción de Caja España-Duero). Y es que tras el desastre de Bankia el tamaño ya no parece el criterio decisivo a la hora de decidir operaciones de integración entre entidades financieras.
En esta línea puede interpretarse el mensaje que Braulio Medel lanzó hace una semana en su última comparecencia en Málaga: «Fusionarse por fusionarse, no. Existen ejemplos recientes en el sistema financiero español de que todas las fusiones no tienen por qué ser buenas». El presidente de Unicaja no descartó una nueva alianza, pero la condicionó a que «contribuya a atender mejor los fines de la entidad».
No hay que despreciar el peso que supone para Unicaja el proceso de integración con Caja España-Duero, que todavía tiene flecos por cerrar, como el laboral. Precisamente el lunes los presidentes de las dos instituciones, Braulio Medel y Evaristo del Canto, mantuvieron una reunión con el presidente de la comunidad autónoma, Juan Vicente Herrera. Tras la misma dejaron claro que su integración no tiene marcha atrás y que el calendario de ambas entidades les llevará a que en otoño culmine su fusión en términos jurídicos. Digerir este proceso de la manera más adecuada es la prioridad para Unicaja en estos momentos, dado que Caja España-Duero está muy por debajo de su nivel de solvencia y tiene una abultada cartera de riesgo inmobiliario.
Así pues, BMN tendrá que jugar muy bien sus cartas para convencer a Medel de que una nueva fusión es beneficiosa para sus intereses. Lo cierto es que el grupo que surgiría de la unión de ambas instituciones ya tendría un tamaño más que considerable -con 147.000 millones de euros en activos,- y se situaría como el séptimo en el ranking nacional atendiendo a ese criterio. En caso de que Unicaja se deje tentar por este argumento, tendría una posición de fuerza en la negociación de la cuota de poder que cada entidad ostentaría en el grupo resultante, según esta extensa crónica del diario 'Sur'.

Más de 4.000 agricultores y propietarios se suman al manifiesto por un desarrollo sostenible de Sierra Espuña


TOTANA.- Un total de 40 entidades agrarias de Totana, que representan a más de 4.000 agricultores y propietarios agrícolas, se han adherido al manifiesto por un desarrollo sostenible y equilibrado de Sierra Espuña y su territorio circundante.

   En el citado escrito está firmado por los representantes de cooperativas agrarias, comunidades de regantes, asociaciones de propietarios agrícolas, Atrias (Agrupaciones de Tratamientos Integrados para la Agricultura) y organizaciones profesionales de agricultores, según fuentes de COAG.
   Se solicita expresamente además de diversas peticiones y valoraciones en relación con diferentes cuestiones que afectan al sector agrícola local (vigilancia rural, edificabilidad de viviendas y almacenes en zonas rurales, problemas de los pozos de agua de riego, etc.); -pendientes algunas de ellas de su valoración para una próxima reunión del Consejo Asesor Agrario Local- la desaparición y extinción del arruí de la Reserva de Sierra Espuña, de los terrenos municipales y de toda la Región de Murcia.
   Y es que, argumentan en el escrito, "los supuestos beneficios que la caza puede producir en el entorno de Sierra Espuña y especialmente en Totana son ridículos respecto a los cuantiosos daños que estos animales representan para los cultivos de secano y de regadío, de lo que pueden dar fe cientos de agricultores y propietarios agrícolas afectados".
   Las entidades agrarias firmantes declaran también que se adhieren a la Plataforma y al Manifiesto por un desarrollo sostenible y equilibrado de Sierra Espuña y su entorno territorial suscrito por 20 entidades sociales y empresariales del entorno de Sierra Espuña el pasado 25 de abril, en el que se hacen diversas valoraciones sobre el incumplimiento de la Ley y la normativa por el Parque de Sierra Espuña y su entorno socio-económico.
   También se manifiesta por estas entidades agrarias su oposición a que el arruí "se utilice como reclamo turístico para cubrir las numerosas deficiencias medioambientales y de gestión de Sierra Espuña, a fin de obtener la concesión de la Carta Europea de Turismo Sostenible, a la que expresamente nos oponemos".
   Todas las entidades agrarias firmantes han delegado su representación en la Unión de Agricultores y Ganaderos del Bajo Guadalentín (COAG), para que desarrolle en su nombre "todas las acciones y actuaciones que considere necesarias, ante organismos públicos y privados, para la consecución de las peticiones planteadas".

Ibercaja, Liberbank y Caja3 crean el séptimo grupo financiero de España sin BMN

MADRID.- Los consejos de administración de Ibercaja Banco, Liberbank y Banco Grupo Caja3 han aprobado el protocolo de integración para crear el séptimo grupo financiero de España sin BMN, informaron las entidades en un comunicado.

   En concreto, la nueva entidad contará con un volumen de activos de 114.000 millones de euros, un capital principal pro forma (a 31 de diciembre de 2011) del 10,5% y una holgada posición de liquidez.
   El nuevo grupo, que no ha recibido ayudas públicas, será líder en sus territorios de actuación, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y la provincia de Burgos, donde tendrá una cuota de mercado superior al 10%, además de una presencia muy significativa en Madrid y Valencia.
   Además, tendrá sedes operativas y servicios centrales distribuidos en sus territorios de origen y la sede social en Madrid, por lo que la operación tendrá efectos neutros sobre la tributación autonómica.
   La integración de los tres bancos, participados por ocho cajas de ahorros: Ibercaja, Grupo Cajastur (en el que se integra CCM), Caja Inmaculada, Caja Cantabria, Caja Extremadura, Cajacírculo de Burgos y Caja Badajoz, "se basa en la complementariedad en las líneas de negocio, con un modelo de gestión de banca minorista y de cercanía a sus clientes", indicaron las entidades, destacando, asimismo, su afinidad cultural y vocación social, que seguirá presente a través de sus Obras Sociales.
   La nueva entidad se funda bajo los principios del buen gobierno corporativo. Así, el consejo de administración tendrá un máximo de quince miembros, un tercio de los cuales será independiente y los otros dos reflejarán proporcionalmente el accionariado de los bancos que se integran.
   Ibercaja Banco contará con una participación del 46,5%, Liberbank del 4,% y Banco Grupo Caja3 del 8%. El presidente será Amado Franco Lahoz y el Consejero Delegado, Manuel Menéndez Menéndez.
   La suma de Ibercaja, Liberbank y Caja3 tendrá un volumen de negocio de 181.000 millones de euros y unos activos de 114.000 millones de euros, lo que sitúa al grupo en el séptimo puesto por tamaño en el sector financiero español.
   Asimismo, nacerá con unos recursos propios de 7.000 millones de euros; una holgada posición de liquidez, con casi 14.000 millones de activos líquidos y 15.000 millones de capacidad de emisión, que multiplican por tres los vencimientos de los dos próximos años, y una moderada dependencia de los mercados mayoristas, con un coeficiente inferior al 20%.
   Las entidades destacaron que la alianza permite alcanzar "un tamaño adecuado para competir en un entorno global y acceder en las mejores condiciones de competitividad a la financiación en los mercados".
   Con una red de más de 2.500 oficinas, el nuevo grupo atenderá a casi seis millones de clientes con un modelo de negocio basado en banca minorista de proximidad, con el cliente como eje central de objetivos y acciones.
   Además, como grupo propiedad de cajas de ahorros, comparte afinidad cultural y mantendrá la vocación social de las cajas que la integran, impulsando la permanencia de sus Obras Sociales.