MADRID.- El Ministerio de Hacienda ha precisado que
las comunidades autónomas podrán ser intervenidas desde el próximo mes
de septiembre si no cumplen con la senda de consolidación
presupuestaria, aunque cree que no será necesario.
Según sus cálculos, todas ellas "tienen capacidad real" para
cumplir con los objetivos de déficit y, en todo caso, podrán solicitar
antes una "intervención voluntaria", de la que ninguna de ellas ha
hablado hasta el momento.
Así lo han asegurado fuentes del gabinete que dirige Cristóbal
Montoro, que han señalado además que la intervención supondría una merma
en la imagen de las comunidades autónomas, que todas ellas tratarán de
evitar cumpliendo el objetivo de déficit fijado en el 1,5% del PIB.
En cualquier caso, cualquier eventual intervención es una
posibilidad recogida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que este
lunes ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada
en vigor mañana.
Este lunes finaliza el plazo para que las comunidades autónomas
presente sus planes económicos y financieros para reconducir sus
desviaciones. De acuerdo con la nueva Ley, a partir de ese momento el
Gobierno tiene 15 días para darles su aprobación, antes dar paso a otras
medidas.
En caso de no presentación del plan o su incumplimiento, la
administración debe constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB
nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que
los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de
Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación
económico-presupuestaria de la administración en cuestión.
Sin embargo, en el caso de que la administración en cuestión
obviase incluso la creación de dicho depósito, el plazo de la
intervención se reduciría a tres meses, de ahí que el plazo para las
primeras intervenciones se sitúe en el mes de septiembre.
Aunque ninguna de las comunidades autónomas han solicitado hasta
el momento la intervención voluntaria, todas han pedido ayuda a la
Administración central para confeccionar sus planes
económico-financieros antes del cierre del plazo esta medianoche.
Para ello, ha habido reuniones del máximo nivel entre el ministro
de Hacienda, Cristóbal Monotoro, y presidentes autonómicos, por lo que
desde Hacienda no se espera "ninguna sorpresa" en los informes
presentados. Más aún, este "diálogo" ha sido interpretado como una
primera garantía de cumplimiento.
En el caso de Cataluña, el plan está ya presentado y, según
Hacienda, la Generalitat "ha corregido mucho y en la buena dirección",
después de que el Gobierno avisara de que los 219 millones que reclaman
por la aplicación del Estatut no podían computarse como deuda pendiente
de cobro por parte del Estado.
En cualquier caso, habrá que esperar la reunión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará previsiblemente en
la primera quincena de mayo para conocer las comunidades autónomas que
'suspenden'.
Por otro lado, en un encuentro con los medios, el secretario de
Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, junto a la
secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás,
han comentado que los planes económico-financieros presentados muestran
la capacidad de las comunidades para ahorrar hasta 10.000 millones de
euros, a los que habría que añadir otros 10.000 millones a través de los
recortes en sanidad y educación.
A la vista de ello, Beteta ha asegurado que "desde este instante
no hay excusa ninguna para incumplir la ley, ninguna", a lo que insistió
en que, si alguna comunidad autónoma requiriese "apoyo especial",
podría evitar medidas coercitivas, cuyo último recurso sería la
intervención y podría solicitar "apoyo voluntario" a la AGE.
Además, Beteta puso el acento en que las intervenciones no
supondrían "eliminar la autonomía de las comunidades autónomas", ya que
en la práctica sería una "ayuda" por parte de expertos para que estas
administraciones tomarán las medidas necesarias para reequilibrar sus
cuentas.
Por su parte, Fernández Currás puso el acento en la importancia de
la Ley y aseguró que marcará el inicio de una senda de recuperación de
la confianza, que llevará a un mayor crecimiento y a la creación de
empleo. "Hay que arreglar las desgobernanzas internas porque fuera no
interesan, porque nos ven como un solo país", añadió.
