MURCIA.- El Partido Socialista de la Región de Murcia interpondrá un recurso
contencioso administrativo contra el nombramiento de Natalia Sánchez
como Comisionada de Transparencia, porque "incumple los requisitos que
exige la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región",
según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.
Así lo ha
anunciado el secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Pepe
Vélez, quien ha explicado que, una vez tenga el expediente de su
nombramiento a su disposición, el partido estudiará las posibles
acciones legales para impedir este atropello.
Vélez ha
explicado que el artículo 38.4 de la Ley de Transparencia y
Participación Ciudadana de la Región de Murcia establece que el
Comisionado "debe ser una persona de reconocido prestigio y competencia
profesional, algo que no ha quedado acreditado en su caso, ya que no
cuenta con experiencia en esta área".
Finalmente, Vélez ha
recordado que el Partido Popular y Vox "se han cargado el Consejo de la
Transparencia de la Región de Murcia, que era un órgano independiente
que velaba por la transparencia de las administraciones públicas, y lo
han sustituido por un chiringuito absolutamente dependiente de la
Comunidad Autónoma para colocar a sus amigos a dedo, o como ocurre en
este caso, intentar comprar el apoyo de Vox".
murciaconfidencial@gmail.com / "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero del año 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la UCM desde 1976.
viernes, 11 de octubre de 2024
El PSOE interpondrá un recurso contra el nombramiento de Natalia Sánchez como Comisionada de Transparencia de la Región
martes, 17 de septiembre de 2024
Podemos propone un cordón sanitario frente a la "enchufada de Vox" como Comisionada de Transparencia
CARTAGENA.- En el Pleno de mañana, la Asamblea Regional votará al nuevo comisionado por la Transparencia. La única candidata, propuesta por Vox, es Natalia Sánchez, de quien el diputado de Podemos Víctor Egío ha dicho esta mañana que "su único mérito" es haber sido asesora de Antelo en la vicepresidencia.
Frente a esta situación, que el portavoz morado considera "lamentable", desde Podemos han registrado una proposición de ley "para recuperar el Consejo de la Transparencia, un Consejo plural".
Además, Egío pedía al Partido Popular y al Partido Socialista "encontrar una figura de consenso que tenga una dilatada trayectoria profesional o académica". El diputado apuntaba a la Universidad de Murcia, en cuyo seno "hay muchas personas que podrían ocupar ese puesto".
"Lo que proponenos, en definitiva, es un cordón sanitario frente a la enchufada de Vox, y evitar que el Consejo de la Transparencia se convierta en un chiringuito", aseguraba Egío.
Según él, el presidente López Miras tiene en el Pleno de mañana "la oportunidad de demostrar si de verdad se va a despegar de Vox o si este divorcio es solo una estrategia electoral y de marketing".
miércoles, 15 de mayo de 2024
PP y Vox dan vía libre a modificar la ley de Transparencia frente a críticas de la oposición que los acusan de "boicot"
CARTAGENA.- El Pleno de la Asamblea ha aprobado la toma en consideración de la
proposición de ley presentada por PP y Vox para modificar la ley de
Transparencia. La modificación implica la desaparición del Consejo de la
Transparencia, que actualmente está compuesto por 13 miembros, para
crear un órgano unipersonal, que se conocerá como Comisionado de la
Transparencia.
Además, se sustituye el Pleno de la
Transparencia por una Comisión de Transparencia, compuesta por el
comisionado y cuatro funcionarios. La aprobación ha sido posible con los
votos de PP y Vox.
Por una parte desaparece el Consejo de 13
miembros y en su lugar se crea 'un órgano unipersonal'. La Presidencia
de ese Consejo se sustituye por un Comisionado de Transparencia y el
actual Pleno de Transparencia por una Comisión de Transparencia (el
comisionado y cuatro funcionarios).
Durante el debate
parlamentario, ambos grupos han explicado que se creará un órgano
unipersonal, que hará que se gane en "eficacia y en eficiencia". Además,
se creará una Comisión de Transparencia que tendrá carácter técnico y
que se encargará de resolver las posibles reclamaciones que se
produzcan.
El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén
Martínez, ha asegurado que con esta modificación también se reduciría el
gasto público.
"El Consejo de la Transparencia casi suspende en
transparencia y todos los presupuestos que se han hecho desde hace
muchos años incorporan partidas que supera el medio millón de euros, ese
dato también debemos corregirlo y tenerlo en cuenta porque debemos
reducir los gastos públicos", ha dicho.
Por parte de los
grupos de la oposición, el socialista Juan Andrés Torres ha advertido
que la modificación es "una falta de respeto a todas las instituciones
de nuestra Región y al personal que ha estado trabajando en el Consejo
de la Transparencia de forma impecable a pesar del permanente boicot al
que le ha sometido el Gobierno regional durante un montón de años".
Desde el Grupo Mixto, la portavoz de Podemos, María Marín considera
que este es "el último ataque a una ley que el Gobierno nunca tuvo
intención de cumplir y que lleva boicoteando tres años".
La parlamentaria
considera que el nuevo órgano que se va a crear "nos va a salir mucho
más caro porque va a tener a 4 personas cobrando a su servicio. Señores
Antelo y Alpañez, menudo chiringuito se han montado", se ha referido a
Vox.
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, Joaquín Segado, ha reiterado que con la modificación "se gana
en eficacia y en responsabilidad".
Además, considera que los grupos de la oposición han ido a la Asamblea a "enfangar el terreno de juego de la política".
A su juicio, el modelo que hay en la Región es "transparente y que pretende eficacia, eficiencia en el gasto público, que pretende ser más ágil en la resolución de los expedientes".
jueves, 2 de mayo de 2024
El PSOE critica a PP y Vox por querer "cargarse el Consejo de la Transparencia" para "colocar a dedo a asesores y personal"
A su juicio, esta decisión por parte de PP y Vox es para "intentar que la ciudadanía no tenga acceso a la información, ya que cuanto menos informada esté la gente, más fácil es engañarle".
Vélez ha señalado que el PP "lleva muchos años intentando acabar con el Consejo de la Transparencia. Lo han dejado sin recursos económicos, sin personal, sin sede electrónica. Lo han ido asfixiando poco a poco. Ahora, con esta maniobra, pretenden darle un tiro de gracia".
Según indica, este órgano "ha sido independiente y en él estaba representada toda la sociedad", sin embargo, advierte, de que el PP y Vox "lo van a sustituir por un chiringuito absolutamente dependiente. Estará formado por una persona que podrá colocar a dedo a asesores y personal, y todos ellos estarán a sueldo de los mismos que les ponen".
El portavoz del PSOE en la Asamblea espera que PP y Vox "rectifiquen y no se materialice este grave retroceso democrático".
martes, 19 de marzo de 2024
'Huermur' lleva al Ayuntamiento ante el Consejo de Transparencia por no facilitar el estudio de riesgo sísmico en Murcia
Huermur señala que ya en 2017 el propio ayuntamiento señaló que estos trabajos y estudios se encargaron para atender a lo requerido en el Plan Especial de Riesgo Sísmico de la Región de Murcia Sismimur, que establece que el municipio dispone de una alta vulnerabilidad ante un sismo.
Igualmente, el consistorio ya remarcó que el Plan de Actuación Local de Riesgo Sísmico permitiría conocer la peligrosidad existente respecto al riesgo sísmico, conocer el comportamiento de los diferentes suelos frente a un sismo, estimar la vulnerabilidad de las construcciones, establecer la estructura organizativa y funcional ante una emergencia por sismo, los procedimientos de actuación de los recursos y servicios de titularidad municipal y la relación con otras administraciones y planes de ámbito superior.
Ante este preocupante y vergonzoso silencio del ayuntamiento, que no quiere facilitar una información tan importante como es la referente a los riesgos sísmicos de Murcia y los planes de actuación ante un sismo, Huermur sospecha de la actitud del consistorio que mantiene esta información ‘escondida en un cajón bajo siete llaves’, porque podría afectar de lleno al urbanismo del municipio.
Los pliegos del contrato consultados por Huermur para la redacción de esta información sobre los riesgos sísmicos y el plan de actuación fijaban un plazo de duración/redacción de treinta meses, por lo que a fecha actual de 2024 la documentación ya está hecha, entregada y pagada por el Ayuntamiento, no existiendo motivo alguno que justifique esta preocupante opacidad sobre un tema tan sensible como es la seguridad de la población ante un terremoto.
domingo, 14 de enero de 2024
Los economistas dan buena nota a la transparencia financiera de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina
En el caso de la Región, sólo hay cuatro municipios con más de 50.000 censados: Murcia (463.000), Cartagena (218.000), Lorca (97.000) y Molina de Segura (75.000).
El análisis ha sido elaborado por el servicio de estudios del Consejo General de Economistas de España (CGE), que dirige Salvador Marín, con la colaboración de un equipo de investigadores de la Universidad de Murcia y de la Universidad de Zaragoza.
Para llevar a cabo este análisis, se han tomado en consideración seis indicadores: 1) Información sobre contratación, convenios y subvenciones. 2) Información económica (cuentas anuales) y presupuestaria. 3) Información sobre auditoría. 4) Información institucional (declaración de bienes altos cargos). 5) Información sobre organización, capacidad y calidad de servicios públicos. 6) Principios técnicos (accesibilidad al portal de transparencia) y 18 variables adicionales.
El nivel de transparencia medio atendiendo a la Comunidad Autónoma en la que se localizan los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, se aprecia que están por encima de la media la Región de Murcia, Cataluña y País Vasco.
Concretamente se sitúan en los valores más elevados de la muestra, rondan el 80% en el índice global y les siguen los ayuntamientos de La Rioja, Canarias y Castilla-La Mancha (entre el 70% y el 75%).
En el resto de Comunidades, la mayoría se sitúa en la horquilla del nivel de transparencia del 60%-69%, a excepción del caso de Cantabria y de Extremadura, que arrojaron los valores más bajos.
En el informe también se han evaluado a los entes dependientes, a través de los seis indicadores citados y 18 variables, y se toma como referencia aquellos aspectos relativos a la información económico-financiera que parecen recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
En este indicador, Murcia y Cataluña vuelven a ser un ejemplo en la publicación de información económica y presupuestaria en el tramo de más de 50.000 habitantes alcanzando cotas del 95% y 89,13%, respectivamente. Mientras, en el polo opuesto se sitúan los ayuntamientos de Cantabria y Extremadura.
Hay doce comunidades que tienen unos valores medios de entre un 50% y un 70% en esta área de difusión de información económico-presupuestaria.
Respecto a la divulgación de la información institucional, en términos medios, todas las comunidades superan el 50%. En concreto, diez comunidades arrojan un valor de la difusión de este tipo de información por encima del 70%.
Si comparamos cada una de las áreas y el indicador de transparencia con la media nacional, se aprecia que País Vasco, en las 7 posibles situaciones, está por encima de la media nacional, y le siguen muy de cerca los ayuntamientos de la Región de Murcia, Cataluña y Canarias. De hecho, en 6 de las 7 áreas estos están por encima de la media de los ayuntamientos más grandes del país.
Para los ayuntamientos del tramo de población entre los 20.000 y 50.000 habitantes se aprecia el descenso que tiene lugar en el índice global, con un índice medio del 57,29%.
Nuevamente la Región de Murcia, junto a Canarias y Comunidad Valenciana aparecen por encima de la media con niveles que superan el 60%.
En algunos ayuntamientos, como el de la ciudad de Murcia, además de facilitar el acceso a la información a través de su clasificación en distintas áreas: institucional, información sobre impresos y normativa, área económica, cultura/turismo, social y servicios, también estructura sus páginas y secciones vinculando dicha información con los indicadores utilizados por Transparencia Internacional para valorar la transparencia.
lunes, 18 de diciembre de 2023
La sombra de la “impunidad del PP” bloquea durante un año y medio el Consejo de la Transparencia de Murcia
MURCIA.- El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) acumula más de un año y medio bloqueado y sin ningún tipo de actividad. No celebra plenos. No toma decisiones. No atiende a las peticiones de los ciudadanos. Acumula un año, además, con el mandato de una presidenta, Juana Pérez Martínez, nombrada presuntamente en contra de la ley y, como ella misma admitió, de manera “anómala”, revela la edición murciana de elDiario.es
Durante todo ese tiempo y para mayor controversia se ha mantenido atascada en el juzgado una denuncia por prevaricación interpuesta en diciembre de 2022 por tres vocales del organismo –José Luis Sánchez, Francisco Lucas y Mario Pérez Cervera– contra el presidente autonómico, Fernando López Miras, y el expresidente de la Asamblea, Alberto Castillo.
Se trata de un año en el que, a raíz de las decisiones del Ejecutivo y de la situación posteriormente judicializada, se ha impedido adecuar a un nuevo mandato la composición del órgano de control de la transparencia de la Región, tal y como estipula la ley.
Además del bloqueo, el Consejo de Transparencia, nacido en 2014 para garantizar desde una entidad independiente la rendición de cuentas de los poderes públicos regionales, está en peligro de acabar bajo el control absoluto de Vox.
Cronológicamente el supuesto fraude en el nombramiento de Juana Pérez se sitúa en diciembre de 2022. Su acceso al cargo desató la demanda judicial y la consiguiente fase de bloqueo.
Unos meses antes, en junio de ese mismo año, el anterior presidente del Consejo, el exmagistrado Julián Pérez–Templado, había dimitido. Según manifiestan fuentes cercanas al organismo a las que ha contactado elDiario.es, debido a que “el Gobierno regional había estado intentando desmantelar la institución con todas las artimañas jurídico–legales de las que disponen”.
El Ejecutivo de López Miras, sostienen dichas fuentes, había aprobado anteriormente, también en 2022, un decreto–ley para clausurar la sede electrónica del CTRM, de modo que no pudiese recibir peticiones de los ciudadanos por vía telemática. Además, había hecho caso omiso del requerimiento por parte del Consejo de la documentación relativa a cuestiones trascendentales y de consumada gravedad, como por ejemplo la vacunación masiva e irregular de altos cargos y empleados de la consejería de Salud en enero de 2021.
La dimisión de Pérez–Templado no fue aceptada por el Gobierno murciano ni publicada en el BORM hasta cinco meses después de su comunicación –en noviembre– denotando una situación de “dejadez” y dejando al Consejo de Transparencia en la tesitura de suspenso e incertidumbre que todavía arrastra.
En ese mismo instante comenzó a fraguarse la polémica, la disputa legal: el supuesto fraude de la ley, que estipula que el Consejo de Gobierno de la Región debe nombrar al presidente de la institución previa designación de la Asamblea a partir de los candidatos que presentan los diferentes grupos parlamentarios. El elegido deberá para ello obtener, según el texto, “una mayoría de dos tercios de los miembros de la Cámara en primera votación o una mayoría absoluta en la segunda”.
“En el Consejo de la Transparencia hay varios miembros que son estómagos agradecidos del Gobierno de López Miras, entre ellos la misma Juana Pérez y José David Hernández”, explica a elDiario.es de Murcia José Luis Sánchez, vocal del órgano desde 2015 en representación de Comisiones Obreras y uno de los firmantes de la denuncia.
Ambos, la primera elegida como vocal en representación de los consumidores, el segundo colocado en nombre del propio Ejecutivo, convocaron en diciembre de 2022 un pleno al que asistieron únicamente seis del total de once vocales. Entre todos eligieron –“a dedo”, asegura el sindicalista– a Pérez como presidenta.
“Aquella actuación estuvo totalmente fuera de la norma jurídica. En ese momento se lo hicimos saber a López Miras y a Alberto Castillo a través de varios burofaxes, pero nunca obtuvimos respuesta”, señala Sánchez.
“Desde aquel bochorno el Consejo no tiene ningún tipo de actividad”, continúa el vocal. “Hay una presidenta fantasma. No hay comunicación con los ciudadanos ni rendición de cuentas. Está acabado. Era un órgano con un trabajo frenético antes de todo esto, y ahora se ha opacado. Ya no se habla en Murcia de transparencia, ni de rendición de cuentas. Les han quitado a los ciudadanos una herramienta importantísima en democracia”, concluye.
Sin plenos, ni resoluciones
Navegar unos segundos por la web oficial del CTRM basta para comprobar de primera mano la parálisis del organismo: el último pleno celebrado data del día 7 de abril de 2022 y no consta que se haya resuelto ninguna de las 164 reclamaciones registradas por los ciudadanos desde entonces.
Dentro de la página da la sensación de que el año 2023, que está a punto de culminar sus últimos días, todavía no hubiese llegado. Tal inacción no sorprende a Francisco Lucas, otro de los denunciantes y ex diputado por el PSOE en la Asamblea que actualmente ostenta un escaño en el Congreso de los Diputados: “El Consejo de la Transparencia no existe, ni reúne, ni convoca ni resuelve”, afirma.
“Siempre ha sido, desde que se puso en marcha, un organismo incómodo para el Gobierno, que no dejó de incumplir las resoluciones que dictaba. La de las listas de vacunación fue el detonante. Los de López Miras nunca admitieron la independencia del Consejo. Siempre intentaron influir en sus decisiones”, declara Lucas.
“Hasta el punto de que pusieron a la presidenta que les dio la gana, sin pasar por la Asamblea. La ley es muy clara. No entiendo por qué no la cumplieron, si tenían la mayoría parlamentaria. Debe ser la impunidad que el PP ha tenido durante más de 30 años”, manifiesta el ex diputado murciano.
El tercero de los signatarios de la demanda, el socialista Mario Pérez, hace referencia a “una intención clara por reprimir el órgano a su mínima expresión”.
“En el Gobierno no hay interés por la transparencia”, expone el primer edil, “que realmente es lo que hará avanzar a esta Comunidad”.
Pérez accedió al Consejo de la Transparencia como alcalde de Los Alcázares y en representación del resto de sus homólogos de la Región, cuando el órgano ya estaba, asegura, “en plena crisis”.
Dentro del mismo Gobierno la situación se vive sin preocupación, sin hacer de ella un problema: “El Consejo de la Transparencia es un organismo independiente, cuya regulación y actividad está sujeta a una ley aprobada por la Asamblea Regional. La Comunidad únicamente ha nombrado a los vocales que le corresponde. Por lo demás, se ha mantenido en todo momento al margen”, certifican fuentes del Ejecutivo murciano a elDiario.es.
El futuro del organismo, en manos de Vox
Para los denunciantes, el Consejo de Transparencia supone para el Gobierno Regional “un estorbo”, “un impedimento” y “una molestia”. El organismo pondría en evidencia información pública relacionada con aspectos cuestionables de la gestión del Ejecutivo. Pese a esto, el Consejo es protagonista de uno de los puntos del acuerdo pragmático firmado por PP y Vox el pasado mes de septiembre, cuando la formación ultraderechista alzó a López Miras, con sus votos positivos, de nuevo a la presidencia de la Región.
Según el pacto, el Ejecutivo planea modificar la actual Ley de Transparencia. Pero no profundiza en cuáles serán las consignas de tal reforma. La otra intención de San Esteban consiste en adscribir el organismo a la figura de Defensor del Pueblo, cuyas potestades recaen en la Consejería de Seguridad, Interior y Emergencias, dirigida por el presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo.
De modo que será Vox y su líder autonómico quienes tengan el poder de decisión en el nombramiento del próximo o la próxima responsable de la Transparencia en Murcia. Fuentes de la formación de Abascal confirman que esa figura podría ser la del expresidente Alberto Garre, actual diputado de Vox en la Cámara de Cartagena.
“Quieren cargarse el Consejo tal y como lo conocemos. Quieren que todo recaiga en una sola persona. Que no exista un pleno diverso con vocales”, asegura Lucas.
“Es un órgano imprescindible, pero lo asediaron, le quitaron todo, como si lo hubieran dejado encerrado, sin comida, sin agua ni comunicaciones. Antes era algo muy participativo, donde estábamos presentes todos los sectores de la sociedad. Ahora va a depender del Gobierno”, sentencia por su parte José Luis Hernández.
La denuncia por prevaricación, paralizada
Los tres vocales presentaron el 30 de diciembre de 2022 la denuncia por presunta prevaricación en el nombramiento de Juana Pérez. En ella señalaban directamente a López Miras: sostiene que le comunicaron vía burofax, en dos ocasiones y sin respuesta, los irregulares procedimientos que se estaban llevando a cabo en Transparencia.
A esto se suma que los vocales vinculados a su Ejecutivo tuvieron todo el peso en la iniciativa de escoger a la nueva presidenta.
Alberto Castillo es el otro señalado por idénticas razones. Le siguen todos los vocales implicados en la elección de Pérez al margen del texto jurídico, el de la Ley 12/2014 de Transparencia y Participación Ciudadana en la Región de Murcia que ahora el nuevo Gobierno quiere modificar.
Ninguno de los denunciantes, una vez la demanda se admitió a trámite en el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Murcia, ha vuelto a tener apenas noticias del caso. Se podría decir que está “atascada”: “Se ha dilatado en el tiempo”, explica Lucas, “porque la jueza encargada de su instrucción –María del Mar Azuar Fernández, titular del Juzgado Nº 5– considera, tras un año, que puede haber conflicto de intereses y se ha abstenido de investigar el delito”.
En otras palabras, a la instructora del caso le llevó 13 meses determinar que debía abstenerse a la instrucción del caso, ya que su marido trabaja para la Comunidad Autónoma.
Ahora todo está en manos de otro juzgado: el de Instrucción Nº 6. “Que después de tanto tiempo se haya decidido que el encargado de la investigación deba ser otro juzgado es de mafia calabresa. No sé lo que puede pasar en el futuro con la denuncia, pero parece complicado”, explica José Luis Hernández.
“Me gustaría que se revocara la elección del último representante y que eligiéramos al presidente o a la presidenta de forma democrática, como debe ser”, asevera en este sentido Mario Pérez.
Desde Presidencia de la Región afirman que se trata de una denuncia política hacia la cual no hay mucho más que añadir. El jurista José María Hurtado explica, en dirección contraria, que a este a tipo de organismos –los de Transparencia– desde su creación “los poderes Ejecutivos se lo han puesto siempre muy difícil”. Afirma, no obstante, que son “imprescindibles en un Estado de Derecho”.
Con respecto a la denuncia, la considera un asunto “complejo”: “No hay una acción directa por parte de López Miras ni de Alberto Castillo. Se nombró a Juana Pérez como sustituta. Si hubiese delito, en todo caso lo habrían cometido los que la votaron. No se puede negar que su nombramiento es anómalo”.
El experto vaticina que, en caso de que el juez interprete el nombramiento como delictivo, acabará en el Tribunal Supremo.
elDiario.es se ha intentado poner en contacto, en varias ocasiones, con Juana Pérez, actual presidenta del CTRM, para preguntarle acerca de la inactividad del organismo, de su sospechosa elección, de por qué se acumulan los meses y los años y no hay atisbos de convocar reuniones ni de resolver peticiones ni atender las demandas de los ciudadanos. En ningún caso ha sido posible.
miércoles, 24 de noviembre de 2021
El Gobierno regional tiene 15 días de plazo para desvelar qué consejeros se vacunaron irregularmente
MURCIA.- Una resolución del Consejo de la Transparencia insta a la Consejería de Salud a informar de los altos cargos que se saltaron el calendario de vacunación del coronavirus. La resolución firmada por el presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, Julián Pérez-Templado, supone un varapalo al argumento esgrimido hasta ahora por la Consejería de Salud para no facilitar esos datos desde que saltó el escándalo de las vacunas en enero.
En aquella fecha, el sindicato UGT destapó que el ‘staff’ de la Consejería de Salud, incluido su titular Manuel Villegas, así como funcionarios que no estaban en primera línea de batalla contra la Covid se saltaron el calendario de vacunación del Ministerio de Sanidad.
Julián Pérez-Templado, que antaño fue magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, apoya su resolución en una sentencia del Tribunal Supremo que sostiene que prevalece el interés público, cuando se trata de acceder a información vinculada a personal directivo y a personal que ocupa niveles de jerarquía.
De esta forma, también rechaza el argumento ofrecido por la Consejería de Sanidad: hacer públicos los nombres de los vacunados no supone revelar su historia clínica.
La resolución del Consejo de la Transparencia tira por tierra el argumento de Sanidad en base a la Ley de Protección de Datos: "Por tanto, no puede servir la protección de datos, para impedir la rendición de cuentas u ocultar la gestión realizada por los responsables públicos.
Pues si así fuera, con ello, se podría dar lugar a una impunidad de su
gestión, que impediría el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública y participación que tienen los ciudadanos en los
asuntos públicos, base de un estado democrático y de derecho".
"El acceso a la información reclamada contribuye a tener un mejor conocimiento en la toma de decisiones de las autoridades y directivos, así como de la asignación de los medios de la Administración, las vacunas en este caso, en relación con los objetivos marcados por las autoridades sanitarias en la estrategia de vacunación.
Cabe considerar la existencia de un interés público prevalente en el acceso a la información, sobre los derechos a la protección de datos de las autoridades y cargos públicos que tomaron decisiones al respecto, o incluso que pudieron llegar a beneficiarse por su posición, como consecuencia de decisiones arbitrarias".
El presidente del Consejo de la Transparencia insiste en la relevancia de conocer el listado de nombres: "Hay un indudable interés público en la petición de conocer si desde la Consejería de Salud se actuó con observancia de las normas establecidas, o si arbitrariamente se dispuso de vacunas para personas que no les correspondía, con grave perjuicio para la salud de aquellas otras que estaban en una situación de mayor riesgo de padecer la enfermedad provocada por el coronavirus".
El Consejo de la Transparencia ofrece un plazo de 15 días a la Consejería de Salud, que en la actualidad dirige Juan José Pedreño, para facilitar la información de todos los altos cargos y funcionarios del Gobierno regional que se vacunaron contra el coronavirus de forma irregular.
La resolución remarca que debe facilitar la información
"debidamente anonimizada, respecto a la vacunación de funcionarios y
trabajadores no asistenciales de la Consejería de Salud". Tal excepción no se aplicará a los consejeros del Gobierno que dirige Fernando López Miras, según crónica de El Español.
martes, 23 de noviembre de 2021
El PSRM ve positivo que el Consejo de la Transparencia obligue a publicar la lista de cargos vacunados "indebidamente"
La resolución ha sido aprobada con los votos en contra del PP, y los tránsfugas y expulsados de Ciudadanos y Vox, así como por los miembros del Gobierno regional que forman parte del Consejo de la Transparencia.
Lo que pretende el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, ocultando esta información es es un absoluto escándalo. El Gobierno regional y los partidos que lo sustentan vuelven a demostrar su falta de transparencia y la baja calidad democrática que tienen.
"Pero desde el PSRM no lo vamos a permitir, lo llevan intentando mucho tiempo, obstaculizando y vetando la Comisión de Investigación aprobada en la Asamblea Regional sobre este asunto, pero ahora ya no les queda otra que publicar la información. Según esta resolución, tienen 15 días para hacerlo", ha explicado Lucas.
Finalmente, ha indicado que la ciudadanía de la Región de Murcia merece conocer toda la información del proceso de vacunación, más aún, cuando las personas que gobiernan esta Comunidad Autónoma se lo han saltado a la torera, poniendo en riesgo la salud de las personas. "Exigimos una auditoría informática para confirmar que no ha habido ninguna manipulación de los datos".
lunes, 6 de abril de 2020
El Ayuntamiento de Cartagena revalida la más alta puntuación en transparencia por tercer año consecutivo
Para la concejala de Nuevas Tecnologías, Alejandra Gutiérrez, “es un orgullo ser reconocidos en el ámbito nacional por la transparencia y la calidad de la información que transmitimos a la ciudadanía de Cartagena. Son tres años consecutivos cumpliendo el 100% de los requisitos, por lo que estamos muy satisfechos con nuestro trabajo y esto nos anima a seguir esforzándonos para hacerlo incluso mejor”.
Este año, debido a la situación sobrevenida por la crisis sanitaria del COVID-19, se ha prorrogado el cierre de evaluaciones, y por ende la puntuación definitiva, para los ayuntamientos de las comunidades autónomas de Murcia y Madrid durante todo el mes de abril.
miércoles, 27 de noviembre de 2019
La web de la UMU es transparente y las de la UPCT y la UCAM translúcidas, según un informe
lunes, 4 de noviembre de 2019
Los altos cargos del Gobierno regional deberán presentar un informe de su patrimonio al finalizar su mandato
jueves, 23 de mayo de 2019
Juan José Molina: “Lo ocurrido en el Consejo de la Transparencia demuestra la imperiosa necesidad de la auditoría"
C's denuncia que las trabas al Consejo de la Transparencia por parte del Gobierno regional le fuerzan a incumplir los plazos legales
jueves, 21 de marzo de 2019
Se renueva por cuatro años el Consejo Asesor Regional de Participación Ciudadana
viernes, 4 de enero de 2019
Francisco Lucas: "Un partido condenado por corrupción no está legitimado para hablar de transparencia"
jueves, 3 de enero de 2019
Piden más control a las empresas y a las subvenciones públicas
jueves, 19 de julio de 2018
Publican las retribuciones y situación de 43.000 empleados públicos de la Región
La Autoridad Portuaria de Cartagena suspende en transparencia
La organización ha presentado hoy el Índice de Transparencia de las Empresas Públicas (Indep) en el que señala que las peores puntuaciones las han obtenido la Autoridad Portuaria de Cartagena, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y la Autoridad Portuaria de Baleares.
Por el contrario, CDTI, Adif, Ineco y el ICO son las que mayor puntuación han recibido.
El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, ha subrayado durante la presentación que esta primera edición del informe refleja que la información de las empresas públicas estatales "deja bastante que desear".
El coordinador del indicador, Miguel Miaja, ha explicado que las empresas cotizadas en los mercados de valores tienen una exigencia de transparencia por parte los organismos reguladores mucho mayor a la que se les demanda a las empresas públicas.
Según el estudio, la propiedad y el control de las empresas evaluadas es mayoritaria o totalmente del Estado y representan el 2,3% del PIB estatal con un volumen de trabajadores que cercano a los 140.000.
Las áreas de transparencia que se han analizado para la elaboración del informe valoran únicamente si la información requerida está o no disponible para el público.
Estas categorías estudiadas han sido la información sobre la empresa, las relaciones con la sociedad, usuarios o partes interesadas, la transparencia económico-financiera, la transparencia en las contrataciones y convenios, el derecho de acceso a la información y la prevención de la corrupción y cumplimiento en transparencia y buen gobierno.
viernes, 1 de junio de 2018
El ayuntamiento de Yecla está entre los menos transparentes de la Región de Murcia
YECLA/ALHAMA.- De los 24 ayuntamientos de la Región de Murcia que ha analizado el índice Dyntra, el consistorio yeclano se sitúa en el puesto 21, en la parte baja de la clasificación. Ese ranking se realiza con el análisis de 159 indicadores, de los cuales el consistorio yeclano solo aprueba 39. Con ese nota, el índice de transparencia del ayuntamiento de Yecla es de 24,53%.
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