IU-Verdes Mazarrón apoya las inspecciones para erradicar la explotación de trabajadores en el sector agrícola

 MAZARRÓN.- La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Inspección de Trabajo de la Región de Murcia, ha detenido a 16 personas en varias fincas agrícolas, entre ellas en Mazarrón, por delitos relacionados con la explotación laboral de trabajadores migrantes. 

Estas acciones forman parte del Plan contra la trata de seres humanos y la explotación laboral,, y han permitido la inspección de cerca de 30 explotaciones, donde se identificaron más de 300 trabajadores.

 En algunos casos, se descubrió que los empleados eran supuestamente obligados a usar identidades falsas para ocultar su situación de vulnerabilidad por falta de regularización.

El coordinador municipal de Izquierda Unida-Verdes en Mazarrón, José García Espigares, ha expresado su respaldo a estas acciones.

 "Estas inspecciones son esenciales para garantizar que la normativa vigente en materia laboral se cumpla y evitar situaciones de abuso o explotación", afirmó.

 "La agricultura es un pilar fundamental de nuestra economía, pero no podemos permitir que su desarrollo se dé a costa de la dignidad de los trabajadores, quienes suelen ser personas en situación de mayor vulnerabilidad."

Desde Izquierda Unida-Verdes Mazarrón se destaca la importancia de seguir trabajando para garantizar que los derechos laborales sean respetados en todas las áreas productivas del municipio, así como del resto de la región.

 "Es inaceptable que en pleno siglo XXI sigamos encontrando casos en los que no se respetan los derechos más básicos de los y las trabajadoras del campo. La explotación laboral no puede tener cabida en nuestra sociedad", añadió García Espigares.

El portavoz municipal también ha subrayado que la lucha contra la explotación laboral no termina aquí: "Seguiremos denunciando públicamente todos los abusos que se cometan en este ámbito. Sin justicia social, no hay progreso." 

Además, ha reiterado la necesidad de más controles y recursos para asegurar que situaciones de explotación no se repitan en el futuro.

Detenidas o investigadas 16 personas por emplear a extranjeros de forma irregular en fincas agrícolas

 MURCIA.- La Guardia Civil de la Región de Murcia, con el apoyo del Servicio de Inspección de Trabajo de la Región de Murcia, viene realizando una serie de actividades conjuntas enmarcadas en el Plan contra la trata de seres humanos y contra la explotación laboral que, recientemente, han permitido la detención o investigación de 16 personas por la presunta autoría de delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros.

Estas actuaciones se iniciaron cuando la Benemérita, con el apoyo del Servicio de Inspección de Trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, elaboró un plan conjunto de actuación dirigido a la inspección de varias explotaciones agrícolas ubicadas Cieza, Torre-Pacheco, Mazarrón y San Javier, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de trabajo.

Efectivos de Seguridad Ciudadana y especialistas en Policía Judicial de la Benemérita, con el apoyo de inspectores de trabajo, han llevado a cabo hasta ahora la inspección de cerca de una treintena de explotaciones agrícolas donde han sido identificados más de 300 trabajadores.

Estas inspecciones han permitido detectar ciertas anomalías en la contratación de una treintena de ciudadanos extranjeros que, al parecer, trabajaban de forma irregular supuestamente auspiciados por varios capataces y algún propietario de las explotaciones inspeccionadas.

Según se desprende de la investigación, los ahora detenidos/investigados habrían aprovechado la situación irregular en el país de estos trabajadores, abusando de su estado de necesidad, para imponerles condiciones laborales y de Seguridad Social que restringían los derechos reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual. Las víctimas se encontraban trabajando sin contrato y en malas condiciones laborales.

También se ha detectado que algunos de los trabajadores usurparon la identidad de terceras personas para encubrir su situación irregular.

Las 16 personas detenidas/investigadas y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de las autoridades judiciales competentes.

APRAMP detecta más de 5.600 personas en riesgo de explotación y trata en el primer semestre de 2024

 MADRID.- La Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP) detectó más de 5.600 personas en riesgo de explotación y trata en el primer semestre de 2024.

Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se celebra este lunes 23 de septiembre, ha llamado a "la acción y al compromiso de todos los sectores para fortalecer las políticas públicas y garantizar la protección y atención integral a las víctimas y supervivientes".

En este sentido, ha reclamado políticas públicas integrales que den alternativas "reales y sostenibles" para que las mujeres y niñas víctimas "recuperen su dignidad y se restituyan sus derechos". 

Además, ha destacado que se trata de una realidad que "esclaviza y explota" a miles de mujeres y niñas, tanto en España como en el resto del mundo. 

En esta misma línea, ha recalcado que "mirar hacia otro lado no es una opción" y ha agregado que las políticas públicas deben ser "homogéneas y armonizadas" en todo el territorio, deben dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de herramientas para perseguir a explotadores, proxenetas y victimarios, y proveer los medios necesarios para que los servicios sociales y especializados puedan garantizar la asistencia y protección a las víctimas.

Igualmente, ha expuesto que para el desarrollo de estas políticas es "fundamental" dar voz a las supervivientes "porque ellas son las verdaderas protagonistas y con sus testimonios dan a conocer esta forma extrema de violencia, como lo es escuchar a las entidades especializadas como APRAMP que las acompañan y ofrecen cercanía y atención integral 24h".

También ha alertado de los espacios "invisibles" (pisos y entornos digitales), aquellos que se encuentran fuera del foco público, que ha añadido que son los que aglutinan a la mayoría de las víctimas de explotación.

"Las redes sociales y espacios digitales similares son donde más se producen las acciones de captación y coacción de las víctimas. Espacios que, desde la pandemia de 2020, se configuran como el terreno perfecto para la explotación sexual, especialmente de niñas, adolescentes y jóvenes porque en ellos se da una impunidad prácticamente total para los tratantes y explotadores", ha advertido APRAMP.

Finalmente, ha pedido un pacto social "que visibilice y denuncie la explotación y la trata de mujeres y niñas y rechace las conductas y actividades que conducen a ellas".

El Gobierno califica la trata como "la esclavitud moderna", que utiliza a los más vulnerables "como simple mercancía"

MADRID.- El Gobierno de España ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Así, la declaración califica la trata como "la esclavitud moderna" y añade que utiliza a las personas más vulnerables "como simple mercancía, violando de forma flagrante los derechos humanos".

El texto recuerda que, en España, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el 97,6% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas. Estos datos denuncia que reflejan que la trata con fines de explotación sexual tiene una "innegable dimensión de género".

Por otro lado, la declaración institucional hace referencia a los impactos de la tecnología digital en la trata de personas. "Las nuevas tecnologías proporcionan medios innovadores para prevenir y abordar el fenómeno de la trata, pero también para la captación y el control de las víctimas. 

Además, las oleadas migratorias y el desplazamiento forzado de personas por los conflictos armados son un caldo de cultivo para la trata de personas, lo que exige el máximo compromiso y coordinación internacional", concluye.

Arrestadas 23 personas implicadas en la explotación laboral de trabajadores agrícolas en Torre Pacheco

TORRE-PACHECO.- La Policía Nacional ha detenido a 23 hombres, de edades comprendidas entre los 20 y 50 años, por su presunta implicación en una red que explotaba laboralmente a trabajadores agrícolas en situación irregular que falsificaban documentación y usurpaban la identidad de otras personas en Torre Pacheco, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Entre los arrestados figuran los cuatro presuntos responsables de explotar a trabajadores en situación irregular a los que les hacían pasar por otros trabajadores con documentación legal en España para evitar los preceptivos controles de las autoridades competentes.

La investigación arrancó tras recibir la denuncia de una persona extranjera comunicando que había estado dado de alta en una empresa para la que nunca había trabajado.

Las primeras indagaciones de los agentes permitieron comprobar la denuncia, además de averiguar que en tres empresas habrían trabajado otras personas que se encontraban en situación irregular en el país, suplantando la identidad de otros trabajadores con permisos de residencia y trabajo.

Las gestiones permitieron identificar y detener a los responsables, cuatro hombres con lazos familiares entre ellos, encargados de los empleados y de captar a trabajadores en situación irregular, y, a su vez, facilitar la documentación a los mismos, al parecer con desconocimiento de los dueños de las empresas, imputándoles los delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y usurpación del estado civil.

Con toda la información obtenida, se procedió a realizar junto a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia la pertinente inspección policial y de trabajo, que culminó con la detención de diez personas, todas ellas en situación irregular, que, preesuntamente, usurpaban la identidad de otros trabajadores con permiso de residencia y trabajo, además de imputarles los delitos de falsedad documental y usurpación del estado civil.

En una segunda parte de la operación se procedió a la detención de otras nueve personas que habrían cedido su documentación personal para que los mismos pudieran acceder al mercado laboral en connivencia con los responsables de la captación de los trabajadores.

Como resultado de esta investigación se han podido esclarecer numerosos delitos que estas conductas fraudulentas producen un claro perjuicio a la Seguridad Social beneficiando a las dos partes que intervienen, tanto al trabajador sin permiso de trabajo y residencia legal para acceder al mercado laboral y otros derechos sociales, como el trabajador que vende o cede su documentación obteniendo un beneficio económico, y obtener días de cotización sin realizar la jornada laboral, con el beneficio que conlleva para obtener futuras prestaciones por un trabajo no realizado.

Finalmente, los detenidos tras la imputación de los delitos fueron puestos en libertad a la espera de la celebración del juicio oral.

A los arrestados, originarios Ecuador, Senegal, Paraguay, Marruecos, Gambia, Burkina Faso y España, se les atribuye la presunta autoría de los delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración ilegal, usurpación del estado civil y falsedad documental.

Detienen en Águilas, Mazarrón y Lorca a seis responsables de una empresa agrícola que explotaba presuntamente a trabajadores extranjeros

LORCA.- La Policía Nacional ha detenido a seis varones como presuntos responsables de una empresa agrícola que operaba en tres fincas de Lorca, Mazarrón y Águilas, en las que se explotó a al menos 23 ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

A los arrestados se les imputa la supuesta autoría de los delitos contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros así como de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal.

La operación, que contó con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo en Murcia, se centró en tres fincas agrícolas en las que sus responsables explotaban laboralmente a ciudadanos extranjeros, sometiéndoles a unas condiciones de trabajo abusivas.

Los trabajadores era sometidos a jornadas de trabajo de hasta doce horas, los siete días de la semana, sin ningún tipo de contrato ni dar de alta en la Seguridad Social, por un sueldo aproximado de cinco euros por hora de trabajo, careciendo de vacaciones y detrayendo parte de su sueldo por diferentes motivos.

Los empleados, la mayoría en situación irregular en el país, eran recogidos en puntos acordados por autobuses, e incluso en camiones de ganado fletados por la empresa para llevarlos a las diferentes fincas. En muchas ocasiones, tenían que compartir espacio con animales.

Desarticulada una red de explotación de mujeres, hondureñas y paraguayas, en Fuente Álamo con 19 víctimas y 27 detenidos

MURCIA.- La Policía Nacional ha liberado a 19 mujeres y desarticula la organización criminal que las explotaba sexual y laboralmente en la Región de Murcia donde estaba el entramado criminal.

La organización criminal introducía de manera irregular en España a mujeres latinoamericanas, concretamente de Honduras y Paraguay, con la finalidad de explotarlas sexualmente o como cuidadoras de personas mayores

En el registro realizado en una vivienda en Fuente Álamo y utilizada como prostíbulo, los agentes localizaron un hueco de dimensiones muy reducidas que habría sido utilizado para esconder a mujeres en caso de presencia policial.

La investigación comenzó gracias a una denuncia anónima recibida en el correo electrónico trata@policia.es. Esta es una de las herramientas, junto a la línea telefónica 900 10 50 90, con las que cuenta el Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.

Con la información recabada y las múltiples pesquisas realizadas, los agentes pudieron constatar la existencia de una organización criminal asentada en la localidad de Fuente Álamo cuya principal actividad era la trata de mujeres para su explotación sexual y/o laboral. Los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial, decretándose prisión provisional para nueve detenidos, entre ellos las dos cabecillas del entramado.

Al parecer no dudaban en maltratar y ejercer la violencia contra las mujeres, que vivían bajo la constante amenaza de graves represalias y la pérdida de propiedades en sus países de origen si no cumplían con el pago de las deudas contraídas.

En total han sido seis los registros llevados a cabo por la policía para las detenciones, cinco en Fuente Álamo y uno en la provincia de Toledo.

La investigación policial ha concluido con la detención de 27 personas, 26 en la provincia de Murcia y una en la provincia de Toledo, decretándose prisión provisional para nueve de ellas. Entre los arrestados se encuentran las dos cabecillas del entramado.

Además, se han intervenido 1.000 euros en metálico, seis vehículos, varios dispositivos electrónicos y numerosa documentación relacionada con la investigación.

Detienen a una decena de personas por presunta explotación laboral en once establecimientos de Alhama

ALHAMA.- La Policía Nacional ha detenido a una decena de personas como presuntos autores de delitos relacionados con la explotación laboral tras llevar a cabo registros en once establecimientos de Alhama de Murcia, informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

La operación se centró en determinados locales en los que se podrían estar llevando a cabo actuaciones delictivas como usurpación de identidad, falsedad documental, explotación laboral y otras infracciones administrativas cuyos autores y víctimas podrían ser ciudadanos extranjeros.

En los registros participaron la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), así como efectivos de Policía Local de Alhama y funcionarios de la Inspección de Trabajo.

En el marco del operativo se llevó a cabo la detención de diez presuntos responsables que fueron propuestos para expulsión tras la incoación del correspondiente procedimiento por encontrarse en situación irregular en territorio nacional.

Durante las inspecciones, en las que fueron identificadas más de cien personas, se levantaron además varias actas por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes.

"Cebaderos convertidos en infravivienda en la huerta de Lorca", denuncia IU-Verdes

LORCA.- El portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Pedro Sosa, atendiendo a una denuncia vecinal de un colectivo de ciudadanos que residen en la diputación de Tercia, pedanía de la huerta lorquina próxima a la ciudad, ha puesto de relieve esta mañana ante los medios de comunicación la conversión ilegal de cebaderos y pequeñas explotaciones porcinas en infraviviendas que se está llevando a cabo en el campo de Lorca. 

Un fenómeno que IU vincula a dos circunstancias muy claras. La primera la existencia de un sistema productivo arcaico basado en salarios miserables y precarios, y la segunda, una administración que mira para otro lado frente a la irregularidad urbanística de algunos empresarios del campo.

Sosa afirma que el sistema productivo lorquino actual es el que han venido defendiendo los dos partidos mayoritarios que han gobernado Lorca y la Región en las últimas décadas (el PP y el PSOE). Un sistema que no salió en defensa del que, durante décadas, fue un próspero sector secundario lorquino, y que dejó caer a las fábricas textiles y del curtido que empleaban a miles de lorquinos y lorquinas. Un sistema que se echó en manos de la especulación del suelo y la vivienda hasta que estalló ese mercado, causando una de las crisis más severas que hemos vivido.

 Un sistema que después del crack inmobiliario ha potenciado con ayudas y subvenciones multimillonarias al sector primario, dando un peso mayor del que sería deseable a los cultivos intensivos bajo plástico, que devoran recursos naturales esenciales con escasas contemplaciones y que generan miles de salarios miserables y precarios que han acabado convirtiendo al municipio de Lorca en uno de los municipios más pobres de España.

Y con salarios miserables y precarios, no es posible que se active ningún mercado de vivienda nueva y normalizada, y, lo lógico, afirma Sosa, es que se dispare el mercado de la infravivienda. Sosa sostiene que si miramos en balcones y ventanas del centro de la ciudad, veremos muchas ofertas de venta y alquiler de casas para los que no hay demanda por que los salarios no dan para eso. Por ello muchos trabajadores viven hacinados en infraviviendas en los barrios y en vergonzantes explotaciones ganaderas ilegalmente reconvertidas en infraviviendas.

Pero además del sistema productivo que tenemos, Sosa afirma que para que el mercado de la infravivienda funcione se hace necesario también que falle el control de la Administración local. Nos consta, al menos así nos lo han asegurado los responsables de la disciplina urbanística municipal, que existen órdenes de paralización de esas obras en los cebaderos de Tercia, pero se incumplen, y la administración municipal, lejos de defender el respeto por la legalidad y de incoar expedientes encaminados a precintar las obras y sancionar a los responsables, dejan actuar a los incumplidores, y así no hay manera de atajar este fenómeno que, en poco tiempo, acabará generando también un conflicto vecinal.

Es evidente que estas infraviviendas carecen de las oportunas licencias y permisos y, con toda seguridad, se encontrarán fuera de ordenación en el Plan General de Ordenación Urbana. Se trata de soluciones habitacionales ilegales para trabajadores pobres que, en no pocas ocasiones, no sabemos si este es el caso, trabajan en explotaciones agrícolas y ganaderas del mismo empresario que construye las casas y que estaría generando un asentamiento ilegal que además tiene derivaciones en otros órdenes distintos al urbanismo, como el social y el laboral.

Sosa ha afirmado que pasa lo mismo con la infravivienda ruinosa en los barrios. Estamos cansados de exigir al Concejal de Urbanismo del PSOE que revise las condiciones de habitabilidad de las viviendas de los barrios altos de Lorca y no hacen nada. Tampoco hacen nada, abunda el concejal de IU, para obligar a los bancos a mantener en condiciones de seguridad, salubridad y ornato sus múltiples propiedades desahuciadas; unos bancos y entidades financieras que, además, se cruzan de brazos ante el fenómeno de ocupación de sus propiedades.

El portavoz de IU adelanta que volverán a llevar al Pleno del Ayuntamiento de Lorca una iniciativa para controlar las condiciones de habitabilidad de las viviendas que se alquilan a los trabajadores en todo el campo de Lorca, en los barrios y en el centro de la ciudad.

Detienen en un almacén de Murcia a siete personas por explotar presuntamente a trabajadores en situación irregular

MURCIA.- La Policía Nacional ha detenido en Murcia a siete personas, cinco de ellas hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad española y de edades comprendidas entre los 34 y 67 años, por delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal, informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

La Unidad Contra la Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) ha seguido la pista de una empresa que podría estar llevando a cabo la captación de ciudadanos extranjeros en situación irregular para, aprovechando su precaria situación, ofrecerles trabajo en un almacén de una empresa hortofrutícola situada en Cobatillas.

Durante la investigación se han llevado a cabo dos inspecciones en menos de un mes al mismo almacén.

La primera de ellas, llevada a cabo por Policía Nacional y la Inspección de Trabajo de Murcia, tuvo lugar el 8 de julio, y en ella fueron identificados 36 trabajadores.

Entre ellos se encontraban 20 ciudadanos marroquíes en situación irregular que trabajaban en unas condiciones higiénicas precarias. La Policía encontró gran cantidad de productos hortofrutícolas en el suelo y la entrada de la nave, algunos en estado de putrefacción, desprendiendo un fuerte y desagradable olor.

En la segunda inspección, llevada a cabo el pasado 3 de agosto, se identificó a 38 personas, 18 de ellas trabajadores en situación irregular, de los que once ya habían sido descubiertos trabajando en la primera inspección.

Los agentes de la UCRIF concretaron que las víctimas cobraban según trabajaban, no tenían derecho a vacaciones y debían comprarse ellos mismos el material de trabajo. El salario rondaba los 300 euros al mes, siempre y cuando cumplieran con los objetivos que había marcado el explotador, siendo incluso en ocasiones engañados justificando que no habían llegado al límite de la cantidad.

La Policía Nacional, en el marco de la investigación, ha solicitado a la autoridad judicial la clausura temporal y cese de actividades de la nave.

La operación ha culminado con 34 arrestos, 27 de ellos por infracción a la Ley de Extranjería. Entre los detenidos se encuentra el máximo responsable de la empresa, el jefe de almacén (con funciones de selección, contratación y despido de personal) y los encargados de los trabajadores.

Instruyen diligencias a un empresario en La Alberca por emplear a dos trabajadores de forma clandestina

MURCIA.- La Policía Local de Murcia, a través de una dotación de la pedanía de La Alberca, instruyó diligencias este sábado a un empresario por emplear a trabajadores en situación irregular y mediante una relación laboral clandestina.

La dotación de la mencionada pedanía procedió también a la detención de los dos individuos que trabajaban de forma irregular para este empresario, por infracción a la ley de extranjería, según informaron fuentes del cuerpo policial a través de su cuenta de Twitter.

La Policía Nacional detiene a trece personas por explotar laboralmente a extranjeros en el campo murciano

MURCIA.- La Policía Nacional ha detenido en la Región de Murcia a trece personas de entre 26 y 48 años en el marco de una operación para luchar contra la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en el sector agrícola. Cinco de los detenidos --el líder de la organización y sus cuatro hombres de confianza-- eran presuntamente los encargados de dirigir el entramado, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

La Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de Murcia (UCRIF) ha investigado a la organización criminal durante seis meses, comprobando no solo la explotación laboral sistemática a la que eran sometidas sus víctimas, sino también la especialización del entramado, así como su cuidado para no ser descubiertos, instaurando dentro de la banda un sistema de organización jerárquica para la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en situación irregular.

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La Policía Nacional acabó en la operación con todos los escalones jerárquicos del entramado, desde el líder de la banda y su lugarteniente, hasta los integrantes de la organización que ocupaban el escalón inferior, los jefes de cuadrilla.

Estos se encargaban de controlar y trasladar a los trabajadores en furgonetas por las diferentes explotaciones agrícolas de la Región de Murcia. Eran quienes ejecutaban las órdenes que venían desde arriba y se encargaban del pago del salario, un sueldo que dependían de la cantidad de fruta recolectada. Cada caja se pagaba a 60 céntimos en unas jornadas de trabajo que podían superar las doce horas diarias.

La investigación ha concretado que podrían estar explotando de manera simultánea a alrededor de 70 trabajadores. La organización se aprovechaba de la difícil situación laboral y personal de sus víctimas, todas ellas en situación irregular en el país, para explotarles laboralmente.

Se ha tratado de una operación policial que culminó el pasado día 10 de marzo con la total desarticulación del entramado. Se detuvieron a 8 personas por infracción a la ley de extranjería, y lo más importante, al líder del entramado y a sus hombres de confianza, cinco varones de nacionalidad marroquí y nicaragüense que fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia como presuntos autores de un delito de pertenencia a organización criminal, delito contra el derecho de los trabajadores y favorecimiento a la inmigración irregular.

Detenidos un padre y dos hijos por explotar a 21 inmigrantes en su empresa de Fuente-Álamo

 CARTAGENA.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Fuente Álamo una organización criminal dedicada presuntamente a la explotación laboral de 21 inmigrantes irregulares en una empresa textil propiedad de un padre y sus dos hijos, que han sido arrestados por estos hechos.

En un comunicado, el Cuerpo Nacional de Policía ha señalado que esta veintena de personas fueron encontradas en situación irregular en empresa, de los cuales ocho de ellos fueron hallados en el interior de un zulo en pésimas condiciones.

Un padre y sus dos hijos, encargados de una empresa familiar dedicada a la adquisición de ropa usada para su venta y distribución en países africanos, han sido detenidos como responsables de la organización.

En el momento de la entrada, llevada a cabo por la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, el empresario comenzó a gritar a sus trabajadores para que huyeran y se escondieran, consiguiendo cuatro de ellos saltar la valla exterior.

Mientras, los demás se encerraron junto al principal detenido durante 15 minutos en una de las naves de la empresa, tiempo suficiente que aprovechó el empresario para esconder a ocho de las víctimas en un zulo y taponar la salida con carros de ropa compacta tan pesados que resultaba imposible que las víctimas pudieran salir por sus propios medios, extremo que provocó la necesaria intervención de varios agentes en el rescate.

Este habitáculo había sido confeccionado durante los meses del confinamiento con el fin de esconder personas en su interior en el caso de una intervención policial.

Los detenidos captaban a extranjeros en situación irregular para obligarles a trabajar sin ninguna garantía legal durante largas jornadas de trabajo, aprovechándose de su vulnerabilidad y su situación de necesidad para someterlos a durísimas condiciones laborales.

Un salario de dos euros por cada hora de trabajo y una ausencia total de medidas de seguridad e higiene laboral eran parte las condiciones laborales.

A todo ello se sumaba la falta de asistencia en caso de accidente de los trabajadores. En una ocasión, a uno de ellos se le cayó un palé de ropa encima y no recibió asistencia sanitaria.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Cartagena por su participación en un delito contra los derechos de los trabajadores.

Tres detenidos por obligar a trabajar a extranjeros en situación irregular toda la semana por salarios ínfimos

LORCA.- La Policía Nacional ha detenido en Lorca a tres individuos de nacionalidad extranjera que empleaban presuntamente a compatriotas suyos en situación irregular, sin contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social, obligándolos a trabajar todos los días de la semana por salarios ínfimos, según informaron fuentes del citado Cuerpo en un comunicado.

Las tres personas, de nacionalidad búlgara, ecuatoriana y marroquí, fueron detenidos por un delito contra el derecho de los trabajadores en el marco de una operación para luchar contra la explotación de los ciudadanos extranjeros en Lorca. Se trata de una operación policial que se ha llevado a cabo con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia.

La operación comenzó a raíz de diferentes informaciones recibidas por la Policía Nacional en las que se denunciaba la posible explotación de trabajadores extranjeros. Al parecer, el personal de varios locales comerciales de Lorca prestaba sus servicios sin permiso de residencia ni de trabajo.

Los responsables de estos establecimientos comerciales podrían estar empleando a compatriotas suyos en situación irregular, sin contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social, para obligarles a trabajar todos los días de la semana por salarios ínfimos, según las mismas fuentes.

Cuando la Policía Nacional concretó los establecimientos que podrían estar dedicándose a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros, los agentes establecieron, junto a Inspección de Trabajo, un dispositivo policial los pasados días 20 y 21 de febrero que consistió en la entrada y registro de cinco establecimientos con el objeto de llevar a cabo controles laborales y de extranjería.

En el dispositivo policial participaron agentes de las Brigadas de Policía Judicial, Extranjería y Fronteras y Seguridad Ciudadana de la Comisaría de la Policía Nacional en Lorca. Además, se solicitó la colaboración de agentes destinados en la Unidad de Guías de Caninos de la Jefatura Superior de Murcia.

Finalmente, el dispositivo culminó con la detención de un total de veintitrés personas, tres de ellas investigadas por delitos contra el derecho de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, las otras veinte, al encontrarse en España sin ningún tipo de autorización de estancia ni residencia, fueron trasladadas a dependencias de la Policía Nacional por una infracción a la vigente Ley de Extranjería.

Detenidos 20 miembros de una red que habría explotado sexualmente a más de 200 mujeres inmigrantes en Murcia y Cartagena

MURCIA.- La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que, presuntamente, habría explotado sexualmente a más de 200 mujeres inmigrantes en clubes de alterne de la Región de Murcia. Los agentes han liberado a 19 mujeres y han detenido a 20 personas, 19 de ellas en Murcia y otra en Zaragoza, de las cuales 10 han ingresado en prisión provisional.

Las víctimas, principalmente mujeres latinoamericanas en situaciones muy precarias, eran captadas en sus países de origen bajo falsas ofertas de empleo y, finalmente, eran explotadas sexual y laboralmente en clubes de alterne, según informaron fuentes de la Policía Nacional en un comunicado.

La operación, en la que han participado más de 100 agentes, ha finalizado con el registro de cinco domicilios y dos clubes de alterne en Murcia; en ellos se han intervenido 100.000 euros en efectivo, siete vehículos, un arma de fuego simulada, numerosas armas blancas y sustancias estupefacientes.

La investigación policial se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de varios clubes de alterne, ubicados en los municipios de Cartagena y Murcia, en los que presuntamente estaban explotando sexualmente a mujeres latinoamericanas.

Después de meses de intensa investigación, los agentes constataron la existencia de una organización criminal, liderada por un conocido y peligroso clan familiar, que explotaba sexual y laboralmente a mujeres en diferentes clubes de alterne de su propiedad. Además, observaron que los investigados extendían su actividad ilícita al tráfico de drogas.

Las víctimas de la organización eran mujeres que se encontraban en situaciones muy precarias en sus países de origen, Venezuela y Colombia principalmente. Los explotadores las captaban con falsas ofertas de trabajo en España y se hacían cargo de todos los gastos que generaba su desplazamiento hasta la península.

El mismo día de su llegada, las trasladaban a los clubes de alterne --propiedad de la organización-- donde eran informadas de que debían ejercer la prostitución para pagar la deuda contraída. Todo ello bajo un estricto control y un amplio régimen de sanciones.

La deuda que la organización imponía a las mujeres era superior al coste real del traslado. No obstante, y en comparación con otras redes criminales que desarrollan esta actividad ilícita, el valor de la deuda no era especialmente elevado, ya que la estrategia de obtención de beneficios de la organización se basaba más en el volumen de mujeres captadas que en el beneficio adquirido con cada una de ellas.

La operación finalizó con la liberación de 19 mujeres y la detención de 20 miembros de la organización --19 en la Región de Murcia y 1 en Zaragoza--. Además, los agentes registraron cinco domicilios y dos clubes de alterne en Murcia. En ellos intervinieron 100.000 euros en efectivo, siete vehículos, un arma de fuego simulada, numerosas armas blancas, sustancias estupefacientes y múltiples dispositivos electrónicos.

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica '900-105090' y un correo electrónico 'trata@policia.es' para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

Desmantelan un clan familiar rumano que explotaba a compatriotas en Mazarrón

MURCIA.- Dos hombres y una mujer de 31, 36 y 39 años, de nacionalidad rumana y miembros de un mismo núcleo familiar han sido detenidos en Puerto de Mazarrón como supuestos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y de pertenencia a organización criminal, ya que reclutaban a sus víctimas, también rumanos, ofreciéndoles alojamiento y trabajo para apropiarse luego de su salario, informa la Guardia Civil.

La operación "Dracu" ha culminado con la desarticulación de una organización criminal cuyos tres miembros han sido detenidos después de tres registros domiciliarios practicados en la localidad de Puerto de Mazarrón en los que han sido incautados 2.500 euros, joyas, un vehículo de alta gama, así como documentación, cuentas y tarjetas bancarias de las víctimas.
La investigación se inició el pasado mes de julio, cuando 13 ciudadanos rumanos, asentados en la localidad de Puerto de Mazarrón denunciaron ante la Guardia Civil la situación de semiesclavitud en la que vivían después de haberse trasladado desde otras provincias españolas hasta la Región de Murcia.
Las víctimas afirmaron que habían sido captadas por un compatriota asentado en Murcia con una oferta de trabajo y alojamiento en un municipio de la Región, si bien este supuesto benefactor después de facilitarles un empleo en empresas agrícolas de Mazarrón, se estaba apropiando de sus salarios y los mantenía atemorizados bajo amenazas y agresiones físicas. Esta situación llegó a ser extrema hasta el punto de carecer de alimentos y otra serie de bienes de primera necesidad.
Especialistas en Policía Judicial de la Benemérita fueron los que recabaron la información necesaria y centraron la investigación en un clan familiar formado por un matrimonio y su cuñado y justo cuando el supuesto líder del clan se desplazó a su país de origen, las víctimas aprovecharon para comunicar su lamentable situación a la Guardia Civil.
Las pesquisas practicadas a continuación permitieron averiguar que varios de los afectados habían dado de alta cuentas corrientes en entidades bancarias de la zona, aunque la dirección postal facilitada coincidía con la del domicilio del principal sospechoso, de tal forma que las tarjetas de crédito llegaban directamente a manos del clan, así como la información sobre sus ingresos o extractos, que eran controlados por estos. De esta forma se apropiaban del dinero de sus nóminas.
Después de varios meses de investigación, la Guardia Civil ha localizado y detenido a dos varones y una mujer, Estructura criminal jerarquizada. Según se desprende de la investigación se trata de un grupo criminal perfectamente organizado, liderado por un individuo que orquestaba la trama delictiva con la selección de compatriotas.
Una vez en España, las víctimas eran alojadas en viviendas previamente ocupadas por los miembros del grupo criminal, donde vivían hacinados pese a pagar hasta 150 euros mensuales por el alquiler.
Posteriormente, con la excusa de tramitar los contratos de trabajo, les exigían su documentación personal que empleaba para dar de alta cuentas bancarias y tarjetas de crédito donde domiciliaba sus nóminas. Para ello se valía de su situación de vulnerabilidad y de su desconocimiento del idioma, llegando incluso a acompañarlos hasta las sucursales bancarias para hacer de intérprete y asegurar que los trámites bancarios se hicieran a su antojo.
El resto de miembros del grupo criminal, ahora desmantelado, se encargaba de otras tareas tales como las de mantener bajo amenazas y agresiones a los trabajadores e incluso las de vigilar su jornada laboral e informar de cualquier vicisitud al líder que, generalmente, se presentaba como encargado de una cuadrilla de trabajadores y responsable de éstos, mientras las empresas contratantes permanecían ajenas a estas argucias.
Los tres arrestados, las diligencias instruidas, así como el dinero, las joyas, la documentación y el vehículo incautados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Totana.
La investigación continúa abierta por lo que no se descarta la identificación de otras víctimas, así como la detención de otras personas vinculadas con el grupo criminal desmantelado.
En tanto se desarrollaba la investigación, la Guardia Civil activó el protocolo de asistencia para las víctimas de delitos de trata de seres humanos a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mazarrón, lo que permitió su atención y su reinserción laboral.

Una marcha silenciosa contra la explotación sexual recorrerá Murcia el sábado

MURCIA.- Una marcha recorrerá Murcia el próximo 19 de octubre para condenar la trata de seres humanos, una lacra social que afecta a unos 27 millones de personas en todo el mundo, un 98 por ciento de ellas, mujeres, según los cálculos de la asociación internacional A21, que organiza la protesta.

Se trata de una marcha silenciosa que partirá a las 17:30 horas desde la Plaza Circular y recorrerá el centro de la ciudad hasta la plaza de Julián Romea, donde está previsto que llegue en torno a las 19:00 horas.

El objetivo de la iniciativa es visibilizar esta nueva forma de esclavitud y crimen organizado, el que más rápido crece en el mundo, generando más de 126.000 millones de euros al año en el mundo.

En España, según datos de A21, el problema de la explotación sexual podría afectar a unas 12.000 personas, en su mayoría mujeres, ya que se calcula que en torno al 90 por ciento de las trabajadoras sexuales están bajo el control de redes criminales.

Jumilla mostrará de nuevo su repulsa contra la explotación sexual con el lema 'Sin clientes no hay trata'

JUMILLA.- La concejala de Igualdad, Lola Gómez, y la técnico del área, Paqui Ruiz, han presentado las actividades que se van a realizar en Jumilla con motivo del Día contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, que se celebra hoy, 23 de septiembre. 

"Bajo el lema 'Sin clientes no hay trata' y enmarcada dentro el Plan de Igualdad Municipal 2019, el Ayuntamiento de Jumilla continúa mostrando la repulsa contra este delito que es una forma de esclavitud moderna y una violación de los derechos humanos", ha señalado la concejala.

Se han organizado dos actividades que se llevarán a cabo los días 30 y 31 de octubre, que tienen como base la presentación y proyección del documental 'El Proxeneta. Paso corto, mala leche'. 

En el documental se retrata la verdadera historia de lo que hay detrás de los prostíbulos de la mano de un testigo privilegiado, Miguel, apodado "El Músico", un exproxeneta que ha confesado con todo lujo de detalles cómo ha evolucionado el negocio de la prostitución en España desde finales de los años ochenta hasta hoy, con el negocio de la trata.

Para la realización de estas actividades se contará con la presencia de Mabel Lozano, conocida fundamentalmente por su faceta como actriz y presentadora de televisión y, desde hace unos años, directora de varios documentales, entre ellos 'El Proxeneta', y activista. Mediante el cine se ha dedicado a luchar contra la explotación sexual, algo que considera una forma de "dominio, sumisión y violencia".

El día 30 de octubre, a partir de las 20.00 horas, se realizará la presentación y proyección del documental en el Teatro Vico, con entrada con invitación a recoger en la taquilla, para mayores de 16 años. 

Al día siguiente habrá jornada formativa con los alumnos de Bachiller, proyección y presentación de la versión adaptada a jóvenes del documental, en horario de mañana y dirigida a institutos de Enseñanza Secundaria de Jumilla.

Mafia y explotación, la cara oscura de la agricultura en Italia

ROMA.- Les pagan una miseria y trabajan en condiciones deplorables. Miles de trabajadores son explotados durante las cosechas en Italia y son la cara oscura de la agricultura italiana, en la que también pesa la sombra de la mafia.

Cada verano, miles de trabajadores africanos, pero también búlgaros o rumanos, llegan a la península para recoger tomates o sandías bajo un sol abrasador.

Según un estudio realizado por el sindicato Flai-CGIL, unos 400.000 trabajadores agrícolas corren el riesgo de ser explotados irregularmente, de los cuales más de 100.000 se encuentran en una situación de "vulnerabilidad grave".

Si bien la mayoría son extranjeros, los italianos también están involucrados.

"Han sido reducidos a la esclavitud", a través del llamado sistema de "caporalato", explicó  Jean-Rene Bilongo, responsable de la política migratoria y las desigualdades de Flai-CGIL.

El "caporal" es un intermediario entre el agricultor y los trabajadores, resume.

"Es el que negocia el pago embolsándose una margen. Por ejemplo: si pagan cinco euros por una enorme caja de tomates, pagará solo tres euros a los trabajadores", sostiene Bilongo.

Si bien el convenio colectivo para la agricultura prevé un horario de trabajo diario de 6H40 con una remuneración de 50 euros por día, estos trabajadores trabajan más de ocho o diez horas al día e incluso 14 horas.

Además les pagan por cantidad (3 a 4 euros por 350 kilos), lo que les permite llegar sólo a 20-30 euros por día.

A esa cifra, que ya es baja, deben recortar los costos. "Los 'caporales' les piden cinco euros para el transporte ida y vuelta a los campos, por el agua que beben y los bocadillos les cobran 3,5 euros. Una verdadera extorsión", denuncia Angelo Cleopazzo, vicepresidente de la asociación Diritti a Sud ("Derechos en el Sur"), con sede en Nardo (Apulia).

Muchos de los trabajadores viven en barrios marginales, en terrenos al aire libre, unos "güetos", sin acueducto ni alcantarillas.

"Es inhumano", protesta Bilongo, quien ha denunciado también la violencia e incluso la agresión sexual contra las mujeres.

Su extrema vulnerabilidad a menudo les impide denunciar esta explotación. Sin embargo, en agosto de 2018, cientos de ellos manifestaron su indignación y rabia en Foggia (Apulia), después de la muerte de 16 trabajadores en un accidente automovilístico.

Todos los veranos se registra la muerte de varios trabajadores en los campos, en general debido a la ola de calor y la insolación.

Para Bilongo no ha faltado la intervención de la policía así como la apertura de investigaciones judiciales, gracias a una ley del 2016 que ataca el fenómeno del "corporalato".

Pero el sindicalista lamenta que no se apliquen las medidas preventivas para luchar contra ese fenómeno.

La ley establece la creación de "una red de trabajo agrícola de calidad", con compromisos y controles por parte de los operadores, algo que no se aplica a nivel local.

Esas redes deberían, por ejemplo, organizar el transporte para que los trabajadores no dependan de los caporales.

"Pero hay mucha resistencia", reconoce Bilongo.

Los sindicatos Flai-CGIL, como Coldiretti, la principal organización agrícola, así como los mismos trabajadores, consideran que una de las causas de esa injusticia son las exigencias de la grande distribución.

"Son entre los responsables ya que imponen precios muy bajos", asegura Cleopazzo, que denunció la infiltración de la mafia en ese sector y la escasa acción de la justicia.

Según Coldiretti, la "agro-mafia", presente desde la producción hasta la distribución gracias al control del sistema de transporte, ha aumentado su volumen de negocios de un 12,4% en 2018, llegando a facturar 24.500 millones euros (27.110 dólares)

A nivel local se está comenzando a implementar otro modelo de desarrollo. Goel, un grupo de cooperativas de Calabria fundado en 2003, ayuda a los agricultores a vivir mejor con sus propios productos y a resistir a la mafia.

Lanzado en 2015 por las asociaciones Diritti a Sud, Solidaria y SfruttaZero (Cero Explotación), ahora se produce salsa de tomate sin productos químicos y los 20 trabajadores tienen un contrato regular, son pagados a tiempo y se les proporciona transporte gratuito, así como bocadillos y agua.

SfruttaZero vende, a través de sus propios circuitos, sus botellas de tomate a tres o cuatro euros, contra los 90 centavos en general con que se venden en los supermercados.

Y no tiene dificultades para venderlas, ya que los consumidores son cada vez más sensibles a los problemas éticos y ecológicos y prefieren pagar más a cambio de justicia social y respeto del medio ambiente, asegura Cleopazzo.

Sigue la explotación laboral de extranjeros ilegales en la Región de Murcia también en la Hostelería

MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a un año de prisión y multa de 360 euros a un hombre y una mujer, dueños de un restaurante, por imponer condiciones ilegales de trabajo a cuatro empleados extranjeros, a uno de los cuales, además, el primero agredió con una escoba cuando le reclamó los 750 euros que le debía.

La sentencia señala que los acusados reconocieron los hechos al iniciarse el juicio oral contra ellos y se conformaron con cumplir la pena acordada por el fiscal y la defensa.

Afirma la sala que los hechos se produjeron desde enero de 2013 hasta agosto de 2016, cuando los acusados, que regentaban un restaurante ubicado en Murcia, emplearon a varios trabajadores extranjeros que se encontraban en situación irregular en España y a otros empleados con permiso de trabajo.

Y añade que "abusando de la situación de necesidad en la que los mismos se encontraban, les imponían unas condiciones laborales claramente abusivas, no dándoles de alta en la Seguridad Social o bien dándoles de alta con una jornada laboral a tiempo parcial, cuando realmente prestaban servicios a jornada completa".

Además, no respetaban sus descansos diarios ni semanales, les pagaban de forma tardía, sin llegar al salario mínimo, los sometían a un trato vejatorio, con gritos o insultos, y no les abonaban los finiquitos a la terminación de las prestaciones correspondientes.

Además, el varón agredió con una escoba a uno de ellos, de origen senegalés, cuando este le reclamó los 750 euros que le debía y al que causó lesiones que tardaron en curar cinco días.

La sentencia ha condenado a cada uno de los acusados a un año de cárcel y multa de 360 euros, y en el caso de aquel, además, al pago de 60 euros de multa por un delito leve de lesiones, junto con la obligación de pagar una indemnización de 200 euros al perjudicado por las lesiones.

El tribunal ha acordado suspender por dos años la pena privativa de libertad a condición de que durante ese tiempo no vuelvan a delinquir y, además, en el caso de él, a que pague la indemnización citada.