Un proyecto de depósito de medicamentos hará que la administración de fármacos en residencias sea más segura

MURCIA.- Desde el pasado 26 de febrero, la residencia para personas con enfermedad mental crónica 'Luis Valenciano' cuenta con depósito de medicamentos. De esta manera, culmina el proyecto conjunto del Servicio Murciano de Salud (SMS) y el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) en todos los centros sociosanitarios vinculados al hospital psiquiátrico Román Alberca, entre los que están también la residencia psicogeriátrica 'Virgen del Valle' y el centro para personas con discapacidad cognitiva y enfermedad mental 'López Ambit'.

Los residentes alojados en estos tres centros se beneficiarán del suministro de medicación individualizado de distribución en dosis unitarias por el Servicio de Farmacia del Román Alberca, el centro responsable del proyecto.

Esta prestación supone un gran avance en la atención a las residencias, ya que mejora la cobertura del suministro de medicamentos y proporciona atención farmacéutica. Esto se hace gracias a la incorporación del especialista en Farmacia Hospitalaria en el equipo asistencial del Román Alberca para dar servicio a las residencias.

Esta figura contribuye, además, a disminuir errores en la preparación y proporciona una mayor seguridad en la utilización de medicamentos, lo que garantiza a todos los residentes una farmacoterapia más segura y eficiente. A este respecto, el especialista en Farmacia Hospitalaria asegura el uso racional del medicamento, gracias a su correcta conservación.

Solo el 53% de las plazas de residencias de ancianos de la Región son públicas

MURCIA.- Tan solo el 53% de las plazas en residencias de mayores y dependientes de la Región de Murcia son públicas, según los cálculos de Comisiones Obreras. Al mismo, tiempo, el sindicato considera que serían necesarias unas 6.500 plazas más para cubrir la demanda real de los pensionistas.

Estos datos se recogen en el último estudio elaborado por el Observatorio Social de las Personas Mayores del sindicato a nivel estatal, y que este martes han presentado, poniendo el foco en los datos específicos que afectan a la comunidad autónoma, el secretario regional de la formación, Santiago Navarro, la responsable de la Federación de Pensionistas y Jubilados en la región, Gertrudis Peñalver, y el secretario estatal de la Federación de Pensionistas y Jubilados del sindicato, Juan Sepúlveda.

Navarro ha puesto de relieve que la Región de Murcia es la comunidad autónoma más joven de toda España, solo por detrás de las ciudades de Ceuta y Melilla, pero sus ratios relacionadas con las pensiones o la dependencia están a la cola del país a pesar de esa menor carga poblacional.

Así, los datos relacionados con el acceso al sistema de dependencia muestran, según Navarro, que la de Murcia es la tercera comunidad, solo por detrás de Canarias y Andalucía, en la que más tardan en resolverse los expedientes, hasta 14 meses (486 días de media) para obtener una plaza.

Así, un 9,6 por ciento de los murcianos que solicitaron acceder al sistema de dependencia están en espera de valoración, un dato que solo supera Canarias, con el 17,7 por ciento, y Andalucía, con el 11,2 por ciento, según el estudio del Observatorio Social, que toma como referencia datos de 2022, que sitúa la media estatal en 6,7 por ciento

En cuanto a los beneficiarios de la dependencia con derecho a prestación que están a la espera de recibirla, en la Región de Murcia son el 14,7 por ciento del total, lo que la sitúa la sexta por la cola y casi tres puntos por encima de la media nacional, que es del 11,9 por ciento.

Navarro ha lamentado los malos datos también de las pensiones que cobran los jubilados murcianos, que perciben de media 1.108 euros al mes, frente a los 1.251 euros mensuales de la medida estatal, 143 euros menos.

En el caso de las pensiones de viudedad, que son las que cobran mayoritariamente las mujeres, en la Región de Murcia son de 821,5 euros al mes de media, 71,5 euros menos que la media nacional.

En este sentido, Gertrudis Peñalver ha lamentado que la brecha de género que sufren las mujeres durante su vida laboral se traslada también al sistema de pensiones, ya que ellas cobran en menor proporción pensiones propias y, cuando lo hacen, son también de menor cuantía.

La dirigente ha advertido de que “es necesario acabar con el maltrato institucional hacia las personas mayores”, una situación que, en su opinión, se produce “cuando no se aportan los recursos necesarios para que tengan una vida digna”.

En ese sentido, ha reivindicado la puesta en marcha de una “ley integral de derechos de las personas mayores”, como un marco “que ayude a garantizar un envejecimiento digno, activo” y con los recursos necesarios para ello.

El estudio del observatorio, ha explicado Juan Sepúlveda, analiza también a nivel nacional otros temas de interés como son la salud mental de la población mayor, el maltrato a este colectivo o las situaciones de soledad no deseada.

Respecto a estas últimas, ha explicado que es un campo en el que se está empezando a avanzar, pero ha lamentado que por el momento no hay ningún programa específico que permita combatir esas situaciones que, en ocasiones, tienen soluciones tan sencillas como mejorar la accesibilidad de una vivienda instalando un ascensor.

Tampoco hay actualmente recursos suficientes para abordar la atención a la salud mental, y apenas está estudiado el problema del maltrato a este colectivo, por lo que ha insistido en la necesidad de mayores recursos.

Por ejemplo, en el sistema de la dependencia se invierte actualmente un 0,77 por ciento del PIB nacional y, para Sepúlveda, sería preciso llegar al menos hasta el 1,5 por ciento para “tener un sistema de dependencia digno”.

La Policía Local de Cartagena custodiará las llaves de los domicilios de personas vulnerables

CARTAGENA.- El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la concejalía de Servicios Sociales, van a suscribir un convenio de colaboración con la empresa que gestiona el servicio de teleasistencia, para que Policía Local custodie las llaves de los domicilios de ancianos y personas vulnerables que vivan solas. Esto permitirá ser más ágil cuando haya que asistirlos.

Para ello, la Policía Local dispondrá de una copia de la llave de estas viviendas, y cuando la empresa de teleasistencia dé el aviso, se agilizarán las actuaciones pertinentes, sin necesidad de montar un gran dispositivo para acceder a estos domicilios.

Actualmente el servicio de Teleasistencia municipal llega a 441 hogares y atiende a 480 personas, la mayoría de ellas cuentan con personas de contacto que prestan apoyo en caso de producirse una emergencia, pero, según ha explicado la alcaldesa y concejal del área de Bienestar Social y Deportes, Noelia Arroyo, “existe un pequeño porcentaje que por su situación de soledad y de aislamiento con el entorno no disponen de personas de contacto que puedan prestarles apoyo. 

Hablamos de un 3,5% del total de los hogares de teleasistencia, unas 15 personas, a las que va dirigido este protocolo de actuación, que es ejemplo de colaboración entre servicios municipales y la empresa, que está poniendo un especial interés en optimizar aún más el servicio que presta”, ha dicho Arroyo.

El proceso consiste en que la empresa de teleasistencia entregará una caja de seguridad a Policía Local con las llaves de los domicilios de estas personas, una vez que cuenten con el consentimiento y autorización a la custodia y el uso de las llaves en caso de emergencia.

Sólo si se recibiese una llamada de emergencia en la que la persona usuaria no pudiera abrir la puerta de su domicilio, se movilizará a Policía Local. 

Si en algún momento se produce la baja en el servicio de la persona usuaria, la devolución de las llaves se realizará por la coordinadora del servicio, al igual que si se produjese un cambio de cerradura o cualquier otra incidencia. Las llaves sólo podrán ser utilizadas si se ha producido previamente una movilización por parte del servicio de teleasistencia.

La alcaldesa ha recordado que este protocolo da un paso más en la atención y cuidado de las personas que no tienen soporte familiar y social, “que son las que especialmente nos preocupan. Las personas que sufren soledad no deseada, para que tengan la seguridad de que su ayuntamiento está detrás de ellos para darles la atención y la ayuda que necesiten en todo momento”.

El Ayuntamiento puso en marcha hace unos meses un programa específico de soledad en personas mayores, "que ha constituido una red social para detectar a los mayores que viven solos en Cartagena, para dar la voz de alerta y poner los medios necesarios para prestarles atención. Aunque ya tenemos servicios de ayuda y comida a domicilio, teleasistencia y acompañamiento, nos preocupan sobre todo los mayores que quedan fuera del radar social, mayores que viven sin apoyo familiar o social", ha precisado Arroyo.

En Cartagena hay casi 30.000 mayores que viven solos o con otra persona mayor, y en total soledad viven casi 8.600 personas.

Un total de 1.413 murcianos murieron en las listas de espera de la Dependencia en 2021, según Asociación de Directores

MURCIA.- La Región de Murcia ha aumentado el porcentaje de listas de espera en Dependencia en un 6.72% durante el 2021, mismo periodo en el fallecieron 1.413 personas sin ser atendidas (881 dependientes pendientes de una valoración y 532 pendientes de resolución de grado), según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

No obstante, en Murcia ha aumentado un 5,17 el número de personas beneficiarias con prestación durante el pasado año, lo que la sitúa en el séptimo lugar de las comunidades autónomas. En este sentido, y según los datos de este informe, en la Comunidad Autónoma de Murcia hay 5.035 dependientes con y sin prestación.

La entidad ha lamentado el plan del Ministerio de Derechos Sociales para reducir la lista de espera de la dependencia y ha puesto el foco en Cataluña, Canarias y La Rioja, donde más personas permanecen en el "limbo de la dependencia".

Según los datos facilitados por la organización, la lista de espera en 2021 en todo el país solo se ha reducido en 38.807 personas frente a las 60.000 que planteó como objetivo y, aunque han constatado un aumento de los beneficiarios en 97.912 (+8,71%), cree que a este ritmo "se tardaría un lustro en lograr la plena atención".

La Región de Murcia necesita 6.749 plazas más en residencias de mayores

MADRID.- La Región de Murcia tiene un déficit de 6.749 plazas en residencias mayores, según recoge un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, elaborado con cifras del Imserso.

En total, la Región de Murcia contó en 2020 con un total de 5.635 plazas residenciales para personas mayores. De ellas, 2.191, el 38,9 por ciento, son privadas, y 3.444 son plazas públicas, el 61,1 por ciento.

Las comunidades con menos plazas de financiación pública son Canarias y Murcia, que no alcanzan un 1,5%.

El 35% de los murcianos con movilidad reducida tiene problemas para desenvolverse en su vivienda

 MURCIA.- Un 35% de los murcianos con movilidad reducida tiene dificultades para desenvolverse en el interior de su vivienda. Así lo recoge el informe 'Accesibilidad, elemento clave de la vivienda', elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios que analiza el estado actual de 25,8 millones de viviendas en esta materia.

De acuerdo con el estudio, un 30% de los murcianos ha realizado obras de adaptación en el interior de su vivienda. El principal elemento reformado son los aseos (69%), seguidos de dormitorios (25%), zonas exteriores (22%), puerta de acceso (15%), y salón/comedor (15%). El informe también destaca que un 12% de quienes no han realizado reformas esgrimen falta de recursos económicos para poder llevarlas a cabo.

"España cuenta con un parque de viviendas envejecido, evidenciándose importantes carencias que impiden alcanzar una sociedad más igualitaria y justa en cuanto a la vivienda se refiere" señala la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Mutua de Propietarios, Laura López Demarbre, quien apunta a la necesidad de "fomentar políticas que promuevan la accesibilidad mediante ayudas públicas o privadas destinadas a las personas con movilidad reducida que necesiten adaptar su vivienda".

 

Los usuarios de residencias de mayores y centros de discapacidad afectados en la Región se sitúan en 79

MURCIA.- La cifra de usuarios de residencias y centros de personas con discapacidad de la Región de Murcia que se encuentran afectados por coronavirus se sitúa en la actualidad en 79, según informaron fuentes de la consejería de Política Social.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, 293 residentes han dado positivo por COVID-19 en estos centros, que albergan 5.070 plazas, entre públicas y concertadas. De ese total acumulado, 66 han fallecido (22,5%) y 149 se han curado (50,8%).

El número de centros de la Región de Murcia con algún afectado es de cinco, de los que cuatro son residencias de mayores y uno un centro para personas con discapacidad.

Además, 85 trabajadores de estas instalaciones han sufrido la enfermedad desde el comienzo de la pandemia, y 28 se han curado (32,9%).

El IMAS habilita un servicio de teleasistencia gratuito

MURCIA.- El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) ha habilitado un servicio de teleasistencia gratuito para combatir la soledad ante el COVID-19. En el caso de Bullas hay que llamar al teléfono 968 653 638.

Para poder utilizar este servicio hay que dirigirse a los Servicios Sociales de los ayuntamientos.

El servicio incluye las mismas prestaciones: atención en emergencias, asesoramiento, información y acompañamiento. Además, hará hincapié en el seguimiento alas personas positivas en Covid-19 que no estén hospitalizadas porque su situación no lo requiera y que pasen la enfermedad en sus domicilios. También podrán recibir información, se les recordará que deben tomar su medicación en caso necesario, etc.

Más de 1.300 sociosanitarios cuidan a personas con discapacidad en las residencias de la Región

MURCIA.- La Consejería de Política Social del Gobierno murciano cuenta con 1.366 profesionales del ámbito sociosanitario que están prestando servicio y atención a las personas con discapacidad de las residencias públicas, privadas y concertadas y los pisos tutelados de la Región de Murcia, desde que el pasado 14 de marzo se decretara el estado de alarma, según un comunicado de este departamento.

Estos profesionales "están intensificando" su labor para mantener, en la medida de lo posible, la normalidad en los centros y evitar alteraciones de conducta, especialmente en aquellos lugares en los que se cuida de personas con discapacidad intelectual, TEA (trastorno del espectro autista) y problemas de salud mental.

Desde el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), a través de la Dirección General de Personas con Discapacidad, se está desarrollando una "labor diaria" de coordinación en la difusión y cumplimiento de los protocolos de prevención y actuación ante el Covid-19 con los profesionales de un total de 52 centros residenciales y viviendas tuteladas, distribuidos en los distintos municipios de la Región.

Para la directora general de Personas con Discapacidad, Conchita Ruiz, "es esencial" la labor que están desarrollando los profesionales de estos centros, que están al cuidado de uno de los colectivos más vulnerables ante el COVID-19, desarrollando jornadas más largas de lo habitual para evitar posibles casos de contagio entre residentes y trabajadores, con la repercusión que en sus familias conlleva.

Con el fin de que los familiares de las personas residentes puedan sentirse más cerca de sus seres queridos, en los centros residenciales se está recurriendo a videomensajes, llamadas y videoconferencias.

Además, desde la Dirección General de Personas con Discapacidad se han atendido más de 300 llamadas de familiares de residentes y de trabajadores, a través de la línea telefónica 900 10 22 51 habilitada por el IMAS el pasado 18 de marzo, en su mayoría  sobre asuntos relacionados con las distintas residencias.

En la actualidad, hay registrado un caso positivo de Covid-19 en el Centro de Personas con Discapacidad de Churra, un joven de 30 años de edad que evoluciona favorablemente, en un centro donde efectivos militares realizaron este sábado tareas de desinfección.

Los obispos deberán celebrar los ritos de Semana Santa sin la presencia del pueblo y emitirlos en directo

 CIUDAD DEL VATICANO/MURCIA.- Los obispos de los países afectados por medidas de confinamiento por la expansión del coronavirus COVID-19, como es el caso de España, deberán celebrar los ritos de la Semana Santa, porque "la fecha de Pascua no puede ser trasladada", pero lo harán "sin la presencia del pueblo" y de forma que los fieles puedan seguirlo "en directo" desde casa a través de los medios de comunicación.

Así lo establece un Decreto para la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano, en el que ofrece una actualización de las indicaciones generales, "considerado la rápida evolución de la pandemia del Covid-19 y teniendo en cuenta las observaciones recibidas de las Conferencias Episcopales".

Según precisa el Vaticano, "dado que la fecha de la Pascua no puede ser trasladada, en los países afectados por la enfermedad, donde se han previsto restricciones sobre las reuniones y la movilidad de las personas, los obispos y los presbíteros celebrarán los ritos de la Semana Santa sin la presencia del pueblo y en un lugar adecuado, evitando la concelebración y omitiendo el saludo de paz".

Además, se establece que los fieles sean avisados de la hora del inicio de las celebraciones, de modo que puedan unirse en oración desde sus propias casas. La Santa Sede señala que podrán ser de gran ayuda los medios de comunicación telemática "en directo, no grabados".

En cuanto al Domingo de Ramos, que este año es el 5 de abril, el decreto señala que "la Conmemoración de la Entrada del Señor en Jerusalén se celebre en el interior del edificio sagrado". 

En concreto, precisa que en las iglesias catedrales se adoptará la segunda forma prevista del Misal Romano; mientras que en las iglesias parroquiales y en los demás lugares, la tercera. Ambas fórmulas se reservan para los momentos como el actual, en que no es posible realizar una procesión desde fuera de la Iglesia.

Sobre la Misa crismal, la Congregación del Vaticano puntualiza que deberán ser las propias Conferencias Episcopales las que, valorando la situación concreta de su país, den indicaciones sobre un posible traslado a otra fecha.

El decreto también establece que se omita el lavatorio de los pies del Jueves Santo y que, al final de la Misa en la Cena del Señor, "se omita también la procesión y el Santísimo Sacramento se reserve en el sagrario". 

En este día, se concede excepcionalmente a los presbíteros la facultad de celebrar la Misa, sin la presencia del pueblo, en lugar adecuado.

El Viernes Santo, el Vaticano precisa que en la oración universal, "los obispos se encargarán de preparar una especial intención por los que se encuentran en situación de peligro, los enfermos y los difuntos" y añade que "la adoración de la Cruz con el beso se limite solo al celebrante".

Finalmente, establece que la Vigilia Pascual se celebrará "solo en las iglesias catedrales y parroquiales" y para la liturgia bautismal, pide que "se mantenga solo la renovación de las promesas bautismales".

Los seminarios, las residencias sacerdotales, los monasterios y las comunidades religiosas también deberán atenerse a las indicaciones del presente decreto.

El Vaticano también propone que las expresiones de piedad popular y las procesiones que enriquecen los días de la Semana Santa y del Triduo Pascual, puedan ser trasladadas a otros días convenientes, por ejemplo, el 14 y 15 de septiembre, aunque lo deja "a juicio del obispo diocesano".

 El IMAS amplía el cierre de centros de día hasta que finalice el estado de alarma

El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) ha prorrogado el cierre de todos los centros de día de la Región de Murcia, de mayores y discapacidad, propios y concertados, hasta la finalización del estado de alarma.

La directora Gerente del IMAS anunció, el pasado 12 de marzo, el cierre de todos los centros de día a partir del día 16 de ese mes y hasta el 31 de marzo, pudiendo ser ampliado.

Dada la previsión de que la vigencia del estado de alarma declarado mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se prolongue, se ha ampliado el cierre de los centros de día de la Región hasta que finalice la declaración del periodo de estado de alarma o prórrogas del mismo.

María Marín: "El Gobierno regional debe tomar ya el control de las residencias privadas de la tercera edad"

CARTAGENA.- Podemos Región de Murcia ha exigido hoy al Gobierno regional que "aplique de forma inmediata" las directrices del Gobierno de España, "cumpliendo la orden dada por el Ministerio de Sanidad y por la Vicepresidencia de Derechos Sociales". 

La portavoz de la formación en la Asamblea Regional, María Marín, ha solicitado al ejecutivo autonómico presidido por López Miras que "tome ya el control de las residencias de ancianos que se encuentren en manos privadas". 

Para la diputada regional, esta medida estaría más que justificada por casos como "los hechos que hemos visto estos días en centros como el de Santo Ángel, donde no se había comunicado ningún positivo de infección por coronavirus y en el que nos hemos encontrado con un fallecido".

Marín ha comparado la situación de las residencias de mayores de la Región de Murcia con la que se está produciendo en los centros de la Comunidad Autónoma de Madrid. La portavoz ha calificado la situación en las residencias como "muy grave". 

Así, la portavoz de Podemos ha señalado que "la similitud con lo que llevamos viendo desde hace varios días en Madrid nos debe servir para tomar medidas urgentemente, ya que la inmediatez en estos casos puede salvar vidas".

Además, la diputada ha recordado que "el 92% de los mayores que están en residencias, se encuentran en centros privados de más de 50 plazas, y un alarmante 59% en residencias privadas que superan los 100 internos", algo que en su opinión, "supone un riesgo de multiplicación del impacto del virus entre nuestra población más vulnerable y el personal que cada día trabaja con las personas mayores". 

Por ello, Marín ha exigido al Gobierno de la Región de Murcia que "actúe ya, de forma urgente, recurriendo a la UME para inspeccionar estas residencias e informar a toda la ciudadanía de la situación en la que se encuentran nuestros mayores en estos centros a día de hoy".

El sector de la dependencia advierte de colapso del sistema y reclama material para atender a los mayores

MADRID.- La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha advertido este domingo del riesgo de "colapso" del sistema por el impacto del nuevo coronavirus y ha reclamado material apropiado "de forman inminente" para atender a las personas mayores en las residencias, servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia.

En un comunicado, el secretario general de AESTE, Jesús Cubero, ha advertido de la “situación extraordinaria” a la que las empresas de este sector tienen que hacer frente ante la declaración de alarma en España por el Covid-19 y de la falta de los equipos de protección individual necesarios que se empezará a notar en “breve”.

“Instamos al Gobierno para que suministre dichos medios a las Comunidades Autónomas y que sean éstas quien hagan la distribución a través de las empresas de residencias, ayuda a domicilio y Teleasistencia. Si no se produce este suministro en los próximos días, supondrá el colapso del sistema y todos las personas mayores que ahora estamos atendiendo, deberán ser derivados y abarrotarán los servicios de Urgencias de los hospitales”, ha alertado.

Esta patronal representa a los empresarios de los centros residenciales en CEOE, agrupando a los grandes operadores del sector de atención a la dependencia. Cuenta con 400 residencias y 54.600 camas; 230 centros de día con 11.500 plazas; da servicio de ayuda a domicilio a 36.000 personas y cuenta con 70.000 trabajadores.

Desde la patronal han explicado que sigue trabajando en coordinación con las Comunidades Autónomas, algo que “está haciendo posible que las
residencias de mayores y los servicios de ayuda a domicilio y Teleasistencia, ayuden a liberar numerosas camas hospitalarias”, pero han alertado que las distintas Consejerías de Servicios Sociales “tampoco disponen de los medios necesarios”.

“Estamos en manos del Gobierno, y no tenemos ninguna duda de que sabrá responder de forma inmediata para proteger la salud de las personas mayores”, ha indicado Cubero.

En cualquier caso y una vez superados estos primeros días “complicados” en la organización de los servicios residenciales, AESTE ha subrayado que el sector de atención a la dependencia “está funcionado como un perfecto sistema integrado en el ámbito sanitario”.

Por ello, Cubero ha trasladado un mensaje de felicitación y agradecimiento “a todas las gerocultoras, personal de las unidades móviles de Teleasistencia y personal sanitario que están atendiendo a los mayores de todos los municipios de España con una dedicación e implicación incuestionable”.

“Somos un eslabón fundamental en el sistema sanitario realizando la atención a los mayores. Así nos lo han reconocido numerosos consejeros de Sanidad autonómicos, y han puesto en valor la función sanitaria que hasta ahora no se había tenido en cuenta. El personal de nuestros centros está perfectamente formado para afrontar crisis como ésta, y debemos confiar en su profesionalidad. Es una forma de poner en valor el trabajo de todo el sector de atención a la dependencia, un complemento necesario para desahogar el sistema sanitario español”, ha destacado.

La Región de Murcia es la cuarta comunidad autónoma en la que más crece la lista de espera en dependencia

MURCIA.- La lista de espera en atención a la dependencia subió en la Región de Murcia un 3,9 por ciento en 2019, el cuarto mayor incremento por comunidades autónomas, según se desprende del XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia, dado a conocer este lunes .

En lo que se refiere al tiempo de espera de la tramitación de expedientes desde la solicitud hasta la resolución de las prestaciones, el tiempo que transcurre de media en la Región de Murcia es de 479 días --299 días más de lo establecido en la normativa, fijado en 180 como máximo--, mientras la media española se sitúa en 426.

El documento pone de relieve que, además de en Murcia, la lista de espera ha crecido en siete regiones españolas, situándose a la cabeza Extremadura (7,9%), seguida de Asturias (7,8%), Comunidad de Madrid (4,3%), Islas Baleares (3,3%), Comunidad Valenciana (1,9%), Galicia (0,6%) y la ciudad autónoma de Melilla (0,3%).

Más de 40.000 residentes de la Región tuvieron derecho a la prestación de Dependencia en 2019

MURCIA.- Un total de 41.312 residentes en la Región de Murcia tuvieron derecho a prestación de servicios y recursos ofrecidos en el marco de la Ley de Dependencia en 2019, según se desprende de la Estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del Instituto Murciano de Seguridad Social (IMAS).

Durante el año anterior, 53.719 murcianos solicitaron ayudas de esa naturaleza, de las que 46.430 fueron resueltas. Así, 14.002 peticionarios recibieron en ese periodo el grado I (dependencia moderada); 16.725 el grado II (dependencia severa) y 10.585 el grado III (gran dependencia), mientras que 5.118 no obtuvieron ningún grado.

Por municipios, el que más solicitudes registró fue Murcia (15.469), seguido de Cartagena (6.754), Lorca (3.500), Molina de Segura (2.304), Alcantarilla (1.561), Cieza (1.492), Caravaca de la Cruz (1.199), Yecla (1.151), Águilas (1.093), Totana (1.042), Archena (1.022), Jumilla (1.000), Mula (990), San Pedro del Pinatar (980), Torres de Cotillas (947) Mazarrón (913), Bullas (904), San Javier (838) y Alhama (839).

Continúan Torre Pacheco (746), Abarán (745), Cehegín (708), Puerto Lumbreras (705), La Unión (586), Santomera (557), Calasparra (501), Ceutí (483), Fortuna (440), Abanilla (430), Moratalla (420), Beniel (386), Los Alcázares (365), Blanca (361), Fuente Álamo (356), Alguazas (351), Lorquí (335), Pliego (263), Librilla (261), Villanueva del Río Segura (141), Campos del Río (162), Albudeite (139), Ricote (105), Ulea (69), Aledo (58) y Ojós (48).

De las prestaciones que recibieron los beneficiarios, 21.767 fueron por servicios --como teleasistencia (6.590), atención residencial (4.782), centros de día (3.826) y ayuda a domicilio (1.004)-- y 22.287 fueron de carácter económico para cuidados en el entorno familiar.

El número de solicitudes por la ley de Dependencia aumentó en la Región de Murcia en cerca de 10.000 al pasar de 44.249 en 2018 a 53.719 en 2019. La cifra de personas con derecho a prestación entre ambos ejercicios se incrementó en 1.883.

El número de dependientes en lista de espera en la Región sube casi el 4% en 2019

MADRID.- El número de personas en lista de espera para recibir prestaciones por dependencia ha subido un 3,9% en la Región de Murcia en 2019 respecto al año anterior, según ha denunciado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. 

A nivel nacional, hay 20.000 personas más en lista de espera, lo que eleva a 270.000 los reclamantes que no reciben servicios o prestaciones a pesar de tener derecho a ello. Además, aumenta también el número de personas pendientes de valoración de dependencia que ya asciende a 160.000 (30.000 más que en 2018).

El número de atendidos, que asciende a 1.115.000, y el saldo positivo de 61.000 personas más que en el año anterior siguen siendo insuficientes para la demanda existente según esta asociación.

La lista de espera ha aumentado en ocho comunidades autónomas, entre las que se encuentra Murcia con un 3,9% más de lista de espera, junto con Extremadura (7,9%); Asturias (7,8%); Comunidad de Madrid (4,3%); Islas Baleares (3,3%); C. Valenciana (1,9%); Galicia (0,6%) y Melilla (0,3%).

Por otra parte, dos autonomías terminaron el año con menos beneficiarios que cuando empezó: Asturias (-966) y Extremadura (-952), mientras que las dos comunidades que más beneficiarios incorporaron han sido la Comunitat Valenciana (+13.888) y Castilla y León (11.402).

La asociación ha apuntado que, hasta el momento, solo dos de los compromisos del Pacto de Estado por la Dependencia se han cumplimentado, mientras que las prórrogas de los presupuestos estatales han supuesto una "nueva ralentización" del sistema y un "empeoramiento" de las cifras al aumentar por primera vez desde 2016 el número de personas en espera de atención.

Se añaden además los problemas de gestión con plazos de tramitación de 426 días de media y grandes variaciones interterritoriales.

El 54% de las personas solicitantes tiene más de 80 años, lo que supone que muchas de ellas no lleguen a recibir estas prestaciones antes de morir. En 2019 esta situación afectó a cerca de 31.000 solicitantes, lo que supone 85 fallecidos diariamente sin recibir atención.

El 75% de las personas que presta cuidados familiares son hijas, madres o parejas, lo que conlleva que el retraso en los servicios de apoyo suponga grandes cargas familiares. Esta situación exige al Gobierno de España ponerse manos a la obra cuanto antes y cumplir urgentemente el Pacto por la Dependencia, según la asociación.

Reducir la lista de espera en un 75% e incrementar el número de personas atendidas en 200.000 supone 1.300 millones de euros, lo que equivale a la actual aportación estatal al sistema, ha concluido el comunicado.

Los dependientes murcianos esperan 479 días para ser atendidos

MURCIA.- Las personas que solicitan atención en aplicación de la Ley de Dependencia deben esperar una media de 426 días (479 en la Región de Murcia) hasta que reciben respuesta de la administración, cuando la ley establece que ese plazo no debe superar los seis meses (180 días), y siguen aumentando las listas de espera hasta las 423.000 personas (10.208 en la Región).

Son datos de la nueva estadística del Sistema de la Dependencia que publica el Imserso, que incorpora por primera vez ese tiempo de tramitación de expedientes con el objetivo de evaluar la marcha del sistema y analizar posibles mejoras y que alerta de que en cuatro comunidades se superan los 18 meses (más de 540 días).

Solo las ciudades de Ceuta (70 días) y Melilla (170); País Vasco (137), Navarra (155) y Castilla y León (191) cumplen esos plazos.

Las comunidades que acumulan más tiempos de espera son Canarias (785), Extremadura (675), Andalucía (621) y Cataluña (576).

La estadística muestra también que, por primera vez desde 2016, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha aumentado y que el número de fallecimientos de personas sin haber recibido las prestaciones es de 85 personas al día (se estima que unas 31.000 personas murieron en 2019 sin recibir esa atención).

Otra parte de la nueva estadística se dedica a ofrecer datos sobre las intensidades de las prestaciones y servicios. Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 247 euros (que perciben actualmente 425.000 personas).

En concreto, para el Grado I (moderada) el promedio es de 140 euros al mes, 245 para el Grado II (severa) y 340 para Grado III (gran dependencia).

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales atribuye estos retrasos en la tramitación, tras 13 años de implantación de la ley, "en lo sucesivos recortes" en su financiación (aún vigentes) que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención al no resolver los procedimientos por parte de las administraciones".

"El disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios", critica la asociación.

Así, la mayoría de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados (la resolución del grado de dependencia y la prestación o servicio que disfrutará la persona) y muchas veces, cuando llegan esas resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones.

Además, la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria "supone graves trastornos a las personas dependientes y genera importantes sobrecargas familiares, especialmente a las mujeres, que son el 75 % de las personas que prestan los cuidados familiares".

El sistema de la dependencia se estanca y el 83 % del coste es de las comunidades

MADRID.- La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha denunciado el estancamiento del Sistema de la Dependencia con una lista de espera de 258.000 dependientes pendientes de recibir prestaciones y una inversión pública recortada, financiada el 83,3 % por las comunidades autónomas.

El gasto promedio por dependiente atendido se situó en 8.090 euros al año en 2018, de los cuales la Administración Central aportó 1.348 euros en concepto de nivel mínimo garantizado, el resto lo cubrieron las comunidades autónomas, según el estudio realizado por esta asociación con las certificaciones oficiales anuales remitidas por los gobiernos regionales.

La inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia fue de 8.054 millones de euros el pasado año, una cantidad que refleja que no se han recuperado los recortes de 2012 y "ni tan siquiera se ha cumplido el compromiso de elevar un 5 % cada año desde 2018" el nivel mínimo que el Gobierno central aporta a las autonomías para la atención de los dependientes, lamenta esta asociación.

Por su parte, las comunidades autónomas sí han aumentado un 7,5 por ciento su aportación al sistema respecto a 2017, alcanzando los 6.707 millones de euros.

"En este contexto entendemos que existen razones sobradas para abordar la cuestión con urgencia, más si consideramos que se está impidiendo el ejercicio de derechos a cientos de miles de personas dependientes y que incluso muchos de ellos fallecen sin haber llegado a ser atendidos; cada mes, aproximadamente el 1 % de la lista de espera fallece, 80 personas al día mueren sin haber podido ejercer su derecho", asegura el responsable de la asociación, José Manuel Ramírez.

Reclaman al Gobierno en funciones que apruebe "al menos" un real decreto para que se cumplan las previsiones de los presupuestos prorrogados de subir el 5 % con efecto 1 de enero de 2019.

Recuerdan que para la eliminación del 75 % de la lista de espera, tal y como se habían comprometido, se precisa un incremento del gasto público anual de más de 1.500 millones de euros, que deberían ser aportados íntegramente por la Administración central para llegar a una aportación global del 36 %, aún lejos del 50 % que establece la ley (el otro 50 % las comunidades autónomas).

"Esa inversión generaría 45.000 puestos de trabajo directos y se obtendrían unos retornos de 600 millones de euros (Seguridad Social, IRPF, IVA, Sociedades) sin contar con los retornos inducidos", concluyen los gerentes de servicios sociales.

El alcalde José López dejó contratado el servicio de ayuda a domicilio hasta mayo de 2018 en Cartagena, sostiene MC

CARTAGENA.- El portavoz adjunto de MC Cartagena, Jesús Giménez, ha valorado esta mañana las sorprendentes declaraciones de la vicepresidenta regional, Isabel Franco (Cs), en las que afirma, en relación con la Dependencia, que "la lista de espera no se ha podido recortar en Cartagena porque MC comunicó que no podía asumir el servicio".

En primer lugar, Giménez ha reclamado "más rigor y celeridad para reducir las listas y menos prisas para contestar", considerando que "quizás así el Gobierno regional y, en particular, la Sra. Franco, se hubieran ahorrado hacer el ridículo y banalizar un asunto de máximo interés".

El edil cartagenerista considera que "su respuesta confirma todas y cada una de las cifras y carencias que denunció en el Pleno Enrique Pérez Abellán, o lo que es lo mismo, que mantienen la infradotación presupuestaria a las prestaciones por Dependencia y que asumen que 1.000 familias cartageneras no la reciban de forma constante, produciéndose el ´relevo' sólo cuando un beneficiario fallece".

Sobre la gestión municipal en Servicios Sociales durante el bienio cartagenerista, el portavoz adjunto de MC ha recordado que "con el alcalde José López al frente, el Ayuntamiento dejó adjudicado el servicio de asistencia domiciliaria hasta mayo de 2018, por algo menos de 3 millones de euros al año; así que, si fuera verdad que el Ayuntamiento ya no lo presta, hará bien Franco en pedir cuentas a sus socias Arroyo y Castejón, responsables de esa área municipal y que le deben haber tocado la trompeta para que salte y la han dejado en ridículo en una materia tan sensible".

Giménez también ha aprovechado para animar a Franco "a tomarse en serio la Dependencia y dejar de castigar a las familias cartageneras" y le ha detallado que "a más de 300 de los beneficiarios de la asistencia contratada por MC desde el Ayuntamiento no los reconoce el IMAS para que no aumenten aún más las listas de espera, por lo que a la Comunidad Autónoma le correspondería pagar la mitad de esas asistencia, alrededor de millón y medio de euros al año".

"Sin dejar de lado que precisamente en octubre de 2016 el alcalde López envió una carta al consejero de Hacienda reclamándole tres millones y medio de euros que el Ayuntamiento asume por competencias autonómicas en servicios sociales, y que ascienden sumando otras materias a 14 millones de euros que el Gobierno regional niega cada año por servicios que debía prestar en Cartagena".

Para concluir el portavoz adjunto de MC ha reseñado que "además López no se negó a aceptar los exiguos 200.000 euros que ofrecía la Comunidad, sino que fue el director de la Asesoría Jurídica quien alertó de que no había garantía de pago por parte del Gobierno regional, razón por la que no se pudo firmar. Ése es el nivel de gestión del PP y sus muletas".

La consejera Isabel Franco le quita la careta con argumentos y datos a José López, ex alcalde de Cartagena

MURCIA.- La vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, ha coordinado con el Ayuntamiento de Cartagena la puesta en marcha de un nuevo Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) para dependientes en el municipio, con la previsión de que empiece a funcionar a partir del año que viene.

Según explica la también consejera de Mujer, Igualdad, LGTBi, Familias y Política Social, este centro podría haber estado en marcha desde 2016, pero el ex alcalde de MC José López no lo reclamó y esas partidas presupuestarias disponibles se quedaron sin tocar.

Las listas de espera de dependientes en Cartagena no se han podido recortar en los últimos tres años porque el municipio no dispone de Servicio de Atención a Domicilio ya que, aunque la Comunidad Autónoma tuvo presupuesto para ello, el equipo de Gobierno municipal comunicó por escrito a la Consejería que no podía asumir el servicio por problemas de financiación.

En el año 2017 se incluyó nuevamente en los presupuestos una dotación de 294.960 euros destinados al SAD de Cartagena, pero el entonces alcalde informó a la Consejería de que no firmarían el convenio en esta ocasión porque lo desaconsejaban los servicios jurídicos de su Corporación municipal. Ese año, por cierto, se abrieron dos SAD: uno en Lorca y otro en Murcia.

"Ya estamos trabajando en coordinación con el Ayuntamiento de Cartagena para empezar a prestar ese servicio a los dependientes de la ciudad", recalcó Isabel Franco.

Esta gestión, añadió, se hace con la intención de recortar las listas de espera de dependientes que, en toda la Región, incluye a 4.966 personas. Son datos recogidos por las estadísticas del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a fecha 31 de julio de 2019, que arrojan que en toda la Comunidad Autónoma hay 40.258 dependientes con derecho a prestación. De ellos, 35.292 son beneficiarios.

Eso significa que el 12,3% de los dependientes de la Comunidad Autónoma de Murcia están en lista de espera. Esta situación es algo más alta en municipios como Cartagena, que roza el 19%.

MC exigirá un aumento de la aportación regional a Cartagena en materia de Dependencia para aliviar espera

CARTAGENA.- El Grupo municipal MC Cartagena, representado por los concejales Enrique Pérez, María José Soler y Arancha Pérez, visitó la residencia de Los Almendros, ubicada en la diputación cartagenera de Perín, "que ejemplifica las carencias que hay en dependencia en el municipio de Cartagena", ha manifestado el concejal cartagenerista Enrique Pérez.

En este sentido, durante el próximo Pleno municipal, MC presentará una iniciativa para que "seinste al Consejo de Gobierno de la CARM a aumentar en un 12% la actual asignación presupuestaria que recibe el municipio de Cartagena en materia de Dependencia de cara al presupuesto regional de 2020, así como reiterar este aumento durante el resto de la legislatura, con el que se reduciría un 70% la lista de espera que sufre Cartagena en Dependencia".

El edil de MC ha remarcado que "los números avalan nuestra reivindicación. Somos el municipio con mayor lista de espera y en materia de dependencia también lideramos, tristemente, este ranking, con casi el 20% de los beneficiarios de prestación esperando hacer uso de la misma, casi mil cartageneros, frente al 10% de la media regional".

"Esta situación de agravio comparativo se ve reflejada en otros ámbitos, como el servicio residencial de mayores. Según la Organización Mundial de la Salud nos corresponderían un 5% de las plazas totales. La realidad nos dice que nuestros mayores solo pueden disponer del 2,25%", ha continuado razonando.

Para paliar esta circunstancia, MC aboga por un aumento de la partida destinada a Dependencia en los presupuestos regionales durante los próximos cuatro años para, de esta forma, no depender sólo de bajas del sistema por defunción o renuncia.

"Como es fácil deducir", ha continuado Pérez, "los números nos dan la razón. Y estas cifras son las que deben hacer despertar a las administraciones superiores, empezando por la regional, cumpliendo el artículo 50 de la Constitución española que obliga a garantizar y promover el bienestar de los ciudadanos para atender, mediante un sistema de servicios sociales, sus problemas específicos de salud".

"Esta situación ya la expusimos en la pasada sesión plenaria de julio de 2018, a través de una moción presentada por MC, en la que denunciamos que la lista de espera ascendía a año y medio desde el inicio del expediente hasta poder hacer uso de la prestación".

"Hoy lo volvemos a poner de manifiesto al tiempo de abogar por el trabajo conjunto que permita reducir progresivamente durante los próximos cuatro años en un 70% la lista de espera. No queremos parches sino soluciones definitivas para garantizar una prestación sanitaria digna a nuestros mayores y dependientes", ha concluido el concejal cartagenerista.