MADRID.- El Tribunal Supremo ha reforzado el blindaje legal de la tauromaquia levantado por el Partido Popular en 2013
cuando disfrutaba de mayoría absoluta en el Congreso. Los magistrados
han prohibido realizar consultas sobre las corridas de toros, revela www.eldiario.es
En un mes
ha rechazado los recursos de San Sebastián (Gipuzkoa) y Ciempozuelos
(Madrid) que pedían levantar el veto a las consultas populares
sobre los toros impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017. La
declaración de la tauromaquia como patrimonio cultural funciona como
cortafuegos.
En sendos casos, el Supremo se remite al
carácter de patrimonio cultural que el PP otorgó a la tauromaquia por
ley.
"La Ley no da libertad a las Administraciones Públicas para
promover o no la conservación de la tauromaquia", ha dicho sobre la
localidad madrileña en una sentencia de 7 de marzo. Ciempozuelos
pretendía preguntar a los vecinos si querían que hubiera presupuesto
municipal destinado a la tauromaquia. Y añade que hay una obligación de
poner estos espectáculos en valor por ser considerados patrimonio
cultural. El Ayuntamiento deberá abonar 4.000 euros de costas
procesales.
En el caso de la ciudad vasca –que quería preguntar si
las instalaciones municipales debían ser destinadas a estos
espectáculos–, los magistrados fallaron en febrero pasado que
"no es una medida inocua en cuanto al deber de fomento del patrimonio
cultural, del que la tauromaquia forma parte".
No se quedaron ahí ya que
expusieron que, si los donostiarras decidieran que no desean dedicar la
infraestructura a los toros, "no existe otra instalación que permita
celebrar corridas con la garantía de seguridad que ofrece el pabellón
multiusos".
La ley
aprobada en 2013 establece que "es competencia de la Administración
General del Estado, garantizar la conservación y promoción de la
Tauromaquia como patrimonio cultural de todos los españoles".
Este texto
se ha revelado una poderosa arma para frenar cualquier iniciativa
oficial que cuestione los toros. Ante la convocatoria en 2017 de estas
consultas, el Ejecutivo las prohibió. Los ayuntamientos recurrieron y el
Tribunal Supremo ha contestado a inicios de 2019.
El blindaje ha servido para, por un lado, que la tauromaquia sea objeto de un proyecto específico de promoción llamado Plan Estratégico Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia (Pentauro).
El plan nació "del cumplimiento del mandato al Gobierno" de esta
precisa ley, según informaba el Ministerio de Cultura al presentarlo.
La
idea del Pentauro es "fomentar y garantizar el libre ejercicio de la
Tauromaquia, actualizando y transmitiendo a la sociedad la trascendencia
de su valores y la vigencia de su cultura".
Contempla
una amplia lista de medidas económicas, tributarias, estadísticas sobre
Seguridad Social, educativas, ganaderas y arquitectónicas en las que se
implicaba como responsable al Gobierno.
Además,
su carácter legal de patrimonio cultural bajo el paraguas del Ejecutivo
ha bastado para salir al cruce de proyectos como los referendos ahora
vetados, la ley catalana que prohibía las corridas o la balear de
bienestar animal que introducía condicionantes para que evitar
sufrimiento y muerte de las reses. La norma de 2015 fue recurrida por el
Gobierno ante el Tribunal Constitucional.
De nuevo, la regla de 2013 funcionó. A finales de diciembre de 2018, el Tribunal Constitucional estableció que los animales deben morir para
no desvirtuar el carácter cultural de la tauromaquia regulado por ley.
Según el fallo, era "imposible reconocer las características nucleares",
de las corridas de todos si se realizaban de acuerdo la normativa
aprobada por el Parlamento balear. El reglamento taurino establece que
la lidia tienen que acabar con la vida del toro. Si no muere el toro, la
tauromaquia no es cultura.
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