MURCIA.- El juzgado de instrucción que investiga la pieza separada
del 'caso Umbra' de presunta corrupción urbanística conocida como Casino
de Murcia admitió la práctica de seis nuevas diligencias
complementarias solicitadas por el fiscal, denegó otras tres y aceptó
parcialmente otras dos.
En un auto conocido este lunes señala que el fiscal había
pedido que se practicaran estas nuevas diligencias al considerar que
eran necesarias para poder precisar en qué tipo de delitos podían
incluirse los hechos del caso Umbra en los que figuran como investigados
el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara y el exconcejal de Urbanismo
Fernando Berberena, entre otros.
Entre las pruebas cuya práctica aceptó el magistrado David
Castillejos está pedir al secretario y al presidente de la entidad
urbanística Casino de Murcia nueva documentación y encargar una prueba
pericial sobre las partidas de obra presupuestadas para la
rehabilitación de ese inmueble que fue objeto del convenio con un
presunto sobrecoste en perjuicio de las arcas municipales.
Por el contrario, no admitió pedir a través de la Agencia
Estatal del Administración Tributaria los movimientos bancarios
correspondientes a tres organizaciones, entre ellas, esa entidad
urbanística, porque "esa información ya figura en el informe elaborado
en su día por los propios peritos de Hacienda", expone en el auto.
Tampoco aceptó tramitar la solicitud de documentación a la
empresa Agrumexport, una de las participantes en el convenio urbanístico
que se investiga.
En este caso, añade el juez, porque no se trata de elementos
esenciales que impidan al fiscal poder pronunciarse sobre la
tipificación de los hechos y porque pudieron haberse solicitado antes.
Por otra parte, el auto dispone citar como testigos para el
próximo junio a los representantes de las empresas inmobiliarias
Construcciones Leache, J.J. Ros Restauración y Construcciones Abreu, así
como al jefe del Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia,
Enrique Álvarez.
En la pieza separada del caso Umbra que persigue delitos de
prevaricación y cohecho, entre otros, figuran como denunciantes no solo
el fiscal, sino también el Ayuntamiento de Murcia, Izquierda
Unida-Verdes, el grupo municipal socialista en ese consistorio y la
Asociación para la Conservación del Patrimonio.
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