Existen serias dudas jurídicas sobre el concurso público en el que fue descartado Urruticoechea por la anterior alcaldesa, Pilar Barreiro, por no considerarlo idóneo para el puesto de interventor municipal pese a su habilitación nacional y cumplir los requisitos de la convocatoria.
Fernando Urruticoechea se ha adherido, además, como acusación particular, a la querella por
presunta prevaricación interpuesta por José López contra la exalcaldesa tras un supuesto nombramiento
ilegal de dos técnicos sin habilitación nacional: la secretaria general, Inés Castillo, y el anterior interventor, Juan Ángel Ferrer, por avalar la decisión de Barreiro sobre Urruticoechea.
López barajó hoy la posibilidad de proponer a la Junta de Gobierno la adjudicación de la plaza de interventor, ocupada de manera
provisional por Miriam González por orden de la Comunidad Autónoma. Y ahora espera un informe de la Comunidad Autónoma mientras el proceso de la convocatoria está siendo revisado por el Tribunal Superior de Justicia.
El alcalde, visto lo visto, ha preferido esperar y ha pospuesto su decisión hasta que los técnicos analicen con detalle
tanto el criterio de la administración regional como la normativa
aplicable.
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