MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha dado por
válida la rescisión del contrato con Aeromur que ordenó el Gobierno regional hace
dos años respecto al aeropuerto de Corvera. La Sala de lo Contencioso- Administrativo ha desestimado así el
recurso que presentó Aeromur y señala que la anterior concesionaria
incumplió el contrato al no abrir el aeropuerto. Subraya que no hubo
causas ajenas que le impidieran hacerlo, y que el Gobierno regional hizo
todo lo posible por ayudar al consorcio liderado por Sacyr para que
pusiera en marcha las instalaciones, tal como hoy revela 'La Verdad'.
No es ésta la única sentencia que ha ganado el Gobierno regional, ya
que la misma Sala del TSJ admitió días atrás un recurso de la Dirección
de los Servicios Jurídicos de la Comunidad sobre el aval de los 182
millones de euros. En estos momentos, Aeromur está obligada a garantizar
la devolución de ese dinero que están soportando las arcas autonómicas.
Dicha devolución quedó en suspenso debido a las negociaciones que se
entablaron para tratar de abrir el aeropuerto, pero una vez fracasadas
las conversaciones los juristas de la Comunidad exigieron que surtiera
efecto la reclamación de la deuda que hizo la Consejería de Hacienda
para recuperar ese dinero. Esa garantía del aval pasará al proceso de
liquidación del aeropuerto, que se iniciará en breve. Se da por hecho de
que la Comunidad no puede quedarse con la propiedad del aeropuerto y al
mismo tiempo exigir la devolución de los 182 millones, siempre según relata 'La Verdad'.
Queda pendiente otro recurso que interpuso Sacyr para que la
Comunidad reequilibrara la concesión antes de abrir Corvera, a la vista
de las pérdidas que se esperaban en los primeros años. Sin dicho
reequilibro, la concesionaria indicó que no podía abrir. La sentencia de
ayer y el fallo sobre el reembolso, ambos favorables a la Comunidad,
hacen pensar que Aeromur también puede perder el pleito pendiente sobre
el reequilibrio, que fue lo que dio origen a todo el conflicto
aeroportuario.
La Sala de la Contencioso Administrativo del TSJ, presidida por María
Consuelo Uris Lloret y compuesta por Indalecio Cassinello Gómez-Pardo y
José María Pérez-Crespo Payá, se ha pronunciado por unanimidad nueve
meses después de que se rompieran las negociaciones. De haberse llegado a
un acuerdo, Sacyr habría retirado el recurso. La exconcesionaria está
ocupando el aeropuerto desde que se dictaron las medidas cautelares,
manteniendo las instalaciones y garantizando la seguridad del recinto.
Estos gastos se computarán también en el proceso de liquidación.
Los magistrados no han estimado los argumentos de Sacyr de que hubo
cambios en la legislación y de que la crisis económica alteró el plan de
negocio. Consideran que Aeromur incumplió la «condición esencial» de la
puesta en funcionamiento del aeropuerto, «y ello pese a todas las
actuaciones realizadas por la Administración para que su apertura se
hiciera posible». Sostienen además que la Comunidad debe incautarse de
la fianza de 7 millones de euros, ya que «no ha habido culpa de la
Administración».
Sobre la incidencia de la crisis económica, que es uno de los
principales argumentos esgrimidos por la exconcesionaria, el TSJ señala
que no es una cuestión que deba resolver en este recurso, sino en el
otro que queda pendiente sobre el reequilibrio. Subraya, no obstante,
que la Comunidad «prestó un aval para que la recurrente obtuviera la
financiación». La sentencia es más contundente al apuntar que la
ejecución del aeropuerto era su puesta en marcha y explotación, «lo que
no ha sucedido».
«Por el contrario, el incumplimiento de sus
obligaciones por la demandante dio lugar a la ejecución del aval
prestado por al Comunidad Autónoma, estando el aeropuerto a día de hoy
sin funcionar y pagando la Administración concedente la deuda de la
concesionaria», concluye.
No es vinculante cerrar San Javier
Los tres magistrados del TSJ sostienen que no existieron causas ajenas que impidieran a Aeromur «cumplir con sus obligaciones de gestionar y obtener lo necesario para la puesta en marcha del aeropuerto». El consorcio argumentó que hubo cambios en la legislación, posteriores a la firma del contrato, y que la crisis alteró sus planes de negocio.
Recuerdan que el plazo para la terminación de las obras e inicio de la explotación (enero de 2010) se alargó por dos años más, y que cuando el consorcio incumplió su obligación de obtener la financiación en el plazo señalado «no se inició un procedimiento para resolver el contrato, sino que la Comunidad Autónoma le otorgó un aval por el importe total del préstamo».
En cuanto a la condición puesta por Aeromur de que se cerrara al tráfico el aeropuerto de San Javier para poder hacer rentable Corvera, la Sala subraya que esa exigencia «no estaba contemplada en la oferta de la concesionaria, ni en el contrato, por lo que difícilmente pudo ser incumplida».
Eso con independencia de que la Comunidad hiciera gestiones con el Ministerio de Fomento y que firmara un protocolo de actuación con ese propósito. Apostilla que la decisión de cierre de San Javier «no correspondía a la Administración regional ni entra dentro de sus competencias».
En cuanto a la rebaja del 'rating' de la Comunidad -que según el contrato de préstamo suponía su resolución anticipada- el TSJ señala que no es motivo de incumplimiento sino una consecuencia del aumento del déficit y de la deuda financiera de la Región, siempre según publica hoy 'La Verdad'.
No es vinculante cerrar San Javier
Los tres magistrados del TSJ sostienen que no existieron causas ajenas que impidieran a Aeromur «cumplir con sus obligaciones de gestionar y obtener lo necesario para la puesta en marcha del aeropuerto». El consorcio argumentó que hubo cambios en la legislación, posteriores a la firma del contrato, y que la crisis alteró sus planes de negocio.
Recuerdan que el plazo para la terminación de las obras e inicio de la explotación (enero de 2010) se alargó por dos años más, y que cuando el consorcio incumplió su obligación de obtener la financiación en el plazo señalado «no se inició un procedimiento para resolver el contrato, sino que la Comunidad Autónoma le otorgó un aval por el importe total del préstamo».
En cuanto a la condición puesta por Aeromur de que se cerrara al tráfico el aeropuerto de San Javier para poder hacer rentable Corvera, la Sala subraya que esa exigencia «no estaba contemplada en la oferta de la concesionaria, ni en el contrato, por lo que difícilmente pudo ser incumplida».
Eso con independencia de que la Comunidad hiciera gestiones con el Ministerio de Fomento y que firmara un protocolo de actuación con ese propósito. Apostilla que la decisión de cierre de San Javier «no correspondía a la Administración regional ni entra dentro de sus competencias».
En cuanto a la rebaja del 'rating' de la Comunidad -que según el contrato de préstamo suponía su resolución anticipada- el TSJ señala que no es motivo de incumplimiento sino una consecuencia del aumento del déficit y de la deuda financiera de la Región, siempre según publica hoy 'La Verdad'.
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