MURCIA.- La Comunidad Autónoma ha alegado hoy la existencia de
perjuicios para los intereses generales al reclamar ante el Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) la "inmediata entrega"
del aeropuerto de Corvera y, en consecuencia, el levantamiento de las
medidas cautelares que lo impiden.
En el transcurso
de la vista desarrollada ante la Sala de lo Contencioso del TSJ para
decidir sobre el mantenimiento o suspensión de esas medidas, acordadas
por el propio tribunal la pasada semana, el abogado de la Comunidad
Autónoma ha dicho que la concesionaria de las obras del aeropuerto "no
tiene ningún título jurídico para seguir allí".
El
abogado Manuel Pino ha añadido que "existe una grave perturbación del
interés general", para señalar también que el Ejecutivo autónomo puede
verse obligado a hacer frente al aval de 200 millones de euros que
suscribió en su día para afrontar el proyecto.
Asimismo,
ha indicado que los intereses generales también se ven afectados porque
el mantenimiento de las medidas cautelares y la imposibilidad de
hacerse cargo de las instalaciones dificulta las gestiones que la
Comunidad desarrolla en las últimas semanas para proceder a una nueva
licitación.
Por otra parte, ha censurado la actitud
de la concesionaria, "que ha comunicado la prohibición de que el
personal de la Comunidad pueda acceder a las instalaciones".
Para
este abogado, "hay un hecho indiscutido, que es que la titularidad del
aeropuerto corresponde a la Comunidad Autónoma, por lo que ésta puede, y
debe, tomar posesión del mismo".
Por su parte, el
letrado José María Fernández, en nombre de la empresa Sacyr, una de las
integrantes de la concesionaria, ha pedido a la Sala el mantenimiento de
las medidas cautelares, además de señalar que "la Administración
regional ha actuado con un poder exorbitante, y por la vía de hecho,
olvidando las garantías que la ley recoge en favor del administrado".
Fernández
se refería así a la actuación del director general de Transportes,
Antonio Sánchez-Solís, cuando se personó en las instalaciones,
acompañado de agentes de la Guardia Civil, para hacer un inventario de
los bienes existentes en las mismas.
"Fue un exceso
por parte de la Administración", ha dicho el letrado, para añadir que la
orden del Ejecutivo regional por la que acordó la resolución del
contrato no suponía un título que la habilitara para adoptar esta
medida, y tratar de tomar posesión sin haberse procedido antes a
realizar las operaciones de liquidación.
Igualmente
ha dicho que el vehículo en el que la Comunidad pensaba que se trataba
de sacar bienes de las instalaciones lo único que transportaba era
material sobrante de las obras, que la concesionaria tenía perfecto
derecho a retirar de allí para destinarlo a otros usos.
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