MADRID.- El presidente del Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y también presidente de la Junta de Hacendados ha sido imputado junto al vicepresidente y cuatro vocales de ésta en un posible delito de estafa por haber cedido el uso de miles de metros de acequias a promotores y constructores de la zona de la capital murciana para que construyeran viviendas sobre ellas. Esas cesiones serían ventas encubiertas, según la querella presentada por la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur), según revela hoy www.elconfidencial.com
En la querella criminal, Huermur, que agrupa a los huertanos críticos con la gestión de Sigifredo Hernández, estima que él, el vicepresidente Diego Frutos Saura, y los vocales Diego Melgar Sánchez, José Frutos Serrano, Ángel Cano Valverde y Benito Abellán Conejo han vendido de forma encubierta cauces de acequias y quijeros a distintos promotores “sin contar con la preceptiva autorización de la Junta General- Juntamento General-”, reza el texto al que ha tenido acceso El Confidencial.
Sigifredo Hernández Pérez como cabeza electa de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia es también presidente del Consejo de Hombres Buenos, tribunal interno tradicional de los huertanos murcianos, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y como tribunal consuetudinario por la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuya apertura anual tiene asiento, al igual que el representante del Tribunal de las Aguas de Valencia.
La juez María Carrillo Sáez del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, en su auto de admisión a trámite de la querella y notificación de imputación estima que los hechos pueden ser “constitutivos de un delito de estafa” y establece la toma de declaraciones “en calidad de imputado” para los días 16 y 24 de noviembre próximo.
Sin contar con la opinión de la Junta General, que agrupa a 22.000 huertanos, los imputados hicieron cesiones de uso y aprovechamiento urbanístico de miles de metros de acequias y quijeros, la mayoría en la zona huertana de expansión urbanística al norte del centro de la ciudad de Murcia para que promotores y constructores edificaran sobre ellos bloques de pisos o urbanizaciones, se explica en la querella admitida a trámite, durante la época de expansión inmobiliaria de la década pasada.
Además, según estiman los querellantes, hubo ventas que se hicieron a precios distintos al establecido de 120 euros por metro cuadrado en un Juntamento General – del que no existe acta, asegura Huermur–, con el resultado de que las cuentas de ingresos no cuadran, estima en su exposición de motivos el abogado de los querellantes, Fernando Hernández, que explica un caso en el que se debieron cobrar 323.640 euros y se ingresaron 215.458 menos, es decir solamente 108.182.
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