La campaña electoral ha durado quince
días. Suficientes para abrir en canal al PP de López Miras. Todos los
vicios de la vieja política han mostrado su asiento en una estructura
caduca que solo se sostiene en pie por la inercia del poder y para cuya
reconstrucción no parece suficiente un líder puesto a dedo por su
averiado antecesor para que le guardara el cargo o, en su defecto, las
alfombras.
La insignificancia del testaferro político no solo se revela a
cada paso, sino que sus sobreactuaciones expresan una cierta
bipolaridad: en los actos institucionales, el presidente de la Comunidad
echa mítines; en los de su partido, se exhibe con trazas de espontáneo
cómico, con la paradoja de que por mucho que lo intente carece de
cualidades para ese oficio.
No es gracioso, aunque a veces lo sea a su
pesar. Durante los quince días de campaña cualquier observador atento ha
podido atender a algunos esclarecedores acontecimientos especialmente
inquietantes. Véanse.
Compra de votos.
Los bochornosos casos de El Raal y Librilla no son circunstanciales.
Responden a la doctrina enunciada en su día por el exconcejal de Murcia
Roque Ortiz, que fue dictada en un espacio que la celebró con
aquiescencia. Se trata de una práctica estructural que se atiene a las
consabidas reglas: 1. Sabes lo que tienes que hacer. Por eso te
nombramos. 2. Quienes te nombramos no queremos saber nada de lo que
haces ni de cómo lo haces. 3. Haz lo que tienes que hacer. 4. Si lo
haces bien, serás gratificado. 5. Si te pillan, te comerás el marrón tú
solito.
Venta de contratos. La
Guardia Civil interviene en la consejería de Fomento para detener al
jefe de sus Servicios Jurídicos, acusado de un supuesto delito de
prevaricación por amañamiento de contratos, y el presidente de la
Comunidad alega que se trata de «un funcionario aislado», como si no
supiéramos que para encauzar contratos en la Administración pública es
precisa la existencia de una estructura, pues los expedientes no se
resuelven con una sola firma.
Es cierto que a veces se da el caso de
tramas exclusivamente funcionariales (como hace pocos años en el
ayuntamiento de Murcia), pero no cabe duda de que lo habitual es que
sean consentidas por los políticos, que permiten pequeños negocietes a
sus ejecutivos de confianza a cambio de recordarles lo que tienen que
firmar cuando hay un proyecto político que tiene que salir adelante sí o
sí.
Violación de correspondencia.
El presidente del Consejo de la Transparencia, José Molina, ha
denunciado ante la Fiscalía que una carta dirigida a él por el Defensor
del Pueblo le llegó abierta, tras haber sido rasgado el sobre con un
abrecartas y después lacrado con celo. De esto, el Gobierno no ha dicho
ni pío, y menos su portavoz, que es el propio presidente, López Miras, a
cuyas dependencias debió llegar necesariamente esa carta, tal vez
porque el cartero no supo distinguir entre Consejería de Transparencia, a
cargo provisionalmente en la práctica del propio presidente (lo que, a
ojos vistas, es un contradiós), y Consejo de la Transparencia, organismo
autónomo que está relegado a otros despachos, al parecer poco
practicables.
Quien abriera esa carta ¿se la dio a leer al presidente
antes de entregarla abierta a su legítimo destinatario? ¿Qué otro
sentido tendría haberla abierto? ¿Quien utilizó el abrecartas era
consciente de que violar la correspondencia es un delito grave? Ya que
se trataba de un documento del Defensor del Pueblo que en el entorno de
la presidencia sabían que estaba al llegar en respuesta a la denuncia
del presidente del Consejo de la Transparencia ¿cabe suponer que le
pusieron cepo a la carta para controlar su impacto en la campaña
electoral? ¿Por qué el portavoz del Gobierno, es decir, el propio López
Miras, no ha replicado a esta noticia ni ha pretextado alguna respuesta?
Solo existe una posible deducción: quien calla, otorga.
Informe del Defensor del Pueblo.
Ni una palabra del Portavoz del Gobierno, es decir, del presidente,
López Miras, acerca del informe del Defensor del Pueblo que refleja las
trabas que desde la Administración que preside López Miras se le imponen
al Consejo de la Transparencia, cuyo responsable, en vez de resignarse a
actuar como adorno gubernamental, se empeña en ejercer la función que
le encargó el Parlamento soberano. En síntesis, la resolución del
Defensor consiste en que el Gobierno torpedea al organismo público que
ha de garantizar la transparencia, es decir, que se refugia en la
opacidad, y esto solo ocurre cuando se tiene algo que ocultar.
Para
obviar el varapalo del Defensor y la denuncia de Molina, el Gobierno ha
destilado algunas contrainformaciones que pretenden comprometer
indirectamente la integridad del presidente del Consejo, pero aun con
ser relevantes son subsidiarias del asunto principal: el boicot a la
política de transparencia detectado por el Defensor del Pueblo. Y sobre
esto, siendo tan escandaloso y principal, ni una palabra.
El CEMOP, comprado.
López Miras ha contratado como asesor para este periodo de campañas
electorales a uno de los responsables del CEMOP, Ismael Crespo, con la
particularidad de que ese chiringuito demoscópico amparado en el
convenio Asamblea Regional/Universidad de Murcia es el encargado de
llevar a cabo sondeos electorales financiados con dinero público.
Si en
paralelo a la realización de esos sondeos, uno de los partidos se
beneficia de la información de quienes los realizan, estamos legitimados
a preguntar si no existe en favor de López Miras una fuga de
información durante la campaña de la que sus competidores están exentos.
¿O es que es posible creer que el asesor se reserva las informaciones
que obtiene de su CEMOP, financiadas por todos los ciudadanos, cuando
López Miras le paga 30.000 euros para exprimir toda su capacidad para el
análisis de datos?
Por otra lado, visto que eldiario.es y La Opinión
comentaron esta circunstancia ¿debiera fiarse López Miras de los
consejos de un asesor que pudiera desaconsejarle mantener un trato
normal con estos medios por el hecho de que dicho asesor tiene
compromisos con otros?
La Familia Telerín.
Que la televisión autonómica es un repetidor de San Esteban puede
constatarse por el hecho de que el director general de la cosa es el
marido de la jefa de gabinete de López Miras. ¿Casualidad? No,
coherencia. Es más: en su actual calidad de Portavoz del Gobierno, López
Miras es el responsable político-administrativo de la televisión
pública. El jefe del Gobierno es el jefe de la televisión, como en la
URSS.
¿Quién puede creer que una televisión teledirigida por el
presidente del Gobierno puede ser neutral o siquiera plural? En plena
campaña electoral, el Gobierno ha iniciado los trámites para el nuevo
concurso de adjudicación del servicio, publicado en el BORM sin una
simple nota de prensa que lo advirtiera, como correspondería a tan
importante decisión.
Van de clandestinos, o sea, que algo traman. Alega
López Miras que, llegada la conclusión del actual contrato, es
imprescindible convocar el concurso, aunque sea en plena campaña
electoral. Hummm... Hay gato encerrado, y hasta aquí puedo contar.
Denuncia a medios independientes.
Recordemos que López Miras inició la campaña electoral denunciando a la
Cadena SER en Murcia ante la Junta Electoral por mantener ésta la
convocatoria de un debate entre los presidenciables a la Comunidad al
que él había decidido no acudir. Esto se comenta por sí solo, pero es un
dato que anuncia lo que puede venir para la libertad de expresión si
volviera a tener acceso al BORM.
Mentiras.
Al respecto de los debates electorales, López Miras declaró el pasado
viernes a La Opinión que no aceptó participar en el debate convocado por
este periódico porque había sido reclamado para catorce debates, y no
podría haber asistido a todos. Es mentira. El candidato del PSOE, Diego
Conesa, fue invitado a cuatro (La SER, La Verdad, La7 y La Opinión) y
participó en todos ellos.
¿Cómo es posible que el candidato del PP
recibiera invitaciones para catorce debates de política general y el del
PSOE solo a cuatro? ¿Con quién habría debatido López Miras en esos
otros diez debates? En otros ámbitos, fuera de España, es bien sabido
qué destino tienen los políticos embusteros.
Involuntarias autodenuncias. Incluso
cuando el PP ha pretendido neutralizar a sus competidores electorales
con denuncias sobre comportamientos de sus candidatos se ha pillado
involuntariamente las manos. Ejemplo: Alcantarilla. El candidato de
Ciudadanos a la alcaldía de esa localidad cometió una evidente
irregularidad... ¡cuando era concejal del PP! Qué curioso que no lo
denunciaran entonces y, sin embargo, hayan venido amparando al alcalde
popular que permitió aquel estado de cosas, Lázaro Mellado, a quien
tienen calladito al frente de Citmusa con un sueldo estratosférico en
relación a su dedicación y capacidades.
Púlpitos y adoctrinamientos.
A las clásicas prácticas caciquiles de los tiempos de preguerra que
señalan los historiadores (compra de votos a cambio de empleos para las
personas en situación de precariedad) se han añadido en estas fechas los
también habituales recursos al clero y a los regidores de instituciones
públicas de enseñanza para que adoctrinen en el voto, bien desde los
púlpitos, bien mediante cartas a los padres de los alumnos, para que no
se equivoquen en el voto que vela por sus intereses.
Sin embargo, ha
sido José Luis Mendoza, el líder fáctico del sector privado de la
enseñanza en Murcia, quien ha advertido que el PP es el primer
adversario de este negocio. Y por cierto, nadie podría señalar una
ciudad, una provincia o una Región en la que el PSOE, alternativa real
al PP, haya eliminado la enseñanza privada o concertada.
Otro bulo. La
que realmente parece estar en riesgo es la educación pública en manos
del PP, pues ni López Miras ni ningún otro candidato aluden a ella
cuando se les interroga por la enseñanza, pues empiezan por referirse al
derecho a la privada.
Esto es algo de lo que hay. Lo que podría venir es fácil de deducir.
(*) Columnista
