MURCIA.- Sucedió el pasado 19 de octubre. Aquella mañana Mario Gómez, de
45 años, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia, salía de
casa con su hija de once años cuando se encontró una pintada en la
fachada de enfrente insultándolo. También la vio la niña. Eso fue,
confiesa ahora a elDiario.es, la gota que colmó el vaso. Dos horas
después se encontraba en la comisaría de la Policía denunciando tanto la
pintada como el acoso que, según explicó, sufre desde comienzos del
verano pasado.
Un año antes, su partido, Ciudadanos, y el Partido
Popular del alcalde, José Ballesta, alcanzaron un acuerdo de Gobierno y
él se convirtió en vicealcalde, en concejal de Fomento y en el
responsable de la mesa de contratación del municipio y empezó a actuar
contra la corrupción en su Ayuntamiento, según revela la denuncia
presentada ante los agentes.
La misma tarde que acudió a comisaría recibió una llamada de la
Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía, la UDEF. Había
hecho una acusación de supuestos delitos de corrupción y debía aportar
pruebas. Tres días más tarde, Gómez comparecía en la sede de esa unidad
policial con más de tres gigas de documentación. Expedientes del
Ayuntamiento y contratos con empresas sospechosos de ser adjudicaciones
directas y, por lo tanto, ilegales. Casi 200 carpetas de información
como prueba para la denuncia que hacía así al equipo de Gobierno del
Ayuntamiento; a su propio equipo de Gobierno.
Esa denuncia, que adelanta ahora elDiario.es, fue la culminación de más de un año de disputa
primero soterrada y después abierta en la coalición que gobierna el
Ayuntamiento. Una guerra entre el PP, socio mayoritario, y Mario Gómez,
líder de Ciudadanos, que esta semana ha alcanzado otro punto insólito,
al anunciar los populares que se querellarán contra él por supuesta revelación de secretos.
A pesar de que las relaciones en el consistorio son, como las define
Gómez, "cordiales y profesionales", la situación ha llegado a un punto
de inestabilidad que hace que estén "todas las opciones abiertas", lo
que abarca desde una normalización de las relaciones a una moción de
censura que podría desembocar en un cambio en el Gobierno de la ciudad
tras más de 25 años de alcaldes populares.
En medio de esa tormenta ambos partidos se sientan este viernes
juntos en la reunión de la mesa de gobierno. Dice Gómez que Ciudadanos,
donde se debatió hasta última hora de la tarde del jueves, lo hará por
"responsabilidad".
En su partido, que también gobierna con el PP en la
región con el popular Fernando López Miras como presidente, están
informados de la denuncia que puso en octubre y de la que no había
noticia, según confirma Gómez. Desde hace meses, como revela, ha habido
presiones del PP para que sea relevado de su cargo, dada la
insostenibilidad evidente de las relaciones entre ambos socios de
Gobierno.
"El ataque y el bloqueo no es a mí, sino a Ciudadanos, y
nosotros estamos juntos", afirma el vicealcalde, quien revela que
durante meses ha tratado de dialogar con el regidor, José Ballesta, y
alcanzar un acuerdo para sanear el Ayuntamiento y terminar con las
prácticas de contratación que ha acabado denunciando a la policía. Pero
afirma que se ha topado siempre con el silencio e incluso el veto cuando
ha solicitado, entre otras actuaciones, una auditoría de los servicios.
Entre los contratos que Gómez trasladó a la policía para que
fueran investigados figuran desde pequeños proyectos hasta grandes
adjudicaciones. Desde los contratos de mantenimientos de las motos de la
policía local, que se adjudicaban recibiendo tres ofertas, como marca
la ley, pero procedentes de distintos miembros de una misma familia;
hasta contratos de decenas de millones de euros. Uno de los más
importantes es el de la conservación, mantenimiento y restauración de
los parques y jardines de la ciudad. Tal y como ha podido comprobar este
periódico, todo el proceso del contrato, hoy denunciado también a la
fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por el PSOE en la
región, está salpicado de datos y hechos dudosos.
Se formalizó en agosto de 2019, con la firma del propio Gómez
como responsable de las contrataciones más importantes, pero había sido
adjudicado por el equipo de Gobierno anterior a las elecciones que
dieron como resultado el pacto entre PP y Ciudadanos. Un contrato por
valor de casi 70 millones de euros repartidos en siete lotes de los
cuales el primero y más importante, adjudicado a las empresas Actúa y
STV, dos de las más potentes y que acaparan más contratos en la región,
suponía casi 50 millones de euros. Los lotes 2 y 3, que alcanzaban casi
10 millones de euros, también fueron para STV.
Según la documentación en poder de este diario, el contrato se
anunció en octubre de 2018 y se establecía un plazo de tan sólo un mes
para que las empresas hicieran sus ofertas. Hasta entonces el servicio
lo había prestado la empresa STV en solitario. Entre las condiciones que
requería el pliego, que no sólo incluía el mantenimiento de los parques
y jardines, sino el rediseño de una veintena de ellos entre el núcleo
urbano y las pedanías, figuraba la elaboración de renders, una
recreación digital en tres dimensiones utilizada habitualmente por los
estudios de arquitectura para sus proyectos, de las propuestas de
diseño.
Una exigencia atípica para un contrato de este tipo, por el alto
coste de las infografías. Como apunta la denuncia en la Fiscalía, puede
superar los 80.000 euros por cuarenta renders. Una inversión
desproporcionada para optar a un contrato de estas características.
Además, la valoración de las ofertas tenía una "alta subjetividad",
denuncia a elDiario.es Antonio Benito, concejal del PSOE en el
Ayuntamiento.
"Los servicios de mantenimiento eran la parte fundamental
del contrato, casi el 90% del presupuesto. Sin embargo, la valoración de
la parte de obras, de ese rediseño de los parques, superaba el 40% y
estaba sujeta no tanto a criterios técnicos y cuantificables sino a
subjetivos", detalla. Entre ellos, la presentación y valoración de esos renders.
Las primeras dudas surgieron nada más anunciarse el contrato. Un
mes no era plazo suficiente para presentar esas ofertas. Menos aún si
había que seleccionar qué parques y jardines se remodelarían, medirlos,
diseñarlos, presupuestarlos y, además, encargar los renders de
los proyectos. La queja de la oposición entonces hizo que se ampliara a
dos meses. En el contrato, además, se establecía como "esencial" que
hubiera una gran parte de las obras finalizada en seis meses.
"Una
estrategia del Partido Popular para lograr una rápida adjudicación, que
se hicieran las obras y llegar a la campaña electoral con ellas
terminadas para poder inaugurarlas", afirma el concejal socialista. Pero
la adjudicación terminó recurrida, los meses previos a las elecciones
no se realizó ninguna obra y llegaron los comicios con el contrato
adjudicado a Actúa y STV pero sin que estuviera aún firmado y por tanto
sin ser válido todavía.
Eso no impidió, en cambio, que tanto el alcalde como su equipo utilizaran en la campaña algunos de los renders
presentados por las empresas ganadoras. Un uso de medios públicos para
la campaña y un posible indicio de una presunta financiación ilegal del
partido, según apunta el PSOE en su denuncia. El alcalde usaba entonces
como argumento de campaña la imagen de unos parques propuestos por unas
empresas que aún no eran legalmente las adjudicatarias del concurso.
Sin embargo, el dato más revelador sobre los renders,
que se han convertido en la clave del caso, no es ese uso electoral en
redes sociales, sino el que muestra un informe pericial, aportado a la
denuncia, y al que también ha tenido acceso elDiario.es.
Según éste
documento muchos de esos renders, como demuestran sus
metadatos, comenzaron a realizarse meses antes de que fuera anunciado el
concurso y por tanto de que se supiese de la necesidad de aportarlos en
las ofertas al concurso. Se trataría, en este caso de un presunto
delito de uso de información privilegiada, recoge la denuncia. La
oposición sospecha, igual que sostiene el propio vicealcalde en su
denuncia ante la UDEF, que el contrato habría sido elaborado sabiendo de
antemano a quién se adjudicaría.
Pero el escándalo no termina ahí. Tras haber sido asignado
finalmente a ambas empresas, ese plazo de seis meses que se establecía
en la licitación terminó sin que se realizaran las obras previstas.
"Como habían pasado ya las elecciones, ya no importaba...", dice Benito,
del PSOE.
Desde entonces, cumplido ese tiempo, la oposición solicita al
Ayuntamiento información sobre el estado de las obras y reclama la
penalización correspondiente a las empresas. Como consecuencia de esa
presión se anunció a comienzos de esta semana una sanción de 130.000 a
las empresas adjudicatarias por incumplimiento. Una cantidad que para
los socialistas resulta "ridícula".
"Si era esencial que la obra estuviera en seis meses, la sanción
debería ser por falta grave y por lo tanto entre el 5 y el 10% del
presupuesto. Es decir, entre dos y cuatro millones de euros", argumentan
en el PSOE. En las obras e instalaciones que debían realizarse en esos
primeros seis meses figuraban, entre otras, plantar 15.000 árboles y
colocar 3.000 bancos.
"Pues bien, he pedido durante semanas información
de dónde están puestos esos 3.000 bancos y no sólo no me la han dado,
sino que el concejal del PP José Guillén ha amenazado con denunciarnos y
el jefe de ese servicio en el Ayuntamiento ha dicho que no me va a dar
mas información", se lamenta el edil del PSOE.
El jefe de servicio al que se refiere el concejal socialista es
Francisco Carpe, un puesto directivo técnico en el consistorio. No sólo
es la persona que debe supervisar ahora el cumplimiento del contrato,
sino que fue también el responsable del pliego del mismo y participó en
la adjudicación.
El propio Carpe ha comparecido en una comisión del
ayuntamiento creada tras las últimas elecciones, por exigencia de
Ciudadanos, para supervisar los grandes contratos de la ciudad y que
preside Gómez. En ella ha respondido con negativas a las solicitudes de
información e incluso ha apuntado que cuando se redactaron las
condiciones del contrato se tuvieron en cuenta tanto "inquietudes
técnicas como del equipo de Gobierno", según recoge el acta de aquella
comparecencia.
"Esta historia no tiene ningún interés periodístico", responde,
escueto, al teléfono Carpe cuando elDiario.es contacta con él. Rechaza
aclarar ninguna de las cuestiones relacionadas con el contrato y su
seguimiento e insta a hacer cualquier solicitud en ese sentido a la
oficina de prensa del Ayuntamiento. También declina hablar de la
conexión que existe entre STV, una de las empresas adjudicatarias, y su
familia. Un familiar directo suyo, piloto de motos, es patrocinado por
la compañía. "No sé de qué habla", responde. La empresa STV tampoco ha
respondido a este periódico.
El Gobierno de la ciudad de Murcia, entretanto, pende de un hilo por este escándalo.
