jueves, 23 de diciembre de 2010

El Gobierno regional da marcha atrás con la urbanización de La Zerrichera


MURCIA.- El BORM publicó esta semana el Plan de Gestión y Conservación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de La Almenara, Moreras y Cabo Cope, que incluye una disposición derogatoria de la Orden del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, de 13 de febrero de 2006, y normas urbanísticas relativas a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOU de Águilas para clasificar como urbanizable terrenos en el 'Paraje La Zerrichera'.

   De este modo, la urbanización, impulsada por el Grupo Hispania en una finca de unas 240 hectáreas del término municipal de Águilas, permitía la construcción de 4.700 viviendas, hoteles y campo de golf en el interior del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de La Almenara, Moreras y Cope, "afectando sensiblemente a hábitats de interés comunitario y especies de interés comunitario como el Águila perdicera, el Halcón peregrino, el Búho real y la Tortuga mora", han subrayado.
   Anse y Ecologistas en Acción recuerdan que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia había acordado en julio de 2007, y ratificado en 2008, a petición de los abogados de las asociaciones, la suspensión cautelar de la Resolución de la Comunidad Autónoma que aprobaba la recalificación urbanística de La Zerrichera.
   El tribunal rechazaba los argumentos esgrimidos por las empresas inmobiliarias Grupo Inversor Hispania, 'Inverlur Águilas I y II, SLU' acerca de la ausencia de valores ambientales en la zona, que justificaban en un informe de la Fundación Global Nature.  Además, el TSJ consideraba que "ante la eventual afección a dichos valores, y por consiguiente al interés general implícito en los mismos, no puede prevalecer el interés particular de las mercantiles codemandadas en que se ejecute la modificación del Plan General recurrida".
   Además, la Comunidad se había comprometido ante la Unión Europea a aprobar definitivamente el Plan de Gestión de la ZEPA de La Almenara, Moreras y Cabo Cope, con la que se había comprometido en los objetivos del proyecto Life 'Gestión y conservación del Águila perdicera en la ZEPA de La Almenara, Las Moreras y Cabo Cope', financiado al 50 por ciento con fondos comunitarios.
   Ya en 2003, Ecologistas en Acción denunció la roturación y puesta en regadío ilegal de unas 40 hectáreas de la finca que luego sería recalificada. "En su día, la Consejería de Medio Ambiente hizo caso omiso de dichas denuncias, y se utilizó este regadío ilegal como justificación de la degradación y falta de valores del espacio aun protegido", han recordado.
ANSE denunció la aprobación de la urbanización de La Zerrichera ante la Comisión Europea, que recordó a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las obligaciones de las autoridades competentes a la hora de cumplir con las Directivas de Hábitats y Aves, refiriéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-117/03.
 "Los Estados miembros no pueden, por lo tanto, autorizar intervenciones que puedan alterar significativamente las características ecológicas de un lugar tal como lo definen dichos criterios. Así ocurre, en particular, cuando una intervención conlleva el riesgo de reducir de forma significativa la superficie del lugar, o de provocar la desaparición de especies prioritarias existentes en él o, por último, de tener como resultado la destrucción del lugar o la eliminación de sus características representativas".

Entre tanto, siguen abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia las Diligencias por supuestos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho en la Querella interpuesta por la Fiscalía de Murcia, tras denuncias de ANSE y Ecologistas en Acción, contra cinco altos cargos de la Comunidad Autónoma, el alcalde de Águilas y un exconcejal, por su intervención en la recalificación de suelos de La Zerrichera (LIC y ZEPA Sierra de La Almenara, Águilas, Murcia). 
Los dos colectivos ambientalistas lamentan que el Gobierno Regional no haya estado a la altura que los murcianos se merecen en este asunto. Baste recordar que ningún cargo público implicado presentó su dimisión pese a la gravedad de los hechos acaecidos y a las imputaciones penales investigadas por la justicia. Es más, la gran mayoría de las personas implicadas han seguido ocupando puestos de responsabilidad con cargo a los Presupuestos Públicos. 
Ecologistas en Acción y ANSE consideran que “la anulación de la recalificación de La Zerrichera demuestra que la acción responsable de las organizaciones ciudadanas ha podido paralizar grandes atentados contra los espacios naturales, a pesar del apoyo del Gobierno Regional dentro de una política disparatada de excesivo desarrollo urbanístico. Además, respalda la profesionalidad de muchos técnicos de la administración regional, que no se han doblegado a las presiones para realizar informes favorables a proyectos contrarios a la conservación de la naturaleza”. 
Las organizaciones consideran que ha llegado ahora el momento de dar marcha atrás a otros disparates urbanísticos que, como Marina de Cope, han sido aprobados por el Gobierno Regional desprotegiendo para ello parte de nuestros espacios naturales más singulares.

El Sterm tacha de "vergonzoso" que Valcárcel culpe a los empleados públicos "del déficit de la Comunidad"

MURCIA.- El sindicato Sterm-Internacional critica que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, haya culpado a los empleados públicos del "déficit de la CARM" en su intervención este jueves en la Asamblea Regional.

   "Ha tenido el cinismo de afirmar que el déficit de la Comunidad se debe al incremento de sus políticas sociales en los últimos años y a las subidas salariales de los empleados públicos", cuando, subrayan, "la realidad es bien distinta, los empleados públicos no han hecho otra cosa que perder poder adquisitivo desde su llegada al Gobierno regional, en el año 1995".
   Es una "vergüenza" que pretenda achacar su "nefasta" gestión política y económica a una pretendida situación de privilegio de los trabajadores que garantizan los derechos sociales en la Región de Murcia.
   Al hilo, Sterm-Intersindical ha mostrado su repulsa ante las "injustificadas" cargas policiales y su solidaridad con los compañeros agredidos en el día de hoy, en el que un millar de los sindicalistas y empleados públicos se han concentrado a las puertas de la Asamblea Regional en protesta por la Propuesta de Ley de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas que se debatía este jueves en el parlamento autonómico.
   Y apuntaban, tras los altercados en la manifestación de anoche por las calles de Murcia, que "no se puede responder al lanzamiento de huevos con pelotas de goma y porrazos".
   Al mismo tiempo, manifiestan su rechazo a cualquier forma de violencia, "venga de donde venga", si bien, añaden fuentes sindicalistas, "es comprensible que puedan alterarse los ánimos ante las provocaciones personales de algunos miembros del PP".
   La presión y la movilización de los empleados públicos, en la tarde del miércoles 22 y la mañana del 23 en Cartagena, ha provocado, a su juicio, una "mínima" rectificación del ajuste previsto por el PP que no satisface a nadie.
   Este recorte además de suponer un importantísimo retroceso en las condiciones de trabajo de los empleados públicos y en la calidad del servicio público que prestan, es un "atentado" al derecho a la negociación colectiva. 
 "Con estas medidas se van a engrosar las listas del paro: miles de trabajadores de la Educación, la Sanidad ,la Política Social y del resto de servicios gestionados por la Comunidad Autónoma, van a perder sus puestos de trabajo", aseguran.
   La Proposición de Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, se aprueba, indican las mismas fuentes, "en un pleno que se ha saltado el procedimiento de convocatoria que regula la propia Asamblea, por lo que podría declararse nulo".
   El texto definitivo modifica, gracias a la presión ejercida en la calle, la reducción de los 175 euros al profesorado, dejándola en 75. El resto de recortes de derechos, recalcan, quedan como estaban. Es decir, incrementan la jornada laboral semanal de 35 a 37,5 horas, reducen el salario al personal docente desde el 1 de enero de 2011, suspenden la retribución del acuerdo del 30% homologación salarial con el personal del SMS (15% del 2010 y el 15% del 2011) y reducen el salario del personal en baja médica, desde el primer día, un 25%.
   Asimismo, eliminan el Plan de Acción Social para todo el personal empleado público, se suspende la Oferta de Empleo Público en todas las administraciones públicas, o dejan abierta la posibilidad de la "redistribución de personal", con movilidad geográfica y funcional continua y permanente, incluso fuera del destino propio.
   Por todo ello, las organizaciones sindicales convocantes Sterm-Intersindical, y el resto de organizaciones, van a continuar sus movilizaciones el próximo lunes día 27 de diciembre, con una concentración de protesta, ante las puertas del Palacio de San Esteban, a las 11.00 horas de la mañana para manifestar su indignación ante el "golpe de Estado social" ejecutado a traición por el PP.
   Y es que, concluyen los sindicalistas, "sólo la movilización puede frenar el desmantelamiento del Estado de Bienestar y el retroceso de nuestros derechos".

Por su parte, el Sindicato Médico de la Región de Murcia ha afirmado "sentir indignación ante la agresión y menosprecio hacia todos los empleados públicos", según han informado fuentes del citado sindicato en un comunicado.
   "Somos muy conscientes de la situación real de falta de liquidez, de la presión que el Gobierno Central está ejerciendo sobre Murcia, de la falta de financiación del Estado y del descenso en los ingresos de caja en la hacienda regional", han apuntado.
   Por ello, han apuntado, "somos tan conscientes que hemos admitido, sin grandes revueltas, bajadas salariales injustas, donde hemos pagado el doble y triple que otros".
   En este sentido, han afirmado que "nadie en los últimos meses puede decir que la profesión médica no haya estado arrimando el hombro para ayudar a las cuentas de la Comunidad, pero el PP presentó una Proposición de Ley de medidas extraordinarias en la Asamblea Regional que afecta a las condiciones salariales y económicas del conjunto de los funcionarios públicos, saltándose sin reparo el principio básico de la negociación", han criticado.
   Finalmente, el Sindicato Médico de la Región de Murcia "lamenta profundamente el modo en que se ha planteado este ajuste, rechaza plenamente el contenido del mismo, y siente indignación ante la agresión y el menosprecio que se tiene hacia todos los empleados públicos".
 También el Sindicato de Empleados Públicos (SIME) se ha mostrado en contra de las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno Regional y que afectan a 55.000 funcionarios de la Administración Pública, según han informado fuentes sindicales en un comunicado.   
Así, a pesar de no tener representación en la Comunidad Autónoma, el SIME apoya al resto de compañeros y se pone a disposición de las centrales sindicales que sí tienen representación, "sumándonos a las movilizaciones y mostrando nuestra colaboración en las acciones que consideren oportunas", ha concluido.
Los Secretarios generales de UGT y CCOO han  tildado de "inútil y cobarde" la postura del PP y del Gobierno Regional, al derivar toda la responsabilidad al Gobierno Central, al que le imputan un sistema de financiación de las comunidades autónomas que el propio Gobierno Regional suscribió en 2009.
Para la UGT, las medidas perjudican a 24.000 personas en el ámbito educativo, 20.000 en la sanidad y 11.000 en administración y servicios generales. Afirma que el PP "ha perpetrado la mayor regresión laboral de la historia de la Comunidad Autónoma".
El Gobierno regional, "alineado con la filosofía del PP más rancia y contraproducente para abordar la situación de crisis, ha abrazado los postulados del ex presidente Aznar y ex presidente de la patronal, Díaz Ferrán, de trabajar más y cobrar menos, con las medidas aprobadas este jueves, que suspenden y anulan, con carácter indefinido, acuerdos alcanzados en los últimos 12 años en el ámbito estatutario", según han informado fuentes sindicales en un comunicado.
 Se ha señalado así "el peligro que todo esto conlleva, no sólo en cuanto a la merma de condiciones de trabajo en el empleo público, sino porque va a provocar una rebaja en las condiciones de trabajo en todas las empresas privadas de la Región de Murcia".
Los sindicatos han manifestado la inminente celebración de reuniones y asambleas para determinar las movilizaciones a desarrollar en los próximos días.

El PSOE pide a Valcárcel "que no distraiga la atención de los ciudadanos con insidias malintencionadas"

MURCIA.- El secretario de Justicia del PSRM, Joaquín López, ha afirmado que "es rotundamente falso que la candidata socialista a la presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui, asistiese anoche a la manifestación convocada por diversos sindicatos en protesta por los recortes del Gobierno regional, en contra de lo que este jueves Valcárcel ha señalado en su intervención en la Asamblea Regional", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   López ha explicado que "el motivo por el cual la candidata socialista estuvo presente en zonas próximas a la manifestación de los sindicatos fue porque asistía, invitada por la cadena SER, a la entrega de premios que la citada empresa radiofónica había organizado en la Cámara de Comercio".
   En dicho acto, que finalmente fue suspendido, se premiaba al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y Begoña García Retegui debía entregar uno de los galardones a otro de los premiados, el alcalde de Calasparra, Jesús Navarro.
   Asimismo, ha apuntado que, en todo caso, pedimos a Valcárcel y al Gobierno regional "que no distraigan la atención con insidias e interpretaciones malintencionadas, y que hagan cumplimiento de su obligación y resuelvan los problemas de los ciudadanos de la Región, problemas que hoy están más que nunca agudizados por la incompetencia en su gestión".

González Tovar dice que la protesta de anoche transcurrió sin incidentes de importancia

MURCIA.- El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Rafael González Tovar, ha destacado que la manifestación de ayer miércoles por la noche en el centro de Murcia contra los recortes del Gobierno regional se desarrolló "sin incidentes dignos de mención salvo el intento de agresión a estas dos personas del PP", en concreto, al senador 'popular' Pedro Manuel Hernández, y al secretario general de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, José Gabriel Ruiz.

   En rueda de prensa, el delegado del Gobierno "lamentó y rechazó" estos "intentos de agresión", aunque puntualizó que los incidentes "fueron mínimos, y no tuvieron categoría de tales salvo ese intento de agresión". Puntualizó que "cualquier indicio de violencia de es rechazable, y destacó que la manifestación de repulsa a la Propuesta de Ley de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas del Gobierno regional fue adoptada por parte de todos los sindicatos "de forma no comunicada", y que alrededor de 1.500 personas fueron las que mostraron esta posición.
    En cualquier caso, el delegado del Gobierno quiso aclarar "que esta situación se genera por la mala gestión del Gobierno regional en la gestión de las finanzas públicas".
   El delegado consideró que la Administración autonómica "ha aprendido en los últimos meses lo que significa la palabra gestionar, que es ir más allá de echarle la culpa al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de todo lo que ocurre en la Región de Murcia".
   Así, criticó que el Gobierno regional hace "una gestión manirrota de las cuentas, porque nos hemos endeudado mucho más de lo permitido, y ahora lo viene a pagar quienes ya habían contribuido a las arcas regionales con un cinco por ciento de sus sueldo por medida adoptada a nivel regional".
   Con el nuevo recorte, González Tovar dice que "se rompen todos los acuerdos sindicales y todos los avances que habían recibido en esa materia todos los trabajadores y funcionarios de la Región de Murcia".
   En este sentido, ha estimado que el modelo de financiación que había desde 2002 y que "impuso" el ex presidente José María Aznar al presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, se veía que "iba a tener malas consecuencias para la Región de Murcia". Por ejemplo, indicó que "la forma en que se asumieron las transferencias sanitarias llevaba inexorablemente a un agujero importante".
   El delegado recordó que hace un mes decía que "había que tomar medidas" y desde el gobierno regional le contestaban que "estaban tomadas". Pues bien, González Tovar reprocha que los últimos recortes demuestran que "obviamente, no sólo no estaban tomadas, sino que la Región de Murcia tiene que tomarse muy en serio cómo afronta una crisis que le afecta muy especialmente".
   "Tenemos que empezar los murcianos a plantearnos qué es lo que podemos hacer nosotros y qué debe de hacer nuestro Gobierno regional para que la deriva hacia la que vamos se corrija de forma satisfactoria para al Región", concluyó.
   Por otra parte, indicó que la situación este jueves en la Asamblea Regional es "tensa", porque ha habido una concentración de trabajadores que fue comunicada a la Policía Nacional, pero no dentro del plazo, por lo que dijo que la responsabilidad "es de los convocantes".
   No obstante, indicó que la movilización "está siendo contenida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tanto anoche como este jueves están teniendo una actitud ejemplar, moderada, ponderada, evitando que se pasaran las líneas rojas que no son permitibles, y permitiendo la libertad de expresión de las fuerzas sindicales que quieren manifestar su desacuerdo con una solución que da el Gobierno regional a una crisis que ellos no aceptan".
   Respecto a la manifestación de este miércoles, González Tovar dijo que, al ser una movilización no convocada, se personaron "los efectivos policiales que se pudieron enviar a la zona para evitar incidentes, cosa que se consiguió", aunque no supo determinar el número de agentes que acudieron.
   Asimismo, manifestó que hubo una excelente colaboración entre la Policía Local y la Policía Nacional que llevó a la incidencia mayor que fue el tráfico, que siempre".

El PP pide que el delegado del Gobierno en Murcia dé explicaciones en el Congreso

MURCIA.- El PP ha solicitado la comparecencia en el Congreso del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Rafael González Tovar, para que expliqué por qué no adoptó las medidas necesarias para evitar los incidentes que han tenido lugar este jueves en la capital murciana a raíz de la manifestación en protesta por los recortes aprobados por el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel y en la que han sido "agredidos e insultados" cargos públicos y militantes 'populares'.

   Así lo ha anunciado el diputado del PP por Murcia Alberto Garre, quien ha reclamado la presencia de González Tovar ante la Comisión de Interior del Congreso de la que él forma parte como vocal.
   Garre ha destacado que la candidata del PSOE a la Presidencia murciana, Begoña García Retegui, participó en la concentración no autorizada que tuvo lugar en la noche de este miércoles contra las medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas promovida por el Gobierno 'popular' de esta comunidad.
   En el PP sostienen que si su "compañera de partido" participó en ese acto, es previsible que el delegado del Gobierno tuviera conocimiento del mismo y, por tanto, debería haber tomado medidas para que no se produjeran incidentes.
   El diputado 'popular' ha denunciado que durante la protesta "se insultó, agredió y empujó" al senador del PP Pedro Manuel Hernández; al secretario general de la Consejería de Presidencia Administraciones Públicas, José Gabriel Ruiz; a un militante del partido y a un fotógrafo de un periódico local. "Y no contentos con eso luego se desplazaron al domicilio particular del presidente de la Comunidad donde insultaron y lanzaron objetos a su hija", se ha quejado Garre.
   Los incidentes han continuado durante la mañana de este jueves en la Asamblea Regional, en Cartagena, que finalmente ha aprobado  la propuesta de ley de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas con la que se pretende ahorrar más de 300 millones de euros recortando, entre otras cosas, las condiciones laborales y a las retribuciones de los empleados públicos de la Administración regional.
   "Alguien tiene que responder por lo que está pasando", ha exigido el diputado nacional del PP, quien ha avanzado que su partido no descarta reclamar también explicaciones al ministro del Interior y vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Garre espera que el titular de Interior, "que en público es un gran defensor de la libertad, no tendrá ningún inconveniente" en que el delegado del Gobierno comparezca en el Congreso.
   Además, ha replicado a González Tovar, quien ha lamentado lo sucedido que "no vale con el lamento y el arrepentimiento", sino que es necesario que "se apele a la razón y al sentido común" para que no se "actúe ni desde la pasión ni desde las vísceras" como han hecho, a su juicio, los culpables de los incidentes que han demostrado un "absoluto desprecio al Estado de Derecho".

Retegui machaca en el debate a un desencajado Valcárcel, que culpa a Zapatero de la situación de Murcia


CARTAGENA.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, ha culpado hoy a Zapatero de la situación sobrevenida a la Región de Murcia y lejos de asumir su responsabilidad en la gestión político-administrativa que le corresponde, desencajado y preso de una cobardía política más que evidente, la ha remitido a los demás: Gobierno central, PSOE y resto de la Oposición. En el posterior turno de respuesta ha sido materialmente machacado, dialecticamente se entiende, por la portavoz parlamentaria del PSRM y candidata a la presidencia de la Región de Murcia, la médico Begoña García Retegui, al desmontarle uno a uno, y más, todos sus pobres argumentos.

La Ley de Medidas Extraordinarias por la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas se ha aprobado poco antes de las 13 horas por 28 votos a favor del Partido Popular y 14 en contra de PSOE e IU

Valcárcel aseguró al inicio de su intervención que el asedio ayer de su casa o del parlamento regional hoy, no le harían someterse y pidió, con una buena dosis de cinismo político, que se le diga donde radica el despilfarro de su gobierno. Manifestó también su sorpresa por la "virulencia y violencia de las protestas".

A continuación calificó de obsesión y sectarismo la actitud contra su gabinete y en un paso más de hipocresía política pidió en voz alta que se le pongan números y rostros a ese despilfarro. Y afirmó que la ley regional hoy aprobada y que rebaja hasta un 20% la retribución actual de los empleados públicos murcianos 'es necesaria para desbloquear la situación'. 

Para el presidente del Gobierno regional, la proposición de ley aprobada poco después del mediodía, garantiza el compromiso de gasto a través de unas medidas coyunturales a partir de un catalogo de prioridades a que le obliga el Gobierno Zapatero al impedirle que la Comunidad Autónoma de Murcia se siga endeudando para poder funcionar con normalidad, hasta anticipar que no olvidará que se haya impedido ahora el recurso al endeudamiento.


Con una demagogia ya muy experimentada por el propio Valcárcel en ocasiones anteriores, ha dicho que para él 'los ciudadanos están antes que los sindicatos porque la realidad no comienza y acaba en ellos' y le ha espetado a la actual lider parlamentaria socialista que debería irse tras ser vista participando en la concentración sindical de protesta anoche en Murcia. Ha mentido a sabiendas cuando ha llegado a decir desde la tribuna que 'estaba en la puerta de mi casa'.

Valcárcel parece que se mostró convencido de que al señalar a la Región de Murcia, el Gobierno central "ha querido compensar" la necesidad de señalar la mala situación financiera de Castilla-La Mancha. A su juicio, el Ejecutivo central "no podía señalar a otras comunidades autónomas del PSOE, ni a una grande del PP, por tanto había que buscar otra y le he tocado a la Región de Murcia"


En su turno de intervención, la portavoz del PSRM y oponente de Valcárcel en las próximas elecciones de mayo de 2011, Begoña García Retegui, calificó la propuesta legislativa del PP como 'un brutal atropello' asegurando que 'vulnera derechos fundamentales'. Le recriminó al presidente haber dilapidado doce años de acuerdos con los sindicatos de funcionarios y le pidió retirar el proyecto para luego buscar el consenso.


Luego desmontó uno a uno los argumentos de Valcárcel para culpar a Zapatero y su Gobierno de la situación sobrevenida a la Región a causa de la crisis recordándole que 'la deuda de la Comunidad Autónoma no viene de la crisis sino de los años del derroche durante la  bonanza económica 'al que no le obligó Zapatero ni su gobierno'.

A su juicio, ese déficit se ha generado con decisiones "como el mantenimiento de una red clientelar" que, en su opinión, nada tiene que ver con el mantenimiento de los servicios públicos esenciales. "Este mismo año ha habido pagos a través del ente de la televisión regional, mientras crecía la deuda con los proveedores", apuntó.


   "El modelo Valcárcel ha fracasado. Se han incumplido los acuerdos de contención del gasto corriente, que ha crecido un 17% de enero a septiembre de 2010 respecto al mismo periodo del año anterior", indicó en su último turno.

La diputada socialista aprovechó para pedir también la celebración de un debate de financiación autonómica para clarificar el modelo que necesita la Región de Murcia.    Por otra parte, García Retegui aseguró que ella también rechaza las protestas violentas, pero no admite lecciones de Valcárcel al respecto.

Retegui demandó a Valcárcel no asumir su responsabilidad política por haber realizado una mala negociación para recibir las transferencias de competencias desde el Estado y, además, incumplir luego sus compromisos contraidos  de reducción del gasto público regional en el seno del Consejo Territorial de Política Fiscal y Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda.

Para la socialista, el presidente del Gobierno regional no puede escudarse en que la Región de Murcia es de las menos endeudadas, "dado que sabía que el criterio manejado por el Ministerio de Economía para autorizar la emisión de deuda era el déficit".  

  "Por eso, y dado que ese índice ha superado el 3% en el tercer trimestre de este año, señor Valcárcel debería autoinvitarse a salir del Gobierno",  le pidió.

'Por todo esto, dijo Retegui en el debate, debería ahora mismo abandonar el Gobierno regional al igual que usted le ha venido exigiendo a Zapatero cuando ha tomado medidas de ahorro y austeridad de la Administración Central'. 


El portavoz parlamentario del Grupo Mixto y diputado de IU, José Antonio Pujante, expresó su opinión de que "el déficit del 3,1% es perfectamente asumible, pero cuando uno se arrodilla ante los mercados, las consecuencias son el perjuicio a servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales".

  A juicio de Pujante "existen otras alternativas, frente a la obsesión enfermiza de recortar el gasto público".  pidió que el PP "deje encima de la mesa" su proposición de ley que recorta salarios a los funcionarios, entre otras medidas de ahorro, y "abra un periodo de diálogo para plantear alternativas a este recorte brutal, que hace recaer sobre los trabajadores públicos el coste principal de estas medidas".

Pujante pidió en su turno de réplica en el pleno de este jueves que el PSOE presente un recurso de inconstitucionalidad contra le ley de recortes presupuestarios sometida hoy a aprobación, dado que, a su juicio, "vulnera la Constitución".    

Tras incidir en la existencia de alternativas presupuestarias como el incremento de impuestos a los que más tienen para evitar el recorte salarial a los funcionarios, dentro de una rebaja general del gasto público, Pujante aprovechó para condenar "que la Policía Nacional haya sacado la porra" ante los manifestantes concentrados a las puertas de la Asamblea Regional "y haya producido heridos". 

En el exterior


Mientras tanto, en el exterior de la Asamblea Regional la tensión ha ido en aumento y por eso los diputados, consejeros y presidente han permanecido en su interior al finalizar el debate pese al fuerte dispositivo policial -más de cien efectivos del CNP- que ha lanzado varias cargas porra en mano contra los empleados públicos concentrados, un millar a primeras horas de la tarde, y rodeando todo el edificio aunque especialmente las puertas de acceso,  por donde han intentado entrar, fuertemente custodiadas por las fuerzas enviadas por la Delegación del Gobierno, que no han podido, eso sí, impedir el lanzamiento de huevos contra la fachada del feo edificio institucional al romper varias veces las barreras policiales.

Entre los concentrados, todo tipo de argumentos contra la decisión de Valcárcel 'por sus gastos desorbitados en la televisión autonómica "7 Región de Murcia'"o la  sponsorización de la Fórmula 1, así que no han sabido ahorrar', se comentaba en los corrillos entre esporádicos gritos de 'Valcárcel, dimisión' o 'Valcárcel al trullo'. La Policía ha tenido que emplear sus porras en varias ocasiones para evitar el acceso al edificio de los sindicalistas, que lo han intentado por la fachada posterior. Y lanzado pelotas de goma para repeler el avance de los sindicalistas.


Un detenido, luego puesto en libertad, un herido leve y gritos increpando al actual alcalde de Lorca, Francisco Jódar, del PP, cuando entraba a la Asamblea Regional, han sido los únicos incidentes reseñables de una jornada cuya tensión aventaba problemas mayores que, afortunadamente, al final han quedado en casi nada pese a la fuerte repercusión en los bolsillos de los empleados públicos de la Región y en su jornada laboral, a partir del próximo día 1 de enero, de la enmienda a la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011 aprobada hoy por la mayoría parlamentaria del PP, y el voto en contra de toda la Oposición, para restarles 300 millones de euros.

Tras la votación, han vuelto los tumultos a las puertas de la Asamblea Regional, donde varios centenares de manifestantes han intentado impedir la salida de los diputados. Un fuerte dispositivo policial y la retirada progresiva de manifestantes ha permitido que, poco a poco, hayan ido saliendo los parlamentarios, increpados por los sindicalistas de la función pública

La tensión ha llevado a que varios consejeros del Gobierno regional no hayan accedido a la Asamblea por recomendación de las fuerzas de seguridad. La mayoría de los diputados llegaron al parlamento autonómico más de una hora antes pero Valcárcel ya estaba dentro desde hacía tiempo.

Tensión en el exterior de la Asamblea Regional mientras se debate la rebaja retributiva de los funcionarios autonómicos



CARTAGENA.- Unas 2.000 personas se han concentrado pasadas las 9.00 horas a las puertas de la Asamblea Regional en protesta por la Propuesta de Ley de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas que se debate este jueves por la mañana en el parlamento autonómico, y con la que la Comunidad pretende ahorrar más de 300 millones de euros recortando, entre otras cosas, las condiciones laborales y las retribuciones de los empleados públicos de la Administración regional. La Policía ha detenido ya a una persona y CC OO y UGT, al menos, han desconvocado la convocatoria.

   Los funcionarios, que se concentraron con pancartas como 'Diputados, bajaros vosotros el sueldo' y 'Políticos, banqueros, especuladores', han intentado obstaculizar la entrada a la Asamblea de los diputados regionales y del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, quienes se han adelantado y han llegado al parlamento con antelación para evitar conflictos.
   Un total de 60 agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la brigada Antidisturbios se han desplegado los primeros alrededor del Parlamento, bloqueando todas las entradas, y donde todavía permanecen los concentrados, y han cortado la avenida Alfonso XIII de Cartagena.
   Los participantes en la movilización han lanzado huevos y petardos contra los agentes y contra los diputados que accedían al Parlamento y han tratado de acceder a la Asamblea, por lo que la Policía les ha repelido con porras y pelotas de goma.
   Como consecuencia de esta respuesta, se ha producido un tumulto y, al menos, una persona ha resultado herida leve por una brecha en la cabeza y ha sido trasladada al hospital Santa María del Rosell de Cartagena.
   La sesión parlamentaria ha comenzado, aunque el millar de empleados públicos y de sindicalistas, pertenecientes a STERM, UGT, CCOO y Sindicato Independiente de Docentes (SIDI), permanecen a las puertas de la cámara y rodeando el edificio, esperando que finalice el pleno.
 Durante el debate PSRM e IU han pedido que se retire la propuesta de ley del PP y Valcárcel, para quien los funcionarios piden unánimente su dimisión por su mala gestión, ha dicho que no se somete a la presión callejera y al chantaje sindical. Bajará 300 millones el gasto público regional y obligará a los funcionarios a trabajar entre 37 y 40 horas semanales rebajandoles el sueldo además en torno al 20% de media.


Las medidas de la discordia


miércoles, 22 de diciembre de 2010

Modesto Crespo dice que tratará de incorporar más personas de CAM al consejo de administración del SIP

ALICANTE.- El presidente de Caja Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, ha asegurado que tratará "en la medida de lo posible" de incorporar "más personas" de la entidad al consejo de administración del SIP que conforman CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria.

   Modesto Crespo ha realizado estas declaraciones este miércoles tras asistir a la reunión del Pleno de la Cámara de Comercio de Alicante, preguntado por los medios sobre la representación de la caja en el nuevo órgano de gobierno del SIP, donde ha señalado que incorporar a más personas al nuevo consejo "es un futurible" que se tendrá que determinar "por unanimidad por las cuatro cajas".
   Al futuro consejo de administración del SIP se incorporarán por parte de CAM Modesto Crespo, la directora general de la entidad, María Dolores Amorós, Roberto López y el empresario Ginés Pérez.
   "En principio somos suficientes, pero voy a tratar, en la medida de lo posible, de que se amplíe ese consejo para incorporar a más personas, pero eso es algo de futuro que tienen que determinar las cuatro cajas", ha indicado Crespo.
   Así mismo, respecto a la cesión de activos y pasivos de CAM al SIP, Crespo ha indicado que no es una "excesiva cesión de poder", puesto que la entidad "también estará" en el consejo de administración de nuevo banco.
   Además, el presidente de Caja Mediterráneo ha indicado que le gustaría llegar a un acuerdo con los sindicatos de CAM respecto a las cuestiones de personal que plantea la fusión, sobre las que todavía hay "algunos pormenores" que tratar.

UPyD dice que el "despilfarro" del Gobierno regional es "el único responsable de la crisis financiera de la Comunidad"

MURCIA.- El Coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha censurado la política de "derroche" que ha seguido el Gobierno de Valcárcel y la "injusticia de la ley de recortes que este jueves se va a aprobar en la Asamblea Regional", según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

   De este modo, para Sánchez, "la estrategia consiste en dejar en el ambiente que esto que nos está pasando era inevitable, en crear un estado de opinión que nos lleve a la conclusión de que ellos son los gestores a los que les ha tocado lidiar con una situación muy desagradable de administrar, pero haciendo énfasis en la idea de que ellos no han tenido que ver, que la culpa es de otros".
   Y es que, en su opinión, "hasta ahora, Valcárcel y su gobierno nos han vendido la especie de que todos los problemas de la financiación regional tenían como culpable a Zapatero. Zapatero también es culpable, lo hemos dicho insistentemente desde UPyD, del desinterés del Gobierno central en la exigencia rotunda para que las Comunidades autónomas rindiesen cuentas de la ejecución de sus presupuestos y de su déficit".
   Sin embargo, ha apuntado que "el derroche y el despilfarro de la Región de Murcia sólo tienen como responsable a Valcárcel. El hecho de que la financiación autonómica sea deficiente, no justifica que el gobierno regional haya hecho sus cuentas como si contase con un dinero con el que no contaba".
   Asimismo, ha añadido que "la existencia de esa supuesta situación discriminatoria en la financiación autonómica, en la medida de que no es sobrevenida, no puede explicar la situación de las cuentas públicas de 2010 ni exime del cumplimiento de una gestión del dinero público que ha sido nefasta e irresponsable."
   "Cuando el agua le ha llegado al cuello, pero nunca antes, el Gobierno regional ha obrado de forma similar a como lo hizo el gobierno de Zapatero, adoptando unas medidas brutales e injustas de recorte que afectan a los empleados públicos por segunda vez en 7 meses, y que han provocado la rebaja de sus sueldos entre un 10 y un 12 por ciento", ha aseverado.
   Desde UPyD, ha continuado, "no hemos parado de denunciar los gastos en eventos culturales por encima de las posibilidades económicas del momento, los patrocinios de eventos deportivos sin un retorno asegurado al tejido industrial regional, el incremento, hasta este mismo año, de los presupuestos de la Televisión Autonómica, al tiempo que se rebajaba un 60 por ciento la ayuda al desarrollo o las campañas turísticas de muy dudosa eficacia".
   Finalmente, ha criticado que "se nos dice desde la Comunidad que estas medidas salvaguardan los servicios esenciales de sanidad y educación, como si las condiciones laborales y salariales de médicos y profesores, elementos fundamentales de esas áreas, no tuviesen incidencia en su calidad. El gobierno de Valcárcel se enfrenta ahora a los resultados de una política irresponsable y caprichosa que deja a la Región en una posición de enorme fragilidad y que tiene como paganos, otra vez, a los trabajadores del sector público", ha concluido.

Valcárcel es tachado de 'fascista' por 1.500 funcionarios autonómicos agraviados, que han cercado su casa

MURCIA.- Entre 1.000 y 1.500 funcionarios públicos, según estimaciones de la Policía Local, han cercado esta noche  la casa del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, en la Gran Vía, con una pancarta donde se le tacha de fascista, según 'La Verdad', en protesta por los recortes en las condiciones laborales de los funcionarios de la Comunidad que contempla la Ley de Medidas Extraordinarias contra el déficit presentada ayer por el PP.

El presidente lleva varios días visiblemente nervioso, según personas próximas a él, como intuyendo que las próximas semanas puede estar en las primeras páginas de la prensa nacional por eventuales revelaciones de varias investigaciones en marcha que le involucran directamente tras varias denuncias ante Anticorrupción de dos conocidos letrados de Murcia, célebres por su acreditada independencia.

Miles de funcionarios, convocados de urgencia por los sindicatos, han llenado una Gran Vía cortada al tráfico tras abandonar la plaza de San Bartolomé donde se inició la protesta. A Valcárcel, que tenía previsto acudir a la sede de la Cámara de Comercio, en la plaza de San Bartolomé del centro de Murcia, a recibir el premio Destacados de la Cadena Ser, le esperaban empleados cientos de públicos concentrados. Los funcionarios han colgado una pancarta con la leyenda 'Valcárcel fascista' sobre un vehículo que creían el del presidente. 

La protesta ha llevado a los organizadores del acto a suspenderlo, por lo que Valcárcel no ha acudido a la plaza de San Bartolomé. Los funcionarios, convocados por los sindicatos, se han dirigido a la sede del Gobierno regional, cortando la Gran Vía en su marcha hacia San Esteban.

Ante la numerosa presencia de manifestantes, la plaza de San Bartolomé, en donde se han lanzado huevos, se ha quedado pequeña. Por lo que muchos funcionarios han invadido sin previo aviso la Gran Vía, obligando a pararse a numerosos coches, que han sido desviados por la Policía Local.
De especial tensión ha sido la salida de algunos asistentes al acto, como el secretario general de la Consejería de Presidencia y vicesecretario del Partido Popular en la Región, José Gabriel Ruiz, que ha necesitado protección para abandonar la Cámara de Comercio ante el acoso e incluso golpes de algunos empleados públicos que le increpaban.
Junto a él se encontraba el senador popular Pedro Manuel Hernández y Arturo Giménez, militante del PP y ex alto cargo del Servicio Murciano de Salud.

La Gran Vía de Murcia estuvo cerrada varias horas. El grupo mayoritario de manifestantes, entre los que había numerosos sindicalistas y profesores afectados por la eliminación de algunos complementos en sus nóminas, continuó hasta el Plano de San Francisco.

A la altura de la calle Platería otro grupo de personas -cerca de un centenar- se quedó en las inmediaciones del edificio del antiguo Banco Exterior, donde tiene su nueva residencia el presidente regional, y elevó sus soflamas contra los recortes. Allí permanecieron alrededor de media hora.

Una docena de agentes de la Policía Nacional y Local tuvieron que escoltar esta noche a tres altos cargos del PP tras ser golpeados e insultados por varios manifestantes, enervados por las últimas medidas de recorte salarial a los funcionarios adoptadas por el Gobierno regional.

El senador nacional por Murcia Pedro Manuel Hernández López; el secretario general de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, José Gabriel Ruiz, y el ex subdirector de Gestión de Servicios Generales de La Arrixaca y ex director de Gestión del Morales Meseguer, Arturo Giménez, fueron increpados a la salida de la Cámara Oficial de Comercio, donde estaba prevista la asistencia del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, en un acto de la Cadena Ser, cuando caminaban por el callejón de San Bartolomé, en Murcia.

Desde aquí hasta la plaza de Santo Domingo les gritaron, les llamaron «fascistas», «sinvergüenzas» e «hijos de puta», les arrojaron botellas de agua, les escupieron y también les arrinconaron, hasta el punto de que los agentes de Policía no lograron impedir que fueran zarandeados y vilipendiados.

La Gran Vía de Murcia estuvo cerrada varias horas. El grupo mayoritario de manifestantes, entre los que había numerosos sindicalistas y profesores afectados por la eliminación de algunos complementos en sus nóminas, continuó hasta el Plano de San Francisco. A la altura de la calle Platería otro grupo de personas -cerca de un centenar- se quedó en las inmediaciones del edificio del antiguo Banco Exterior, donde tiene su nueva residencia el presidente regional, y elevó sus soflamas contra los recortes.

Allí permanecieron alrededor de media hora. El secretario general de UGT, Antonio Jiménez, desconocía la agresión a los miembros del PP e indicó que la dureza de las medidas anunciadas por el Ejecutivo murciano han levantado los ánimos de la gente, «aunque hay que reprobar cualquier actitud de violencia, eso sí es inadmisible». 

Los líderes sindicales de UGT y CC OO en la Región, Antonio Jiménez y Daniel Bueno, se encontraban presentes en la protesta, si bien no la encabezaban. Los funcionarios han acudido con emblemas de las organizaciones sindicales pero no con una pancarta tras la que agruparse. También se ha acercado a la concentración de empleados públicos la candidata socialista Begoña García Retegui.

A las 9 de la mañana de mañana se ha convocado una concentración y una manifestación ante la Asamblea Regional de Murcia, en Cartagena, "para impedir que los diputados accedan a votar la ley de recortes", como la denomina la federación regional de Enseñanza de UGT, en el pleno convocado para ello a las 10:30 horas, según ha acordado hoy la Junta de Portavoces de la Cámara legislativa.
"En la Región de Murcia somos más de 22.000 docentes, ¡entre todos tenemos que impedirlo!", añade en su comunicado UGT.
"¡No lo vamos a tolerar!", señalan todos los sindicatos en un comunicado conjunto en el que califican de "atraco" y "agresión brutal a los servicios públicos regionales" la proposición de ley del PP, que pretende ahorrar unos 300 millones de euros a las arcas públicas autonómicas para reducir el déficit público.
Los sindicatos expresan "su indignación por el contenido de esta proposición y las formas desleales y autoritarias en las que se desarrolla", pues, en su opinión, "el Gobierno y el PP de Murcia se ceban con los empleados públicos para afrontar las consecuencias de su mala gestión de la crisis financiera actual, producto de políticas apoyadas en la especulación y el despilfarro".
"Hemos asistido durante años a la mofa de los portavoces del PP murciano al Gobierno central con motivo de las medidas que éste ha puesto en marcha contra el déficit público, y ahora, la proposición que presenta a votación supera en dureza y en formas desleales a todo lo conocido", añaden.
En su opinión, esta propuesta "dinamita 12 años de acuerdos y de mejoras para el colectivo de empleados públicos, basados en la práctica de la negociación colectiva", y dejan a éstos "sin voz para hacer frente a estos atropellos", que "suponen una pérdida de empleos, efecto inmediato de un recorte a los servicios públicos, y no sólo a los intereses particulares de sus empleados".
"Al altísimo precio en forma de desempleo regional se unen estas medidas de atraco al colectivo de empleados públicos de la Región, a los que se les hace pagar una política descerebrada que pretende ocultar con portavoces saltimbanquis la cruda realidad de nuestra situación económica", concluyen Csif, Sterm-Intersindical, Anpe, Satse, UGT y CCOO.

Que Valcárcel dé la cara

La viceportavoz del PSRM-PSOE en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, ha afirmado que es "inaplazable" que el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, "dé la cara en relación con los recortes anunciados por el Gobierno regional y que serán aprobados por el PP en el Parlamento autonómico sin debate este jueves", puesto que, ha reprobado, "lesiona los derechos de los empleados públicos en vez de acabar con el despilfarro".
A su juicio, "ante un recorte de semejante envergadura, sin negociación previa, sin ningún acuerdo, sin ningún tipo de explicación, requerimos a Valcárcel para que se persone en la Asamblea Regional y dé explicaciones a los ciudadanos de por qué ha elegido lesionar los derechos de los empleados públicos en lugar de haber acometido las reformas que la Administración regional".
Entre ellas, ha subrayado, "haber acabado con el despilfarro y con el descontrol del gasto público". Al hilo, García Retegui ha recordado que ninguna CCAA "ha tenido que infringir un daño semejante a sus empleado públicos, ni ninguna lo ha hecho".
Razón por la que ha considerado que si el PP "hubiera hecho los deberes, si hubiera reducido sus chiringuitos públicos, el número de asesores, de personal eventual de gabinete, el descontrol y el despilfarro, los gastos de protocolo, publicidad y propaganda, pues no habríamos tenido que llegar a esta situación".
No obstante, ha manifestado, "una vez aquí, lo que no tiene justificación alguna es que se elija la vía de reducir derechos, porque no se reducen sólo salarios sino también derechos, de los empleados públicos".
Para la viceportavoz socialista, "lo más grave quizá sea la exposición de motivos que da el Gobierno regional, después de casi 16 años gobernando y siendo responsable de la Administración, de por qué se practica la reducción".
"En ella se habla poco más o menos de que el Gobierno regional del PP ha venido manteniendo privilegios a los trabajadores, habla de que los empleados públicos son poco más o menos que vagos y maleantes a los que hay que aplicar ahora un correctivo", ha comentado García Retegui, quien ha resaltado que "la rapidez en el recorte de salarios y derechos a los empleados públicos que se plantea el Gobierno de Valcárcel contrasta con el amplio margen de tiempo que se da para reducir el número de entes y empresas públicas".
De forma que "se incumplen todos los compromisos con el Ministerio de Economía, con la Asamblea Regional y los propios acuerdos del Consejo de Gobierno, pues Valcárcel nos contó hace casi un año que iba a reducir el número de esos entes y de que iba a practicar la austeridad".

El SIP Mare Nostrum inicia su actividad con la obtención de la ficha bancaria

MADRID.- El Grupo Banco Mare Nostrum SA (BMN) --formado por CajaMurcia, CajaGranada, Caixa Penedès y Sa Nostra mediante un Sistema Institucional de Protección (SIP)-- ha iniciado este miércoles formalmente su andadura con la obtención de la ficha bancaria y la constitución de su consejo de administración, lo que le permitirá operar con normalidad a partir de enero. 

   Según han indicado todas las entidades integrantes en una nota conjunta, después de que en los últimos días las asambleas de las cuatro cajas aprobaran la adaptación del contrato que les vincula, que incluye la mutualización del cien por cien desde el primer año, BMN se presenta como "un grupo sólido, unitario, de gran fortaleza financiera, con una rigurosa gobernanza y con el potencial y la estructura que, actualmente, demandan los mercados". En este sentido, el grupo presentará, en los primeros días de enero, su composición, principales indicadores y estrategia.

   La primera reunión del consejo de administración del Grupo BMN se ha celebrado este miércoles en Madrid, en la sede de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), bajo la presidencia de Carlos Egea, presidente de CajaMurcia. 

   Las dos vicepresidencias han sido asumidas por Ricard Pagès, director general de Caixa  Penedès, la primera; y Antonio Jara, presidente de CajaGranada, la segunda. Como secretario figura Pablo Miguel Dols, director general de Sa Nostra. 

   El consejo de administración, formado en total por 17 miembros, de los que tres son independientes, está integrado, además, como vocales por Luis González, Ramón Martín, José Manuel Jódar, Joaquín Cánovas, Federico Ros, Ignacio Ezquiaga, Josep Colomer, Manuel Troyano, Joan Caellas y Fernando Alzamora. Los vocales independientes son Luis de Guindos, Josep Manuel Basáñez y Miguel Ángel Cabello. 

   Asimismo, han precisado que el Banco Mare Nostrum SA tiene pendiente únicamente la inscripción en el Registro Mercantil y en el Registro Especial del Banco de España, según han comunicado todas las entidades en sus respectivas comunicaciones a la Comisión nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde se ha recordado que el contrato de integración entrará en vigor de forma automática el 31 de diciembre de 2010, aunque la efectividad de las modificaciones incluidas en la adenda al contrato de integración están sujetas a la obtención de determinadas autorizaciones del Ministerio de Economía y Hacienda y del Banco de España.

   Según lo comunicado a la CNMV, las cajas han constituido el Banco Mare Nostrum SA con un capital social de 18.030.400 euros dividido en 18.030.400 acciones nominativas de un euro de valor nominal cada una, íntegramente suscrito y desembolsado por las cajas. Han precisado que el contrato de integración no contempla ninguna revisión posterior de esas cuotas de participación y tiene una duración mínima de diez años, tras el cual se convertirá automáticamente en indefinido.

   Según la nota conjunta de las entidades, el consejo de administración del nuevo grupo se caracteriza por "la alta cualificación profesional de sus miembros, con una amplia experiencia en el sector financiero --entre ellos, los presidentes y directores generales y ejecutivos de las cuatro cajas de ahorros integradas--, tal y como ocurre con los vocales independientes, que también son reconocidos expertos en el ámbito financiero y empresarial".

   La elección de los 14 consejeros correspondientes a las cajas se ha realizado de acuerdo a las cuotas de participación de las distintas entidades en el nuevo Banco, de forma que CajaMurcia asume un 41 por ciento de la sociedad central; Caixa Penedés un 28 por ciento, CajaGranada un 18 por ciento y Sa Nostra un 13 por ciento. Así, el reparto de consejeros por caja es de CajaMurcia, cinco miembros; Caixa Penedés, cuatro; CajaGranada, tres; y Sa Nostra, dos miembros.

   En la primera sesión del consejo de administración también se han designado a los componentes de la comisión ejecutiva del Grupo BMN, formada por 11 miembros (incluyendo a Luis de Guindos y Miguel Ángel Cabello, como independientes), de los que tres corresponden a CajaMurcia y dos a cada una de las restantes cajas. El consejo del Grupo BMN también ha ratificado al comité de dirección. 

   Asimismo, el consejo de administración de la sociedad central ha acordado el nombramiento de una serie de personas como parte de la primera línea ejecutiva del banco, esto es, Joaquín Cánovas será director general y de negocio; Gonzalo Suárez el secretario general; Jordi Ruiz-Kaiser el director financiero; Francisco García Beato como director de riesgos; Máximo Jaime Alonso como director de planificación y control; Jorge Nadal como director de productos parabancarios; Luis Mendoza como director de recursos humanos y servicios generales; Fulgencio Martínez como director de tecnología, organización y back-office; y María Sánchez como responsable de auditoría interna. 

   El presidente del Grupo BMN, Carlos Egea, manifestó que este miércoles "es un día muy importante en el que se ha constituido el consejo de administración del Grupo", del que destacó "la sobresaliente profesionalidad de todos sus componentes y su amplio conocimiento del mundo económico, financiero y empresarial".

   Carlos Egea subrayó que, desde que se adoptó la decisión de crear el grupo, "hemos ido dando pasos firmes y rigurosos, cumpliendo todos los plazos fijados en el protocolo de integración, lo que nos ha permitido llegar hasta aquí con los deberes hechos".

   En su comunicación a la CNMV, este grupo ha recordado que la comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) acordó apoyar financieramente el proceso de integración de las Cajas mediante el compromiso de suscripción de participaciones preferentes convertibles por un importe de 915 millones de euros.

   De esta forma, la junta general del banco que, con carácter universal, se ha celebrado en el día este miércoles, ha aprobado la emisión de esas participaciones, cuya suscripción y desembolso será realizada exclusivamente por el FROB.

Roca cifra en 1.000 millones de pesetas su patrimonio antes de trabajar en el Ayuntamiento de Marbella

MÁLAGA.- El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, ha cifrado en 1.000 millones de pesetas -seis millones de euros-- su patrimonio antes de trabajar en el Ayuntamiento y ha asegurado que no tenía "ningún" control "ni mando" sobre los funcionarios públicos del Consistorio, al precisar que estos "están en la órbita del Ayuntamiento y sus jefes directos son el secretario y el alcalde".

   Roca, que ha declarado en el juicio del caso 'Malaya', se ha referido a las imágenes del supuesto cuadro de Miró que se le intervino y de los animales disecados y ha indicado que no se ha podido demostrar que el citado cuadro sea verdadero, precisando, entre otras cosas, que "no ha sido tasado por el Ministerio de Cultura porque duda de su autenticidad". "A estas alturas del partido, nadie es capaz de mantener que Roca tenía un Miró en el baño", ha sentenciado.
   A preguntas de su defensa, ha incidido en que su patrimonio antes de ser director del Plan General marbellí era de mil millones de pesetas y no de la cuantía estimada por los informes policiales de 650 millones de pesetas. En este punto, ha considerado "una puesta en escena" decir que cuando llega a Marbella lo hace con lo puesto.
   Por otro lado, ha precisado que el servicio de disciplina urbanística está dentro del área de Urbanismo "y su jefe es el jefe del servicio jurídico de este área", que era Jorge González, cuya declaración como testigo en una causa por delito urbanístico dio lugar a este procedimiento y con quien ha dicho "tenía muy mala influencia".
   El ex asesor de urbanismo ha afirmado que el trabajo que desarrollaba en Planeamiento era "siempre dirigido a supervisar y preparar documentos del Plan General" y ha añadido que "en ninguna ocasión" ha dictado resoluciones ni tomaba decisiones. "La misión de Planeamiento no era emitir informes vinculantes sino hacer propuestas a la Corporación", ha subrayado.
   En relación con el urbanismo, ha precisado que hay que diferenciar dos etapas, una primera en la que "se trabajó conjuntamente" con la Junta de Andalucía, con la que "la relación era muy fluida", y otra posterior, coincidiendo con la aprobación de la revisión de 1998 por el Ayuntamiento, en la que el entonces alcalde Jesús Gil, "se irrita" y, según ha indicado, "se enfriaron" las relaciones con el Gobierno andaluz y "las reuniones eran más frias".
   También, al igual que hizo en la sesión anterior, ha informado de que no había incompabilidad a la hora de desarrollar su trabajo en sociedades municipales y en sus propias empresas, recordando que su actividad empresarial "ha sido conocida". Preguntado por su letrada sobre si ha tenido a libre disposición caudales públicos, ha señalado que "he tenido caudales públicos pero no a mi libre disposición", ya que, "como apoderado de Planeamiento se remitía el importe de nóminas y facturas" y no se le remitía a Planemiento un presupuesto.
   Por último, Roca ha indicado que sus sociedades "no han escatimado pagos a Hacienda" y ha añadido que si Lispag, sociedad a través de la que se desarrolló la operación, tuviera que tributar en España "se hubiera tributado", pero "lo que se nos dijo es que esta sociedad tenía que tributar en Suiza".

El senador socialista Hurtado en vías para ser juzgado por presunta corrupción

MURCIA.- La Sala de lo Penal del Alto Tribunal se ha declarado competente para encausar al político murciano y senador socialista Manuel Huertado por la contratación, aparentemente ilegal, de las obras de construcción de un complejo deportivo en Ceutí. 

En la resolución, notificada ayer y que está en poder de 'La Verdad', los magistrados Juan Saavedra Ruiz, Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca exponen que han estudiado la Exposición Razonada que les remitió la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Molina de Segura, Joaquina Parra, quien ha investigado el caso, y que los hechos que se imputan a Manuel Hurtado «podrían, en principio, ser constitutivos de delitos de prevaricación y falsedad documental, lo cual se establece a los únicos efectos de valorar la consistencia de la imputación».
 
Hasta este momento, Hurtado había logrado eludir su imputación y el paso por los juzgados debido a que, por su condición de senador, disfruta de un fuero especial y sólo puede ser encausado por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. Pero, con el paso que acaba de dar este órgano judicial, asumiendo su competencia y apreciando de forma inicial la apariencia delictiva de los hechos, su próxima declaración en calidad de imputado se da por descontada.
 
La instrucción de la causa ha recaído ya en el magistrado Carlos Granados Pérez, que será quien previsiblemente dirija el interrogatorio de Hurtado y decida la suerte última de la causa: si finalmente corresponde archivarla o si abre juicio contra el senador socialista.
 
Los hechos presuntamente delictivos que se le atribuyen a quien fue alcalde socialista de Ceutí durante casi 30 años se produjeron entre los años 2003 y 2004, periodo en que se construyó e inauguró el complejo deportivo 'Juan Antonio Camacho' de Ceutí. El único caso conocido en la historia de la Administración local en que una obra municipal es abierta al público antes de ser formalmente adjudicadas las obras. 
 
Según el relato realizado por la juez de Molina de Segura, que se resume en la Exposición Razonada que emitió el pasado 8 de julio y que este periódico publicó en exclusiva, recoge que en fecha no determinada, pero anterior a diciembre del 2003, Manuel Hurtado encargó verbalmente a una empresa la construcción del complejo deportivo de Ceutí. 
 
En el expediente de contratación de esas obras no constaba, tal y como certificó en el 2008 el secretario municipal, ni la publicación en el BORM de la licitación de la obra, ni acto de apertura de plicas, ni las ofertas presentadas, ni la ficha patrimonial del polideportivo ingresando en el inventario del patrimonio municipal, ni el acuerdo de la Junta de Gobierno Local aprobando el pliego de condiciones. Más aún, en el 2003 ni siquiera existía partida presupuestaria destinada a ese proyecto.
 
Pese a todo ello, el 10 de diciembre del 2003 se celebró la inauguración oficial de las instalaciones, que presidió el alcalde y a la que asistieron personalidades y periodistas.
No fue hasta 2004 cuando empezó a documentarse todo el expediente de contratación. La juez incluyó en su escrito algunas declaraciones que parecen inculpar al senador socialista, como la del ingeniero técnico municipal, quien admitió en el juzgado que «una vez terminada la obra se le pidió por Manuel Hurtado que verificase que las obras ejecutadas se correspondían con las facturas aportadas y después se documentó la obra», y añadió que una vez terminada la obra, el alcalde le pidió que documentara el proyecto; que le pareció extraño que se documentara una obra que ya estaba terminada, pero que lo hizo a petición de Hurtado. «Es la única vez que he actuado de ese modo», confesó el técnico municipal.
 
Con esa forma de proceder, no fue hasta el 1 de abril del 2004, cuatro meses después de inaugurado el pabellón, cuando el alcalde de Ceutí y la constructora firmaron el contrato para realizar las obras. El acta de recepción del complejo deportivo se firmó el 11 de octubre del 2004.
 
La juez sostuvo que de la investigación se desprendía que si se redactaron los documentos relativos a la construcción del complejo, todos ellos con fecha posterior a su construcción, fue porque el Ayuntamiento solicitó una subvención a la Federación de Fútbol y necesitaba presentar un expediente. Y acabó la Exposición Razonada con una declaración del secretario municipal, quien admitió: «Creo que no hubo licitación pública de la obra».
 
Será ahora el Supremo quien determine si esos indicios de delito que se vislumbran acaban siendo confirmados y si Hurtado debe responder por ellos o no en un juicio.

El déficit público de la Región impide asumir las trasferencias de Justicia

MURCIA.- Un desacuerdo económico de última hora, a causa de las condiciones impuestas por el Ministerio de Hacienda, ha dado al traste con el traspaso de las competencias de Justicia, cuya gestión estaba previsto que asumiera la Comunidad Autónoma el 1 de enero. 

El consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, Manuel Campos, propuso ayer al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, dejar en suspenso el acuerdo de transferencias alcanzado con el Ministerio de Justicia al menos hasta mediados del próximo año, para ver si mejora la situación financiera de la Administración regional o bien Hacienda modifica su postura. 

 El informe preceptivo del Ministerio de Hacienda sobre el acuerdo de traspaso, y que Campos recibió anteayer, incluía una sorpresa. El departamento de Elena Salgado daba el visto bueno a los términos del acuerdo, pero indicaba que podían verse afectados por la disposición adicional 41 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Según dicha disposición, el Ministerio puede bloquear el pago de convenios a las comunidades autónomas que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria los años 2010 y 2011. 

Según interpreta el consejero, esto significa que el Gobierno central puede negarse a abonar los 4,5 millones de euros del pago único para inversiones por el incumplimiento de la Comunidad Autónoma del objetivo del déficit presupuestario para este año, algo que ya da por hecho la propia consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, según 'La Verdad'.
 
El consejero se reunió en Madrid el pasado jueves con representantes del Ministerio de Justicia y acordó que la Comisión Mixta de Transferencias, integrada por ambas administraciones, se reuniera hoy en Murcia para dar carpetazo al proceso, de modo que los decretos de traspaso se aprobaran antes de final de año y Murcia pudiera asumir la gestión a partir de enero.  

Campos, que entró en el Ejecutivo autónomo en septiembre precisamente para gestionar la recepción de la Justicia, tenía todos los flecos cerrados con el Ministerio de Francisco Caamaño. El coste efectivo estaba tasado en unos 70 millones de euros, a los que se sumaban 4,5 millones más para inversiones como pago único y un millón más para mejoras informáticas. 
 
Campos reitera que el acuerdo con el Ministerio «era muy bueno para Murcia», pero que con las nuevas condiciones establecidas por el Ministerio de Economía y Hacienda «sería temerario asumir las competencias». El primero plazo de algo más de dos millones de euros, del total de 4,5 destinados a la mejora de las infraestructuras judiciales, debía abonarse el próximo año. «Esa cantidad es fundamental para nosotros y al día de hoy no era seguro que fuéramos a recibirla», precisa.

El lorquino Andrés Pacheco seguirá como presidente de la Audiencia Provincial

MURCIA.- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reelegido al magistrado lorquino Andrés Pacheco como presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, renovando el cargo que ocupa desde octubre de 2005.
 
Pacheco, casado con dos hijas, estudió Derecho en las universidades de Murcia y Salamanca y su primer destino fue en Puertollano como juez de distrito.
Posteriormente, estuvo destinado en Hellín, Huércal-Overa y Lorca. Ya como magistrado desempeñó su cargo en Barcelona, Almería y, finalmente, en Murcia.
El magistrado fue decano de los jueces de Murcia durante seis años y lleva 14 años como magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.

Foro Ciudadano presenta ‘El otro estado de la Región. Informe 2010" a PSOE e IU


MURCIA.- El Foro Ciudadano ha llevado su ‘Otro informe de la Región’ a instituciones, asociaciones y partidos políticos para acerca su visión y la lectura que ellos hacen de la política, las decisiones y la gestión del Gobierno regional, con el que han sido muy críticos. La candidata socialista a la Comunidad Autónoma, Begoña García Retegui, recibió a una delegación de representantes de esta organización para conocer de primera mano y debatir las consecuencias que de éste informe se derivan, según 'Teleprensa'.

Para la candidata los datos que se recogen son una muestra del retroceso y de la posición distante que mantiene la Región con el resto de comunidades, ya que ha quedado atrasada en materias como educación, sanidad, atención social o economía. Además, éste puede ser una “buenísima alternativa contra la desinformación de la Administración autonómica”.

“Es un documento interesantes, exhaustivo y con un análisis tan profundo que es un libro de cabecera para la clase política de la Región”, ahora “nos toca a nosotros trabajar para ver cómo se puede cambiar esta realidad y cómo se pueden corregir los errores del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel”.

En este sentido, el presidente de Foro Ciudadano, Patricio Hernández, aseguró que es una herramienta válida para que la ciudadanía tenga una visión global de la Región y para que puedan contrastar la versión que se hace desde las administraciones públicas de la Región. 

Además, indicó que es un instrumento necesario en una comunidad en la que los gobiernos, tanto el regional como los locales, son completamente refractarios a la participación de los ciudadanos, en la que estos “básicamente molestan”, y por tanto “se pierde el capital social y la riqueza democrática que significaría tener una participación abierta y estimular el papel de las organizaciones ciudadanas”.

Aseguró que “es penoso ver que nuestra comunidad autónoma va a la deriva y se vacía cada vez más de contenido democrático”.

Por su parte, García Retegui fue muy crítica con el recorte de presupuestos presentado ayer por la consejera de Hacienda, Inmaculada García, en la Asamblea Regional ya que el “PP hace un recorte a los funcionarios para hacer caer sobre ellos el peso de la responsabilidad de no haber hecho una buena gestión desde el Gobierno”. 

Así, confirmó que la jornada de ayer fue "terrible" ya que puso de manifiesto lo que el informe de Foro Ciudadano recoge, y es “la falta de calidad democrática de esta comunidad”, donde “se sustrae el derecho de participación y se toman decisiones unilateralmente sin el apoyo de parlamentarios ni ciudadanos y faltando a sus derechos”.

“Esta es la Región que tenemos y no creo que sea la que se merecen los ciudadanos”.