MURCIA.- La Región de Murcia fue la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de
litigiosidad en el segundo trimestre del año, con un total de 44,42
asuntos por cada 1.000 habitantes, solo inferior a las cifras anotadas
por Canarias (56,96) y Madrid (46,25).
Los órganos judiciales
de la región ingresaron entre abril y junio un total de 69.962 asuntos,
lo que representa un incremento interanual del 51,8%, según informaron
fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU)
en un comunicado.
En el mismo periodo, los tribunales
murcianos resolvieron 62.552 asuntos, un 61,4% más, y estaban en trámite
al final del trimestre un total de 192.122 asuntos, lo que supone un
incremento del 21,6% respecto al segundo trimestre de 2023.
Estos datos se recogen en el informe estadístico titulado 'Situación de
los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2024', que el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público este lunes.
Como ya
adelantó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de
Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, los asuntos en trámite al cierre
del primer semestre "son casi 13.000 más que los que teníamos a
principios de este año y 40.000 más que los pendientes hace un año, lo
que supone que crezcan más del 20% los asuntos pendientes en solo 12
meses".
Del Riquelme explicó entonces que "la infradotación de
medios que sufre la Justicia de nuestra Región tiene efectos negativos,
reales y directos sobre nuestros conciudadanos". Quienes sufren el
atasco judicial "son personas con nombres y apellidos", dijo.
"Trabajadores y empresarios concretos, consumidores, propietarios,
familias en crisis, menores y personas vulnerables, víctimas de delitos y
también los acusados soportan los retrasos derivados de las carencias
de medios que padece nuestra Justicia regional", agregó.
En la jurisdicción Civil ingresaron 33.893 asuntos, un 88,5% más que
un año antes; se resolvieron 25.346 asuntos, un 82,6% más, y quedaron en
trámite 120.527, un 30,1% más que al final del segundo trimestre de
2023.
Los asuntos registrados en la jurisdicción Penal
ascendieron a 30.393, cifra que supone un incremento del 23,6% con
respecto al mismo trimestre de 2023. En el mismo periodo, se resolvieron
31.402 asuntos, un 44,9% más, y quedaron en trámite 48.909 asuntos, un
8,2% más.
En la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo
se registraron 1.746 nuevos asuntos, lo que equivale a ascenso del
10,3%. Los asuntos resueltos fueron 1.994, un 68,1% más que el año
anterior, y los que quedaron en trámite sumaron 6.981, un 4,9% más.
En la jurisdicción Social ingresaron 3.930 nuevos asuntos, lo que
supuso un crecimiento del 103,6% respecto al año anterior. Los resueltos
aumentaron un 90% al alcanzar la cifra de 3.810 asuntos y los
pendientes al final del periodo (15.705), aumentaron un 16,1%.
La tasa de litigiosidad media en el conjunto de España ha sido de 41,92
asuntos por cada 1.000 habitantes, cuatro puntos más que en el mismo
trimestre de 2023. Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa
de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (56,96), Madrid
(46,25), Murcia (44,42), Asturias (43,99) y Andalucía (43,34).
murciaconfidencial@gmail.com / "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero del año 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la UCM desde 1976.
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lunes, 14 de octubre de 2024
La Región de Murcia es la tercera comunidad con mayor tasa de litigiosidad en el segundo trimestre del año
martes, 8 de febrero de 2011
Axa amenaza con ir a los tribunales si BMN usa la marca Mare Nostrum
MADRID.- El flamante Banco Mare Nostrum no podrá utilizar esta denominación sin arriesgarse a que la aseguradora Axa lo denuncie en los tribunales ante la falta de avance en los contactos habidos entre ambas entidades, según publica Economía Digital.
La creación por parte de Caixa Penedès, Caja Murcia, Sa Nostra y Caja Granada, del Banco Mare Nostrum amenaza pues con sufrir primer conflicto nada más nacer. La razón es el nombre de la entidad.
Al crear el banco se dio de alta el nombre en el registro de la propiedad sin ningún problema. Pero al inscribir la marca en el registro correspondiente de patentes y marcas, los responsables del nuevo banco vieron que existían otras tres entidades habían legalizado la denominación: una aseguradora ahora vinculada al grupo Axa, un Spa y un fondo de inversión radicado en las islas del Canal de la Mancha.
Justo al conocerse que el banco adoptaba citado nombre, hubo un primer contacto entre Axa y los responsables de la nueva entidad. Según la aseguradora desde el banco se ofreció comprar la marca, pero esta posibilidad no fue aceptada por la multinacional de seguros. Como compensación desde esa sociedad se planteó un acuerdo que desbloquearía el problema.
La creación por parte de Caixa Penedès, Caja Murcia, Sa Nostra y Caja Granada, del Banco Mare Nostrum amenaza pues con sufrir primer conflicto nada más nacer. La razón es el nombre de la entidad.
Al crear el banco se dio de alta el nombre en el registro de la propiedad sin ningún problema. Pero al inscribir la marca en el registro correspondiente de patentes y marcas, los responsables del nuevo banco vieron que existían otras tres entidades habían legalizado la denominación: una aseguradora ahora vinculada al grupo Axa, un Spa y un fondo de inversión radicado en las islas del Canal de la Mancha.
Justo al conocerse que el banco adoptaba citado nombre, hubo un primer contacto entre Axa y los responsables de la nueva entidad. Según la aseguradora desde el banco se ofreció comprar la marca, pero esta posibilidad no fue aceptada por la multinacional de seguros. Como compensación desde esa sociedad se planteó un acuerdo que desbloquearía el problema.
En síntesis se ofreció al banco renunciar a la marca a cambio de que durante unos “10 o 15 años” la red de oficinas de las cuatro cajas “distribuyesen seguros de Axa” que no fuesen redundantes con los que las cajas ya venden. Este extremo es ciertamente complicado porqué hay cajas que comercializan productos de la marca Aviva y otras, como Penedès, que comercializan directamente sus seguros en algunas áreas y en otras tienen un acuerdo con Caser.
La posibilidad de comercializar algunos productos de Axa en las 1.700 oficinas de las cuatro cajas que forman parte del nuevo banco se ve difícil de compaginar con el negocio de bancaseguros que realizará dicha entidad. No obstante, el precio de dicha colaboración se considera muy alto en fuentes de Penedès.
Desde la aseguradora se explica que “hacia el pasado diciembre hubo un contacto en el que el banco nos ofreció un acuerdo de buena voluntad, que no comprometía a nada y que no aceptamos”. Desde entonces no hay más reuniones entre las dos partes.
La posibilidad de comercializar algunos productos de Axa en las 1.700 oficinas de las cuatro cajas que forman parte del nuevo banco se ve difícil de compaginar con el negocio de bancaseguros que realizará dicha entidad. No obstante, el precio de dicha colaboración se considera muy alto en fuentes de Penedès.
Desde la aseguradora se explica que “hacia el pasado diciembre hubo un contacto en el que el banco nos ofreció un acuerdo de buena voluntad, que no comprometía a nada y que no aceptamos”. Desde entonces no hay más reuniones entre las dos partes.
Los directivos de la entidad bancaria han decidido que, de momento usarán la marca BMN, únicamente en siglas, "porqué esta marca es totalmente nuestra". asume un portavoz. Los responsables de BMN creen que pueden utilizar sin problemas las siglas que “son correctamente interpretadas por los medios de comunicación y por el público”.
En Axa explican que “la marca aún figura en centenares de miles de pólizas de asegurados de zonas como las Baleares, donde Mare Nostrum era una aseguradora de referencia”. Por lo tanto entienden que la denominación, sobre la que mantienen todos los derechos es perfectamente correcta.
En BMN, creen que “quizás se tenga que esperar a que decida la autoridad sobre marcas”. Aseguran que “fuera de España no hay problemas en usar Mare Nostrum, y en España seguramente la oficina de patentes y marcas deberá dilucidar sobre un aspecto como la notoriedad, “porqué hasta que lo fuimos a mirar, convivían tres marcas con la misma denominación y nadie discutió nada”.
Sea como sea, si no se consigue un acuerdo entre la aseguradora y el nuevo banco, se producirá el choque. En Axa han asegurado que “si vemos que utilizan la marca Mare Nostrum y a pesar de nuestra buena voluntad inicial, iremos hasta donde haga falta para defender nuestros derechos”. Concretamente, si se usase la marca, Axa denunciaría el uso a los tribunales, ha manifestado un portavoz.
Core capital
Las cajas de ahorros, los bancos españoles y la comunidad financiera están esperando como agua de mayo los detalles del decreto esbozado recientemente por el Gobierno español para dar el que podría ser el paso definitivo en la reestructuración de las cajas de ahorro.
"Urge tener el decreto en el que se aclare cómo se computa el capital básico y cuáles son esas pautas de recapitalización para los no que lo consigan", dijo recientemente el presidente del Banco Popular.
El Gobierno no desvela la fecha en la que el esperado Decreto -que busca despejar la inquietud por el sector financiero español- se someterá a aprobación del Consejo de Ministros para su posterior tramitación parlamentaria y se limita a asegurar que se realizará "a lo largo del mes de febrero".
Responsables de bancos y cajas, de las patronales y analistas, esperan con particular interés la definición del core capital que el gobierno exigirá a las entidades, habida cuenta de que no hay una definición armonizada en Europa y ni siquiera se trata de un ratio válido a efectos regulatorios.
De hecho, en las pruebas de resistencia europeas en verano de 2010 se utilizó el ratio Tier I (capital básico más preferentes) unificado a nivel europeo.
"El core capital como tal ni siquiera está definido en Basilea III, hace falta una definición explícita que aclare qué puede computar como capital y qué no", dijo un experto en regulación.
El gobierno dijo que iba a adelantarse a Basilea III (prevista en 2013 y con mayores exigencias graduales hasta 2019) para elevar la exigencia de capital mínimo al 8 por ciento en entidades cotizadas y entre el 9 y el 10 por ciento en las no cotizadas.
"Es una cuestión espinosa, porque en la propia Basilea III hay definiciones de capital - en lo que ellos denominan "Common Equity Tier 1" - diferentes para según qué plazo. En 2013 se aplican unos criterios y en 2018 otros", explicó un analista.
En términos generales el core capital define capital más reservas frente a deuda, pero entre medias, hay una serie de deducciones que se pueden usar o no y, en definitiva, es difícil saber qué computa como capital sin que esté meridianamente definido.
En Basilea III, por ejemplo, pueden computar como capital determinadas participaciones preferentes siempre que se emitan en condiciones especiales, más ligadas a las acciones tradicionales. Banca Cívica ha sido la primera entidad española en usar este instrumento para reforzar capital.
Una de las cuestiones que más incertidumbre y división genera entre los observadores es si la financiación recibida (hasta ahora unos 11.600 millones de euros) por el FROB computará o no como capital.
Sin embargo, una fuente próxima al Banco de España dijo que el dinero aportado por el FROB computará como capital básico.
La definición exacta del requerimiento de capital para no cotizadas o con escasa presencia de accionistas es otra de las cuestiones que habrá de aclarar el real decreto.
Cuando el Gobierno anunció que el Banco de España determinará en septiembre las entidades que no podrán cumplir por sí mismas con los criterios exigidos, explicó que el Gobierno, a través del FROB, podría entrar temporalmente en el capital de las entidades como accionista.
Aunque la ministra de Economía aseguró que estas potenciales inversiones no computarán en el déficit público, hay algunas dudas entre los intermediarios hasta ver la fórmula concreta del texto de manera que permita a Eurostat considerar como financiera la inversión.
"Si hay dinero público no siempre va a déficit aunque casi siempre a emisión de deuda (...) el Gobierno conoce cuáles son las normas de Eurostat y cuándo se contabilizará como déficit o deuda. Tiene que explicarlo bien para que sea creíble desde ese punto de vista", explicó el presidente de la patronal bancaria hace poco.
"Eurostat establece que tiene que computar con el déficit en el caso de una inversión o intervención en una entidad en quiebra y ese no es el caso, así que no hay duda sobre este asunto", explicó una alta fuente financiera conocedora del asunto.
En todo caso, como reconoció el propio gobierno, la eventual entrada del FROB en entidades sí aumentará la apelación del Estado a la deuda pública.
La tercera cuestión de importancia tiene un carácter fundamentalmente de tiempo. Al poner fecha límite en septiembre para que el Banco de España identifique a las entidades en dificultades y empujar directamente a la salida a bolsa de las cajas, existen algunas dudas sobre si tendrán tiempo para cumplir los trámites.
Los procesos de salida a bolsa, incluyendo folletos, aprobaciones, revisiones del regulador y otros requerimientos, llevan de media un plazo de tres meses en el mejor de los casos, explicó una fuente de la CNMV.
El director del sector financiero de PriceWaterhouseCoopers y consejero de Mare Nostrum, Luis de Guindos, dijo el lunes que el plazo dado por el Gobierno para que las cajas se recapitalizaran de forma privada parecía "corto", teniendo en cuenta que se tenía que hacer antes de agosto, un mes considerado inhábil en los mercados.
La propia CNMV lanzó en una carta abierta a la patronal de las cajas el lunes una serie de advertencias a las cajas recordándoles lo largo y complejo del proceso de salida a bolsa y la necesidad de colocar entre inversores no relevantes un 25 por ciento del capital.
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