MADRID.- La Región de Murcia recibirá este año 3.460 millones de euros de financiación autonómica,
que incluyen 3.157 de las entregas a cuenta inicialmente comunicadas
para el año, 29 del montante aplazado y 332 de la liquidación de 2018,
unas tres cuartas partes del presupuesto anual autonómico.
Según lo aprobado hoy en el Consejo de Ministros, Cataluña, con 21.295 millones de euros, y Andalucía, con 20.386, serán las comunidades autónomas que más perciban.
En un comunicado del Ministerio de Hacienda se precisa que la cantidad facilitada este martes, 103.001 millones de euros, llegará a los 113.020 según las previsiones del departamento.
En la rueda de prensa, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que los 103.001 millones aprobados hoy suponen un aumento del 5 % respecto a las entregas a cuenta comunicadas en 2019.
Esta cifra, que los territorios comenzarán a percibir en los próximos días, será actualiza cuando se conozcan la previsión de los ingresos de este ejercicio, al elaborar los presupuestos y está previsto que alcance los 113.020 millones de euros.
Según el Ministerio, el Gobierno ha elegido "la fórmula más ventajosa" para las administraciones territoriales para que puedan gestionar sus servicios públicos esenciales, educación, sanidad o los servicios sociales.
En un comunicado del Ministerio de Hacienda se precisa que la cantidad facilitada este martes, 103.001 millones de euros, llegará a los 113.020 según las previsiones del departamento.
En la rueda de prensa, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que los 103.001 millones aprobados hoy suponen un aumento del 5 % respecto a las entregas a cuenta comunicadas en 2019.
Esta cifra, que los territorios comenzarán a percibir en los próximos días, será actualiza cuando se conozcan la previsión de los ingresos de este ejercicio, al elaborar los presupuestos y está previsto que alcance los 113.020 millones de euros.
Según el Ministerio, el Gobierno ha elegido "la fórmula más ventajosa" para las administraciones territoriales para que puedan gestionar sus servicios públicos esenciales, educación, sanidad o los servicios sociales.