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domingo, 29 de septiembre de 2019

BBVA rompe las negociaciones con Merlin para vender la ‘Operación Chamartín’

MADRID.- BBVA ha informado este domingo de que en este momento no continúan las “conversaciones preliminares” con Merlin Properties, interesada en el proyecto Distrito Castellana Norte, conocido como ‘Operación Chamartín‘ (donde están involucrados ilustres murcianos), y ha asegurado que su interés es avanzar en el proceso de aprobación del proyecto y garantizar su éxito.

Así lo ha señalado BBVA en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras las últimas informaciones aparecidas sobre la posible venta a Merlin de la ‘Operación Chamartín’ por parte de la entidad y a petición expresa de la CNMV.
La entidad señala que, entre los “diversos acercamientos” que se han producido por parte de terceros interesados en Distrito Castellana Norte (conocido como ‘Operación Chamartín’), la sociedad Merlin Properties Socimi “ha mostrado su interés en el proyecto, lo que ha derivado en unas conversaciones preliminares que, en este momento, no continúan”.
Asimismo, añade que “por la importancia y singularidad del proyecto, y tras la reciente aprobación por parte del
Ayuntamiento de Madrid, es lógico que inversores financieros e industriales muestren interés en el mismo”.
En este sentido, la entidad asegura que “como accionista mayoritario de Distrito Castellana Norte, la prioridad de BBVA hoy es avanzar en el proceso de aprobación del proyecto y garantizar su éxito”.
Desde el pasado jueves se supo que BBVA y Merlin Properties mantenían conversaciones sobre la participación del 75% que tiene la entidad financiera en la ‘Operación Chamartín‘, uno de los mayores proyectos urbanísticos de Europa.
La operación supondría para BBVA desligarse directamente del proyecto y seguir recortando su exposición al sector inmobiliario, si bien al tiempo mantendría una participación, aunque indirecta, en el mismo.
Asimismo, la entidad volvería a convertirse en socio de Merlin. El banco ya entró en el capital de esta socimi fruto de la fusión en 2016 de esta firma con Metrovacesa tambien mediante un canje de acciones, si bien BBVA, al contrario que Santander, vendió posteriormente la participación que le correspondió en la socimi.
Además, reforzaríA las relaciones que el banco y la socimi que dirige Ismael Clemente mantienen desde la constitución de esta firma, cuando en 2014 compró un lote de 880 sucursales de BBVA para ocuparlas en alquiler.
De su lado, Merlín, en virtud de la eventual transacción, se reforzará como mayor socimi cotizada del país, potenciando su rama de oficinas, toda vez que ya cuenta con edificios de este tipo, además de centros comerciales y centros logísticos valorados en 12.375 millones.

La ‘Operación Chamartín’

BBVA ha logrado recientemente el acuerdo de todas las partes implicadas tras más de veinte años de desarrollo y negociación entre los promotores y las tres administraciones que participan en el proyecto, fundamentalmente poniendo los suelos, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento a través de Renfe y Adif.
El proyecto está previsto que reciba ‘luz verde’ definitiva antes de que concluya el año con la ratificación por el Gobierno de la Comunidad de Madrid de la aprobación unánime del pleno del Ayuntamiento el pasado julio.
La operación está promovida por Distrito Castellana Norte, sociedad de la que BBVA tiene el 75% que negocia vender y el grupo constructor San José, el 25% restante.
La redenominada ‘Madrid Nuevo Norte’ lleva asociada una inversión de unos 6.000 millones de euros y supondrá actuar sobre tres millones de metros cuadrados de terreno, a lo largo de una franja alargada de 5,6 kilómetros de longitud que atraviesa el Norte de Madrid, desde las proximidades de Plaza de Castilla hasta la M-40.
La previsión es que las obras de urbanización arranquen a finales de 2020. La primera fase del complejo se prevé para 2028, si bien todo el desarrollo contempla un calendario de ejecución a 24 años.

lunes, 4 de febrero de 2019

“Frenar la Operación Chamartín”, la línea roja de IU para una candidatura unitaria con 'Más Madrid'

MADRID.- La construcción de una candidatura unitaria que aglutine a Izquierda Unida, Más Madrid, Podemos, Anticapitalistas y Equo se enfrenta a "diferencias políticas de fondo" a causa de la Operación Chamartín, (en la que se encuentran fuertemente implicadas ilustres figuras murcianas) un macroproyecto urbanístico que IU pide frenar y que, salvo cambios, la alcaldesa Manuela Carmena quiere aprobar.

Tras el encuentro mantenido este lunes entre IU, la candidatura de Íñigo Errejón, Más Madrid, Equo y Anticapitalistas, al que no ha acudido pese a estar invitado Podemos, Álvaro Aguilera, responsable de Relaciones Políticas de IU Madrid, ha explicado que se ha entregado un documento en el que su coalición vincula la construcción de una candidatura unitaria con el freno a la Operación Chamartín.
Y, aunque “la respuesta en general ha sido positiva”, IU ve “diferencias políticas de fondo” respecto a este proyecto urbanístico, pero destaca que “en cualquier caso nadie ha dicho que no”.
Su posición sobre la Operación Chamartín, que rechazan al considerar que beneficia al socio privado y perjudica el interés general, es “firme”, pero IU estudiará la contrapropuesta que el equipo de Errejón se ha comprometido a enviar en los próximos días, ha explicado Aguilera.
Fuentes de Más Madrid han asegurado que están “dispuestos a hablar los elementos con los que están en desacuerdo, aclararlos y mejorar algo si se estima que puede mejorar”, mientras que en un comunicado, esta marca sostiene que siguen “con la mano tendida para el acuerdo” y no dan “por cerrado nada”.
“Seguimos invitando a todos y a todas al proyecto. Más Madrid es una plataforma abierta e inclusiva”, añaden.
Pero IU no descarta que haya dos listas a la izquierda del PSOE-M en la Comunidad de Madrid, un escenario que “puede ocurrir” aunque “no era el punto de partida” de este partido, que no hará “campaña contra nadie de la izquierda”.
Desde Equo han señalado en un comunicado que la vía de negociación sigue abierta. La formación ecologista estudiará en los próximos días la propuesta de IU, dado que alude a municipios y no solo a la región, y pone en valor que “es mucho más” lo que les “une” que lo que les “separa”.
En cambio, Anticapitalistas, corriente de Podemos que está negociando como un actor más, ha asegurado que no irá en una lista con Más Madrid, porque no comparten sus “formas personalistas” ni su “programa de centro izquierda progresista”, aunque “no descartan dialogar para enfrentar a la extrema derecha”.

viernes, 1 de febrero de 2019

Riu y Corpfin sellan un acuerdo para la venta de la zona comercial del Edificio 'España'

MADRID.- La cadena hotelera Riu e Inbest Real Estate, el vehículo de inversión Corpfin Capital Real Estate, han suscrito un acuerdo para la venta de los 15.000 metros cuadrados de superficie comercial del Edificio España de Madrid.

De esta forma se prevé la apertura de cinco tiendas emblemáticas o "flagships" de operadores del sector comercial, entre los que se barajan firmas de restauración o textil, que se sumarán al nuevo hotel Riu Plaza España, el primer establecimiento urbano de la cadena hotelera en España.
Según ha señalado el socio presidente de Corpfin Capital Real Estate, Javier Basagoiti, estos locales van a ser de los más emblemáticos de la capital.
El hotel Riu Plaza España, cuya apertura se preveía para este año, ocupará 24 plantas del Edificio España, que tiene 27 alturas, mientras que el resto se destinarán a uso comercial. Dispondrá de 585 habitaciones, tendrá una categoría de 4 estrellas y sumará en su conjunto más de 5.000 metros cuadrados destinados a eventos o una piscina exterior ubicada en una terraza de la planta 20.
A finales de noviembre, un juzgado de Madrid ordenó reanudar las obras en el Edificio España, que fueron suspendidas temporalmente a raíz de la denuncia de su anterior propietario, el grupo constructor Baraka, por "riesgos" para el inmueble.
Además, Baraka también demandó a la cadena hotelera por incumplimiento de contrato, ante lo que consideraba una negativa a escriturar 5.000 metros cuadrados comerciales del inmueble.
La cadena hotelera, actual propietario, subrayó que la seguridad del edificio no había estado nunca comprometida, que se estaba cumpliendo "escrupulosamente" toda la normativa y que el grupo Baraka no había tenido en ningún momento derecho de prioridad en la adquisición de la superficie comercial del Edificio España.
Baraka vendió en junio de 2017 el edificio a Riu después de comprárselo al grupo chino Wanda en 2014 por 272 millones de euros.

jueves, 24 de mayo de 2018

El especulador Trinitario Casanova compra el edificio 'Casa Cerdá' de Murcia


MURCIA.- El grupo Baraka ha adquirido el edificio Casa Cerdá, uno de los más emblemáticos de Murcia, para construir viviendas de lujo destinadas al alquiler, según informó la compañía del especulador Trinitario Casanova sin facilitar el importe de la transacción.

La operación se enmarca en la estrategia de la firma de expandir su actividad en el mercado inmobiliario, centrándose en la compra y posterior puesta en valor de locales e inmuebles ubicados en las zonas más céntricas de las capitales españolas.
En el caso del edificio Casa Cerdá, Baraka respetará su diseño exterior, caracterizado por ladrillo rojizo, columnas jónicas y un templete circular coronando el edificio, para reformar su interior, distribuido en siete plantas, en las que construirá 24 viviendas.
Los pisos, de diseño vanguardista y amplios espacios, estarán equipados con "materiales nobles" y tecnología domótica. Baraka confía en ponerlel el cartel de 'se alquila' a comienzos del próximo año.
El edificio se completará con un local comercial de unos 1.000 metros cuadrados de superficie que se destinará a albergar la 'flagship store' de una gran compañía.
La Casa Cerdá es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Murcia y referente de la plaza de Santo Domingo de la ciudad. Fué construido en los años 30 del siglo XX por el arquitecto José Antonio Rodríguez.
Por otra parte, el edificio Hispania, en la Gran Vía murciana (antes edificio Banco Vitalicio), cambia de manos. La sociedad Project Quasar Investment, creada por Banco Santander y el fondo de inversión Blackstone para gestionar activos inmobiliarios de Banco Popular valorados en 30.000 millones de euros, ha absorbido la mercantil Gestión de Activos Castellana 40 (GAC 40), dueña hasta ahora de este inmueble, así como de otras propiedades en la Región, según 'Vozpopuli'.
Dicho inmueble formaba parte de Grupo Hispania, que el inversor inmobiliario Trinitario Casanova vendió en 2008 al empresario José Ramón Carabante, aunque este después abandonó la administración en 2011, siendo sustituido por José Fernando Martínez Blanco, experto en liquidaciones y reestructuraciones de empresas, con el aval del Banco Popular. Esta entidad llegó a perdonar la deuda de 220 millones de euros que tenía GAC 40 y facilitó su financiación.

martes, 8 de mayo de 2018

El especulador murciano Trinitario Casanova entra en la 'operación Chamartin' con la compra de 400 millones de euros en suelo

MURCIA.- El especulador murciano Trinitario Casanova, a través de Baraka Capital Group, ha comprado los derechos de los propietarios de los terrenos de la llamada operación Chamartín por 400 millones de euros.

Estos terrenos fueron expropiados por Renfe hace casi 25 años, si bien los propietarios aún no han cobrado.

El objetivo del empresario es desarrollar al menos 1,2 millones de metros cuadrados en esta zona norte de Madrid, en la que el Ministerio de Fomento, Ayuntamiento y promotora prevén construir unas 10.500 viviendas de las más de 21.000 inicialmente previstas.

Con esta operación, más de mil familias cobrarán por los suelos que les fueron expropiados hace más de dos décadas. 

jueves, 2 de marzo de 2017

Trinitario Casanova busca ahora financiación para poder comprar el Edificio 'España'


MADRID.- Baraka debe desembolsar los 250 millones que le quedan por pagar o encontrar un socio inversor, ya que no puede hipotecar el inmueble por el contrato firmado con RIU. El grupo Baraka tiene todo el mes de marzo para cerrar la operación de compra del madrileño Edificio España al grupo chino Wanda, pero la idea inicial que perseguía, financiar la compra mediante un crédito sindicado con la garantía del inmueble, no es posible, según publica hoy el diario 'Expansión'. 

El grupo deberá buscar otra alternativa que pasa bien por aportar directamente los fondos para cerrar la compra, bien por encontrar un socio que participe en la operación.
Baraka, el grupo de Trinitario Casanova, tiene un acuerdo de compra del Edificio España por 272 millones de euros, cerrado en julio de 2016. Hasta la fecha ha desembolsado una pequeña parte, en torno a 20 millones, quedando pendiente el pago del resto para el que el plazo termina a finales de este mes y que culminaría el proceso con la escritura del inmueble por el nuevo propietario.
En principio, el grupo negoció con Banco Sabadell y Bankia, además de con otros posibles interesados, la implementación de un crédito sindicado cercano a los 300 millones de euros que serviría para financiar parte de la compra en sí del edificio y parte del proyecto de remodelación de todo el edificio en el que habría un hotel, posibles viviendas de lujo para alquiler y una zona comercial que incluiría un restaurante de lujo y, posiblemente, un casino.
Esta alternativa, en la que inicialmente iba a participar el grupo Matutes, se hizo imposible cuando Baraka alcanzó un acuerdo definitivo con el grupo hotelero RIU, que modificaba de manera importante el proyecto inmobiliario, ya que RIU se comprometía a aportar 100 millones de euros para el desarrollo de la remodelación, ampliando la superficie destinada a hotel hasta ocupar 22 de las plantas de edificio, desapareciendo la parte destinada a viviendas en alquiler y levantando un macrohotel de cuatro estrellas y 650 habitaciones, regentado por su marca RIU Plaza en el centro de Madrid.
Pero el contrato firmado entre Baraka y Riu prohíbe taxativamente que el edificio España pueda hipotecarse para financiar la operación de compra, lo que cerraba esa posibilidad de crédito sindicado. Los bancos interesados en proporcionar la financiación para la compra del edificio han pedido a Baraka que aporte otras garantías distintas.

Operación puente

Por otra parte, Casanova ha adquirido un edificio en el número 13 de la emblemática calle Preciados, una de las vías más comerciales y céntricas de la capital española, y acto seguido lo traspasó a la inmobiliaria estadounidense Hines.
Se trata de un inmueble de unos 1.700 m², repartidos en sótano, planta baja y cuatro plantas sobre rasante. La idea es que el edificio se adapte íntegramente para uso comercial y convertirlo en un flagship.
Cushman & Wakefield, la compañía líder global en servicios inmobiliarios, ha asesorado a la propiedad en la venta del edificio. Pérez Llorca ha sido el despacho encargado de la asesoría legal.
Con esta operación, Casanova podría ingresar fondos para destinarlos a financiar la compra del Edificio España, que adquirió a la firma china Wanda por 272 millones de euros, siete más de los que pagó el grupo asiático por él al Banco Santander.
Ambas firmas se han dado de plazo hasta el 31 de marzo para completar el traspaso.

jueves, 5 de enero de 2017

El grupo chino 'Wanda' da un ultimátum a Trinitario Casanova para pagar el 'Edificio España'

MADRID.- El grupo chino Wanda ha dado un ultimátum al Grupo Baraka para que cumpla con los pagos del Edificio España después de que el empresario Trinitario Casanova no cumpliera con el siguiente hito de la operación, revela hoy El Economista.

El conglomerado chino esperaba el pasado 28 de diciembre un ingreso de 14 millones de euros por parte de la compañía española, pero esa transferencia no llegó a producirse. Un día más tarde, el consejo de Wanda se reunió para analizar la situación y decidir si extendían el plazo o rompían el acuerdo de venta y se quedaban con el depósito que había pagado la empresa española.
Finalmente, el gigante chino dio un ultimátum y una prórroga al Grupo Baraka, que finaliza el miércoles 18 de enero, según explica la compañía de Wang Jianlin en un comunicado a la Bolsa de Hong Kong el día 30 de diciembre. 
En ese mismo informe aclara que "los consejeros consideran que la extensión facilitará a las partes conseguir el éxito de la operación de venta, lo que redunda en el interés de la compañía y de todos sus accionistas".
Desde el 12 de julio, momento en el que se llegó a un principio de acuerdo con el Grupo Baraka, el empresario murciano ha abonado 6 millones de euros en concepto de depósito por la compra de este inmueble situado en el centro de Madrid, frente a la Plaza España. 
Si Casanova cumple ahora con el siguiente pago, le quedarán por desembolsar otros 252 millones hasta alcanzar los 272 millones en los que se ha cerrado el acuerdo para traspasar el edificio. 
Según explicó el conglomerado chino el pasado 16 de diciembre, cuando se cerró de manera oficial el acuerdo entre ambas partes, el abono de 14 millones se realizaría como un depósito adicional en la fecha de la escritura pública ante notario, un proceso que tras el fallo de Baraka se ha visto retrasado.
El pago de los otros 252 millones se harían efectivos al cierre de la transacción. Según el mismo comunicado, la fecha límite para completar la operación es el 31 de marzo de 2017 y en el caso de que Baraka no cumpla sus compromisos, Wanda tiene derecho a retener las cantidades entregadas como depósito. Si es el grupo chino el que incumple sus obligaciones, Casanova podrá reclamar su devolución.
El debate sobre si el empresario murciano cuenta con el dinero o con la capacidad de obtenerlo mediante financiación bancaria o a través de un socio lleva meses sobre la mesa. Fuentes del sector aseguran a El Economista que el motivo del retraso en el pago que debía producirse el pasado 28 de diciembre se debe a "problemas con los papeleos" y no a que el empresario no disponga del dinero para la operación.
El acuerdo con el conglomerado chino se ha firmado a través de la sociedad Baraka Global Invest con domicilio social en Madrid y matriz del Grupo Baraka
Según aparece en las últimas cuentas publicadas en el registro mercantil, a cierre de 2015, esta firma contaba con unos beneficios de 57.897 euros y un patrimonio de 71,66 millones de euros. Concretamente, el grupo facturó 910.00 euros en 2015 y a 31 de diciembre acumulaba deudas a corto y largo plazo que suman 1,36 millones de euros.
La operación del Edificio España se realizará a través de la venta de las acciones de la sociedad Wanda Hotel Development, que tiene bajo su propiedad el inmueble madrileño. Tras alcanzar un acuerdo con el Grupo Baraka, Wanda canceló una prenda existente sobre las acciones de esta filial con la entidad financiera de origen chino que financió la compra del edificio cuando el conglomerado asiático se lo compró al Banco Santander, en junio de 2014.
Además, se comprometió a reembolsar el préstamo correspondiente, cuyo importe pendiente ascendía a 931,2 millones de dólares de Hong Kong (unos 115 millones de euros), lo antes posible y usando los ingresos de la venta de las acciones. Wanda se ha comprometido a volver a activar la prenda si la disposición no se produce antes del 31 de enero de 2017, si bien, podría ampliarse el plazo hasta el 30 de abril, en caso de que la entidad esté conforme.
Trinitario Casanova fue el protagonista de uno de los episodios más pintorescos de la economía española. El empresario inmobiliario, dueño por entonces del Grupo Hispania, con el apoyo de un medio de comunicación promovió una operación fantasma sobre el Banco Popular en la que presuntamente un grupo mexicano estaba dispuesto a pagar una prima cercana al 50% por las acciones de la entidad financiera. Un juzgado de Madrid le condenó a un año de prisión, al considerarlo culpable de un delito contra el mercado y los consumidores tras difundir falsos rumores de opa para aumentar el precio de las acciones en 2008.
El fallo inhabilitó al promotor murciano para intervenir en el mercado financiero durante el tiempo de la condena. En la sentencia, la magistrada estimó las alegaciones presentadas por la acusación particular del banco, así como las del fiscal que, en sus conclusiones, reprochó a Casanova no haber sido consciente del alcance de un delito que consiguió alterar la Bolsa durante junio de 2008 cuando, a través de una sociedad Blueprime y la colaboración del abogado y actual político de Gibraltar, Fabián Picardo, se dedicaron a lanzar mensajes que se desmentían constantemente.

viernes, 16 de octubre de 2015

UPyD: "El modelo urbanístico especulativo de los Gobiernos del PP ha ahogado al comercio minorista"

MURCIA.- El portavoz de Unión, Progreso y Democracia en la Región de Murcia, José Antonio Sotomayor, ha denunciado la grave situación que atraviesa el comercio minorista en la Región "por culpa del modelo urbanístico especulativo desarrollado durante la última década por los Gobiernos del Partido Popular".

Sotomayor ha valorado "muy negativamente" los datos del INE sobre Índices de Comercio al por Menor (ICM), que muestran que en la Región de Murcia la cifra de negocios estructural ha caído desde 2008 un 20,88%, mientras que a nivel nacional lo hacía en un 16,81 por ciento. "Murcia dispone del peor registro de toda España".
El portavoz magenta ha resaltado que, a pesar de que la última tasa anual en ventas muestra un aumento del 0,5%, nuestra Comunidad es la tercera peor por detrás de Asturias y Melilla, lejos de la media nacional del 3,2 por ciento. "Con estos datos es muy difícil ver la salida de la crisis".
Desde 2008, el empleo del comercio minorista ha disminuido un 11,46%, mientras que en el resto de España la caída ha sido de prácticamente la mitad, un 6,51 por ciento.
Para el portavoz de UPyD en la Región, es necesario un cambio de rumbo para apoyar a todo el sector. "No hay duda de que las políticas del PP son nocivas para el pequeño comercio".
Según ha manifestado el coordinador de UPyD en la Región, estos datos "nefastos" son el resultado de haber "apostado por un modelo de comercio supeditado a la especulación urbanística".
Más que la caída de la renta media de los hogares, el factor más importante que explica las diferencias entre Comunidades Autónomas en cuanto a la caída de la cifra de negocios y del empleo en el comercio minorista es, precisamente, la densidad de grandes superficies.
La relación es tal que, por cada 1 por ciento mayor de densidad, tanto la cifra de negocios como el empleo cae un 5,7 por ciento.
"No es de extrañar que la Región de Murcia tenga este panorama tan desolador siendo la segunda comunidad autónoma, sólo superada por Madrid, en densidad de centros comerciales".

lunes, 14 de enero de 2013

Ecologistas considera que el Gobierno regional "debe asumir el fin de su fracasado modelo especulativo"

MURCIA.- Ecologistas en Acción responde al consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, que deje de "matar al mensajero", y asuma que el Gobierno regional de Ramón Luis Valcárcel y sus "equivocadas" decisiones son "los verdaderos responsables de impulsar un fracasado modelo especulativo basado en el pelotazo urbanístico, y en el desprecio al medio ambiente y a la legislación vigente y del estado de derecho, como han demostrado el Tribunal Supremo y el Constitucional".

   Según la asociación, "quienes tienen que dar explicaciones por la desastrosa situación en la que se encuentra la Región de Murcia y por la estrechez de miras que supone seguir apostando tozudamente por un modelo manifiestamente ruinoso, son Valcárcel y su equipo de Gobierno".
   Ecologistas recuerda que desde el pasado viernes 11 de enero, con la publicación en el BOE de la sentencia del Tribunal Constitucional, los límites legales del Parque Regional de Carrascoy-el Valle "son los legalmente declarados en 1992 y por tanto la delimitación actual del plan parcial del proyecto Paramount ha quedado invalidada, puesto que se adentra en torno a un 21% en el espacio protegido".
   Esto supone una reducción equivalente de la edificabilidad, puesto que el Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del teletransporte de la misma. Una reducción, ha insistido la asociación en comunicado de prensa, que "puede suponer la puntilla para un proyecto que ya planteaba muy serias dudas sobre su rentabilidad económica".
   Ecologistas en Acción ha pedido al consejero Pedro Alberto Cruz que deje de "matar al mensajero", y que asuma que "han sido los graves errores en las decisiones y en el modelo impulsado por el Gobierno regional, con Valcárcel a la cabeza, los responsables de acumular fracaso tras fracaso, errores que desde el principio fueron denunciados y que ahora son ratificados por las más altas instancias judiciales de este país".
   "El modelo especulativo basado en el ladrillo y el pelotazo urbanístico finalmente ha demostrado que tenía los pies de barro, pese a que los efectos negativos y el nulo futuro de este tsunami del hormigón han sido sistemáticamente denunciados por Ecologistas en Acción y otros colectivos, entidades y ciudadanos en general", ha declarado.
   Por lo que, ha puntualizado, "no hemos sido estos colectivos sino el Gobierno regional, el responsable de que la Región de Murcia sea la única comunidad autónoma en la que, de forma inédita e inaudita, se redujo la superficie protegida, cuando en el resto de comunidades autónomas ha ido aumentando en todo momento".
   Tampoco "hemos sido nosotros, sino el Ejecutivo murciano, quien ha aprobado normas y planes contrarios a la legislación vigente y al estado de derecho para favorecer proyectos faraónicos al servicio de los intereses privados de unos pocos", ha añadido.
   Según la asociación, "el Gobierno regional, con Valcárcel a la cabeza, es el responsable de atropellar los intereses generales, la conservación de nuestro patrimonio natural, el uso inteligente de nuestros recursos, la normativa vigente y el estado de derecho y la movilización de amplios sectores ciudadanos".
   Ecologistas en Acción recuerda al consejero Cruz que el proyecto Paramount "responde al caduco modelo de parques temáticos, negocios que se han demostrado ruinosos, que han necesitado ayuda financiera de las administraciones públicas y que en su inmensa mayoría acumulan pérdidas, como evidencian casos como Terra Mítica o el parque Warner, en Madrid".
   La sentencia del Tribunal Constitucional, que obliga a modificar el plan parcial de Paramount y a reducir su edificabilidad, "aumenta las ya series dudas sobre su rentabilidad", por lo que "Valcárcel y el consejero, como responsables de impulsar el proyecto Paramount y otros muchos proyectos faraónicos, ambientalmente agresivos, sin rentabilidad social, de escasa viabilidad económica y contrarios a un desarrollo inteligente, sostenible y de futuro, son los que deben dar explicaciones a los ciudadanos".

sábado, 12 de febrero de 2011

Carabante y Trinitario Casanova zanjan el contencioso sobre la compra de Hispania

MADRID.- Los empresarios José Ramón Carabante y Trinitario Casanova han firmado un acuerdo transaccional con el que ponen fin a las diferencias que surgieron entre ambos con ocasión de la compraventa del grupo Hispania, informó esta compañía.

   En virtud del acuerdo, Carabante ha abonado a Casanova una cantidad de entre 20 y 30 millones de euros, según indicaron fuentes conocedoras de la operación.
   Se trata de un importe inferior al de 47 millones de euros que tendría que haber abonado según lo dictado el pasado mes de diciembre por el laudo judicial al que tuvieron que acudir para dirimir sus diferencias.
   De esta forma los dos empresarios zanjan dos años después el contencioso que surgió cuando en 2008 Carabante compró a Trinitario Casanova el grupo inmobiliario Hispania, entonces valorado en unos 600 millones de euros.
   El contencioso, según recordaron las mismas fuentes, surgió cuando Carabante rechazó abonar uno de los pagos de la compra alegando diferencias en la valoración de activos de la empresa. El desacuerdo surgido entonces entre los dos empresarios terminó en los tribunales con el referido laudo.
   Hispania informó en un comunicado que el acuerdo firmado ahora entre los dos empresarios fija la renuncia a la interposición en el futuro de cualquier reclamación referida a los términos del contrato de compra de la compañía.
   Así, la compañía señala que con la firma del acuerdo "se pone fin a un periodo de controversia empresarial, se despeja el futuro de cualquier litigio en relación a la compra de la empresa" y permite a Carabante seguir con el desarrollo empresarial proyectado para Hispania.

miércoles, 24 de noviembre de 2010

El arzobispo de Tarragona culpa de la crisis a los especuladores "sin moral"

TARRAGONA.- El arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, culpa de la crisis financiera a los especuladores "sin moral" en su pastoral de esta semana, correspondiente al domingo 28 de noviembre, que lleva por título "No robarás". 

En la hoja pastoral, Jaume Pujol recuerda que la Iglesia católica "siempre ha defendido la licitud de la propiedad privada, contra ideologías que pretendían abolirla, y que lo único que lograron fue una sociedad más pobre".
En esta línea, el arzobispo señala que la institución eclesiástica ha abogado siempre "por el bien común" y ha recordado a los gobernantes de cada momento que "tienen obligación" de procurarlo.
En este punto, Pujol aclara que el "no robarás" no sólo prohíbe el delito directo, "el que hace alguien que puede ser cogido con las manos en la masa", sino "el que especula con operaciones financieras al límite y que por falta de ética compromete los ahorros de muchas personas".
En su opinión, "la actual crisis financiera mundial tiene su origen en esa falta de moral".
La doctrina social de la Iglesia "no sólo vela por un mundo más espiritual, sino también por un mundo más justo", añade.

lunes, 8 de noviembre de 2010

IU+LV Murcia dice que las operaciones urbanísticas para remodelar La Paz "tendrán efectos negativos sobre los vecinos"

MURCIA.- La concejala de IU+LV en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha advertido este lunes que las "operaciones urbanísticas realizadas hasta ahora para la remodelación del barrio de La Paz tendrán consecuencias muy negativas para los vecinos, como la subida del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en los próximos meses".

   Al respecto, Herguedas ha indicado que el Ayuntamiento aplicará este incremento "tras la revisión del valor catastral de las viviendas en la parte correspondiente al valor del suelo y será de unos 50 euros más por vivienda al triplicarse la superficie edificable del sector debido a una modificación del planeamiento urbanístico municipal".
   "Este es un problema que ya están sufriendo muchos ciudadanos de Murcia, que han visto cómo el cambio de calificación de sus terrenos de rústicos a urbanizables ha supuesto un importante aumento de sus recibos de la contribución aunque sobre ellos no se ha realizado obra alguna", ha explicado la edil.
   Además, ha señalado que la aprobación del Plan Especial de Reforma Interior de La Paz "supedita a este proyecto cualquier actuación que se realice en el barrio, de forma que no se podrá dar licencia para otro tipo de obras como las de mantenimiento o reparación de los edificios existentes, lo que supone condenar a los vecinos al continuo deterioro".
   Por ello, Herguedas ha urgido a las administraciones local y regional a que "no se sigan amparando en un proyecto que saben que no se va a ejecutar para inhibirse de su responsabilidad", al tiempo que ha pedido al equipo de Gobierno de la localidad "una dosis de cordura" para que el proceso se reconduzca desde la iniciativa pública.

domingo, 19 de septiembre de 2010

Se elige el término de Alhama para la teórica ubicación de la 'Paramount' y salvar así a los acreedores de 'Polaris'

MURCIA.- El Gobierno regional tiene decidido de antemano que la teórica ubicación de un complejo de ocio bajo licencia de la 'Paramount' sea en el término municipal de Alhama de Murcia para poner en valor real los terrenos recalificados y viviendas de 'Polaris World' entregados en prenda a sus acreedores financieros para salvar la suspensión de pagos y así no acabar en la quiebra.


Según fuentes de una de estas entidades acreedoras, y hoy poseedoras de millones de metros cuadrados y viviendas, hasta ahora sin expectativas de salida y anteriormente provisionados como riesgo crediticio en el Banco de España, si se anuncia políticamente esa decisión los bancos y cajas afectados podrían recuperar así sus provisiones, estimadas en unos mil millones de euros, en un momento de extrema gravedad en cuanto a liquidez del conjunto de todas ellas.

Son varios los bancos y cajas 'cogidos' en 'Polaris' (Banco Popular, la CAM, Bancaja, Caja Murcia... entre otros) que verían así recompensado el favor que en su día hicieran a la familia Valacárcel y al vicepresidente de Caja Murcia, Antonio Sánchez Carrillo, entonces uña y carne de Facundo Armero, ex socio demandado de la empresa por la otra parte, Pedro García Meroño.

Aparte de la liquidez, las ventajas para los nuevos beneficiados serían, además, de diverso orden si en conjunto formasen una empresa tenedora de dichos terrenos-viviendas y sus participaciones las incorporasen a sus respectivas carteras industriales.

El papel del señor Samper como promotor y mascarón de proa sería el de comisionista de lujo de esos beneficiados, que recuperan liquidez gracias a su iniciativa, y en un plano político, con nuevas recalificaciones de terrenos a su nombre con las que luego poder especular con rápida recogida de beneficios, y con independencia de que luego no venga la licenciada de 'Paramount' ni su madre y en esos terrenos no se edifique ni una sola casa hasta el año 2025, como muy pronto.

Las exigencias, pues, de Lorca para ubicar el complejo en Cabo Cope; Murcia, cerca del ficticio aeródromo de Corvera o la deprimida comarca del Mar Menor, a un tiro de piedra de Cartagena y La Manga, caen en saco roto porque toda la operación se idea para recuperar unos liquidez, otro enriquecerse a costa de algun tonto, y los políticos en liza, armando otro cuento de la lechera de cara a las municipales y autonómicas de 2011 con promesas de 20.000 nuevos puestos de trabajo para seducir a los parados más ingenuos, y con menores posibilidades de volver a tener un empleo fijo, para que les voten ellos y sus familias.

viernes, 30 de julio de 2010

El PSRM quiere que Mendoza no pueda especular con los terrenos de la UCAM en Los Dolores

CARTAGENA.- La portavoz socialista Caridad Rives pide que los terrenos que la Universidad San Antonio en el antiguo cuartel de Los Dolores se destinen a servicios generales de equipamiento. Rives recuerda que el presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza, ya ha anunciado que no se construirá en campus de Cartagena y exige al Ayuntamiento que retire del Plan General de Ordenación Urbana la recalificación de la mitad de la parcela.

“El presidente de la UCAM obtuvo los terrenos de Los Dolores a un coste muy inferior al precio de mercado del metro cuadrado de suelo urbanizable por su compromiso de construir un campus universitario en Cartagena. Un campus que ya no se va a hacer y no podemos consentir que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad Autónoma fomenten la expeculación inmobiliaria. Por eso deben paralizar, antes de la aprobación definitiva, el cambio de uso del suelo”, explica.

Rives indica que el PSOE ya presentó una alegación al PGOU en la que solicitaba que estos terrenos se destinasen a servicios de equipamiento.

“El uso de parte de estos terrenos se modificó como servicios de equipamiento educativo, pero la otra parte, en caso de que la Comunidad Autónoma apruebe el Plan General, se convierte en urbanizable”.

La portavoz quiere hacer hincapié en el hecho de que, de estos terrenos, tan sólo el 10% pertenecen a la Fundación San Antonio, a pesar de haber adquirido el 90% del suelo preteneciente a Defensa.

miércoles, 30 de junio de 2010

El CES justifica el crecimiento inmobiliario en la Región entre 2000 y 2008

MURCIA.- El Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno de la Comunidad Autónoma, presentó hoy su Memoria Socioeconómica y Laboral correspondiente al año 2009, que justifica el crecimiento del mercado inmobiliario entre los años 2000 y 2008, aunque apuesta por no "denostar" el sector e impulsar un equilibrio entre la oferta y la demanda como elemento "clave" para lograr la reactivación económica.

La Memoria, que recoge los datos del año con "mayor efecto de la crisis hasta ahora", fue aprobada hoy por el Pleno del CES, que estuvo presidido por el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, e integrado por una representación sindical compuesta por miembros designados por UGT y CCOO, así como por una representación patronal designada por la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM).

Además, el Pleno estuvo integrado por un tercer grupo compuesto por miembros del Congreso de Cámaras de Comercio, de las organizaciones profesionales agrarias, de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Economía Social, la Federación de Consumidores y Usuarios, la Federación de Municipios de la Región, y expertos designados por el Consejo de Gobierno regional.

Precisamente, esta Memoria justifica "la fortaleza que tuvo la demanda de viviendas" en el periodo anterior a la crisis porque la Región estaba inmersa en un "fuerte crecimiento demográfico", especialmente por el grupo de edad que adquiere su primera vivienda y los extranjeros en busca de vacaciones o de su retiro", según destacó el vicepresidente segundo del Pleno, José García, elegido entre la representación propuesta por la CROEM.

Además, el CES justificó este aumento por las "extraordinarias condiciones financieras que favorecieron esa fuerte demanda", a la que la oferta "respondió lógicamente", lo que llevó a la economía regional "a un periodo de una actividad de edificación residencial tremenda que, sólo en el periodo 2000-2008 supuso el comienzo de la construcción de cerca de 254.000 viviendas, que es casi el doble de lo que se producía diez años antes".

García reconoció que se trata de una expansión "extraordinaria", y que resulta "difícil" que una Región que representa el 2,6 por ciento aproximadamente del conjunto nacional, pueda poner en marcha el seis por ciento del total español en construcción de viviendas. No obstante, apostó por favorecer el sector de la construcción que, "alejado de los excesos anteriores, sigue siendo necesario para favorecer la reactivación".

"De lo que se trata es que la construcción seas un sector que causa un mal, sino que es y será un sector motor y hay que propiciar que consiga un equilibrio, que pasa por adecuar la oferta a la demanda y que no ocurra lo que ha ocurrido en el periodo de expansión extraordinario que hemos tenido", matizó.

García destacó que la parte de actividad productiva y más económica del 2009 reflejada en la Memoria refleja un año "inmerso en el mayor efecto de la crisis conocido desde su aparición a finales de 2007", lo que ejemplificó porque "el PIB de la Región disminuye un 3,4 por ciento, mientras que la media nacional lo hace dos décimas más, y ocho más disminuye en la Unión Europea".

Este descenso, indicó, "contrasta con lo que hasta 2007 venía siendo habitual, con un crecimiento continuado diez años", y recordó que esta caída en 2009 "fue generalizada en todos los sectores, que disminuyeron su contribución al PIB de la Región de Murcia". En especial, destacó el fuerte descenso de la industria, que bajó algo más de un 13 por ciento, y el sector de la construcción, que cayó un diez por ciento.

Por su parte, la actividad exportadora bajó un 5,8 por ciento en la Región de Murcia, lo que supone "bastante menos que en la media nacional que bajó a un 16,4 por ciento". El CES atribuyó este resultado a la "acusada concentración de los bienes agroalimentarios en los capítulos de exportación, que están menos sometidos a oscilaciones cíclicas".

El CES atribuyó el menor nivel del PIB por habitante en la Región a la productividad, que es "baja" aunque en 2009 aumentó 5,4 puntos porcentuales. García, no obstante, puso este aumento "en cuarentena" porque "se debe a la destrucción de empleo que generalmente de reducida eficiencia y aportación de valor añadido, superior al descenso del PIB".

En definitiva, la productividad se situó en el 93,5 por ciento del promedio nacional, lo que implica una alzada de 2,3 puntos en un año. Así, García recomendó que el objetivo de esta Región "debe ser la mejora de la productividad en base a la innovación, la cualificación de los recursos humanos, el fortalecimiento del capital tecnológico, más eficiencia productiva y la diversificación".

En este sentido, reclamó un esfuerzo para favorecer la recuperación a todos los agentes sociales, e instó a la Administración regional al "necesario esfuerzo del saneamiento de las arcas públicas, respetando las políticas de gasto más comprometidas como la educación, el crecimiento de la protección social e intensificando las acciones de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que toma cuerpo en épocas de crisis".

En lo que respecta a los datos del mercado laboral en el año 2009, el vicepresidente primero del Pleno del CES, Julio Mamblona, elegido entre la representación sindical, destacó que el 2009 fue el "peor año" de la Región desde el año 1979 del que por primera vez hay datos de la Encuesta de Población ACtiva (EPA).

Así, manifestó que se produjo una "enorme destrucción de empleo situada en torno al 9 por ciento de todos los empleos". El 75 por ciento de los empleos destruidos correspondieron a hombres", y cinco de cada seis fueron de menores de 35 años, mientras que el colectivo inmigrante sufrió en 2009 la pérdida de un 30 por ciento de la ocupación que tenía, y concentró casi el 72 por ciento de todos los empleos desaparecidos.

A juicio de la Memoria, otro de los factores negativos de la Región en 2009 fueron las "altas tasas" de temporalidad puesto que, a la par que se destruía empleo, el que se generaba "era prácticamente todo temporal". De hecho, indicó que la tasa del 12 por ciento de contratos fijos conseguidas hasta 2008 "bajaron hasta algo más del ocho por ciento".

En materia de salarios, sin embargo, Mamblona dijo que refleja un incremento de 7,5 por ciento del promedio salarial en 2009, lo que representa "una aceleración del 1,5 puntos respecto a 2008, y rebasa con holgura en el 3,2 por ciento de aumento medio nacional, lo que supone converger y acercarse al 91 por ciento de la media nacional".

En siniestralidad laboral, Mamblona resaltó que el dato "también es positivo" por la disminución de un 23,7 por ciento de los accidentes con bajas declaradas, cuyo retroceso era esperable, entre otras cosas, por la pérdida del empleo", aunque la ratio también bajo "incluso en la tasa de accidentes por cada 1.000 trabajadores".

En el ámbito laboral, el CES propuso "revisar la normativa en el ámbito de la salud laboral para hacerlo más adecuada a las pymes". Asimismo, la Memoria también aconseja "un nuevo plan de integración social que finalice la vigencia del actual y adaptando el mismo a la nueva situación socioeconómica.

Al ser preguntados por la situación en que se encontraría la Región de Murcia si fuera una empresa, Mamblona sostuvo que "estaría cuanto menos en suspensión de pagos", mientras que García discrepó y dijo que la Comunidad "se rige por un presupuesto en el que puede haber un déficit que se cubra con deuda, pero no se puede hablar de quiebra ni de suspensión de pagos".

sábado, 3 de octubre de 2009

El gobierno murciano, las cajas e Iberdrola, seducidos por el ladrillo

MADRID.- A pesar de la caída de ventas de viviendas y de que Murcia es una de las regiones más tocadas por la crisis por su dependencia de la construcción, el Gobierno regional (PP) confía en solventar antes de fin de año los trámites ambientales para iniciar la urbanización de 21 millones de metros cuadrados, entre Águilas y Lorca, para construir 9.000 viviendas, 20.000 plazas hoteleras, seis campos de golf y un puerto deportivo de 1.500 amarres, según 'El Confidencial'.

Se trata de una Actuación de Interés Regional, apoyada no sólo por el PP murciano sino también -como propietarios de suelo y financiadores- por Iberdrola, Cajamurcia, Bancaja y, naturalmente, la Asociación de Propietarios de Marina de Cope, enclave virgen al sur de Murcia, entre los dos municipios citados.


Tuvo un arranque polémico cuando, en 2001, la ley regional del Suelo desclasificó casi dos mil de hectáreas en ese enclave costero que hasta el momento era íntegramente Parque Regional. El Grupo Parlamentario socialista en el Congreso interpuso entonces recurso de inconstitucionalidad, que aún está por resolver.


No obstante, este verano el Gobierno regional ha mostrado, a través de la prensa, su determinación en seguir adelante con el proyecto, solventando los trámites burocráticos ambientales antes de final de año, y su esperanza de que ese macrocomplejo al estilo del castellonense Marina D’Or, revitalice la economía regional mediante la creación de 3.000 empleos.


Confían los gobernantes que encabeza Ramón Luis Valcárcel en que el final de la crisis coincidirá con el lanzamiento práctico del macroproyecto, de forma que dentro de una década Marina de Cope sea un motor importante, si no el mayor de la economía regional, aunque sus parámetros coincidan con el fracasado modelo que ha ahondado la crisis en la Región de Murcia. Se trata de repetir la experiencia de Polaris World corregida y aumentada.


El diseño del plan desarrollista general, a ninguno de cuyos detalles renuncian ni el Ejecutivo regional, ni la cúpula empresarial CROEM, ni las cajas de ahorro, ni constructoras tan significadas como Sacyr-Vallehermoso, ni, por supuesto, Iberdrola, incluye la construcción de un nuevo aeropuerto regional equidistante de Murcia y Cartagena que se espera que esté terminado dentro de un año, y que acogería los vuelos que nutrirán de turistas de golf y playa a los resorts tipo Polaris ya existentes -una docena en la Región- y a los miles que podrán ser albergados en Marina de Cope.


El primer basamento de ese plan ladrillero ya está funcionando desde 2007 y es la autopista de peaje AP-7, de Cartagena a Vera, que ha constituido un sonoro fracaso. Son casi 100 kilómetros de peaje al precio total de 12,35 euros, que no usa prácticamente nadie.


Los últimos datos del Ministerio de Fomento muestran que sólo tiene una ocupación de un tercio de la prevista. Su función era y es la de ser la vía de acceso al macrocomplejo de Marina de Cope, desde Vera y desde Cartagena, pero se construyó diez años antes de que éste pueda empezar a funcionar, en el mejor de los casos.

El PSOE renunció a rescatar la concesión en 2004, tras la primera victoria electoral de Zapatero, cosa que pedían vecinos y ecologistas.

Ocho años esperando al Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional está inmerso desde hace tres años en las discusiones del Estatuto de Cataluña. Esta tarea ha ocultado otros casos que están pendientes de resolución desde hace mucho más tiempo y que pueden tener consecuencias irreversibles. Uno de ellos es el de Marina de Cope, el mayor complejo urbanístico previsto en el Mediterráneo, que ocupará un parque natural en la costa virgen de Murcia gracias a una ley de 2001, se recuerda hoy en 'El País'.

Un portavoz del Constitucional explica que el tribunal sigue sin fecha para decidir sobre el párrafo de la Ley del Suelo de Murcia que permitía la urbanización y que recurrió el PSOE. Las prioridades son las que son.

En abrill de 2001, la comunidad autónoma de Murcia, del PP, desprotegió por ley miles de hectáreas de parques naturales. En el último trámite parlamentario de la Ley del Suelo de Murcia, el PP incluyó una enmienda aparentemente técnica: "Los límites de los Espacios Naturales Protegidos incluidos en la disposición adicional tercera y anexo de la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, se entenderán ajustados a los límites de los Lugares de Importancia Comunitaria a que se refiere el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000".

La portavoz socialista en Murcia, Teresa Rosique, recuerda que la enmienda se introdujo en el último momento, de forma que no hubo informe ni de Costas, ni del Consejo Consultivo de la Región. Bajo el críptico texto se escondía la intención de desproteger entre 7.000 y 11.500 hectáreas -la primera cifra la reconoció el Ejecutivo regional y la segunda la dan profesores de la Universidad de Murcia como Miguel Ángel Esteve-. Con esa norma sólo era parque natural lo que hubiera protegido la UE.

Al superponer el mapa de los parques naturales de Murcia con los Lugares de Importancia Comunitaria, lo que quedaba fuera perdía la protección. Y una parte de lo que sobresalía estaba en el parque natural Cabo de Cope-Puntas de Calnegre, un reducto en la costa virgen que aún queda en el sur de Murcia. La zona, con poca agua y mal comunicada, se había salvado de la depredación del Mediterráneo.

La intención era construir allí unas 9.000 viviendas, una veintena de hoteles, seis campos de golf y una marina interior con 2.000 amarres (ahora reducidos a 1.400). Sería accesible por una autovía de peaje -que ya está construida, aunque casi nadie circula por ella- y por un aeropuerto privado -cuyas obras avanzan a cámara lenta-.

La crisis económica paralizó de facto la urbanización. Los ecologistas y la oposición consideraron que el parón daría tiempo al Constitucional a resolver el recurso. Ilusos.

Ahora, la comunidad autónoma y los propietarios del suelo han anunciado que relanzan el proyecto con un nuevo diseño. Y que su intención es aprobar los planes generales de los ayuntamientos antes de 2010. Iberdrola Inmobiliaria, principal propietaria del terreno, lo define como uno de sus "proyectos estrella". La filial de la eléctrica tiene suelo porque hace décadas planeó construir allí una central nuclear.

La directora general de Infraestructuras Turísticas de la Comunidad de Murcia, Marina García, defiende que el proyecto es "de interés regional" y que "salvaguarda los valores ambientales y paisajísticos": "Es lo más sostenible que vamos a tener, un referente turístico a nivel del Mediterráneo, con 10 millones de metros cuadrados protegidos".

García explica que los dueños del terreno buscan ya inversores que aporten los 4.000 millones necesarios y que a final de año los ayuntamientos implicados aprobarán sus planes generales. Entonces el proyecto pasará a la comunidad autónoma. El anuncio ha inquietado a ecologistas como la Asociación Prolitoral, que agrupa a Greenpeace y Ecologistas en Acción, que mantienen otro contencioso con la comunidad por este asunto.

García espera también un fallo del Constitucional: "Creemos que avalará la ley y si no, los servicios jurídicos estudiarán la sentencia". La socialista Rosique lamenta la tardanza de la justica: "El texto recurrido es sólo un párrafo y la verdad es que ya debían haber dicho algo. Sería lo mejor para los inversores y los compradores. Si el Constitucional anula esa ley, Marina de Cope se cae como un castillo de naipes".

La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, carga contra el tribunal: "La Constitución establece que el medioambiente es un derecho, pero a la hora de la verdad siempre queda detrás en las prioridades de los jueces".

El caso de Marina de Cope es una bandera ecologista. El profesor de Ecología de la Universidad de Murcia Miguel Ángel Esteve afirma que "el proyecto está fuera de su tiempo. Es megalómano y contrario a lo que entendemos como turismo de calidad". En Marina de Cope se podrá ver el cambio del modelo productivo.

jueves, 25 de junio de 2009

IU+Los Verdes asegura que el Ayuntamiento de Murcia "abandona a su suerte" a los vecinos del barrio de La Paz

MURCIA.- La concejala de IU+Los Verdes en Murcia, Esther Herguedas, dijo hoy que el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del barrio de La Paz, aprobado hoy en sesión plenaria, "es una temeridad porque el ayuntamiento abandona a su suerte a los vecinos de esa zona", según informaron fuentes del partido en comunicado.

Herguedas, que votó en contra del proyecto, indicó que la recuperación de los barrios suele estar ligada a la promoción pública, por lo que "son los ayuntamientos los que directamente, a través de entes creados al efecto o por concurso lideran la rehabilitación y ésta no queda en manos de promotores privados".

"Este abandono de sus responsabilidades por parte del consistorio, no sólo es contraria al mandato constitucional de impedir la especulación y permitir a la comunidad participar en las plusvalías generadas por el urbanismo, sino que sitúa a los vecinos en una difícil situación", apuntó.

Al hilo, señaló que "es posible que ni los propios promotores del proyecto sean conscientes del riesgo y responsabilidades que asumen, y que desconozcan sus obligaciones jurídicas y legales al optar por el sistema de compensación, que es el que establece el PERI".

Según Herguedas, por medio del citado sistema, los propietarios corren con los gastos de la urbanización en la proporción que les corresponda, mientras que el gestor no es responsable patrimonial, "por lo que no se juega su dinero y, por tanto, nada le impide abandonar este proyecto".

En este sentido, se preguntó cómo los promotores del proyecto podrán garantizar si poseen los recursos suficientes para "defender" los intereses de los 1.502 propietarios de las viviendas, asumir los riesgos de esta actuación, y cumplir lo estipulado en el PERI.

Al tiempo que recordó que el sistema de compensación por el que se ha optado afecta "no sólo a los promotores del proyecto, sino también a los vecinos que no se adhieran a él ya que la mitad de los vecinos se van a ver arrastrados hacia una actuación que promueve la otra mitad".

"Como el sistema de compensación permite expropiar a los propietarios que no se adhieran a la Junta de Compensación, la aprobación de este PERI supone que el ayuntamiento estaría apoyando la expropiación de la mitad de los vecinos de La Paz, y en este caso no hablamos de terrenos sino de derechos", puntualizó.

Además, Herguedas aseguró que ha intentado acceder al expediente del proyecto para conocer el nombre de los promotores, si bien indicó que sólo se menciona a Bienvenida Meroño, "a la que se añaden de manera ambigua 'otros'".

En opinión de la edil de IU+Los Verdes, "debería presentarse la documentación que demuestre el número de propietarios, perfectamente identificados, acompañado de información que demuestre la voluntad de promover este PERI y asumir los riesgos de la actuación".

"El equipo de Gobierno ha demostrado tener poco interés en el barrio de La Paz, ya que sólo ha querido entretener a los vecinos en torno a una ilusión que difícilmente va a culminar", concluyó.

El Ayuntamiento de Cartagena aprueba cambiar el uso de suelo industrial por residencial de los terrenos de Zincsa

CARTAGENA.- La Comisión Informativa de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena ha dictaminado favorablemente por unanimidad la aprobación provisional de la modificación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGMOU) de Cartagena, en los antiguos terrenos de Zincsa en Torreciega, lo que supondrá el cambio de uso de los 638.000 metros cuadrados que ocupaba la antigua factoría, que dejarán de ser suelo industrial para convertirse en suelo residencial.

Como resultado, se obtendrán unos 300.000 metros cuadrados de edificabilidad para la construcción de viviendas y otros 24.000 metros cuadrados para uso terciario, según el Ayuntamiento, que dijo cumplir así con "su compromiso con la empresa, que deberá ahora construir una nueva fábrica en Los Camachos para el mantenimiento de los actuales puestos de trabajo".

En concreto, la modificación se refiere al úmero 130 del PGMOU en Sector Z y CE-2 de Cartagena, y contempla, además, las superficies necesarias de sistemas generales, espacios libres, equipamientos y comunicaciones. Así pues, la aprobación municipal se llevará a efecto en un próximo pleno y estará, en todo caso, condicionada a que la empresa cumpla definitivamente sus compromisos, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

Al respecto, el Ayuntamiento recordó que el 18 de agosto de 2006, el Consistorio de Cartagena firmó un acuerdo con Española del Zinc (Zincsa) para la recalificación de los terrenos, condicionado al traslado de la actividad industrial y al mantenimiento de los puestos de trabajo, conforme a un acuerdo anterior alcanzado entre trabajadores y empresa.

Según señaló el concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, con este trámite, el Ayuntamiento "ya ha hecho todo lo que se había comprometido", y precisó que la recalificación, que todavía debe ser aprobada por la Comunidad Autónoma, "no llegaría a producirse si finalmente la empresa no cumpliera con lo acordado".