Moody's mejora el rating de solidez financiera de Caser a 'Baa1' tras la compra de Helvetia

MADRID.- Moody's ha mejorado el rating de solidez financiera (IFSR) de Caser desde 'Baa2' hasta 'Baa1' y ha cambiado su perspectiva a 'positiva', según ha informado la agencia de calificación.

La actualización responde a la adquisición de Caser por parte de Helvetia el pasado mes. Según Moody's, la adquisición tiene un beneficio inmediato en la flexibilidad financiera de Caser, una compañía que al no cotizar en Bolsa no tiene acceso al mercado de valores y cuya flexibilidad financiera se vio limitada por la calidad crediticia de sus anteriores accionistas bancarios.

De ahora en adelante, Moody's evaluará a Caser como parte del grupo Helvetia, que por su parte ha demostrado un buen nivel de acceso a los mercados de capitales, reflejada en la emisión de varios bonos subordinados en 2020 y la exitosa ampliación de capital de junio, ha apuntado Moody's.

La perspectiva es 'positiva' porque el perfil crediticio de Caser podría mejorar aún más a medida que se integre en el grupo suizo. En el primer semestre de 2020, Moody's espera que la rentabilidad de Helvetia y Caser se vea afectada por menores ingresos por inversiones, pero que su solvencia se mantenga resistente.

El Tribunal Supremo condena a todas las antiguas cajas de ahorro a pagar un plus salarial a su plantilla

MADRID.- El Tribunal Supremo acaba de condenar a todas las entidades financieras sujetas al convenio de cajas de ahorro a abonar un complemento salarial al conjunto de su plantilla al dar finalmente la razón a la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) en un largo pulso judicial abierto en torno a las condiciones del último acuerdo laboral del ramo, según Cinco Días.

En un fallo emitido el 13 de mayo y difundido este martes, la Sala de lo Social del Alto Tribunal ha declarado nula la suspensión de una paga lo que obligará al sector a pagar unos 450 euros de media a sus 80.000 empleados. Aunque la cifra supondría un coste estimado de 35 millones para el conjunto de entidades desde la patronal de las cajas limitan el impacto conjunto a 13,2 millones (si bien esta cifra no contemplaría el coste para CaixaBank, que ya fue condenada en un litigio aparte).

Se trata de un complemento variable de entre 217,75 y 647,51 euros por empleado, en función de su categoría, cuyo pago quedó en suspenso durante la enconada negociación del convenio colectivo de cajas de ahorro para el periodo 2015 a 2018, firmado en agosto de 2016.

Malestar entre ex empleados y ex directivos de 'Caja Murcia' en relación a un complemento de jubilación

MURCIA.- El contenido informativo desarrollado hoy por el digital Voz Pópuli en referencia a la imputación del ex presidente ejecutivo de Caja Murcia y actual consejero externo de Bankia, Carlos Egea Krauel, viene a confirmar el creciente malestar existente entre algunos empleados, incluso directivos de la ya desaparecida entidad financiera regional, en relación a la mencionada póliza (emitida con fecha 12 de enero de 2011), en concreto la Nº 54.561, así como la referida en el apartado de grupo asegurable descrito en la página 1 de las Condiciones Particulares que rigen el funcionamiento de la misma. 

Citamos textualmente el grupo asegurable:
“Personal ingresado con anterioridad al 29 de mayo de 1986, al servicio de la empresa tomadora para la que la empresa mantiene compromisos de previsión social complementarios al Plan de Pensiones de Empleados de la Caja de Ahorros de Murcia y a la póliza 52.781, del mismo tomador con la aseguradora CASER”.
Esta información amparada en las Diligencias Preliminares 717/2016, fue facilitada por el Tomador (BMN), dando cumplimiento al auto de fecha 3 de octubre de 2017 dictado por el Juzgado de lo Social Nº 1 de Murcia.
En el caso de la póliza Nº 52.781 (emitida con fecha 01 de Diciembre de 2001), el grupo asegurable viene referenciado con el siguiente literal:
“Personal directivo al servicio de la Empresa Tomadora”.
Ambas pólizas, tienen como objetivo atender los compromisos por pensiones de la Empresa Tomadora del seguro y, por tanto están sujetas al régimen previsto en la disposición adicional primera de la Ley 8/1987 de 8 de junio de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, así como al RD 1588/1.999, de 15 de octubre en el que expresamente se hace constar que las pólizas (contratos de seguro) instrumentalizan compromisos por pensiones".
El malestar referido, se ha ido materializando conforme algunos de los asegurados, habiendo alcanzado su estatus de jubilado por el INSS, o bien al haber superado las prestaciones por desempleo (Parado de Larga Duración), han intentado disponer de los capitales cubiertos (provisiones matemáticas).
En todos los casos, la Compañía se ha negado a facilitar la información necesaria y suficiente que permitiera comprobar si el importe liquidado cumple los compromisos en relación a las primas, interés técnico garantizado y participación en beneficios.
La firma de los correspondientes finiquitos se ha realizado en clara situación de indefensión por parte de los asegurados, este vicio oculto posiblemente motive en breve el inicio de acciones legales tendentes a restituir los presuntos daños económicos infringidos a sus titulares.
Por parte del actual Tomador (Bankia), solo se ha obtenido como respuesta el silencio, en los casos que se ha requerido su participación.
Estas pólizas siempre han estado rodeadas de la máxima opacidad, desconociendo los motivos reales que han alimentado este proceder tanto por parte de Caja de Ahorros de Murcia, posteriormente BMN y actualmente Bankia, y el de la propia Compañía que debería haber sido el actor más interesado en que se dotara a las mismas de la máxima transparencia, para respaldar su intachable actuación como garante de las coberturas recogidas en ellas.
La creación de las pólizas 52.781 y 54.561 no representan un acto jurídicamente cuestionable en origen según las fuentes consultadas, pues dan respuesta a los compromisos entre empresa y trabajadores recogidos en los correspondientes convenios sectoriales, en concreto en el capítulo IX (Previsión Social).
La fecha del 29 de mayo de 1986, corresponde al día que se da por extinguido el Convenio XIII de los Empleados de las Cajas de Ahorros y entra en vigor el XIV.
La diferencia más destacable es el paso de una PRESTACION DEFINIDA (complementos a la pensión de la S. Social para evitar la pérdida de valor adquisitivo entre importe de nómina en base mensual e importe de la pensión en base mensual), que a partir de esa fecha pasa a ser de APORTACION DEFINIDA (un importe determinado en base anual y en función de la categoría profesional).
Las pólizas recogen esos compromisos de complementos a la jubilación obtenidos por los servicios prestados a la empresa antes del cambio de convenio y de la externalización a Fondos de Pensiones del Sistema de Empleo a partir del año 2001.
El motivo de los requerimientos que formula el Banco Central Europeo, no cuestiona la legalidad de las mismas, sino que intenta aclarar el origen de los fondos que permitieron su constitución, en concreto la segunda, que por su fecha de emisión ya la sitúa en fechas en las que BMN había recibido fondos públicos del rescate.
Algunos comentarios apuntan al trato de favor obtenido recientemente por un empleado directivo, que ha podido rescatar los importes a su favor, sin que se dieran ninguna de las condiciones para hacer efectiva alguna de las coberturas recogidas en las condiciones generales de las pólizas.
Si bien los máximos responsable de la Caja de Ahorros de Murcia afirman que su actuación es “totalmente correcta”, hay dudas razonables e indicios suficientes para pensar que la administración de los fondos que atesoraban estas pólizas han sido manejados de forma no muy rigurosa.
Las acciones en curso promovidas por alguno de los presuntamente perjudicados, antes o después finalizarán en un auto judicial que dicte la realización de una AUDITORIA de las citadas pólizas desde la fecha de su constitución.
Si bien el Tomador inicial ha desaparecido, el nuevo Tomador hacía con fecha 22 de diciembre de 2017 las siguientes manifestaciones:
“En virtud de la mencionada operación de fusión, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, a partir del 1 de enero de 2018 Bankia se subrogará en la posición de BMN en lo relativo a tu relación laboral, manteniendo la totalidad de tus derechos y obligaciones laborales, una vez se obtengan las autorizaciones legales correspondientes y las aprobaciones de los Consejos de Administración de Ambas Entidades”.
Caser, S.A., tiene asumidas sus responsabilidades desde el mimo momento de la emisión de las pólizas, pues sus obligaciones también están reguladas y recogidas en las Condiciones Generales y Particulares de las Pólizas, estando sometida a un importante organismo regulador como es la Dirección de Seguros y Fondos de Pensiones.
Todos los intervinientes en la administración de estas pólizas y de los fondos contenidos, nutridos en algunas de las pólizas con aportaciones anuales complementarias, están identificados tanto por el lado del Tomador, como de la Compañía, pudiéndole exigir llegado el caso sus responsabilidades en el caso de que se haya producido alguna anomalía, intencionada, por error u omisión.
Las pólizas y sus derivadas, son actualmente un asunto de difícil encaje, pero que no a mucho tardar sacaran a la luz con total transparencia la verdad que esconden.

El FROB reduce un 5% sus pérdidas en 2018, hasta 905 millones de euros

MADRID.- El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), fondo creado con el objetivo de reforzar los fondos propios de las entidades financieras y gestionar íntegramente los procesos de restructuración del sistema financiero español, cerró el ejercicio 2018 con unas pérdidas de 905 millones de euros, casi un 5% menos que en el año anterior, un resultado que se explica principalmente por los deterioros registrados por la valoración contable de sus participadas.

El activo en 2018 fue de 10.936 millones de euros y el pasivo de 11.404 millones de euros, por lo que el patrimonio neto del FROB arrojó un resultado negativo de 469 millones de euros.

El activo del balance del FROB recoge las participaciones en BFA y la inversión en Sareb, además de la posición de tesorería. En el pasivo, el FROB se financia mediante el préstamo recibido del Tesoro, cuyo saldo al cierre del ejercicio ascendía a 10.456 millones de euros.

Según ha explicado el FROB, este balance supone que el resultado financiero de la institución sea recurrentemente negativo, ya que los activos no generan ingresos financieros suficientes para compensar dicho gasto. Aunque la ley le permite operar con este patrimonio, también prevé mecanismos para incrementarlo.

En cuanto a la valoración de sus participadas, el FROB ha procedido a estimar el valor recuperable de su participación en el Grupo BFA, para lo que ha comparado el valor contable de BFA registrado por el Fondo al cierre del ejercicio anterior con el patrimonio neto consolidado del grupo BFA (corregido por los intereses minoritarios) y reflejado en sus cuentas anuales consolidadas, más las plusvalías tácitas de fácil realización de la cartera de renta fija.

El resultado ha sido un impacto negativo en cuenta de resultados de 297 millones de euros, que contrasta con el impacto positivo de 60 millones de 2017 tras la aprobación de la fusión por absorción de BMN por parte de Bankia.

Asimismo, ha registrado un deterioro de su inversión en Sareb por un total de 382 millones de euros correspondiente a la deuda subordinada suscrita, como consecuencia de la comparación del valor en libros del FROB al cierre del ejercicio anterior con el valor actual de la previsión de flujos de efectivo futuros a recibir por el organismo, considerando las proyecciones de recuperación obtenidas del plan de negocio aprobado por la compañía.

El FROB ha comunicado que durante 2018 se registraron movimientos de provisiones relacionados con contingencias legales y garantías otorgadas en diferentes procesos de venta de entidades, que tuvieron un impacto neto conjunto negativo en la cuenta de resultados por importe de 118 millones de euros.

De este importe destacan las dotaciones por posibles contingencias derivadas de procesos judiciales relativos a la desinversión en entidades, un total de 253 millones de euros, la liberación de provisiones de 95 millones relacionadas con garantías otorgadas en el proceso de desinversión de Banco Gallego y la reducción del coste estimado por el esquema de protección de activos concedido en la venta de Banco de Valencia, que asciende a 62 millones de euros.

El FROB ha indicado que dispone de una posición de tesorería "suficiente" para hacer frente a sus compromisos previstos a medio plazo. Así, a 31 de diciembre de 2018 el importe de la tesorería no comprometida del FROB ascendía a 1.103 millones de euros, que se encuentran invertidos en activos de deuda pública del Estado y en la cuenta corriente del Banco de España.

El FROB financia sus gastos de explotación sin cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sino mediante una tasa sufragada por la industria financiera, lo que supuso un ingreso en 2018 de más de 18 millones de euros.

Por su parte, el Fondo de Resolución Nacional (FRN) registró un resultado positivo de 42.000 euros, procedente de la recaudación de las contribuciones al FRN realizadas por las empresas de servicios de inversión no incluidas en el ámbito de la supervisión en base consolidada de su entidad matriz realizada por el Banco Central Europeo (BCE).

Al cierre del ejercicio, el patrimonio neto del fondo asciendía a cuatro millones de euros, acumulando las contribuciones realizadas por estas entidades entre 2015 y 2018 (ambos incluidos).