MADRID.- La
fiesta de la democracia este año es más larga que nunca. Dura un mes, y
el domingo que viene toca acudir de nuevo a las urnas para decidir los
gobiernos de proximidad, es decir, los regionales. Los expertos prevén
que la alta participación en los comicios generales pueda traducirse en
que muchos de esos votantes piensen que ya han cumplido y no acudan a
las urnas el 26 de mayo porque las autonomías son algo secundario, según se publica en La Razón.
Sin
embargo, las comunidades tienen competencias que afectan al ciudadano,
como en materia sanitaria, educativa, algunas infraestructuras o una
parte fiscal. Además, de la administración territorial depende la
gestión económica del lugar donde se ha nacido o se reside y, por lo
tanto, el impacto es directo. De ese modo, es relevante saber si las
autonomías han hecho bien su trabajo estos últimos cuatro años y el
Gobierno regional merece la reelección o será mejor dar la alternativa a
otro.
El
resultado electoral también condicionará si en la próxima legislatura
se puede llegar a un acuerdo para reformar la tan mencionada
financiación autonómica. El PSOE formará el Gobierno Central, pero se
puede encontrar con que la oposición se la hagan desde los gobiernos
autonómico.
El profesor de Economía de Comillas ICADE Emilio González
admite que el PSOE «se puede quedar con Asturias y, si acaso, con
Extremadura», pues el Partido Popular y Ciudadanos llegarían a pactos
para gobernar en el resto de autonomías.
Así, en estas regiones
administradas por la derecha se aprovecharían las competencias para
contrarrestar las medidas que Pedro Sánchez aplique a nivel nacional, lo
cual celebra González porque, según él, «lo que plantea el presidente
no es lo más correcto para la economía en un momento de desaceleración
que podría agudizarse tras recrudecerse la guerra comercial entre China y
Estados Unidos».
Pero las predicciones sólo
son ciencia ficción, y la realidad es que la reforma del sistema de
financiación autonómica resulta necesaria. La pregunta que debería
hacerse antes de acometerla es «qué gasto público tenemos y reordenarlo
porque debemos financiar otros que están creciendo por el envejecimiento
poblacional como el de pensiones, el de sanidad y el de dependencia.
Otra condición es imponer más transparencia en los gastos de las
autonomías porque no son claros».
Estos
arreglos legislativos podrían revertir la situación de nuestro sistema
autonómico, que es «injusto y fracasado», califica González, «porque la
descentralización está mal concebida». La cesión de competencias está
mal planteada porque se produce un choque entre las estatales y las
nacionales.
El profesor de Comillas pone el ejemplo de la educación, que
suele ser compartida entre ambas administraciones: «Los programas
formativos los realiza la central, pero la inversión en ellos las
autonomías».
Y unas ponen más dinero que otras, lo que provoca que ese
plan de contenidos tenga más incidencia en las que hacen una mayor
inversión en el mismo.
Despoblación
En
el caso de Castilla y León, apunta Fernández, su principal problema es
que está sufriendo un fuerte proceso de despoblación. En los últimos
cinco años ha perdido casi 90.000 personas, lo que se traduce en menos
potencial de crecimiento porque, entre otras cosas, desciende la
población activa, la que está dispuesta a trabajar. De 1,14 millones de
personas activas en el primer trimestre de 2015 han pasado a 1,10
millones en el mismo periodo de 2019.
El
mismo problema lo sufre Asturias, donde la población baja imparablemente
desde el año 2009, cuando contaba con 1,08 millones de censado y ahora
sólo con 1,02 millones. El resultado es que la población activa se ha
reducido en más de 20.000 personas en los últimos dos años.
Además, en
Asturias se sufre el problema de ser una comunidad periférica, lo cual
también sufren en Extremadura y una de las consecuencias de esa
característica es que el transporte es de mucha más deficiente. Por lo
tanto, el tráfico de personas y de mercancías se ve obstaculidad.
Los archipiélagos han sido un ejemplo para el resto
El
reto que las comunidades tenían en la legislatura que está a punto de
cerrarse era salir con solvencia de la crisis. Sin embargo, cuatro años
después ese desafío se mantiene, explica el director ejecutivo de la
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente.
«El déficit sigue medio controlado, pero con problemas latentes
importantes y la deuda está muy alta todavía. Hay que tener cuidado y
seguir mejorando para tener más colchón la próxima vez que llegue una
recesión».
No obstante, desde 2015 sólo
siete de las diecisiete comunidades autónomas (Baleares, Cataluña,
Canarias, Navarra, Castilla-La Mancha, País Vasco y Galicia) han
rebajado su deuda pública. Baleares ha logrado reducirla hasta en 2,6
puntos (más de un punto que la región que ocupa el segundo puesto), y
País Vasco es el territorio con menor deuda (13,6%).
De
las comunidades que la aumentaron, algunas como Madrid podían
permitírselo porque han seguido manteniéndola por debajo del 15%. Sin
embargo, la Comunidad Valenciana, que en 2015 tenía un 41,6%, a finales
de 2018 la había incremento un 0,2.
En el
caso de la región gobernada por el socialista Ximo Puig (que ha
revalidado su puesto tras adelantar las elecciones al 28 de abril), la
administración autonómica era contraria a las normas de austeridad
fiscal del Gobierno central del Partido Popular.
El deseo de Puig era
aplicar políticas de expansión, por la que el Ejecutivo de Rajoy aplicó
un elevado tipo de interés a los préstamos del FLA que otorgó a la
comunidad (y dejó a devolver más de 3.000 millones desde 2012), cuando
en otras el interés era del 0%.
Las consecuencias de no cumplir con los
límites impuestos (a todas las comunidades autónomas y los grandes
ayuntamientos) por la Administración Central llegan más lejos. Las
emisiones de deuda de la región pasan a ser muy pequeñas y no satisfacen
a los inversores más potentes.
Además, la prima de riesgo se situará en
niveles más altos que en los de la media nacional. Todo ello por no
tener las garantías del Ejecutivo estatal.
En
cuanto al déficit, sólo cinco comunidades han logrado alcanzar un
superávit: Canarias, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias. Canarias
merece especial atención porque ha pasado de un déficit del -0,91% en
2014 a cerrar 2018 con un superávit del 2,06%, aunque el gabinete ha
decidido ya invertir ese superávit sin esperar la autorización estatal.
Castilla-La Mancha crece en empleo y riqueza
Se
tiende a pensar que las comunidades con más recursos y que reúnen más
grandes empresas son las que más oportunidades de crecimiento tienen.
Sin embargo, en esta legislatura se ha demostrado lo contrario. El
crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) no ha dependido tanto de
la riqueza presente de las regiones, sino de saber aprovechar el
potencial que aún quedaba por explotar.
Así, las siete autonomías cuyo
PIB más ha crecido desde 2015 han sido, por este orden, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Principado de Asturias, Galicia, Cantabria,
Castilla y León y Murcia.
Mientras, Cataluña, País Vasco, Comunidad
Valenciana o Madrid han registrado un crecimiento menor al de la media
nacional. Navarra, Canarias y La Rioja han sido las que menos riqueza
han generado.
Algo curioso en el caso de
Navarra pues, a su vez, ha sido la que más ha rebajado su tasa de paro
entre 2015 y los últimos datos de 2019. Era la que menor desempleo tenía
hace cuatro años y, a pesar de eso, ha logrado rebajarlo a casi la
mitad.
Por su parte, en 2015 el dato de paro
de Castilla-La Mancha era muy preocupante, un 28,69%, siendo la cuarta
comunidad por la cola. Pero han logrado descender la tasa en más de un
45% hasta el 15,74% .
De este modo, tras Navarra han sido la segunda
región que más ha rebajado su tasa de paro, aunque aún se mantiene por
encima de la media nacional.
Para De la
Fuente, el desempleo será un aspecto a corregir en la próxima
legislatura porque «todavía hay muchos parados de larga duración». De
hecho, España es el segundo país de la Unión Europea que más tiene (sólo
tras Grecia), con una tasa del 6,4%, duplicando de sobra a la de la UE,
que se sitúa en el 2,9%.
De la Fuente
subraya que se deben reformar los servicios públicos de empleo de las CC
AA porque «con alguna excepción, no funcionan demasiado bien». Estos
sistemas es una de las pocas herramientas que las comunidades tienen
para disminuir el paro, condición que, en gran medida, depende de la
política macroeconómica, en manos del Gobierno central, o de la política
monetaria, la cual gestiona el Banco Central Europeo.
El
profesor de Economía de Comillas ICADE Emilio González, cuenta que las
herramientas para crear empleo que poseen las administraciones
regionales son el apoyo a la creación de compañías, el desarrollo de
parques empresariales, el fomento de la atracción de inversión y la
ayuda a los sectores que desee incentivar.
Cataluña: la mayor presión fiscal
Uno
de los terrenos en los que las autonomías tienen más competencias es el
de la fiscalidad. Las administraciones territoriales pueden aprobar
impuestos propios, de los cuales Cataluña cuenta con 13, según Hacienda,
liderando una lista que cierran Castilla y León y Castilla-La Mancha
con sólo dos.
Pero, además, pueden aplicarle lo que se llama un tramo
autonómico a la base estatal del impuesto. La del IRPF se redujo
notablemente en 2016 con la entrada en vigor de la reforma del Ejecutivo
de Mariano Rajoy.
Igualmente, los tipos impositivos de este gravamen,
el que a más ciudadanos afecta, pueden ser reducidos o aumentados por
las autonomías.
En el IRPF, Cataluña vuelve a
ser la comunidad donde los contribuyentes soportan mayor presión
fiscal, pues el tipo máximo alcanza el 48% y el mínimo el 21,5%.
Mientras, Madrid es la autonomía donde menos carga soportan los
ciudadanos, pues el máximo se rebaja del 45% nacional al 43,5%, y el
mínimo se mantiene en el 19% de la base estatal.
Como
es evidente, no es lo mismo pagar impuestos en uno u otro territorio.
En este sentido, el director ejecutivo de Fedea sostiene que en materia
fiscal «hay diferencias importantes entre las comunidades, con un
componente ideológico muy claro. Los gobiernos de derecha intentan
mantener impuestos bajos, mientras que los de izquierdas son más
partidarios de incrementarlos para financiar un mayor gasto social».
Por
eso mismo, los gobiernos socialistas abogan por mantener el Impuesto de
Sucesiones, mientras que Partido Popular y Ciudadanos han anunciado
que lo eliminarían.
Un país y diferentes realidades
En
España hay muchas Españas. Las autonomías no dedican el mismo dinero
que otras en los distintas servicios y, por ejemplo, puede ser
preferible enfermarse en una región que en otra por los recursos de los
que dispongan los centros médicos. Así, en sanidad destaca la franja
norte. País Vasco, Asturias y Navarra dedican una cantidad superior a
los 1.600 euros por ciudadano cada año.
Muy por encima del perseguidor,
Extremadura (1.488). La brecha es gigante respecto a las dos regiones
que cierran la lista, Cataluña y Andalucía, que invierten menos de 1.200
euros anuales per cápita. No obstante, para De la Fuente, la sanidad y
la dependencia deberá ser una de las prioridades de los gobiernos que
salgan de los comicios del 26 de mayo por el envejecimiento poblacional.
Las
diferencias en cuanto a inversión en infraestructuras son abismales.
Mientras en Madrid se ha gastado anualmente desde 2015 unos 333 millones
de euros, en Castilla-La Mancha, que supera a la capital en más de
70.000 km2, la inversión sólo ha sido de 23 millones de euros cada año.
Por
último, De la Fuente cree que el reto de los gobiernos autonómicos
durante la próxima legislatura sería la educación, «que el sistema
funcione bien y se adapte a las necesidades del país, tanto tecnológicas
como de empleo».
Además, se debe intentar igualar la calidad de la
educación en todo el territorio, ya que según el último informe PISA las
diferencias son enormes entre la que mejor puntuación logra, Castilla y
León, y la peor, Canarias. Y no es casualidad, pues la comunidad
peninsular invierte más de 500 euros al año por alumno que el
archipiélago.
Las ricas regiones industrializadas
Aquella
expresión del café para todos con la que se intentaba describir la
creación del estado de las autonomías no era precisa. Un claro ejemplo
es la estructura económica, que varía mucho entre comunidades.
Es el
caso de las islas y Madrid, donde el sector preponderante es el de los
servicios, mientras que en Navarra, País Vasco y La Rioja un tercio de
la economía se sostiene en la industria.
Estos
tres últimos territorios están entre los seis que tienen más renta per
cápita que la media. Madrid lidera ese ránking y Baleares se sitúa
séptimo. Canarias es penúltima. La diferencia entre las dos primeras
comunidades y el archipiélago canario reside en el turismo que han
potenciado. El de Canarias es de bajo coste y repercute en salarios
precarios y elevada temporalidad.
Por su lado, «Baleares es de las
regiones más ricas porque se ha concebido un turismo de calidad con
estrategias para atraer valor añadido», cuenta González.
Los
servicios y la agricultura necesariamente no generan menos riqueza que
la industria o la construcción. Todos los sectores pueden producir un
fuerte crecimiento económico y empleos productivos de buena
remuneración, pero si se apuesta porque estas actividades sean de alta
gama.
De esa manera, la agricultura, la
ganadería y la pesca tienen escasa presencia en comunidades como
Cataluña o Madrid, pero son protagonistas en Castilla-La Mancha,
Andalucía, Aragón y Navarra, donde el «sector agroalimentario es muy
potente y crea gran valor añadido», comenta González, por ser innovador y
contar con productos de primera calidad.
