En concreto, la querella se dirige contra el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, contra su predecesor en el cargo y miembro del anterior Equipo de Gobierno, Andrés Guerrero, y contra "tres funcionarios" del Consistorio.
Así, estas dos familias consideran que los querellados aplicaron una "estrategia" a través de la que "paralizaban" la orden de cese de estas discotecas amparándose en una posibilidad que otorga la normativa y que permite el funcionamiento de los establecimientos "mientras haya abierto un procedimiento o expediente de legalización".
Así lo ha confirmado el abogado de las dos familias, José Manuel Muñoz, quien ha considerado que "no se ha actuado de forma correcta ante las distintas irregularidades".
Al contrario, a su juicio, "ha habido
una trama" y "un sistema de funcionamiento perfectamente organizado en
el que participaban", desde su punto de vista, "Navarro Corchón y
determinados funcionarios".
Ha señalado que todos ellos, "a
través de una estrategia, establecían siempre que la actividad estuviera
en funcionamiento, amparándose en una posibilidad que otorga la
normativa, la ley 4 del 2009, que permite el funcionamiento" del
establecimiento "mientras haya abierto un procedimiento de
legalización".
En concreto, la normativa permite el
funcionamiento "en determinados casos" y, "aprovechando esas
posibilidad, la aplicaban de forma generalizada", según el letrado.
Así, según Muñoz, cuando se abría un procedimiento de cese, esta
"trama" respondía diciendo: "oiga, no puede usted cerrar porque hay un
procedimiento de legalización".
Cuando se imponía una
sanción, respondían que "no pasaba nada" y presentaban el procedimiento
de legalización. Ha criticado que, con esa "estrategia", iban
"paralizando cualquier incidencia que pudiera surgir".
Incluso, ha lamentado que esta "trama" llegaba "hasta el absurdo",
puesto que un procedimiento de legalización "lo paralizaban alegando que
iniciaban otro procedimiento de legalización aportando, además, la
misma documentación".
Con esta "estrategia", el abogado ha
señalado que conseguían paralizar un procedimiento de cese para que el
que se había dictado un decreto de ejecución de forma expresa.
Además, Muñoz ha considerado que "había suficientes irregularidades
sustanciales como para haber dictado la suspensión de la actividad" de
estas discotecas, en cuyo incendio fallecieron 13 personas.
Muñoz ha confirmado que va a presentar esta querella ante el Juzgado de
Instrucción nº 3 de Murcia y achaca al Ayuntamiento, al concejal y a
los funcionarios el delito de prevaricación por omisión.
De momento,
Muñoz va a presentar esta querella en nombre de las dos familias a las
que representa, aunque no cierra la puerta a que se sumen otros
afectados si hay "coordinación".
Muñoz ha criticado que se trata de una "trama" porque se trataba de una
"forma de operar" que tenía el Ayuntamiento. "Está afectado este caso,
pero habrá otros", según Muñoz que, de hecho, ha recordado que solo una
semana después del incendio, el Consistorio ya había suspendido la
actividad de otros siete locales, cuyos expedientes "estarían en la
misma situación".
Ha lamentado que "se produjo una división
que hubiera determinado adoptar una adaptación" de las discotecas, según
este abogado. "Es más, el local incumplía las normativas de
planeamiento, por lo que nunca iba a ser legalizable. Y, en cambio, se
permitió que funcionara".
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