En este sentido, se han presentado 99 escritos de acusación y se han dictado 95 sentencias condenatorias durante el año 2022, según la Memoria 2023 --con datos relativos a 2022-- presentada por el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera.
La tramitación de la mayoría de estos delitos viene de la mano de la llegada de pateras a las costas de la Región, principalmente en el partido judicial de Cartagena y lorca e incoadas contra las personas encargadas del manejo de dichas embarcaciones.
En el pasado año 2022 han aumentado las estadísticas de interceptación de migrantes y embarcaciones tipo patera, pudiendo contabilizarse nada más que en las costas murcianas un total de 2.750 personas (entre estas un número superior a 300 entre menores y mujeres) en 250 embarcaciones --no contabilizando otro gran número no interceptado en la costa y que han regresado a costa argelina (pateras taxi)--.
En lo que respecta a los delitos de extranjería, Díaz Manzanera destacó que se mantiene la Sección con dos fiscales en Murcia (en dedicación semiexclusiva) y uno más en cada sede de la Fiscalía, ya que hay una "especial sensibilidad" con estos temas.
A este respecto, la Memoria recoge 19 causas registradas por delitos de trata de seres humanos (frente a los 23 de 2021) con seis víctimas identificadas, sin escritos de acusación ni sentencias. Se trata, añade, de "falsas promesas de trabajo obligando a ejercer la prostitución, viviendo en condiciones infrahumanas".
En este sentido, Díaz manzanera ha lamentado que la trata de seres humanos es una "triste realidadoculta" porque "es la esclavitud del siglo XXI" y "uno de los peores ámbitos delictivos que existen en la sociedad".
Entre los grupos delictivos relacionados con esta materia que se cometen, la Memoria cita los homicidios y asesinatos; los abortos; los delitos contra la integridad física; los delitos contra la libertad sexual (explotación sexual, agresiones y abusos o prostitución); y los delitos contra la libertad personal (detenciones ilegales o secuestros), entre otros.
Desde este punto de vista, la Fiscalía reclama la necesidad de la consolidación del testigo protegido a las víctimas de estos delitos como "prueba preconstituida", con el sistema de distorsión de la voz y en una sala aparte de esa víctima.
También ha reivindicado la necesidad de consolidar el importante turno de oficio creado en los tres colegios de abogados de la Región; así como el control del cumplimiento de la Ley del Estatuto de la víctima del delito, con la asistencia de un trabajador social o mediador, así como la asistencia de un interprete y proporcionando residencia, trabajo y recursos económicos.
En lo que respecta a los delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, la Fiscalía ha detectado un incremento, iniciando una potenciación en su investigación en el ámbito del trabajo agrícola en coordinación con la Inspección de Trabajo y la Policía Judicial.
Así, en 2022 se registraron 42 procedimientos por este tipo penal correspondiente a la especialidad de extranjería y se presentaron 11 escritos de calificación, teniendo registro informático de 5 sentencias condenatorias.
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