Díaz Manzanera ha ofrecido estos datos en el acto de apertura del año judicial en la Región, que se ha celebrado este viernes en la Ciudad de la Justicia de Murcia en presencia, entre otras autoridades, de la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez; y el vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo.
Así, el representante del Ministerio Público ha desgranado las intervenciones del organismo en el marco de la Memoria Anual de la Fiscalía 2022, que se han caracterizado por un "leve" incremento de los procedimientos penales, con un total de 87.385 incoaciones y 9.322 juicios celebrados en la Región.
También las sentencias dictadas han aumentado hasta las 10.299, de las que 9.862 han sido conformes con la Fiscalía, lo que representa un 95,7% del total. De las absolutorias, 80 lo han sido por negarse a declarar la víctima en casos relacionados con la violencia de género.
Según la información expuesta por el fiscal superior, en 2022 se ha producido un "leve" aumento de los delitos contra la integridad física, la libertad sexual, el patrimonio, la salud pública y el orden público.
También han ascendido, en materia de seguridad y salud en el trabajo, los homicidios imprudentes, al pasar de tres en 2021 a nueve en 2022; y las lesiones, que han pasado de 863 a 975 (+12,9%), con 13 sentencias, de las que 12 son condenatorias.
En este punto, el fiscal superior ha querido resaltar la coordinación del organismo que representa y la Inspección de Trabajo para perseguir los delitos relacionados con la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en la Región.
La trata de seres humanos ha dado lugar a diez causas con seis víctimas identificadas en la Región. "Seguimos estando ante una triste realidad oculta considerándose la esclavitud del siglo XXI', apunta la Memoria, que también pone de relieve el incremento de personas llegadas en pateras a las costas de la Región, con un total de 2.750 en 2022 --300 de ellas mujeres o menores-- en 250 embarcaciones.
Por contra, los delitos contra la Administración Pública han roto la tendencia al alza de los últimos años y han registrado una disminución de incoaciones, sobre todo en lo que respecta a la prevaricación.
Al hilo, Díaz Manzanera ha indicado que en esto puede haber influido el "mensaje de alerta" ofrecido en años anteriores respecto al "excesivo" aumento de denuncias de este tipo, buscando "el efectivo mediático", y la necesidad de plantearlas en otros sectores del ordenamiento jurídico.
En la sección de delitos informativos se han incoado 1.318 causas judiciales, casi todas por estafas en Internet.
En materia de violencia contra la mujer constan 8.015 procedimientos incoados en 2022, con 65 ingresos en prisión provisional como medida cautelar y 50 dispositivos telemáticos de control (pulseras) activas en el territorio regional.
En este sentido, el fiscal superior ha advertido sobre el "problema" que supone la implantación de estos dispositivos en algunas poblaciones ante la "escasa cobertura de señal".
Además, ha informado de que del total de diligencias de investigación de la Fiscalía en 2022, 205 han pertenecido a la sección de Medio Ambiente y Urbanismo, e incluyen 164 procedimientos judiciales, 51 acusaciones y 44 sentencias, de las que 38 son condenatorias.
Díaz Manzanera ha incidido en el procedimiento judicial de contaminación del Mar Menor, que se encuentra a la espera de que la Audiencia Provincial fije fecha para el juicio oral. A su vez, hay 34 causas abiertas por esta misma razón en los juzgados de Cartagena y San Javier, con siete escritos de acusación presentados por el fiscal.
A este respecto, ha querido dejar claro que "se hace imprescindible el respeto de todas aquellas normas protectoras que se aprueben en este y en cualquier otro lugar con valor ecológico, siendo indiferente", según ha subrayado, "el origen de la acción contaminante".
En este apartado ha destacado dos aspectos de la labor de la Fiscalía orientados a la prevención y la persecución. Por un lado, ha mencionado las emisiones a la atmósfera provocadas las quemas agrícolas, y, por otro, las muertes de aves por electrocución.
En lo tocante a seguridad vial, Díaz Manzanera ha informado de que se han dictado 3.948 sentencias, mientras que 71 personas han cumplido penas de prisión. Además, constan 42 atestados por muerte en accidentes de tráfico, con 52 fallecidos, de los que el 53% había consumido alcohol o drogas.
Por su parte, la Fiscalía de Menores ha incoado 2.092 diligencias preliminares que han derivado en 1.259 expedientes de reforma, así como un total de 425 expedientes de determinación de edad, de los que 237 han resultado ser menores no acompañados (MENAS). También se han incoado 77 expedientes de absentismo y/o abandono escolar y se han interpuesto por esta vía una docena de denuncias por posible delito de abandono de familia.
Entre los menores, el Ministerio Público ha detectado un incremento del número de delitos de robo con violencia e intimidación, que han subido de 183 a 287, un 56,8% más.
Díaz Manzanera ha hecho hincapié en la necesidad de incrementar los medios personales y materiales de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia, al tratarse de la primera de España en carga de trabajo y la décima en número proporcional de fiscales, siendo también la primera en ratio fiscal-población.
Así, ha reivindicado que "faltan al menos unos
15 fiscales" para equiparar la media regional a la del país, aunque ha
recordado que ya se ha concedido a la Región 7 plazas en los dos últimos
concursos.
Por otro lado, ha comentado que, en cuanto a los
funcionarios, la Fiscalía de Murcia es "la peor dotada de España", con
una ratio de 0,45, cuando existen fiscalías que cuentan con un
funcionario por fiscal.
En el capítulo de necesidades
materiales, el fiscal ha considerado "imprescindible" avanzar en los
Palacios de la Justicia de Lorca y Cartagena, así como mejorar las
instalaciones en la capital de la Región.
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