La actividad de la dirección general del Mar Menor es un referente fiel del interés y compromiso del Gobierno de López Miras por la regeneración del Mar Menor. Un organismo creado en 2017 para «asumir las competencias y funciones de estudio, planificación, ejecución y desarrollo de los proyectos y actuaciones en el Mar Menor relacionados con la protección y regeneración de su ecosistema», que apenas ha ejecutado una tercera parte del presupuesto asignado en el trienio 2018-2020: concretamente 10.990.826 euros de los 30,5 millones con los que ha contado.
Así, en materia de inversiones solo ha ejecutado el 47,5% de los 18,4 millones presupuestados, a pesar de estar financiadas al 80% por los fondos FEDER de la UE; en investigación y adquisición de conocimiento sobre el Mar Menor, actividades igualmente financiadas por la UE, de 7,4 millones ha ejecutado el 11%.
Finalmente, en el capítulo de gasto corriente solo 12.000 euros de los 50.000 asignados (2018-2019), aunque algo más (hasta los 811.312 euros destinados a trabajos técnicos) en 2020 que, sin embargo, representan el 21% de la asignación inicial de 3,8 millones, entre otras cosas para el denominado Centro de Seguimiento Medioambiental del Mar Menor (2,8 millones) del que no existe rastro identificable en la memoria presupuestaria.
La propia directora general, Mirian Pérez, aportaba la clave de este desaguisado en un documento interno dirigido al consejero Antonio Luengo, anterior director del chiringuito, en el que pone de manifiesto «la falta de personal y de la estructura necesaria para el desarrollo de sus funciones». Con este panorama a nadie extraña que, además de lo anterior, en 2021 haya ejecutado hasta junio solo el 4,4% de los 13 millones asignados.
Pero la verdadera razón es que a López Miras no le importa lo más mínimo la recuperación de la laguna; su interés está centrado cínicamente en ganar la batalla mediática a base de ridículos faroles, como el de la apertura de golas, o de propuestas aparentemente lógicas pero ineficaces y acientíficas, todo para disimular que la situación se ha ido totalmente de las manos y afrontarla supondría asumir la reconversión del modelo agrícola intensivo impulsado, entre otras, por las diez empresas señaladas por la Fiscalía en la investigación del caso Topillo, responsables de la mayor parte del vertido de las 1.450 toneladas de nitratos anuales, según el CEBAS, que llegan al Mar Menor.
(*) Coordinador regional de Izquierda Unida
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