MADRID.- El sector inmobiliario se está reactivando y mantiene el
calendario de entregas en el mercado residencial de obra nueva. Pero la
consultora CBRE prevé que el precio de estas viviendas puede ceder entre el 2%
y el 4%, una caída aún más marcada en el caso de los activos de segunda mano.
Hay que tener en cuenta que la demanda residencial mostró signos
de ralentización previo a la llegada del covid-19, como consecuencia de un entorno de maduración del mercado. En
el primer trimestre de 2020 se observó una caída del 16% con 116.000 viviendas
vendidas.
Según las estimaciones de CBRE, en 2020 las transacciones totales de vivienda podrían caer en torno a un 20-25% respecto
al año anterior, por lo que el total de viviendas vendidas este año
rondarían las 425.000/450.000 (inicialmente estimadas en 600.000
viviendas en situación precovid).
En concreto, se prevé un mayor impacto en la vivienda de segunda
mano que en obra nueva, y especialmente en la segunda residencia en
determinadas ubicaciones como Costal del Sol y Levante. Además, Madrid y
Barcelona tendrán un menor impacto en la demanda y se esperan ajustes a nivel
provincial de entre el 10% y 15% en el número de transacciones.
El impacto la crisis sanitaria en el precio del residencial
dependerá de la ubicación y la tipología de producto. Desde la consultora
estiman una caída de los precios de la vivienda nueva de entre el 2% y el 4%.
Mientras que, en el caso de la vivienda de segunda mano, creen que se reajustará de forma más pronunciada, en torno al 6-7%,
como consecuencia del deterioro del mercado laboral, la necesidad de
venta por parte de los propietarios para conseguir liquidez y la mayor
oferta existente.
Por otro lado, la provincia de Madrid observará un ajuste en precios en la segunda mano de un 4-5% y un impacto menor en la obra nueva, que
rondaría una caída del 1-2%. Mientras que la provincia de Barcelona presentará
un ajuste en precios en la segunda mano de un 5-6% y un impacto menor en la
obra nueva, con un descenso del 2-3%.
En cuanto a la oferta, la garantía de continuidad y
ejecución de las obras en curso, así como las entregas comprometidas son
muestras de que el número de viviendas terminadas no sufrirá un impacto por el
parón del confinamiento.
Sin embargo, es probable que el número de visados de obra nueva descienda durante 2020 debido a
la parálisis de las Administraciones durante el confinamiento, así como a la evolución
del comportamiento de la demanda pos-covid.
La evolución del mercado de suelo tras la pandemia dependerá
fundamentalmente de su localización geográfica. En este sentido, continuará la actividad inversora en suelos
de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, País Vasco, Navarra y Valencia.
Las comunidades o provincias que empezaron a tener una mayor
actividad antes de estallar la pandemia, como La Coruña, Asturias, Cantabria y
Zaragoza, podrían recuperar esa tendencia tras el impacto de la crisis
económica.
En cuanto a las costas
e islas, van a registrar un descenso de la actividad para las promociones
destinadas a público extranjero y segunda residencia. Y el impacto del covid-19
se agudizará con el efecto del Brexit.
Por otro lado, desde CBRE aseguran que la mayor oferta de producto terminado y suelo limitará el interés de
los inversores. “Veremos ajustes tanto en la estructura de operaciones como
en el precio, la oferta y la demanda de suelo. La escasez de oferta de producto
de suelo finalista en los principales mercados hará que una parte relevante de
la demanda inversora se concentre en suelos en gestión y nuevos desarrollos”,
explican.
La continuidad de las operaciones tras el periodo de
confinamiento es un signo de que se mantiene el interés inversor. Una de las
tendencias que se observa como consecuencia del covid-19 es el cambio de estrategia de algunos proyectos
inicialmente destinados a la venta y que, como consecuencia del posible aumento
de la demanda en alquiler, están virando a proyectos Build to Rent (BTR).
Uno de los grandes retos en el multifamily es el aumento del parque de vivienda en alquiler
actual para poder satisfacer la demanda existente. Para ello, se hacen
necesarios acuerdos de colaboración público-privada y pactos comunes entre las
administraciones que establezcan una mayor seguridad jurídica y mayor celeridad
en la obtención de permisos y licencias vinculados a la gestión de suelo y
edificación residencial.
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