MADRID.- El Consejo General de la Abogacía Española
ha acordado este domingo mostrar su "rechazo y oposición" a la
habilitación del mes de agosto para juzgados y tribunales al
considerarlo "ineficaz" porque puede perjudicar "a la Administración de
Justicia" y resultar lesivo para "el ejercicio del derecho de defensa".
En un comunicado, el Consejo explica que "declarar hábil el mes de
agosto" lejos de "normalizar la situación y agilizar los
procedimientos" supondría "una mayor distorsión". "Difícilmente se puede
desarrollar una actividad normal si coincide con un periodo
vacacional", aclara la nota.
Esta habilitación, detalla, tendría "un efecto contraproducente,
porque conllevaría la suspensión de numerosos actos procesales ante las
dificultades de llevar a cabo actos de comunicación y la más que
probable incomparecencia de justiciables, testigos y peritos".
Por ello, la Abogacía propone "concentrar el periodo vacacional de
todos los profesionales de la Justicia en el mes de agosto" de modo que
pueda desarrollarse "la actividad ordinaria a pleno rendimiento los
meses de julio y septiembre".
"La abogacía defiende que cualquier medida dirigida al
perfeccionamiento y eficacia de la Justicia, como todos anhelamos,
requiere de la unidad y del consenso de la experiencia compartida de
todos los sectores profesionales que trabajamos con un objetivo común
cuál es la dignificación de la Justicia", señala el comunicado.
La Abogacía ha respondido así después de que el ministro de
Justicia, Juan Carlos Campo, reiterara el pasado jueves a los
principales sindicatos de la administración de Justicia la apuesta por
habilitar varias semanas del mes de agosto para agilizar la acumulación
de asuntos judiciales por el parón de la pandemia de coronavirus.
También planteó turnos de mañana y tarde para poder cumplir las
necesarias medidas de distanciamiento social.
Por otra parte, el Consejo General de la Abogacía Española ha
mostrado su "inquebrantable compromiso" con la sociedad "en la defensa
del derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía", también en
durante la crisis del coronavirus.
"Las consecuencias económicas van a
exigir redoblar los esfuerzos para conseguir la reactivación de la
Administración de Justicia en el menor tiempo posible", ha recordado.
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