Tras seis o siete años en los que la polémica sobre el
proyecto de nuevo puerto en El Gorguel se había diluido gracias a la
desaparición de Adrián Viudes, el "inventor", y de la relativa
discreción de sus sucesores, reconducidos a la prudencia por varios
motivos de peso (de carácter esencialmente ambiental), hete aquí que
resurgen los imaginarios contenedores fantasma y el fantástico puerto
necesario, de la mano de Yolanda Muñoz, la nueva presidenta de la
Autoridad Portuaria de Cartagena (APC).
Muchos
creíamos que ese proyecto ya había sido asumido como absurdo e inviable
por los principales implicados, pero de nuevo nos hemos de enfrentar,
como serpiente de entretiempo, a la misma cantinela de un "proyecto
histórico", una "palanca del desarrollo regional", un "referente entre
los puertos europeos", etc.
La nueva promotora, que me atrevo a describir como
burócrata desarrollista tras echar un vistazo a sus labores
político-administrativas, seguramente debe venir precedida por cierta
fama de "eficaz y competente" por su trabajo en el ámbito de las
infraestructuras del Gobierno autonómico, pero no parece reparar en que
el asunto en el que se implica la puede transformar en todo lo
contrario.
Para lo cual, a más de recordarnos esa
justificación que, en definitiva, inventa necesidades, es decir, pone el
carro delante de los bueyes y se alinea con políticas de oferta en una
situación de crisis planetaria en la que nada va a discurrir por ese
marco ideológico, hace como que no conoce ni a sus compas del clan
dirigente ni a nuestra historia regional reciente.
Sólo
una pincelada para aguar los criterios de "necesidad" u "oportunidad"
del nuevo puerto: entre Tánger y Barcelona, los dos grandes puertos del
Mediterráneo más occidental, el de Valencia no tiene competidor, debido a
numerosas circunstancias, de entre las que destaca su proximidad a
Madrid.
Los excesos de sus actuales directivos, no obstante, los
enfrentan en una enconada polémica con la opinión pública, los
ecologistas y hasta con el alcalde, tanto por sus pretensiones
destructivas sobre los espacios de huerta en La Punta como por proyectar
un nuevo espigón y una extensa área para contenedores, letales para el
frágil litoral de la Albufera: no creo que se salgan con la suya.
Sin
tomar buena cuenta de ninguna de estas notas –potencial sin comparación
más conflicto social e impacto ecológico–, la APC retoma el proyecto
sin reparar en la acumulación abrumadora de locuras y necedades de las
últimas décadas en esta región escandalosa, dispuesta a añadir otro
fracaso que, en el caso –muy hipotético– de iniciarse, seguramente se
añadiría a esa cadena de abusos hacia los caudales públicos: desaladora
de Escombreras, aeropuerto de Corvera, autopista Cartagena-Vera… que son
los hitos que dan 'personalidad' a esta Administración regional
manirrota, irresponsable y –¡ay!– casi impune. Resulta curiosa esa
atracción fatal hacia el charco y el marrón, pasmosa patología de
nuestra tribu dominante.
Es de lamentar que, habiendo
sido nombrada para el cargo una mujer (supongo que la primera en la
historia de nuestro histórico puerto), en lugar del sentido ecónomo,
realista y matizado esperable del genio femenino, nos encontremos con
una proclama de tonterías propias del más abominable estilo masculino…
hasta el punto de hacer pensar que doña Yolanda parece dispuesta a
lograr lo que ningún presidente masculino anterior ha logrado, y esto
resulta un enunciado (digamos desolador) de feminismo atroz.
Cuenta,
aparentemente, en la postura de la presidenta la confianza en "resolver
el problema ambiental" del proyecto, planteado desde sus meros inicios
con aquella bella anécdota en la que Viudes (entonces al mando de la APC
como reyezuelo poco tratable) se atrevió a denostar al camachuelo
trompetero, esa rara especie ornítica que algunos ecologistas oponían
como –casi– merecedora de la caída del proyecto; yo le advertí que
menospreciar a tan valiosa criaturilla daba mal fario (y así se lo
recordé cuando tuvo que abandonar el puesto, en condiciones más bien
penosas).
Me da que la presidenta de la APC anda floja
en sensibilidad ecológica, quizás rondando el cero, y que no está
acostumbrada a refrenarse ante requisitos de índole ambiental: peor para
ella (que no se diga que no se lo he advertido). Pero es verdad que el
proyecto del Gorguel merece el rechazo más contundente no por su impacto
ambiental sino por desafiar algo más previo y excluyente: su necesidad
social y, con ello, su impacto financiero, la viabilidad funcional y los
temores fundados –estamos en Murcia, vuelvo a subrayarlo, una tierra de
insensatos en el poder y depredadores en lo público– de que se nos
barrunte otro desfalco de dimensiones trágicas.
Lo que
no implica que la evaluación de impacto ambiental del proyecto (EIA)
haya que minusvalorarla, ni mucho menos: entre otras razones porque es
decisiva, por imperativa y excluyente. Lo que sí merece comentario es
que se haya anunciado que esta EIA la va a realizar el Instituto Español
de Oceanografía (IEO), presumiblemente, con sus científicos del centro
de Lo Pagán.
Al IEO hay que señalarle, muy amistosamente, que incluso
cuando se pide el análisis del aspecto ambiental, que es parcial (aunque
es verdad que decisivo) en el conjunto de un gran proyecto, sus
redactores e investigadores deben atender, antes y por encima de
cualquier atención especializada, la envoltura general, renunciando a
ignorar el problema en su globalidad y a desentenderse de los intereses
generales de la sociedad.
Bastante tiene ya el IEO en
tener que afrontar su papel en la crisis ambiental del Mar Menor
(durante la cual, y por decenios, ha estado más bien ciego, mudo e
incluso sordo), como para que ahora se vea envuelto en un conflictivo
encargo del que puede salir más escaldado todavía. Yo, de ser el
director del IEO declinaría educadamente la propuesta de realización de
la EIA, por más que, si la financia la APC, suponga unos generosos
caudales que alivien sus siempre magros presupuestos ordinarios.
(*) Ingeniero, politólogo, profesor y activista ambiental
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