No debe haber un adjetivo que en una única palabra recoja la sensación de vergüenza y de descrédito de la Junta Electoral Central, que
este jueves ha visto cómo saltaba por los aires su escaso prestigio una
vez se ha conocido que uno de sus miembros, el catedrático de Derecho
Administrativo de la UPF Andrés Betancor, estaba a sueldo de Ciudadanos.
Dicho en plata: por la mañana elaboraba previo pago los recursos del
partido naranja ante la JEC y por la tarde se sentaba en el organismo y
defendía la posición de la formación de Albert Rivera e Inés Arrimadas.
Hace unos años, quizás, el caso habría tenido un perfil menor, como
menor era el papel de la JEC. Ahora, ciertamente, las cosas cambian, ya
que el organismo puramente administrativo se ha acabado convirtiendo en
una especie de instancia prejudicial que ha tomado decisiones
trascendentes en la vida pública española y ha penalizado enormemente a
las formaciones independentistas con pronunciamientos que han privado de
derechos a muchos de sus dirigentes.
Desde los presidentes Quim Torra y Carles Puigdemont hasta los eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí, por citar algunos de los afectados.
En las numerosas querellas que se han anunciado, no solo en España
sino también en Bélgica, se verá si hay hechos delictivos e ilegales. Ya
veremos. Pero es innegable que el hedor que sale de un sistema cada vez más carcomido y alejado de cualquier atisbo de justicia es asfixiante.
La actuación de Betancor contra el independentismo ha sido feroz y las
decisiones adoptadas por la Junta Electoral Central entre el 2017 y el
2019, años en los que fue vocal, deben ser retrotraídas a aquellas que
puedan realizarse.
Veremos qué dicen todos aquellos que defendían las
decisiones de la JEC y que tanto han perjudicado al independentismo.
Ciudadanos, siempre atentos a perseguir cualquier micrófono para ocupar
espacio mediático, optó por callar, mientras Inés Arrimadas cancelaba
urgentemente entrevistas concertadas por asuntos personales. Muy grave
debe de ser cuando esconderse es el único camino de un partido que con
el insulto y el espantajo de que España se rompe tiene más que
suficiente.
Dice la Pompeu Fabra que el rector, Jaume Casals, ha expresado su
preocupación personal ante la posibilidad de que un profesor pueda tener
"una actuación éticamente tan reprobable". Al mismo tiempo, ha ordenado la apertura de un expediente informativo
para aclarar si sus actuaciones pueden ser objeto de sanción por parte
de la Universidad.
En la JEC, mientras tanto, silencio. Un clamoroso
silencio. Veremos qué acaba sucediendo con la inhabilitación del president Quim Torra
ya que en su origen estuvo Betancor y Ciudadanos estuvo detrás de buena
parte de las denuncias que se produjeron contra él por el caso de los
lazos amarillos.
Un procedimiento, el de Torra, que sigue su curso en el
Tribunal Supremo pero que tiene un encaje claro con la Junta Electoral
Central y los pronunciamientos que acabó haciendo y que le privaron del
acta de diputado en el Parlament aunque conserva el cargo de president.
Si alguien tuviera un poco de vergüenza se apresuraría a evitar un
descrédito aún mayor antes de que la actuación de la JEC sea la
comidilla de los tribunales europeos y del Parlamento Europeo.
Debe ser,
sin duda, mucho pedir ya que siempre hay quien piensa que lo mejor es
morir con las botas puestas.
(*) Periodista y director de El Nacional
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