MADRID.- El Gobierno rebajará de 35 a 20 el
número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario, una
medida con carácter "coyuntural" y que ha vinculado a la dificultad de
los jornaleros para poder recibir estas ayudas debido a la caída de la
carga de trabajo por los temporales de los últimos meses.
Así lo
han explicado este viernes fuentes del Ministerio de Trabajo
después de la reunión mantenida hoy por la titular del departamento,
Yolanda Díaz, con representantes de las secciones agrarias de los
sindicatos, un encuentro al que también ha asistido el vicepresidente
del Ejecutivo, Pablo Iglesias.
Estas mismas fuentes han
recordado que este tipo de medidas ya se aprobaron en el pasado por
factores atmosféricos, y han incidido en que el sistema de peonadas
necesita además ser "reformado a medio plazo".
Según cifras
oficiales, se calcula que dos terceras partes de todos los temporeros
agrícolas de España se concentran entre Extremadura y Andalucía.
Desde
Trabajo han precisado que la aprobación de esta rebaja de las peonadas
para facilitar que los jornaleros accedan a estas ayudas se producirá en
breve, mientras analiza qué otras medidas adoptar para resolver la
crisis de precios que afecta al campo.
Los agricultores españoles
han salido a la calle durante las últimas semanas -hoy mismo hay
convocadas tractoradas y manifestaciones en diferentes puntos del país-
para protestar por la crisis que atraviesan.
La reunión mantenida
con los sindicatos se ha visto salpicada por la polémica, debido a la
ausencia de las organizaciones agrarias, que han asegurado que fueron
desconvocadas ayer por la noche, unas horas antes de dar inicio el
encuentro.
No obstante, fuentes del ministerio liderado por
Yolanda Díaz han incidido en que el encuentro con estas entidades apenas
se ha pospuesto.
En la citada reunión también se han abordado las
pésimas condiciones de trabajo y vivienda en las que se encuentran
trabajadores eventuales en el campo de Huelva, y que fueron denunciadas
en un informe elaborado por el relator especial de la ONU para la
extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston.
En este
sentido, fuentes de Trabajo han asegurado que el Gobierno acometerá las
"modificaciones necesarias" para que la Inspección de Trabajo pueda
personarse e intervenir en estos asentamientos, algo que bajo la
legislación actual no es posible que el empresario agrícola lo permita
expresamente.
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